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El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo que en la República Dominicana "prácticamente no existe el racismo". En respuesta al más reciente informe de Amnistía Internacional que acusó al país de racista contra los haitianos, el exmandatario aseguró que este es una… pic.twitter.com/2zKfqFYBs2
El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo que en la República Dominicana "prácticamente no existe el racismo".
En respuesta al más reciente informe de Amnistía Internacional que acusó al país de racista contra los haitianos, el exmandatario aseguró que este es una de las naciones donde la discriminación por color de piel se ha disminuido a su mínima expresión.
De igual forma, más temprano este jueves, el Gobierno dominicano rechazó que ejecute políticas migratorias racistas, como denunció esa organización defensora de los derechos humanos.
La vicepresidenta Raquel Peña sostuvo que el país lo que hace es "defender nuestra soberanía".
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Katherine Espino agosto 29, 2024 18:06 | Actualizado en agosto 29, 2024 18:06
Raquel Peña condena informe de Amnistía Internacional y exige respeto por soberanía nacional
Raquel Peña condena informe de Amnistía Internacional
Santo Domingo.- La Vicepresidenta de la República, Raquel Peña respondió categóricamente al informe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que acusa al país de implementar políticas migratorias racistas, acción que la funcionaria negó.
«Aquí no hay políticas migratorias racistas, esos organismos internacionales que puedan decir lo que ellos quieran decir, pero que respeten nuestra soberanía nacional y las políticas nuestras, que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes no importa de dónde vengan», exigió Raquel Peña.
De igual modo el Presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, ha expresado un firme rechazo a estas acusaciones.
Gómez Ramírez calificó las acusaciones del organismo internacional como incorrectas y cuestionó la imparcialidad de quienes emiten esas críticas.
Wilson Gómez Ramírez
Asimismo, argumentó que los organismos internacionales y algunos grupos locales que reciben financiamiento para difamar a la República Dominicana están equivocados en sus evaluaciones.
Ambos fijaron su posición en cuanto al informe de AI previo a la celebración de una misa de conmemoración del 50 aniversario del Panteón Nacional.
Qué señala el informe
Se recuerda que la AI pidió ayer al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias “racistas”, que afectan principalmente a los haitianos, en su segundo periodo de Gobierno, que se inició el 16 de agosto.
En un comunicado, AI subrayó “la necesidad urgente” de que las instituciones dominicanas “erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana».
El inicio del nuevo Gobierno de Abinader “debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses”, apuntó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Raquel Peña a Amnistía Internacional: «Aquí no hay políticas migratorias racistas»
El País Hoy agosto 29, 2024 18:05 |
El Gobierno dominicano rechaza que aplique políticas migratorias racistas como denunció AI
Este contenido fue publicado en29 agosto 2024 -
Santo Domingo, 29 ago (EFE).- El Gobierno dominicano rechazó este jueves que ejecute políticas migratorias racistas, como denunció la víspera la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, dijo en un acto público que el país lo que hace es “defender nuestra soberanía”.
Peña agregó que los organismos internacionales “pueden decir lo que ellos quieran decir”, pero les exigió que “respeten la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan”.
“Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos”, enfatizó la vicepresidenta.
En un comunicado emitido ayer, AI subrayó “la necesidad urgente” de que las instituciones dominicanas “erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
Es crucial, destacó la organización, que “se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”.
Desde 2022 República Dominicana se ha convertido en el país que deporta más personas haitianas en movilidad, a pesar del llamado en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití ante la situación en ese país, de acuerdo con la entidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de año, a pesar de la grave crisis en Haití, el Gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores.
Amnistía Internacional “ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas”.
El inicio del nuevo Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, “debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses”, apuntó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer. EFE
Vicepresidenta Peña pide a Amnistía Internacional respetar soberanía dominicana
Amnistía Internacional denunció a República Dominicana por violaciones de derechos humanos en operativos contra los inmigrantes indocumentados, la mayoría proveniente de Haití.
Por Servicios de Acento.com.do
Raquel Peña
La vicepresidenta Raquel Peña llamó a las organizaciones internacionales a respetar la soberanía dominicana, al responder al informe de Amnistía Internacional (AI) que censuró las políticas migratorias racistas que le achacó al país.
Peña asumió con ello la misma crítica utilizada por los gobiernos de países acusados por Amnistía Internacional u otras instancias internacionales defensoras de los derechos humanos que habitualmente responden a los señalamientos de este tipo alegando violación a su soberanía.
La organización verificó vídeos que muestran malos tratos a migrantes haitianos, incluyendo a mujeres y niños, y destaca casos de violencia, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en centros de retención.
AI subrayó "la necesidad urgente" de que las instituciones dominicanas "erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana".
“No hay política migratoria racista”
“Aquí no hay política migratoria racista. Esos organismos internacionales, que pueden decir lo que ellos quieran decir, que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan”, expresó Peña a los periodistas que asistieron a la conmemoración del 50 aniversario del Panteón de la Patria.
La nación dominicana garantiza, remarcó la vicepresidenta, la legalidad de cada extranjero que se encuentre en el país.
"Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos", enfatizó.
Cifras críticas de ACNUR y de la OIM
Desde 2022 República Dominicana se ha convertido en el país que deporta más haitianos en movilidad, a pesar del llamado en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití ante la situación en ese país, de acuerdo con la entidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de año, a pesar de la grave crisis en Haití, el Gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores.
Amnistía Internacional "ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas".
El inicio del nuevo Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, "debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses", apuntó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Aseguran existe línea de acoso a nivel internacional para acusar a RD de «racista»
Frankelvin Sánchez / 29 agosto, 2024
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Santo Domingo, RD.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez y Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, catalogaron como desacertada e irresponsable el pronunciamiento de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) que pidió este miércoles al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias «racistas», que afectan principalmente a los haitianos, en su segundo periodo de Gobierno, que se inició el 16 de agosto.
Gómez Ramírez sostuvo que con esta postura Amnistía Internacional se inscribe en una línea abierta de acoso en contra de la República Dominicana.
«Amnistía Internacional, como otros organismos internacionales, ha pretendido inmiscuirse en la política interna de la República Dominicana. Nadie tiene derecho a trazarle pautas a la República Dominicana en lo que tiene que ver en el ejercicio de su soberanía que se expresa a través de la aplicación de las leyes migratorias», aseguró el presidente del Instituto Duartiano.
Calificó como «inaceptable» que una organización pueda controlar el derecho que tiene la nación de controlar la frontera.
Gómez Ramírez también denunció que hay personas que reciben pagos en la República Dominicana para servirle a los intereses de Amnistía Internacional.
Dijo que para la cantidad de haitianos indocumentados que existen en el país, las deportaciones que se realizan son «tímidas», basada en los procesos internacionales que «garantizan los derechos fundamentales de las personas».
«Todo esto es una campaña mentirosa en contra de la República Dominicana. Nosotros ni somos racistas, ni discriminamos, ni tenemos aquí apátridas, ni tampoco somos partidarios de apartéis. La República Dominicana se caracteriza por su proverbial solidaridad», recalcó.
Mientras que Juan Pablo Uribe expresó que si hay una nación de la región que en términos espirituales no conoce «la confrontación racial, las luchas raciales y el racismo», es la República Dominicana.
«Cualquier acusación, cualquier ataque, cualquier discurso de carácter ideológico que apunte en contra de la República Dominicana en términos de llamarla racista, está equivocado», afirmó.
El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, calificó como equivocado, erróneo e incorrecto el discurso distorsionado de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI).
«Si hay un país en el mundo donde la cuestión racional, en términos históricos, ha sido un problema, es la República Dominicana», aseguró al tiempo que invitó a las organizaciones internacionales a buscar el problema en la vecina nación de Haití.
Posición de Amnistía Internacional (AI)
En un comunicado, AI subrayó «la necesidad urgente» de que las instituciones dominicanas «erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana».
El inicio del nuevo Gobierno de Abinader «debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses», apuntó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es crucial, destacó, que «se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas».
Vicepresidenta a Amnistía Internacional: “Aquí no hay política migratoria racista”
En tanto, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, afirmó que la República Dominicana ha sido la nación que "más ha ayudado a Haití en los procesos".
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, defendió que la nación dominicana debe defender su soberanía, garantizando la legalidad de cada extranjero que se encuentre en el país, esto ante la posición de la Amnistía Internacional, donde acusa al país de realizar políticas migratorias “racistas".
Asimismo, señaló que las políticas por las que se rige la nación no están en contra de los inmigrantes.
“Aquí no hay política migratoria racista, esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir, que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan”, expresó Peña.
La vicemandataria hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que mantengan un respeto a la soberanía dominicana.
En tanto, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, afirmó que la República Dominicana ha sido la nación que "más ha ayudado a Haití en los procesos".
“Todo el mundo sabe que hay unas políticas bien dirigidas de los derechos humanos y los procesos tímidos de repatriación que no resultan eficaces de modo y manera que estas personas regresan al poco tiempo de Haití cuando llegan”, apuntó Gómez.
Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de haber finalizado la eucaristía realizada por el Ministerio de Cultura en conmemoración del 50 aniversario del Panteón de la Patria, mausoleo donde reposan los restos de ilustres patriotas que participaron en la conformación del país.
Este aniversario se cumplió el pasado 16 de agosto, día de la restauración dominicana y no fue celebrado en esta fecha debido a la toma de posesión del presidente de la República.
La inflación, el empeoramiento de las condiciones sociales de los países en la región y la invasión rusa en Ucrania pueden desencadenar una nueva oleada de protestas en Latinoamérica. Así lo advirtió este martes a Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
"Sabemos que la situación se seguirá tensando. Las personas solo tendrán las calles como única herramienta para exigir la rendición de cuentas", dijo Guevara durante una visita a Santiago de Chile.
La activista presentará el miércoles un nuevo informe sobre las consecuencias de la pandemia. Puntualizó que la crisis inflacionaria que ya experimentan varios países viene a agravar la desigualdad que dejó la covid-19 en América Latina, la región más desigual del mundo y una de las más afectadas por el virus en términos económicos y sanitarios.
"Las personas están enfrentando una situación aún más grave que la situación de la pandemia. El año 2019 estuvo marcado por un sinnúmero de protestas en Latinoamérica, demandando la rendición de cuentas de gobiernos y procesos electorales. Con la covid-19, esta tensión social se vio disminuida por la restricción de la movilidad en casi todos los países" afirmó Guevara.
Y agregó. "Con todo lo que sabemos que viene, con crisis económicas como resultado de estos eventos globales como la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, evidentemente la situación se seguirá tensando. Las personas solo tendrán las calles como única herramienta para exigir la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos".
Más que el resultado de la pandemia, afirma Guevara, la tensión es resultado "de las manifestaciones de las demandas y reivindicaciones de las propia ciudadanía. Existe una demanda de gobiernos que pongan mayor interés a la protección social, al respeto de los derechos humanos. Pero depende de las circunstancias de cada país".
El diputado José Horacio Rodríguez forma parte del grupo de 11 diputados de seis partidos distintos que ayer introdujeron en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del Código Penal.
Con este suman tres los proyectos que buscan actualizar el viejo código y deberán ser estudiados por una comisión bicameral compuesta por senadores y diputados, de modo que solo uno sea presentado ante el pleno, explicó Rodríguez durante una entrevista.
El proyecto de modificación depositado por los diputados incluye las recomendaciones técnicas hechas por la Procuraduría General de la República sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y de infracción penal, igualmente lo que se refiere a a las mujeres víctimas de violencias.
Indican que la pieza legislativa también contiene los mecanismos necesarios para combatir todas formas de discriminación y asegurar los derechos de las mujeres, en lo que se refiere a la interrupción del embarazo por la excepciones que plantean las 3 causales.
Comisión bicameral.- Por el Senado de la República, los comisionados serán los congresistas Santiago Zorrilla, quien la vuelve a presidir, Dionis Sánchez, Faride Raful, Yván Lorenzo, Antonio Taveras Guzmán, Franklin Romero, Virgilio Cedano Cedano, Pedro Catrain y Ramón Rogelio Genao.
Mientras que por la Cámara Baja aún se desconoce a los legisladores que la conformarán y se espera que en la próxima sesión del organismo legislativo se conforme el grupo que tendrá a su cargo el estudio otra vez de la pieza.
Rodríguez, destacado por ser propulsor del proyecto que modificó la ley que permitía el matrimonio en adolescentes y ser abanderado de lascausales del aborto, manifestó su interés de pertenecer a la comisión bicameral durante una entrevista en el programa «El Día» que se transmite por Telesistema.
La aprobación del Código Penal de vio frustrada luego de que en a pocos días de terminar la pasada legislatura un grupo de senadores se ausentó en la sesión donde iba a conocerse el informe de la comisión senatorial que se encargó de estudiar la iniciativa.
El grupo alegó que en un mes el proyecto no había sido bastamente estudiado y debatido, además de que había recomendaciones de diversos sectores que debían tomarse en cuenta.
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