ADOCCO Cuestiona acuerdo Fiscalía devuelve 67 millones y bienes a condenado falsificar medicamentos

• Es sospechoso que condenado solo cumpliera un año y 3 meses de prisión entre cárcel y clínica, demanda de la fiscal explicar al país acuerdo

ADOCCO CUESTIONA ACUERDO DE LA FISCALÍA QUE DEVUELVE 67 MILLONES Y BIENES A CONDENADO POR FALSIFICAR MEDICAMENTOS 

Santo Domingo, D. N., 11 de septiembre del 2015.-  

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, cuestionó este viernes el acuerdo al que arribó la Fiscalía del Distrito Nacional con el confeso falsificador y adulterador de medicamentos y condenado José Del Carmen Cruz, que contempla la devolución de 18 vehículos, 25 propiedades inmobiliarias, 67 millones de pesos en efectivo y el compromiso de la Fiscalía de asumir parte de la deuda que éste tenía con el Programa de Medicamentos Esenciales, Promese, luego de concluido el juicio penal abreviado.

Para el Coordinador General ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, constituye un revés a la lucha contra la corrupción pública y privada y el crimen organizado que el Ministerio Público promueva acuerdos como ese por el mensaje que le envía a la sociedad de que se puede incurrir en violación a la ley y luego negociar y disfrutar de los recursos obtenidos producto de la actividad delictiva sin importar que dicha actividad haya producido daños a personas que utilizaron medicamentos procurando curarse y por el contrario se agravaban por ser esos medicamentos falsos o estar vencidos y peor aun comprados por el Ministerio de Salud Publica para pacientes pobres. Dijo.

Precisó que pese a que la normativa procesal penal contempla que se puede negociar con los imputados, las acciones de Cruz pusieron en peligro la vida de miles de personas, y en ese sentido advierte que la representante judicial del Estado y la sociedad, procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso,  ha sido muy benévola por la complejidad del caso, que además de implicar la falsificación y adulteración de medicamentos, también implicaba lavado de activo, por lo que debió ser más drástica al momento de procesar al condenado dirigente político.

José Del Carmen Cruz fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales 8 años y nueve meses suspendidos; durante ese período deberá someterse al cuidado y vigilancia del juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, así lo establece la sentencia del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras acoger la solicitud de juicio penal abreviado planteado por la fiscal; las propiedades que deberán ser devueltas por la Fiscalía están ubicadas en Arroyo Hondo, en la carretera Fundación, ensanche Luperón, avenida Ortega y Gasset, Ensanche La Fe, La Ladera Arroyo Hondo, Cabayona, San José de la Mata, Urbanización Fernández, Mote Plata, Villa Consuelo, la Tiradentes, Villa Consuelo, entre otros, de los 138 millones 845 mil 322 pesos con 19 centavos que se encuentran congelados por la Superintendencia de Bancos o bancos comerciales, la Fiscalía tendrá que devolverle 67 millones 339 mil 825 pesos.

“El Ministerio Público no debió en esta oportunidad, por ser un caso atípico en la República Dominicana, suscribir un acuerdo”, si la grave condición de salud de José del Carmen Cruz fue el motivo por el cual la fiscal del Distrito Nacional arribó a un acuerdo, los coautores del crimen, Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz, Ana Luisa Cruz y Felipe Jesús Santos no debieron ser beneficiados con el retiró de la acusación que pesaba sobre ellos, en el caso de Cruz, insistió, “debieron aplicarle prisión domiciliaria o cualquiera de estas figuras del derecho, pero no una absolución como se le ha impuesto”. Continuó diciendo el vocero de la entidad.

De la Rosa Tiburcio consideró que con este tipo de medidas el Ministerio Público sienta un mal precedente e incentiva al ciudadano común a cometer delitos de esa magnitud y a negociar con el Ministerio Público, “Nosotros rechazamos totalmente este acuerdo porque la esencia de aplicar la sanción a aquellos que violan la norma se va perdiendo”, entendemos que se debe verificar el “poder omnipotente” que se le ha dado al Ministerio Público de poder negociar casos, al tiempo de insistir en que el país no está preparado para el modelo de acuerdos con los imputados debido a que en algunas circunstancias prima el poder económico y político.