El 21 de julio la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, nombró a 33 magistrados para conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de considerar ilegítimo el nombramiento de quienes ocupan actualmente esos puestos. Tras el juramento, los jueces designados por el Parlamento se convirtieron en perseguidos políticos, ya que según el Poder Judicial que respalda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estarían cometiendo usurpación de funciones y su designación sería nula, lo que tendría consecuencias judiciales.
Después de que Maduro declarara que los magistrados nominados por la Asamblea Nacional irían presos, el amedrentamiento se inició de manera inmediata. Hasta ahora dos jueces han sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Se trata de Jesús Rojas Torres y Ángel Zerpa, que están siendo procesados. Después de estos arrestos, varios de los nuevos magistrados optaron por pedir protección a otros países, siendo la embajada de Chile en Caracas la más solicitada.
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El politólogo venezolano Yosbert Vásquez dice a DW que la trascendencia de la persecución a los magistrados tiene un significado importante para la comunidad internacional, porque “hay una lectura politológica que se relaciona con la violatoria de uno de los principios básicos de la democracia en el mundo, que es la división de poderes y respeto por las decisiones que puede tomar cada poder dentro del Estado. Esto agrava y da más relevancia a su persecución. Si bien los parlamentarios opositores también han sido víctimas de ataques y amedrentamiento, los diputados, a diferencia de los magistrados, representan una lucha política partidista, representan a un sector que abarca las masas, a diferencia de los magistrados que son académicos, son personas que representan la institucionalidad del país más allá de sectores políticos”.
Empatía histórica y tradición democrática
Luis Marcano Salazar, Zuleima González, Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenys del Valle Rodríguez son los cinco magistrados que se encuentran en calidad de huéspedes en la embajada chilena. A ellos se suma el dirigente nacional del partido socialcristiano Copei, Roberto Enríquez, que se encuentra en la misma situación que los juristas desde el pasado mes de abril. A todos se les daría asilo político en caso de que lo soliciten, ha asegurado la cancillería chilena.
Según ha señalado el canciller chileno, Heraldo Muñoz, la capacidad de la residencia del embajador Pedro Ramírez se encuentra a tope. “Logística copada, pero compromiso incólume”, señaló cuando llegó el último magistrado a la embajada. De hecho, la cancillería ya maneja un plan de acción si la situación empeora en Venezuela y la cantidad de solicitantes de protección se multiplica. Se estima que se podrían recibir hasta 60 personas instalando carpas y baños químicos, de ser necesario, ya que las puertas de la embajada están abiertas a todo venezolano que se sienta en peligro.
Los magistrados perseguidos optaron por tocar la puerta de la embajada chilena debido a diversas razones que tendrían, según el politólogo venezolano John Magdaleno, tres factores centrales: solidez democrática, lazos familiares y empatía histórica. “En primer lugar, Chile tiene una tradición importante en materia de institucionalidad democrática. Siempre se ha considerado en América Latina que Chile es un país con instituciones democráticas sólidas. De paso, tiene mucho que aportarle a Venezuela en el sentido de que su transición a la democracia desde un régimen autoritario fue muy peculiar", dice a DW el experto.
Magdaleno, quien es director de Polity en Caracas, añade que, además, Chile "es un país que tiene un vínculo, unos lazos familiares e incluso sociales con Venezuela, surgidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por último, Chile está crecientemente sensibilizado con la causa venezolana, precisamente por su reciente experiencia de 17 años de dictadura. Además, siendo Chile un gobierno de izquierda, siendo la presidenta Michelle Bachelet socialista, eso podría ofrecer algunas garantías adicionales".
Para Yosbert Vásquez, los magistrados y perseguidos acuden a Chile “primero por la cooperación política que existe con la oposición venezolana. El Gobierno chileno tiene una cercanía inclusive de legitimidad con algunos liderazgos venezolanos. Eso le da unas credenciales de resguardo a la integridad de los magistrados que no se pueden desaprovechar. Esta cercanía entre el gobierno de Chile y alguna dirigencia de la oposición no es reciente, ha sido una de las más estables que existe entre la oposición venezolana y gobiernos extranjeros”, indica.
Y agrega: “Aquí hay que resaltar dos cosas: una es el reconocimiento de parte del gobierno chileno al gobierno venezolano como una amenaza a la democracia y por eso abre las puertas a los perseguidos; y dos, apela al derecho fundamental y universal de respeto a la vida. Este escenario genera malestar y muchísimo rechazo por parte del Gobierno venezolano, lo que resulta normal en un gobierno de perfil caudillista y militarista que centraliza las decisiones. El constituyente Diosdado Cabello ya dijo que cualquier gobierno que brinde apoyo a la dirigencia opositora, incluyendo a los magistrados y exministros, eran considerados opositores al Gobierno Bolivariano. Esto compromete las relaciones y tratados que existen entre ambos países”, concluye.
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VENEZUELA: ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA OPOSICIÓN?
Leopoldo López
Internacionalmente conocido por su gestión como alcalde del municipio caraqueño de Chacao (2000-2008). Es considerado el principal dirigente de la oposición; se le atribuye una lucha por el liderazgo con Henrique Capriles Radonski. Desde 2014 es el preso político más célebre. López fundó Primero Justicia en 1992, junto a Capriles Radonski y Julio Borges. En 2009, López fundó Voluntad Popular.
