SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Aduanas y el CESAC firman acuerdo en materia de seguridad y control de aeropuertos
El convenio busca fortalecer las relaciones entre ambas entidades para dar respuesta efectiva.
14 de enero de 2021
Santo domingo. RD. La Dirección General de Aduanas (DGA) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) firmaron un acuerdo con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los empleados en materia de control y seguridad aeroportuaria.
El convenio fue firmado por el titular de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón y el General de Brigada Técnico de Aviación (FARD), Carlos R. Febrillet, director general del CESAC.
El titular de la DGA dijo que “este convenio es fundamental para Aduanas, porque nos convoca a promover la capacitación de nuestros equipos técnicos y a una colaboración logística y tecnológica”.
Aseguró que el trabajo de las aduanas no se puede realizar sin el apoyo del CESAC. Es a través de la ardua labor de sus hombres y mujeres que se logra enfrentar los ilícitos, el contrabando y las malas prácticas, que muchas veces se dan, en los aeropuertos de la nación.
De su lado, el director general del CESAC afirmó que este pacto viene a fortalecer ambas instituciones en tres áreas fundamentales: capacitación y entrenamiento, tecnología y en la seguridad, a través de videovigilancia y contra ataque de ciberseguridad.
“Junto a Aduanas trabajaremos mancomunadamente para un mejor desarrollo de nuestro país, con el objetivo de enfrentar el crimen organizado y cualquier acto de interferencia ilícita en nuestros nueve aeropuertos”, expresó.
El acuerdo también contempla que los empleados que laboran en los diferentes aeropuertos del país reciban, cada doce (12) meses, actualización y retroalimentación en torno a las diferentes labores que llevarán a cabo en las diferentes terminales del país.
Tanto la DGA como el CESAC se comprometen a impartir conferencias, diplomados, cursos y talleres al personal designado, a través de un programa de capacitación anual que se desarrollará con un cronograma sujeto a la disponibilidad de las dos instituciones.
En los casos de analistas de imágenes de los equipos de Máquinas Rayos X, estos recibirán capacitación teórica y práctica del CESAC, a través de la Escuela de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (ESAC) y el Centro Regional de Instrucción en Seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Se les otorgará una certificación por sus calificaciones.
El convenio establece un cronograma de las reuniones de trabajo que deberá ser realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días o conforme a la necesidad de la ejecución de los temas pendientes.
Los gobiernos son como los romances: tienen sus momentos. Agotan distintos ciclos de comprensiones emocionales con sus pueblos. El de Luis Abinader, por su juventud, aún provoca suspiros. Su aprobación es alta; después del de Bukele es el gobierno mejor valorado en la región latinoamericana. Pero, tranquilos, tampoco es para descorchar entusiasmos prematuros.
Mantener vivas las expectativas demandará mucho. Dudo que el Gobierno pueda armonizar condiciones y visiones tan dispersas en una gestión todavía inmadura que no ha podido construir su propia personalidad.
La personalidad es un constructo psicológico que en un gobierno se perfila con su visión de Estado, la orientación de sus ejecutorias, los patrones de gestión, los estilos de dirección y la asunción de los problemas colectivos, entre otros caracteres distintivos.
Esa identidad generalmente se arma con la negación de la anterior, más cuando esta última ha generado tedio, insatisfacción o repulsión. Pienso que parte de la aceptación que hoy goza Abinader es prestada: todavía responde al mal recuerdo de la gestión anterior. En la medida en que el olvido social empiece a borrar las imágenes del pasado su Gobierno irá cosechando simpatías o rechazos propios.
Luis Abinader se instala en la vorágine de una pandemia sin par, con una economía sensiblemente contraída y después de haber derrotado a una administración agotada por la corrupción. Quiérase o no, esos factores deben modelar su personalidad porque no resultaron de ensayos de laboratorio ni de diseños abstractos; fueron expectativas sociales nacidas al calor de las mismas realidades que le abrieron las puertas del Palacio.
Pocos gobiernos han recibido un desafío de ese calado. Leonel Fernandez regresó a su segundo mandato (2004-2008) con la secuela de la crisis bancaria y una devaluación histórica de la moneda, pero sin los constreñimientos sociales por un gobierno ético. Además de una gestión económica exitosa, este Gobierno, en cambio, está compelido a administrar la cosa pública con transparencia, rendición de cuentas y sin impunidad, valores que, además de ser mercadeados como estampas electorales, han sido históricamente relegados.
La sociología ha probado que en tiempos de bonanza económica las sociedades son más permisivas. Las preocupaciones de la población suelen desplazarse a otros intereses, vinculados generalmente a proyectos de realización individual. En tiempo de contracciones, en cambio, los patrones de vigilancia social son más rígidos. Martin Luther King apuntaba que la medida de los pueblos y de las personas “no se halla en los periodos de bonanza, de progreso y de confort, sino en tiempos de desafío y de controversia”. De modo que el Gobierno de Abinader tiene pocos espacios para errar; está obligado a lidiar con dos enormes presiones: ser económicamente eficiente y éticamente ejemplar, con una agravante no menos costosa: gobernar a una sociedad compleja y distinta.
Es sabido que los cambios sociales operan con más rapidez. Nuestra sociedad no se ha sustraído a esa dialéctica: somos un colectivo joven (6 de cada 10 tiene menos de 35 años), más informado (no significa mejor educado), más abierto (no necesariamente más consciente), más diverso (no es lo mismo que tolerante), más urbano, más tecnológico y con grandes expectativas de futuro. Es una población críticamente activa que crea corrientes de opinión.
La gente votó mayoritariamente por un modelo diferente y se siente acreedora de ese resultado; por eso sigue con tanto celo cualquier medida o ejecutoria del Gobierno y la sufre o celebra como si fuera propia.
Soportar el patíbulo de las redes sociales, con su díscola y trivial emotividad, será un karma con el que el Gobierno tendrá que convivir quiera o no. Lo que debe evitar el presidente es convertirse en prisionero de sus tendencias. Al contrario, debe mostrar, cuando el momento lo demande, las fibras de su temperamento gerencial (como lo hizo recientemente al golpear la mesa para enfatizar un juicio personal), aunque se trate de una medida impopular.
El momento no es para baratos agrados; es para mostrar un carácter de igual talla que la crisis que administra. La sociedad sensata quiere ver los músculos de un gobierno determinado; de un presidente que si hay que destituir lo haga sin reparo; que le hable con lealtad; que al admitir una equivocación lo haga frontalmente; que no deje dormir los escándalos; que lo que no funcione lo quite y que convierta la ingratitud en una virtud cuando haya que mandar a la Justicia a un amigo funcionario. Un gobierno de menos imagen, simbología e intenciones y de más resoluciones.
En un contexto atípico y frente a desafíos tan ingentes, el Gobierno tiene que estar muy claro en los objetivos de primera atención. Debe concentrar políticas, coordinar estrategias y armonizar mandos de dirección. Evitar la dispersión en aquellas ocupaciones que se aparten de las prioridades troncales. Eso le permitirá ejecutorias consistentes que le eviten la imagen de estar improvisando o dando palos a ciegas.
No le haría mal al presidente Abinader tener un seminario mensual con su gabinete para impartir y compartir la visión del Gobierno y los transversos que deben dominar en los programas y ejecutorias orgánicas, más allá de revisar la gestión ordinaria. Es la oportunidad de que sus funcionarios, como ejecutivos de una gran empresa, sepan qué dirección lleva el Gobierno y las coordenadas que la señalizan; que entiendan lo que piensa y quiere el presidente para que el Gobierno hable su mismo idioma gerencial. No sería inútil invitar a un experto en temas de gobernanza, gestión de crisis, planificación de desarrollo o tendencias globales de pensamiento.
Los dominicanos no aspiramos a un Gobierno de ensueño. Nos conformamos con uno posible; eficiente en lo que ofrece y cumplidor de promesas realistas. Si estos cuatro años se concentra en obtener resultados en una promesa, repito, en una, sería suficiente. Y si esa es dejar un ordenamiento institucional operativo, sano y de consecuencias, nos damos por pagados. El problema es pretender hacer muchas cosas con pocos rendimientos. No necesitamos un Gobierno omnipresente, afanado en hojear todas las agendas o atender las demandas más prolijas. Esa mitificación del “Estado redentor” ha sido una estafa ideológica de un populismo rancio que perdió credibilidad y simpatía en el mundo. Queremos a un presidente que golpee más la mesa, aunque se rompan algunos platos.
El presidente Abinader inicia el proceso para la recuperación del patrimonio público distraídos por corrupción
13 DE ENERO 2021 | 20:07
Fachada Palacio Nacional
SANTO DOMINGO. - Con el Decreto número 22-21, el presidente Luis Abinader cumple su promesa anunciada el 9 de diciembre de 2020, al indicar que conformaría un equipo de abogados para que represente al Estado en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraídos de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente.
Este decreto refleja el firme compromiso de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la reposición de bienes y recursos que han sido sustraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, ya sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes.
Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario.
Mediante el referido decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad.
De igual forma, se designa al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.
Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un estado prácticamente inamovible de impunidad.
Contactos privados antecedieron al acuerdo entre el país y Haití
El documento, de 9 puntos es la más destacada acción diplomática desde el restablecimiento de las relaciones RD-China, pero al mismo tiempo deja complacidos a los sectores que se quejaban por la saturación de haitianos en los hospitales dominicanos y la falta de controles en la frontera.
Guarionex Rosa
Santo Domingo, RD
La declaración RD-Haití divulgada ayer contiene el acuerdo más importante alcanzado por los dos países en mucho tiempo, que consolida al presidente Luis Abinader como un líder de la región que enfrenta los problemas del vecino y plantea a las naciones del Caribe un nuevo enfoque.
El acuerdo tenía que darse aunque la situación del país vecino sea inestable y su gobierno, presidido por Jovenel Moïse está al zarandeo, con una oposición activa que quiere la celebración de las elecciones cuanto antes y una reforma constitucional con bases sociales firmes.
Como una negociación de relevancia que antecedió la declaración, Abinader se cuidó mucho de que la misma se filtrara, pero se sabe que fue producto de conversaciones sostenidas privadamente por el canciller Roberto Álvarez en Puerto Príncipe y por los dos presidentes la semana pasada en Elías Piña.
El documento, de 9 puntos es la más destacada acción diplomática desde el restablecimiento de las relaciones RD-China, pero al mismo tiempo deja complacidos a los sectores que se quejaban por la saturación de haitianos en los hospitales dominicanos y la falta de controles en la frontera.
Quizás más complacidos pudieran quedar los llamados nacionalistas y muchos dominicanos preocupados por el ingreso masivo de haitianos al constatar que los dos gobiernos están dispuestos a trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos sus ciudadanos que estén en territorio dominicano. (punto 1).
Es seguro que el presidente Abinader quiso disminuir el peso de sus múltiples problemas, buscar solución a temas que solamente pueden arreglarse mediante negociación que involucren a los países llamados “amigos de Haití” y a las organizaciones internacionales.
Los haitianos siempre han estado esquivos cuando la parte dominicana le hace propuestas como fue hace pocos años cuando las organizaciones internacionales sugirieron a los dos gobiernos que se unieran para construir hospitales del lado haitiano de la frontera.
Si eso se hubiese hecho, la República Dominicana estaría ahora en mejores condiciones hospitalarias y no tendría que cargar con el pesado fardo de las parturientas y otros enfermos haitianos que por razones humanitarias tienen que ser atendidos en hospitales dominicanos.
El momento de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad perfecta para que la construcción de esos hospitales se haga realidad en el futuro cercano con el apoyo de Naciones Unidas, la OEA, el BID, Estados Unidos, Francia y Canadá, que tienen intereses allí.
Abinader está haciendo de su parte todo lo que puede en circunstancias muy difíciles para la RD y cuando quizás arriesgue su prestigio y popularidad frente a las murmuraciones y el qué dirán los contradictores que siempre tienen sus propias propuestas.
Frenar el contrabando
Una de las reservas que ha tenido Haití desde hace tiempo es el tráfico ilícito de mercaderías por la frontera. En 1983 el gobierno haitiano cerró la frontera por esa causa y antes le había solicitado a la Embajada de RD que vigilara a sus cónsules que cruzaban la línea.
El tráfico ilegal de mercaderías por la frontera le ha ocasionado a Haití grandes pérdidas y han dejado a sus aduanas sin los ingresos por el alto volumen del comercio bilateral. En la época del doctor Balaguer y posteriormente el negocio era de los militares.
Se le consentía en el lado haitiano como parte del paquete “todo incluido” que se consideraba sobreentendido en la política de pago por la parte dominicana de varios miles de trabajadores haitianos que cruzaban la frontera para trabajar en los campos de caña del CEA.
Luego, durante la crisis que siguió al golpe de estado contra el presidente Aristide y que dio paso al régimen militar del general Raoul Cedrás (1991-1994), el contrabando de combustibles fue rampante por la frontera auspiciado por el régimen de Puerto Príncipe y tolerado por el RD.
Esa modalidad de contrabando para evadir las sanciones impuestas a la dictadura haitiana por el gobierno de los Estados Unidos, como presión para lograr la vuelta al régimen constitucional, enriqueció, más que las drogas, a muchos altos oficiales de los dos países.
Todavía la porosa frontera es una fuente de riqueza para el sector militar de alto y bajo rango, cosa que trata el documento en su punto 4, que es una molestia silente para el régimen de Abinader aunque la ha manejado desde mitad de agosto con mucha prudencia.
Mediante ese punto 4 de la declaración, los dos países se comprometen a utilizar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado.
Esta parte de la declaración complacerá también a los Estados Unidos en momentos en que asumen el mando el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, ambos comprometidos a darle nuevo enfoque a las relaciones de su país Latinoamérica y el Caribe.
En el punto 7 los dos países se comprometen a “continuar negociaciones de manera sostenida hasta alcanzar un acuerdo comercial general, con el objeto de establecer normas transparentes, estables, justas y previsibles para ambas partes y que permitan frenar el contrabando que erosiona la base impositiva de ambos países”.
La resiliencia de Haití
Pese a los grandes problemas de ese país derivados de su pobreza ancestral, las pandemias, los huracanes y el terremoto que destruyó Puerto Príncipe en el 2010, Haití tiene una enorme resiliencia como antepasados de países africanos que se levantan poco a poco.
No así se puede explicar el afán que tienen los escolares por caminar largos trechos a fin de llegar a la escuela primaria, el tesón de los estudiantes universitarios para leer debajo de las farolas de los parques del centro de la capital cuando falla el servicio eléctrico.
Haití tiene uno de los más reconocidos festivales de jazz de la región. Este año el Festival de Jazz de Puerto Príncipe, pese a las manifestaciones callejeras, está pautado para celebrarse entre el 16 y el 26 del cursante, con participación de músicos locales, de Cuba, España, Estados Unidos, Canadá, Trinidad Tobago y países nórdicos.
Hace cuatro años, cuando el insigne cantante popular de los Estados Unidos, Tony Bennett cumplió los 90, una de las atracciones de la enorme fiesta televisada en la cual participaron los grandes cantantes y músicos, fue la presentación del tenor Andrea Boccelli interpretando el Ave María de Shubert, con el Coro de los Niños de Haití.
Con las revueltas, los secuestros y gente armada por todas las esquinas, los haitianos se las ingenian para sobrevivir. Saben que sus políticos, eternos aspirantes a la presidencia para pillar las arcas públicas, seguirán con los discursos sin aportar soluciones.
Declaración conjunta de la reunión entre el Presidente de República Dominicana, Luis Abinader y el Presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse
10 de enero de 2021
SANTO DOMINGO.-El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, reunidos para discutir los temas prioritarios de la agenda bilateral, reafirmaron el compromiso de cooperación y de respeto a la soberanía que caracterizan las relaciones entre las dos naciones.
Los dos Jefes de Estado reafirmaron su voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemia, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo.
Haití está inmersa en un proceso de reforma constitucional destinado a consolidar la gobernabilidad democrática, y República Dominicana, en el marco del respeto a la soberanía de los Estados, alienta a las autoridades haitianas a trabajar para asegurar que este proceso cumpla con las aspiraciones del pueblo haitiano.
En consecuencia, los presidentes efectúan la siguiente declaración:
1. La República Dominicana y la República de Haití, así como sus instituciones democráticas, están dispuestas a trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos haitianos que estén en territorio dominicano.
2. En el ámbito de la salud, con la colaboración de la comunidad internacional que ha mostrado su voluntad de financiar hospitales en Haití, ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano, ubicados donde el gobierno de ese país lo considere apropiado, con el fin de reducir el uso intensivo de los hospitales dominicanos, un tema de gran sensibilidad en República Dominicana.
3. Abrir el proceso de negociación para delimitar las fronteras marítimas entre los dos países. Este proceso se iniciará lo antes posible.
4. Tomar las medidas apropiadas, cada país en su propio territorio, para desplegar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades ilícitas.
5. Cooperar de manera mutua y sostenible en los campos de la energía, la producción agrícola e industrial, el combustible para cocinar y los esfuerzos para frenar la desertificación.
6. Trabajar para lograr la financiación necesaria para la adopción de un plan de capacitación y apoyo, que facilite la labor de ambos países para reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza; consecuentemente, cada país colaborará con el otro en caso de que se construyan controles físicos o tecnológicos en todo el borde terrestre de la frontera.
7. Continuar negociaciones de manera sostenida hasta alcanzar un acuerdo comercial general, con el objeto de establecer normas transparentes, estables, justas y previsibles para ambas partes y que permita frenar el contrabando que erosiona la base impositiva de ambos países.
8. Trabajar estrechamente para planificar una matriz de interconexión energética entre ambos países, priorizando las energías renovables (eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica) que permita el intercambio del excedente de energía de un país a otro.
9. Fomentar la producción de productos biodegradables en lugar de aquellos que dañan el medio ambiente, especialmente los fabricados con poliestireno.
Discurso de Roberto Alvarez, canciller de la República Dominicana
El presidente Abinader inicia el proceso para la recuperación del patrimonio público distraído mediante corrupción
13 de enero de 2021. Santo Domingo.-
Mediante el Decreto número 22-21, el presidente Luis Abinader cumple su promesa anunciada el 9 de diciembre de 2020, al indicar que conformaría un equipo de abogados para que represente al Estado, en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente.
Este decreto refleja el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes.
Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario.
Mediante el referido decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad.
De igual forma, se designa al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.
Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un estado prácticamente inamovible de impunidad.
Aduanas y el Bandex acuerdan facilitar comercio y expandir exportaciones
El convenio contempla cooperar en el emprendimiento de iniciativas y de alianzas estratégicas dirigidas a robustecer la economía dominicana.
13 de enero de 2021.
Santo Domingo. RD. La Dirección General de Aduanas (DGA) y el Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex), suscribieron un acuerdo de cooperación para facilitar el comercio, fomentar las exportaciones del país y fortalecer sus relaciones interinstitucionales.
El convenio firmado por el titular de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón y el gerente general del Bandex, Juan Mustafá Michel, se comprometen al intercambio de informaciones estadísticas para crear políticas y beneficios a favor del sector exportador.
“Este acuerdo de colaboración busca incentivar las exportaciones de República Dominicana. Estamos esperanzados con lo que podemos lograr y Bandex como entidad bancaria puede contar con Aduanas y con su capacidad logística y analítica para establecer una relación laborar mucho más fluida que nos beneficie a todos”, afirmó Lovatón.
Aseguró que el mandato del presidente de la República es que este es el momento de invertir en el país, utilizando nuestro clima, ubicación y la capacidad de producción en todos los sentidos.
De su lado, Mustafá Michel se mostró esperanzado con esta alianza que estará apoyando al sector exportador y a los mercados pero que, sobre todo, estará generando divisas y empleos para el país.
El acuerdo también establece estrategias mutuas para una mejor aplicación del ordenamiento jurídico operativo, eficientizar los procesos logísticos fronterizos, a la luz de la legislación doméstica y la del Derecho Internacional. Contempla además, cooperar en el emprendimiento de iniciativas y de alianzas estratégicas dirigidas a robustecer la economía dominicana.
El pacto estará sujeto al régimen fronterizo, a los fines de indicar el alto interés que tiene ambas instituciones en el desarrollo económico, social y turístico de la zona tomando en cuenta la aplicación de los tratados internacionales y la protección del Derecho Internacional.
Para la evaluación de los protocolos de trabajo y las recomendaciones de procedimientos que realicen, los representantes de la Dirección General de Aduanas y el Banco Nacional de las Exportaciones, le comunicarán, a los directores de ambas instituciones, lo previsto, quienes deben validar las solicitudes y tomar la decisión en torno a su implementación.
El acuerdo tiene una vigencia de dos años y podrá ser modificado por cualquiera de las partes y el mismo va acorde con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Sobre BANDEX
El Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) es una entidad de intermediación financiera pública de fomento al sector exportador a través de la canalización de recursos y la creación de productos financieros especializados.
La Cámara de Representantes vota hoy sobre un posible segundo 'impeachment' a Donald Trump
Primera modificación: 13/01/2021 - 03:59
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, camina hacia su oficina, mientras los demócratas debaten un artículo de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos el 13 de enero de 2021.
La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos afronta este 13 de enero una votación que podría hacer que el presidente Donald Trump sea el primero en afrontar dos juicios políticos en la historia de Estados Unidos. Los demócratas llevarán a cabo este proceso tras el rechazo del vicepresidente Mike Pence a activar la enmienda 25 contra Donald Trump por los sucesos del Capitolio de la semana pasada.
En una votación sin precedentes en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes previsiblemente llevará hoy a Donald Trump a un segundo juicio político en menos de un año. Este órgano legislativo, que cuenta con una mayoría demócrata, quiere acusar al presidente saliente de “insurrección” a falta de una semana para su salida de la Casa Blanca por los incidentes del Capitolio del pasado 6 de enero.
Aunque el ‘impeachment’ al que se vio sometido el mandatario el año pasado no consiguió dividir apenas a la bancada republicana de las dos cámaras legislativas, la posición del presidente republicano es mucho más débil en esta ocasión. En la última semana, las críticas por parte de diversos sectores republicanos a la implicación del discurso de Donald Trump en los disturbios del Capitolio fueron numerosas.
Pero el principal problema al que se enfrenta este posible juicio político es el tiempo. Si hoy sale afirmativo el voto para procesar a Trump en la Cámara de Representantes, la acusación pasaría al Senado, donde se realizaría una suerte de juicio contra el presidente. El problema es que a partir del próximo 20 de enero tomará posesión Joe Biden y no está claro que se pueda realizar todo con tanta rapidez.
Lo que está claro es que Estados Unidos está caminando sobre terreno político desconocido. Nunca antes en la historia un presidente había tenido que enfrentar dos juicios políticos durante su mandato, ni un ‘impeachment’ se había realizado a tan pocos días del final de una legislatura.
Lo acontecido tiene la explicación única de lo inusual de los eventos de las últimas semanas en Washington D. C. Desde las elecciones del pasado 3 de noviembre, donde el demócrata Joe Biden se hizo con la victoria, Donald Trump ha estado negando los resultados de forma constante, realizando acusaciones infundadas de fraude electoral y arengando a sus seguidores a no reconocer una normalidad institucional y democrática.
Estos hechos desembocaron en los disturbios del pasado 6 de enero en el Capitolio, que hicieron que se suspendiera la ratificación de la victoria de Joe Biden en el Congreso y que cinco personas, entre ellas un policía, fallecieran durante el caos originado. Aunque Trump pidió cesar la violencia y garantizó una transición del poder pacífica, el ‘impeachment’ se ve como un castigo simbólico a su gestión.
Donald Trump advirtió desde Texas que este proceso es “peligroso” para Estados Unidos. "Continuar por este camino, creo que está causando un peligro tremendo a nuestro país y está causando una gran ira", dijo Trump el martes, en sus primeras declaraciones a los periodistas desde los disturbios de la semana pasada.
La Cámara de Representantes tendrá un voto afirmativo con casi total seguridad, ¿pero y el Senado?
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes hace pensar que no habrá problema para llevar al mandatario saliente a juicio político. Además de la mayoría, al menos cinco legisladores republicanos, incluida la miembro republicana de la Cámara de Representantes, Liz Cheney, de Wyoming, anunciaron que votarían para acusar a Trump, dividiendo al liderazgo republicano y al partido en sí.
“El presidente de los Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque”, dijo Cheney en un comunicado. "Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de los Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución".
Es más difícil que el procedimiento salga adelante en el Senado. Ahí se necesitan dos tercios de la cámara votando a favor de la condena al presidente Trump, algo que requiere a al menos 17 republicanos votando junto a los demócratas. Todavía no se sabe a ciencia cierta que republicanos harían esto en el Senado.
Sin embargo, sí que es notable la mala relación entre el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y Donald Trump. McConnell está muy molesto por los hechos del Capitolio, por la actitud del presidente y por haber perdido la segunda vuelta en Georgia, aunque todavía no ha anunciado su posible voto.
La enmienda 25 quedó descartada este martes como vía para destituir al presidente
Con 222 Votos a favor y 202 en contra, la Cámara de Representantes aprobó este martes la resolución no vinculante para pedir al vicepresidente del país, Mike Pence, que invoque la sección 4 de la Enmienda 25 de la Constitución, con el fin de despojar al mandatario de sus funciones.
Sin embargo, para la activación de esa vía constitucional era indispensable el respaldo del vicepresidente del país, Mike Pence, quien se anticipó y antes de que terminara la votación en la Cámara Baja emitió una carta en la que dejó claro que se opone a retirar a Trump del cargo. Esto hace que este procedimiento, mucho más rápido y directo que el de ‘impeachment’ esté descartado.
"La insto a usted y a cada miembro del Congreso para que eviten acciones que puedan dividir y avivar aún más las pasiones del momento. Trabaje con nosotros para rebajar la temperatura y unir a nuestro país mientras nos preparamos para investir al presidente electo Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos", declaró Pence en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Para que la activación de la Enmienda 25 fuera posible, el vicepresidente y una mayoría de funcionarios del gabinete tendrían que declarar al jefe de Estado “imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo”.
Durante unos días los demócratas tuvieron su esperanza depositada en esta posibilidad debido al enfrentamiento político entre Mike Pence y Donald Trump. Pence sufrió presiones de su propio presidente para que no declarase ganador de las elecciones del 3 de noviembre a Joe Biden y criticó fuertemente los disturbios del Capitolio.
Estados Unidos está sumido en una crisis política y de enfrentamiento polarizado acentuado en las últimas semanas. El próximo 20 de enero Joe Biden asumirá el cargo de presidente, un acto al que Donald Trump no asistirá y en el que se teme que puedan repetirse incidentes como los vistos el pasado 6 de enero.
Anthony Fauci: "Podríamos regresar a la normalidad en otoño de 2021"
Primera modificación: 13/01/2021 - 20:31
Las vacunas contra el Covid-19 dan lugar a una esperanza: la de ver a la humanidad pasar la página de esta pandemia. En un momento en que las teorías de la conspiración están floreciendo en un contexto de escepticismo, estas nuevas vacunas desarrolladas en un tiempo récord también plantean muchas preguntas. Anthony Fauci, consejero médico en jefe de Joe Biden para el Covid-19 y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., responde a cada una de ellas en France 24.
Abinader presenta Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz
13 de enero de 2021.
SANTO DOMINGO. - El presidente Luis Abinader presentó este miércoles el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, programa con el que el Gobierno contempla construir 11 mil viviendas en su primer año y 17 mil en los tres restantes.
Abinader afirmó que el plan es un compromiso de la administración que encabeza en aras de garantizar las condiciones de acceso a todos los dominicanos para que logren un techo propio.
“Este plan se trata de un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sostenido del sector; de mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda ya construida”, indicó el mandatario.
Consideró que el programa tendrá un gran impacto en cada uno de los dominicanos que accedan a su primera vivienda, así como en el orden económico porque generará más de 100 mil empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años.
El mandatario explicó que “Vivienda Feliz”, es uno de los propósitos fundamentales que su gestión se ha fijado para alcanzar durante la presente legislatura, de forma tal que las familias del país cuenten con la posibilidad real de acceder a una casa, que constituye el elemento más importante de todo patrimonio.
Destacó que “la estrategia de este plan que hoy presentamos se articula en tres ejes: renovación urbana mediante financiación pública y privada, facilidades de crédito a las familias dominicanas para el acceso a su primera vivienda y asesoramiento y seguimiento para la compra”.
El gobernante dijo que “quiero advertirles que este nuevo plan es el mayor proceso de accesibilidad a la vivienda que ha puesto en marcha cualquier Gobierno a lo largo de nuestra historia”.
El presidente Abinader habló sobre la tendencia de crecimiento que se verifica en las grandes urbes y la falta de organización que muchas sufren.
Indicó que, debido a esa situación, el Gobierno reorientará los créditos y las ayudas para fomentar el crecimiento urbano ordenado.
“El financiamiento público contribuirá a elevar la calidad de vida dentro de las ciudades, promoviendo el rescate de espacios urbanos, la redistribución, el mejor acceso a los servicios básicos e infraestructuras de interés, así como la construcción de viviendas ordenadas y desarrollos certificados”, expresó.
Abinader resaltó el interés del Gobierno en conseguir esta meta e impulsar esta política pública como palanca del desarrollo nacional y, además, ser fuente generadora de empleos y promotor del crecimiento económico, que es también, uno de los ejes fundamentales de la presente administración.
De su lado, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, definió el Plan Nacional de Viviendas como “una plataforma que permitirá atacar un mal que ningún otro gobierno ha podido enfrentar con éxito y que busca elevar los estándares de la República Dominicana en términos de financiamiento para las viviendas”.
Macarrulla manifestó que las bondades de este plan colocarán a la República Dominicana en un plano positivo, igual al de otras naciones latinoamericanas.
Significó que “solo para ilustrar, el financiamiento hipotecario en nuestro país representa en términos relativos, el 50% del promedio en América Latina. Mientras que, en países como Chile, la deuda hipotecaria representa el 17.5% del PIB, en República Dominicana representa sólo el 4.4%”, señaló el ministro.
Detalles técnicos
El viceministro Camel Curi, quien ofreció los detalles técnicos del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, indicó que este programa está dirigido a familias ubicadas en zonas de proyectos de transformaciones urbanas; de ingresos restringidos; en situaciones de desplazamiento por desastres naturales.
Explicó que las familias en condiciones especiales, como discapacidades, madres solteras, mujeres maltratadas y miembros de gremios, serán incluidos en los programas de mejoras sociales.
Cury indicó que los montos de las viviendas van desde 800 mil pesos, para familias con ingresos consolidados de 16 mil pesos mensuales; 1.4 millones de pesos para familias con ingresos de 26 mil pesos; y viviendas con un valor de hasta 4.5 millones para familias con ingresos de 90 mil pesos.
Resaltó que el Estado será el gran facilitador a través de la accesibilidad bancaria y subsidios a la tasa hasta a siete años.
En el acto, realizado en el Salón Las Cariátides, del Palacio Nacional, estuvieron presentes Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Camel Curi Lora, viceministro de Proyectos de Inversión y Jaime González, viceministro de Proyectos de Desarrollo Social.
También, Samuel Pereyra, administrador general del Banco de Reservas; Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad (Prosoli); Carlos Bonilla, director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); Mérido Torres, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación y Julio Peña, director de la Comisión Presidencial de Fideicomiso.
El proyecto estará liderado por el Ministerio de la Presidencia, a través del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda), alimentado por fondos provenientes mayormente del Presupuesto Nacional y se ejecutará a través de una alianza público-privada en la que participarán instituciones del Estado.
La estructura operativa estará compuesta por instituciones especializadas del Gobierno como URBE, Comisión Permanente de Titulación, Dirección de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, Prosoli, SIUBEN, INVI, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Primera modificación: 13/01/2021 - 03:59
