Luces, dudas y sombras de la nueva Ley de Tránsito en el país
Partida. El proyecto de ley aprobado por diputados y senadores contempla solo un 25% de las recaudaciones para la nueva institución que regulará el tránsito, mientras que el 75% restante irá al Ministerio Público
Tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados aprobó ya un proyecto de ley que pretende regular, monitorear y organizar tránsito en el país como una de las prioridades de las políticas de Estado, anunció el presidente Danilo Medina en su segundo cuatreño de gobierno.
Pero, ¿qué cambios traería la aplicación de dicha ley?, ¿quiénes serán los beneficiados?, ¿respetarán los ciudadanos a las “nuevas” autoridades de tránsito?, ¿cómo la entrada en vigor de dicha legislación disminuiría las muertes por accidentes en el país?, ¿se deberán tomar más préstamos para su ejecución? Y lo que muchos desean saber, ¿qué pasará con los vehículos que llevan más de 20 años circulando?
La Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que posiblemente sea promulgado en los próximos días, de entrada establece la eliminación de las siete instituciones que hasta el momento “regulan el tránsito” en el país, las cuales son: la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, la Dirección General de Tránsito Terrestre, el Consejo para la Administración y Regulación de Taxis, la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público, y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre.
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Asimismo, fusiona a la Autoridad Metropolitana del Transporte y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago, para crear el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El politólogo y experto en políticas públicas Daniel Pou considera como un paso positivo, el que se plantee eliminar el grupo de instituciones orientadas a regular el tránsito, pero que realmente “no tienen ningún tipo de plan, para mejorar el mismo”.
“Esas instituciones no aportan al mejoramiento de la seguridad vial y el tránsito. Estamos llenos de agencias del Estado sin ningún tipo de plan. Más que un problema cultural se ha convertido en un problema estructural de instituciones sin sentido”, aseguró.
Pou afirma que se necesita de una institución moderna que se gane el respeto de la población, porque la actual carece de la contundencia suficiente y la buena imagen para ganarse una cuota de respeto frente a los ciudadanos.
En la capital dominicana circula más de un millón de vehículos cada día / Fuente externa
“Nadie va a respetar, cuando las otras instituciones actúan de manera incorrecta y disfuncional. Por ejemplo: los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transpote (AMET) no tratan a los conductores de la misma manera. A los choferes que van en sus vehículos privados se les quiere someter a una exigencia que no se le somete a los de carros públicos. ¿Cuándo han visto a un chofer de carro público con cinturón de seguridad?, pues ese desorden provoca un irrespeto que es producto de un cúmulo de situaciones que se han generado durante años”, condena el especialista.
Eliminará los vehículos chatarra en 10 años
El Intrant establecerá un cronograma de retiro de las unidades de transporte terrestre “chatarras”, según la legislación, en un plazo que no podrá exceder los diez años, es decir que de aprobarse en los próximos días, para el 2026 no quedaría ninguno en las calles.
Dichas unidades deberán ser sacadas del parque vehicular y del Registro Nacional de Vehículos de Motor, y demolidos de inmediato por el Intrant.
“Es una ley que reemplaza a otra que se promulgó cuando la República Dominicana tenía la población que hoy tiene solamente el Gran Santo Domingo, por lo que la nueva Ley de Tránsito reconoce la gran cantidad de personas y vehículos que hay en el país”, explica Onésimo González, especialista en reordenamiento territorial, tránsito y transporte.La Ley 241, a la que se refiere González, fue promulgada hace 46 años, el 28 de diciembre de 1968, y la cual ha sufrido varias modificaciones y enmiendas, pero no ha llegado a cumplir sus objetivos.
Disminuirán los accidentes de tránsito
Con un total de 1,946 fallecidos por accidentes de tránsito en 2015, La República Dominicana se convirtió en el país de América Latina que tiene el mayor índice de muertes en las carreteras.
En ese sentido, el director del hospital Ney Arias Lora, doctor Amaury García, explicó esta semana que los costos del paciente traumatizado por accidente de tránsito son incosteables para cualquier centro de salud, por lo que urge una política de seguridad vial y movilidad urbana que disminuya la alarmate cifra que cada año aumenta en el país.
Sobre el tema, el experto en seguridad vial y tránsito Onésimo González explica que años atrás, al rededor de 4,100 personas morían cada año en el país por accidente de tránsito. “La cifra que se maneja no son el total de las muertes por accidentes de tránsito que se contabilizan en el país, ese 1,946 del año pasado son solo los fallecimientos instantáneas. Yo estoy contando además a las personas que mueren camino al hospital, a las que fallecen en las emergencias y las que mueren en los internamientos. Sin mencionar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que quedan paralíticos a causa de un accidente de tránsito como sí indican las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Son más de 1,300 millones de dólares que tiene que gastar el Estado dominicano solo en acciedentes de tránsito, y que disminuirán significativamente con la entrada en vigencia de esta nueva ley”, aseguró González.
Según el experto, es alarmante la cuota de jóvenes que pierden la vida en accidentes de tránsito “echando carreras en motocicletas”.
“Nuestras carreteras se han convertido en mataderos nocturnos en donde jóvenes de 18 y 19 años pierden sus vidas echando competencias. Los que corren con suerte quedan parapléjicos, padres de clase media, pobres y clase alta que jamás se recuperan. Por eso esa ley sancionará con 10 salarios mínimos al que sea sorprendido en esas prácticas. Con un par de ejemplos que se pongan no volverá a ocurrir, dudo que lo vuelvan a repetir. Pero esto ocurre porque no había un régimen de sanción”, explicó González.
Acabará el “chivo sin ley” porque la ley será para todos
Amén de otras reglas, los motoconchistas no podrán “montar” a menores de ocho años, y deberán llevar casco tanto el conductor como el único pasajero que pueden llevar en la parte de atrás de su motor.
Los peatones cruzarán únicamente por los pasos de peatones marcados sobre el pavimento, de ignorarlos, serán sancionados con el pago de una multa equivalente a un salario mínimo, esto se extiende además si caminan fuera de una intersección, fuera del paso se zebra, o por debajo de un puente peatonal.
También serán sancionados aquellas personas que circulen en la vía pública con el objetivo de hacer colectas, distribuir propagandas de cualquier clase; transitar por las aceras o vías con paquetes, muebles u otros objetos de tamaño superior al que se establezca por reglamento y que entorpezca la circulación de los demás peatones.
Mientras que los carro públicos no podrán tener más de 15 años de fabricación, deberán circular con dos placas (una frontal y otra trasera) y el chofer estará limitado a llevar cuatro pasajeros a parte de él en el vehículo, serían en total cinco personas y no siete como se acostumbra.
“El uso de dos placas, una detrás y otro delante facilitará el reconocimiento del vehículo que infrinja la ley por el sistema de cámaras que estarán instaladas en todo el país, y que se encargarán de captar las multas para su posterior fiscalización”, detalló Onésimo González.
Con el recién aprobado proyecto de ley, queda prohibida la circulación de cualquier vehículo equipado o modificado con cualquier tipo de parachoques frontal, lateral o trasero, no agregado por el fabricante del vehículo o aprobado por el Intrant, es decir, se eliminarán las famosas “defensas” que utilizan las guaguas voladoras y otros vehículos para “mantener distanciados a los demás”.
Vida digna para los choferes
A parte de garantizar una eficaz gestión del sistema de transporte, la ley diseña un espacio digno para los usuarios que utilizan el transporte público, brinda seguridad a los que andan en su vehículos privados y “humaniza” la labor de los choferes dominicanos.
“La vida de los conductores del transporte público transcurre sin garantías y la mayoría muere en la pobreza. Tanto esos choferes como los motoristas (que aportan un 60% de los accidentes de tránsito), están amparados bajo esta ley, que establece el mecanismo de compenzarlos socialmente con horarios de ocho horas de trabajo, seguros de vida y findo de pensiones”.
González explicó que además los conductores tendrán un salario mínimo de $500 dólares y se disminuirá el número de carros públicos para terminar con los “tapones infernales” que consumen el tiempo de los ciudadanos.
“Donde tienes 200 carros públicos, con tres autobuses resuelves el problema. Solo se necesita que circulen cada 5 minutos”, señaló.
“La ley podría nacer con un cáncer terminal”
De ser aprobada la nueva ley de tránsito “tal cual está” por el Poder Ejecutivo, Onésimo González, quien ha trabajado en preparación del proyecto de ley, explica que esta nacería con un cáncer terminal, ya que los legisladores han eliminado que el total de las recaudaciones sean utilizadas para sostener el sistema, y en cambio solo se le entregaría el 25% de las fiscalizaciones al Intrant y el 75% al Ministerio Público.
“Uno de los atractivos de esta ley que se ha trabajado con decenas de expertos nacionales e internacionales desde el 2005, es que para ejecutar dicho proyecto no sería necesario que el Estado acuda a la emisión de bonos, ni tome préstamos. Los dineros recaudados a través de las multas y otros procesos serían utilizados para colocar cámaras en todas las vías, carreteras y avenidas con un sistema de monitoreo que rastrearía las faltas y automáticamente la asignaría al vehículo que cometió dicha infracción”, detalla González.
El dinero sería utilizado además para la contratación de más de 15 mil agentes especializados, con sueldos justos, para la construcción de carriles especializados y terminales para autobuses y carros públicos, la instalación de semáforos en todo el país, la colocación de vectores y otros.
“Si yo fuera el presidente Danilo Medina, yo observaría esa ley. Porque no es justo que se haga un daño desde el inicio a un sistema complejo que necesita de esos fondos para funcionar. Ninguno de los sistemas que hoy funciona en los países modernos toma menos del 80% de las recaudaciones para autofinanciarse. ¡Ninguno!”, puntualizó el experto en leyes de tránsito.
Con el recorte de los fondos para el Intran, Onésimo González advierte que se le dará un golpe mortal a la ley y se acabaría con la naturaleza preventiva del novedoso sistema de seguridad vial.
“Lo más importante que contiene esta nueva legislación es que es la única herramienta capaz de frenar este calendario sangriento de accidentes de tránsito que enlutan al país día tras día y que le cuesta caro al país en la parte hospitalaria.
Diputado: “el 25% es suficiente para iniciar”
Sin embargo, para el diputado autor de la ley, Rafael Tobias Crespo, el hecho de que se le otorgue un 25% a la institución que sistematizará el tránsito (Intran) es un logro significativo, porque a la fecha el 100% de las recaudaciones van dirigidas a la Procuraduría General.
Crespo reconoce que este 25% no es suficiente para ejecutar el proyecto que modernizará el sistema de tránsito del país, pero entiende que al menos la primera etapa puede ser cubierta con ese porciento de las recaudaciones.
“Creo que el total de las recaudaciones deben ir al sector y que debería ser un porciento superior al que se ha aprobado. Esa es mi opinión, pero lo que ha decidido la mayoría es que se inicie por un 25%. Entiendo que en un futuro podría modificarse esta ley para que se le aumente la cantidad de dinero que va para la mejoría y mantenimiento del sector”, subrayó Crespo.
El legislador dijo que el Ministerio Público siempre manejará una parte de las recaudaciones por ser el órgano que se encarga del cobro de las multas, que en lo adelante serán más costosas para quien infrinja la ley.
¿Qué cambios trae la nueva ley?
• Que los motoristas trasladen a menores de 8 años en sus motocicletas.
• Los carros del transporte público deben tener un máximo de 15 años de antigüedad y no podrán cargar más de cuatro pasajeros y un conductor.
• Los ciudadanos que sean sorprendidos realizando competencias clandestinas en las calles y avenidas del país serán sancionados.
• Los motociclista sólo podrán trasladar a una sola persona como pasajero; ambos deben llevar casco protector.
• Se habilitarán carriles especiales para la circulación de taxis y autobuses.
• Eliminarán la circulación de vehículos chatarra en un máximo de diez años, en consecuencia disminuirán la circulación de carros públicos y autobuses del transporte urbano.
• Los choferes trabajarán solo ocho horas, tendrán acceso a un sistema de pensiones y mejores condiciones de vida.
• Se aumentará el costo por las multas de tránsito.
• Los vehículos llevarán dos placas (delante y detrás).
• Se monitoreará la circulación de los vehículos en las calles del país 24 horas al día.
• Se eliminarán siete instituciones dedicadas a regular el tránsito, ebtre ellas la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, y se creará en sustitución el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intran)
• Los peatones que no crucen por la línea de cebra serán multados, lo mismo pasará con los que caminen por cualquier área que no sea la destinada para el uso exclusivo de ellos.
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