Presión social tumba el pulso al Gobierno y hace recular 9 veces al Poder Ejecutivo
Por Víctor Martínez octubre 25, 2024 14:05 |
Es la novena ocasión en que la presión social le tumba el pulso al Gobierno, y el presidente Luis Abinader se ve obligado a “recular”. En este caso se vio obligado a echar para atrás la aplicación de una reforma fiscal que provocó quejas generalizadas en todo los sectores representativos del país
Lo propio ocurrió en su pasada gestión, donde varios proyectos sometidos al Congreso Nacional tuvieron que ser retirados por disposición del jefe de Estado, tras críticas y protestas generalizadas de la población.
Unas vistas públicas donde la mayoría de los participantes “zarandearon” el “Proyecto de Modernización Fiscal”, Cacerolazos nocturnos, un campamento frente al Congreso Nacional y críticas de todos los sectores sepultaron las intenciones de aplicar nuevos tributos a más de 200 productos e impuestos a todas las transacciones legales.
Sueldo navideño
Los “reculeos” iniciaron a principio de su primer gobierno, en plena pandemia de covid-19 en el año 2020, el jefe de Estado intentó someter una serie de impuestos “transitorios” qué afectarían el salario 13, exento de ley, y las compras por Internet.
Estos intentos provocaron gran indignación en la población que se intentara colocar un impuesto al doble sueldo o sueldo 13 como también se le llama. Finalmente el mandatario desistió de sus intenciones.
A principio de 2022 se anunció el fideicomiso público para la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
El 11 de enero de ese año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo, integrado por dos instituciones del Estado, la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).
La finalidad del fideicomiso CTPC era la de crear una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”. Sin embargo tras denuncias de supuesta privatización, ordenó posponer la propuesta.
Ley de trata
Uno de los proyectos más controversiales fue el de Trata de Personas sometido por el Poder Ejecutivo en febrero de 2023 porque garantizaba que los ilegales pudieran obtener la residencia dominicana.
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Pero por las críticas de la sociedad, el Gobierno ordenó el retiro de la iniciativa relativa a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. El artículo 63 de la pieza garantizaba que la permanencia de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían y “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
Ciberdelincuencia
En junio de ese mismo año, el Gobierno presentó el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia o también denominada ley mordaza, que fue rechazado por sus amenazas a la libertad de expresión. Este proyecto provocó gran alboroto en los medios de comunicación.
Ley de la DNI
Este año Abinader sometió a consenso la ley que modifica las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por atentar contra varios derechos fundamentales. Las protestas provinieron de todos los sectores, principalmente de la Sociedad Dominicana de Diario, alegando que violentaba varios derechos, incluyendo, que obligaba a los comunicadores a revelar la fuente.
También se criticaba que violentaba la intimidad de la persona, que quedaría expuesta a fiscales y policías.
Nombramientos
Otra disposición en la que el gobierno tuvo que recular fue la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representaran incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública.
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