Los resultados de la encuesta Gallup-Hoy en lo que concierne al tema migratorio, no dejan lugar a dudas acerca del sentimiento de la mayoría de los dominicanos ante los efectos sociales y económicos de la inmigración ilegal. Según el muestreo, la mayoría absoluta favorece la repatriación de los haitianos que no se acojan a la regularización; el 89% quiere que el Gobierno prohiba la entrada de más haitianos; el 78% aprueba que sometan a la justicia a los empresarios que empleen indocumentados, y el 77% opina que los haitianos son tratados aquí con mucha consideración. Lejos de sentimiento antihaitiano, esta tendencia está advirtiendo que el no hacer lo que corresponde sería una forma de llevar la situación a condiciones extremas y de riesgos futuros.
No hay en estos resultados cuestionamiento o rechazo ante las medidas oficiales destinadas a poner orden en la inmigración y trazar requisitos claros para que un extranjero pueda optar por la nacionalidad o permiso de residencia. La inmigración ilegal presiona a lo interno mientras alimenta a organizaciones que viven de la desgracia de los indocumentados, y no todas tienen por meta ayudarlos a superar su condición desventajosa, excluyente. La mayoría de los encuestados expone lo que piensa acerca de este espinoso problema. Al Estado le corresponde profundizar y actuar para la satisfacción de este reclamo sano y legítimo.
MAL DESTINO PARA UN SUBSIDIO
Los casos frecuentes de desvío ilegal de gasoil subsidiado deben obligar al Gobierno a reconsiderar este procedimiento que en principio está destinado a abaratar los costos del transporte. Recientemente las autoridades atribuyeron al regidor Erinson de los Santos Solís, inculpado de sicariato, la dirección de una mafia que se dedicaba a comercializar ilegalmente gasoil subsidiado. Ya antes se habían comprobado casos de trasiego.
Un subsidio focalizado con el propósito de favorecer a la población a través de un servicio como el transporte, debería estar sujeto a supervisión y auditorías permanentes para garantizar que sea empleado correctamente. Debe haber consecuencias drásticas para quienes desvíen combustibles subsidiados en provecho de personas o grupos.
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