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Marisol Franco y 9 imputados en caso de César “el Abusador” acuerdan con el MP declararse culpables
El acuerdo, que deberá ser homologado por la jueza apoderado del juicio
Ramón Benzán
Santo Domingo, RD
Diez acusados de formar parte de la red que dirigía César Emilio Peralta (César el Abusador), llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, a fin de declararse culpable, por pena suspendida que van desde 3 a 7 años de prisión.
Sin embargo, el acuerdo deberá ser homologado por la jueza Franchesca Pontentini, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderada para el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio en contra de los 43 imputados del caso, entre personas y empresas.
Entre quienes llegaron acuerdo se encuentra Marisol Franco, compañera sentimental de César el Abusador, quien admite la culpabilidad a cambio de una pena de cinco años de prisión suspendida y la entrega de bienes al Ministerio Público.
El acuerdo es llevado a cabo por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
En el expediente acusatorio, que consta de 725 páginas, se mencionan nuevos imputados, entre los cuales se encuentran Melchor Antonio Alcántara Damirón, empresario de la construcción; Genri Daniel Santana Badía, Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda, Reynaldo Alberto Canela y Ramón Reinaldo Guerra Molina y que durante las investigaciones realizadas se pudo determinar que la red movilizó unos 3,500 millones de pesos.
Asimismo, los fiscales presentaron cargos por narcotráfico y lavado de activos contra Franco, Octavio Dotel, Rafael Reyes, José Bernabé Quiterio, alias Niño; Alan Gilberto Bueno Alcequiez alias Alan Dólar; Erick de la Cruz, Natanael Castro Cordero alias Nato, señalado como la mano derecha de César Emilio Peralta alias Cesar El Abusador.
Bienes Incautados
Según el expediente una parte de los bienes ocupados están en cuentas de débitos, cuentas bancarias (pesos dominicanos, dólares americanos y euros), consumos en tarjetas de créditos (pesos dominicanos y dólares americanos), compra y venta de divisas (euros, dólares americanos y euros), pagos internacionales (dólares americanos), envíos de remesas (dólares americanos), certificados financieros, pagos de préstamos y líneas de crédito entre otras transacciones.
César “el Abusador” cayó en agosto de 2019 después que las autoridades dominicanas desarticularon su presunta red de lavado de activos y narcotráfico, luego de una investigación de casi tres años.
El presunto narcotraficante se encuentra detenido en Estados Unidos luego de ser extraditado hacia los Estados Unidos.
Santo Domingo, RD: El abogado Ramón Ramírez Ferreras dijo a través de proceso.com.do que la sentencia que condenó la madrugada de este viernes a Argenis Contreras a 20 años y descargó a Manuel Rivas, a El Grande y a otros implicados en el asesinato de su hermano Yuniol, es una prueba de que los jueces fallan conforme a las pruebas, y que el Ministerio Público, pudiendo hacerlo, no fortaleció el expediente para “haciendo las cosas bien”.
“Esos 20 años que le impusieron a Argenis, básicamente fue por la sociedad, por el tipo de caso, porque nosotros estamos conscientes y así lo dijimos desde un inicio, que en el expediente no había ni siquiera un arma homicida. El Ministerio Público se encargó de poner un arma legal y que no disparó, en el expediente, que fue el arma que allanaron en la casa de Argenis”, dijo Ramón Ramírez.
Reiteró que el Ministerio Público desde la imposición de medidas de coerción no introdujo, ni acusó con pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de “casi ninguno de esos imputados”.
“Entonces, tiene la desfachatez y el populismo, porque eso es lo que es el Ministerio Público, básicamente, y a doña Miriam Germán (procuradora general de la República) le llamo la atención por eso, que piden dizque 30 años donde no hay un arma homicida, con una acusación corrupta encubridora”, dijo, a la vez de reiterar que “siempre mantuvimos que era una acusación corrupta, encubridora y delincuente, con la única finalidad de encubrir a todos los que asesinaron a Yuniol; a los responsables principales”.
Querella contra fiscales
Ramírez Ferreras recordó que la familia de Yuniol se querelló en contra de Rosalba Ramos, designada en el 2017 fiscal titular interina en Santo Domingo Oeste, y Olga Diná Llaverías, entonces fiscal de la provincia Santo Domingo, pero que no han recibido ni una llamada al respecto.
“(Wilson) Camacho es tan encubridor, como Rosalba Ramos, porque pudiendo reformular el expediente y hacer las cosas bien hechas, simplemente lo dejaron así, porque desde el inicio tenían un acuerdo con Argenis. Él (Wilson Camacho) duró cinco días interrogándolo y le dio informaciones; no las usó, no las uso; encubrió todo el tollo y el disparate que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná, porque el crimen de Yuniol fue un crimen político, básicamente, político”, aseguró el abogado hermano del malogrado catedrático universitario y presidente de Convergencia Nacional de Abogados –CONA-, Yuniol Ramírez.
La condena
Cinco años después del asesinato del catedrático universitario, el abogado Yuniol Ramírez, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años a Argenis Contreras, pero dejó en libertad a El Grande y a Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses -OMSA-.
El tribunal presidido por Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, dispuso además un año de prisión para Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA y, fue inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años.
Mientras que el tribunal decidió dejar en libertar por falta de pruebas a Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián, alias el taxista; Lilian Francisca Suárez Jáquez; Víctor Ravelo Campos, alias El Herrero y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande. Todos implicados en la muerte de Yuniol Ramírez.
La lectura íntegra de la sentencia está pautada para el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana
Bukele contra las maras: 5 claves para entender la controvertida ofensiva sin precedentes del gobierno de El Salvador contra las pandillas
Redacción
BBC News Mundo
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La frágil tregua de las pandillas en El Salvador ha terminado.
Tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en las calles reducidos, los asesinatos alcanzaron otra vez niveles no vistos en casi 30 años en el país centroamericano.
Como resultado, la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- aprobó el miércoles una polémica solicitud del Ejecutivo para combatir a las llamadas maras, orientada a reformar el código penal para endurecer las condenas contra los pandilleros.
La medida tiene lugar luego de que el gobierno de Nayib Bukele pidiera el domingo a la Asamblea que declarara el estado de excepción en el país, luego de que se reportaran más de 80 asesinatos durrante el fin de semana.
Las normativas, que se implementarán en principio por un mes -aunque puede ser extendido-, incluyen la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
Ahora, con la reforma aprobada el miércoles, los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel.
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En uno de sus incisos más polémicos, la reforma al código penal incluye también considerar como adultos -y juzgarlos como tal- a los pandilleros mayores de 12 años.
Es la primera vez que el gobierno propone una pena específica para quienes considere pandilleros.
Previamente, en El Salvador se consideraba a los miembros de las bandas criminales como "terroristas" y se les procesaba bajo esa figura, aunque de acuerdo con la prensa local, era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y las sentencias variaban entre los seis y nueve años de prisión.
El aumento de la violencia de las pandillas en El Salvador tiene lugar luego de que durante gran parte de 2020 se redujeran a niveles históricos los asesinatos en las calles del país centroamericano.
Varios medios, como el periódico digital El Faro, atribuyeron esta reducción a una tregua entre el gobierno de Bukele y las maras, algo que las autoridades negaron.
Sin embargo, EE.UU. sancionó a dos miembros del Ejecutivo salvadoreño a finales del año pasado por "negociar en secreto" con el crimen organizado.
En BBC Mundo te explicamos en cinco claves la situación en El Salvador.
1. ¿Qué pasó ahora?
El pasado fin de semana, El Salvador vivió alguna de sus jornadas más violentas desde el fin de la guerra civil hace 30 años.
El viernes se reportaron al menos 14 homicidios y el sábado, se sumaron otros 62 en lo que constituyó el día con más asesinatos en lo que va de siglo.
En total, 87 personas murieron durante el fin de semana, según reportes de la policía.
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Las autoridades atribuyeron los asesinatos a bandas criminales y lanzaron una operación a gran escala para detener a presuntos pandilleros.
La cifra más cercana a los 62 asesinatos del sábado fue de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).
En 2021 la cifra de asesinatos se situó en 1.140, menor que la registrada el año anterior (1.341), y la más baja desde el final del conflicto armado.
2. ¿Cómo reaccionó el gobierno al alza de asesinatos?
Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios.
Tras el récord de asesinatos del fin de semana, el gobierno reforzó la seguridad en las calles y solicitó al Congreso aprobar el estado de excepción.
El artículo 29 de la Constitución del país establece que dicho estado de emergencia puede ser declarado en "casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público".
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La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Legislativo, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
Imágenes trasmitidas por televisoras locales muestran fuerzas de seguridad realizando patrullajes y operativos especiales en comunidades populosas del país.
De acuerdo con los reportes, soldados con fusiles M-16 han montado barricadas con púas en algunas calles y controlan las entradas y salidas de personas, que son sometidas a un minucioso registro.
En las redes sociales de El Salvador se han vuelto virales varias fotografías de niños y mujeres que están siendo registrados por la policía.
3. ¿Cómo ha evolucionado la situación?
Según publicó el presidente Bukele en Twitter, las autoridades habían capturado hasta el miércoles a más de 3.000 presuntos pandilleros.
"En solo cinco días y con menos de 96 horas de régimen de excepción. Ninguno saldrá libre. Seguimos", escribió Bukele.
El mandatario anunció además que había ordenado limitar la alimentación y las salidas al patio de los pandilleros detenidos y que les habían retirado las colchonetas para dormir.
"Desde el domingo, la comida es racionada y los 16.000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas ni han visto el sol", escribió el mandatario.
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El Salvador tiene uno de los sistemas penales más sobrepoblados de América Latina y varias organizaciones humanitarias han denunciado las pésimas condiciones en las cárceles.
Sin embargo, de acuerdo a numerosas investigaciones, los miembros de bandas criminales encarcelados gozan de numerosos privilegios, entre ellos teléfonos celulares y comidas especiales.
"Los pandilleros (en la cárcel) van a sufrir por el dolor que afuera causan sus homeboys", afirmó en Twitter el viceministro de Justicia, Osiris Luna.
No es la primera vez que Bukele toma medidas en las cárceles contra los pandilleros tras repuntes de la violencia en el país, pero es la primera vez que la emergencia sale de los penales a las calles.
Previamente, en abril de 2020, Bukele impuso un estado de excepción en las cárceles y mezcló presos de bandas diferentes en la mismas celdas tras un aumento de homicidios en el país.
En una estretegia similar a lo sucedido ahora, el gobierno publicó numerosas imágenes y videos de pandilleros presos en ropa íntima a los que hacían sentarse uno contra el otro en los pasillos de las prisiones.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la situación en el país y aseguró que esperaba que "las medidas que se adopten en respuesta estén en línea con las leyes y estándares internacionales de los derechos humanos".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, manifestó preocupación por el trato a los reos y llamó al gobierno salvadoreño a "revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo custodia".
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Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional también consideraron que la declaración "amplia" del estado de emergencia abre la puerta a potenciales abusos por parte del gobierno.
"El gobierno debería abordar la violencia de las pandillas en El Salvador, pero debería hacerlo respetando los derechos. Y en lugar de proteger a las personas a través del estado de emergencia, que es extremadamente amplio, solo está poniendo en riesgo sus derechos y vemos las consecuencias con estas redadas", indicó HRW.
Varios activistas también condenaron que muchos menores de edad y mujeres están siendo registrados de forma violenta por la policía.
"No puede suponerse que todos los niños que viven en lugares de extrema pobreza o asediados por estructuras son colaboradores de las pandillas", dijo en una conferencia de prensa la abogada y activista Zaira Navas.
Bukele, por su parte, cuestionó el pronunciamiento de la CIDH y le atribuyó estar del lado de los pandilleros.
"Cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles", afirmó.
5. ¿Por qué hay un repunte de la violencia ahora?
El gobierno de El Salvador había atribuido la reducción de la violencia al llamado Plan de Control Territorial, un programa creado por Bukele para reducir los asesinatos y otros crímenes de las pandillas.
Sin embargo, el plan, que fortaleció la presencia de Ejército y policía con miles de efectivos en zonas controladas por maras, también fue cuestionado por no ser muy diferente a otros empleados por gobiernos previos.
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De hecho, diversos analistas y medios locales vincularon la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del gobierno.
Algunos lo atribuyeron a un posible cambio de estrategia de las pandillas con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que les permitiría mantener su control de territorios y seguir dedicándose a la extorsión.
Sin embargo, una investigación del diario El Faro sugirió que la disminución de la violencia obedecía a un supuesto pacto entre el gobierno y las maras, algo que las autoridades negaron.
No obstante, en diciembre pasado, un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que el gobierno salvadeño negoció en secreto una tregua con los líderes de las pandillas y que compró el apoyo de estos grupos criminales con beneficios financieros y privilegios para sus líderes encarcelados, incluidos prostitutas y teléfonos celulares.
Bukele negó con vehemencia estos señalamientos y las relaciones entre los dos países se han distanciado notablemente.
En un editorial publicado el lunes, el diario El Faro volvió a atribuir las muertes del fin de semana a un presunto fallo en las supuestas negociaciones entre el gobierno y las pandillas.
"La baja en la cifra de homicidios estaba centrada en el poder de las pandillas de abrir y cerrar a voluntad la válvula de los homicidios y esa ha sido su moneda en la negociación bajo la mesa con Bukele. Todo parece indicar que el horror del fin de semana es el fracaso de esas negociaciones. Setenta y cuatro muertos en 48 horas. Fin del engaño del Plan Control Territorial", indicó el diario, muy crítico con Bukele.
"Por la cantidad inédita de homicidios en un solo día, el performance sangriento de dejar un cadáver en plena carretera a Surf City y la extensión territorial donde quedaron los cuerpos, el mensaje de las pandillas es claro: exigen algo que no les han dado", agregó
Aproximadamente 70.000 pandilleros operan en El Salvador y luchan por el control de las operaciones de extorsión y drogas en todo el país centroamericano, según diversas estimaciones.
Entre los grupos de mayor peso en el país está la Mara Salvatrucha, que se originó en cárceles de EE.UU.
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