Conflicto e interés en la élite política panameña
Por Abdiel Rodríguez Reyes
La mega investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conocida como Lospapeles de Panamá (Panama Papers) tiene como material investigativo los archivos internos de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF).
política panameña
Panamá se encuentra en el ojo de la tormenta. Varios hechos lo evidencian, los llamados Papeles de Panamá, la inclusión de empresarios panameños en la Lista Clinton, las presiones del gobierno de Donald Trump para formar “coaliciones” y la corrupción generalizada se desborda. Los tres órganos del Estado cuestionados por la sociedad; a lo interno, los grupos de poder económico están en disputa por la hegemonía del Gobierno. Es una guerra sin cuartel. Esta disputa no está fundamentada en principios ni ideales, sino en intereses, eso no es nuevo ni exclusivo de Panamá. Estamos en una coyuntura en donde estos intereses se evidencian en la editorialización de la información en los medios de comunicación. Los sectores en conflicto se radicalizan en defensa de sus posiciones, así como lo hicieran en los momentos de inflexión de nuestra historia reciente los civilistas y militares. Mientras que amplios sectores de la sociedad aclaman justicia, parece que el Órgano Judicial, más que impregnar justicia, está fetichizado. Encima, al acercarse las elecciones del 2019, se incrementan los focos de conflicto a lo interno de los grupos de poder económico, los cuales tienen como objetivo mantener la hegemonía en el Gobierno. Un aspecto donde los sectores confluyen, incluso antagónicos, es uno solo, la necesidad de un proceso constituyente, en un reciente comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, apuesta por una “reforma”; en cambio, FRENADESO y otras organizaciones y movimientos sociales y populares, como Polo Ciudadano, apuestan por una “Constituyente Originaria” que re-funde el Estado.
Existen otros problemas domésticos que no permiten ni lo uno ni lo otro. Todo parece indiciar que en el proyecto de la élite dirigente, en el sistema de partidos, no está encaminado a un proceso constituyente, que al menos garantizase una seguridad social (tener garantizados los DESC) y ponga un coto a la corrupción e impunidad que permiten nuestras leyes; su propósito fundamental es vivir de la renta de la economía canalera ─lo que el sociólogo Marco Gandásegui llama la burguesía rentista─ y de su tutelaje a la política exterior estadounidense. Eso explica el porqué no se solucionan los problemas sociales, entre los más urgentes están: el 22.1 % de pobreza general en el 2016 según el Ministerio de Economía y Finanzas, la existencia de escuelas ranchos y las malas condiciones laborales de los docentes en áreas de difícil acceso, teniendo en cuenta que la única posibilidad de tener movilidad social en las áreas rurales es a través de una educación de calidad, por lo tanto, se les está truncando el fututo a miles de niños y niñas que se encuentran en este círculo de la pobreza. Estos hechos muestran que no está en la agenda de nuestra élite garantizar la seguridad social a la sociedad, nada los obliga, lo cual es alarmante teniendo en cuenta el crecimiento económico del 5.5% pronosticado para el 2018, según el Banco Mundial, además de la estabilidad de la industria bancaria según Standard and Poor’s Global Ratings. Lo anterior nos invita a reflexionar sobre un tema prácticamente tabú en Panamá: el problema no es la falta de riqueza, sino de distribución. En ese sentido volvemos a señalar que en la agenda de nuestra élite no está garantizar la seguridad social ni remover los cimientos de la sociedad mediante un proceso constituyente, pues su horizonte es otro, al menos así se ha manifestado en los últimos veintisiete años.
La mega investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conocida como Lospapeles de Panamá (Panama Papers) tiene como material investigativo los archivos internos de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF). El develamiento de la información fue una implosión mundial, ya que estremeció los cimientos de la élite política local. El socio de la firma MF, Ramón Fonseca Mora, no solo es un exitoso abogado, sino que al momento de conocerse mundialmente los supuestos casos de corrupción y evasión fiscal, Fonseca Mora fungía como ministro consejero del actual presidente de la República, Juan Carlos Varela (JCV) y era Presidente del Partido Panameñista. Al conocerse los hechos y ser allanadas las oficinas de MF, Fonseca Mora hizo fuertes declaraciones que vinculaban directamente a JCV, señalando que recibió dinero de ODEBRECHT para la campaña electoral que ganó en el 2014. En cualquier país mediamente serio, con un Legislativo ─único Órgano facultado para investigar al Presidente─ independiente, se hubiera iniciado una investigación. Esto no trascendió a mayores. Sucesivamente se dieron otras declaraciones, de la ex-procuradora Ana Matilde Gómez, actualmente diputada de la República y del gestor financiero de ODEBRECHT Rodrigo Tacla al diario español El País, de igual envergadura que las de Fonseca Mora, pero tampoco trascendieron. Esto se vuelve más turbio al momento de que miembros de la Comisión Permanente de Credenciales que investigan anomalías en donde el presidente esté involucrado, también están vinculados a firmas de abogados con contratos millonarios de ODEBRECHT. En ese sentido, es cuestionable la independencia de esa Comisión. No les podemos pedir a los tigres que sean vegetarianos.
Los tentáculos que dejaron visibles Los papeles de Panamá, información procesada por los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier del Suddeutsche Zeitung, dejan al desnudo las miles de empresas de papel que fueron tramitadas por MF. En un medio de comunicación local, Fonseca Mora manifestó que estas empresas son como un cuchillo, si se usan para un asesinato no es culpa del fabricante. Una de las cuestiones que señalan los periodistas alemanes es que la información contenida en los archivos internos y lo que se puede leer en su investigación, es la cantidad de información “confidencial” sensible que evidencia todo tipo de malversación e instrumentalización de esas empresas de papel. El grupo de MF no es la única firma de abogados que se ocupa de estos oficios, ni la más beligerante al respecto. Sin duda, la plataforma de servicios financieros en Panamá requiere una re- estructuración con miras a no permitir todo lo que se ha conocido por lo Panama Papers. La Asociación Bancaria Panameña, que aglutina a más de setenta bancos, aseguraron que fueron engañados por las operaciones estructuradas que manejaba ODEBRECHT, que permitieron el desvió de fondos y el pago de coimas millonarias.
En medio de estos escándalos, el gobierno de Panamá intentó solucionar el problema, pero al final terminó empeorándolo, lo que evidenció la falta de capacidad de plantearse los problemas con miras a solucionarlos a fondo y no solo maquillar la superficie. Se nombró en abril del 2016 una “Comisión Independiente” ad hoc de expertos, entre ellos, dos internacionales, Joseph Stiglitz y Mark Pieth, que terminaron renunciando por falta de lo que andaban buscando: transparencia. Al día siguiente de la renuncia de ambos fue titular en los medios internacionales de gran impacto. Stiglitz, sobre las razones que da, formuló una pregunta que se explica por sí sola: “¿Cómo se puede formar un comité de transparencia si uno mismo no es transparente?”, refiriéndose al Gobierno. No cuestionamos la trayectoria de los expertos nacionales, lo que nos cuestionamos es la independencia de la Comisión, ya que estos expertos son los mismos que han contribuido a desarrollar la plataforma de servicios financieros que prestamos al mundo. Precisamente, lo que se quiere es cuestionar y transparentarla. Consideramos que la endogamia es poco saludable si queremos ser transparentes ante el mundo. Posteriormente, en septiembre del 2016, en una presentación en la Universidad de Columbia, Stiglitz increpó a la Vicepresidenta, Isabel Saint Malo, a propósito de la transparencia de la Comisión. Las soluciones a medias se convierten en problemas completos, no vale la intencionalidad de solucionar los problemas, sino la factibilidad de atacar de raíz la rampante corrupción que utiliza la plataforma de servicio financiero panameña de trampolín. No podemos ganar el partido contra la corrupción nacional e internacional haciendo trampa. Stiglitz y Pieth señalaron en un comunicado en conjunto que las discrepancias fueron con el Gobierno, por lo que ellos consideraban que las restricciones en el fondo eran censuras.
No hay que perder de vista que se cuestiona la plataforma de servicios financieros en un contexto geopolítico convulso, en donde los países desarrollados quieren garantizar sus intereses, necesitan información y cuestionan a los pequeños países que brindan este tipo de servicios, pero, en cambio, poco se cuestiona a los paraísos fiscales en Estados Unidos. Es evidente la hegemonía que se establece en estas relaciones. Sin embargo, es pertinente escudriñar por la función de nuestra plataforma de servicios financieros en el mundo, ya que no se tiene que seguir siendo corsarios en un mundo de piratas, y continuar con un servició que se presta para la corrupción y la evasión fiscal internacional. Panamá tendrá que encarar las fallas y transparentar los servicios financieros que se han instrumentalizado para todo tipo de corrupción. En ese sentido, la función de una comisión independiente sería brindar las herramientas para frenar la corrupción nacional e internacional y a quienes viven de esta en plano local, pero no creemos que propongan una alternativa, en el mejor de los casos presentarán reformas; sería saludable preguntarse si es de eso de lo que se trata: ponerle parches y seguir instrumentalizando la plataforma de servicios financieros para el crimen organizado y la evasión fiscal internacional. A nivel regional, la evasión fiscal es un problema, según la CEPAL ronda el 6,7 % del PIB regional. Nos enfrentamos a dos caras de la misma moneda, por un lado se evade los compromisos fiscales y, por el otro, se instrumentaliza el Gobierno para enriquecerse, como se ha comprobado empíricamente en el quinquenio pasado.
Lo anterior es posible por la alianza entre la élite política, el sector rentista y el capital trasnacional, los cuales han logrado la hegemonía del Gobierno. El sector financiero rentista funge como engranaje al capital transnacional, por eso, la pequeña burguesía nacional está cada vez más arrinconada ante un incremento transnacional, sin capacidad alguna de tener injerencias en los asuntos nacionales. En tanto, el sector rentista de los grupos de poder económico no tiene ningún plan estratégico de país, al menos no es público, lo que sí está claro en su hoja de ruta es garantizar sus intereses. Este sector es funcional al transnacional, es un operador sistémico, todo funciona perfectamente, al menos que no se le garantice su renta, si eso ocurre, inmediatamente salen a relucir discursos nacionalistas en defensa de la soberanía del país, invocando al espíritu torrijista y la lucha generacional por la recuperación del Canal. Es necesario aprender de la historia teniendo en cuenta los contextos, pero no vivir de las glorias pasadas. Este tipo de discursos está vació. Estamos en una coyuntura excepcional donde está en juego una época de cambios o un cambio de época, ambas ameritan de la claridad política de la élite política, pero vemos que esta se encuentra prisionera de sus conflictos y limitada a sus intereses. Es imperativo aprender de otras experiencias y considerar la posibilidad de que las transformaciones reales se realizan a partir del consenso de amplios sectores de la sociedad que deben dirimir sus diferencias en favor de la democracia y las justicia, el vanguardismo y la monogamia del sistema de partidos achica ese horizonte esencial, que debería ser incluyente, convocante y diverso.
Es muy difícil encarar al sector rentista hegemónico y ganarle en el terreno electoral, siempre cuentan con alianzas con la élite de los partidos políticos tradicionales cooptados por ellos mismos, solo varían dependiendo de quién está en el gobierno, pero es recurrente apostar a todos y ganar siempre. Por eso, es necesaria la unidad en la diversidad de amplios sectores de la sociedad, de los sectores sociales y populares organizados y de la sociedad civil como la entendía Antonio Gramsci, como la hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la entera sociedad, como contenido ético del Estado. En Panamá esto no está muy claro, figuras prestantes de la “sociedad civil”, hoy en el Gobierno, tienen una posición diríamos que flexible al ejecutivo, si lo comparamos con su activismo en la sociedad civil. Si se aplicara la misma beligerancia y transparencia que en otrora acometían desde la sociedad civil, otro fuera el resultado. Pero todo parece indicar que una cosa es estar fuera y otra dentro del Gobierno. También, las clases medias que deberían jugar un papel protagónico en un programa de la sociedad civil, son endebles. La pequeña burguesía productiva tampoco descuella; sin embargo, esto se empieza a trastocar y los ánimos a caldearse, porque las situaciones empiezan a tornarse insostenibles; las causas: más impuestos y las importaciones.
Por otra parte, este es un país donde no hay una educación pública y científica, donde muchas veces ni siquiera están las condiciones infraestructurales garantizadas y se atrasan los proyectos que deberían corregir los entuertos, como la Ley de Sexualidad y Salud Reproductiva, por presión de los sectores más conservadores de la Iglesia católica y la ferviente militancia de sectores neopentecostales, la agenda conservadora con gran capacidad de convocatoria frenó esa Ley. Solo falta que se proponga enseñar la teoría creacionista por la evolucionista. De ello se desprenden otras posiciones conservadoras en contra de las mujeres, la comunidad LGBTI y los inmigrantes, en un país donde se mezclan peras con manzanas, estas posiciones pueden traer como consecuencia, si no es que ya lo son, posiciones misóginas, homofóbicas y xenofóbicas. En los medios y redes sociales habitualmente se expresan “argumentos” como: no soy misógino, pero, estoy en contra de la “ideología de género” o las niñas deben comportarse como señoritas y los niños como varoncitos, deben comer tierra, etc., o, no tengo nada en contra de los homosexuales y lesbianas, pero no acepto el matrimonio igualitario o, no tengo nada en contra los extranjeros, lo único es que es ilegal trabajar, etc. Todo, aunado a un positivismo jurídico perverso que se sintetiza en la frase: lo que no está en la norma no existe, para referirse al derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, aunado al permanente ataque a la supuesta “ideología de género”, que es un patriarcalismo encubierto; solo hay que hurgar un poco y salen a relucir los fascistas caribeños. Muchas de las discusiones triviales en Panamá contienen esos visos, animan discrepancias entre nacionalidades, como la grotesca discusión en redes sociales entre panameños y venezolanos, totalmente improductiva. Esto es una cortina de humo cuando no percatamos que los temas de fondo aún siguen sin abordarse, la seguridad social, la educación, que aún no se le equipara con el 6% del PIB y ni hablar de una nueva constitución, que nos señale el derrotero como país.
Los partidos oficiales inscritos, todos de derecha, en la alianza antes señalada, parece que perdieron la brújula, no tienen ningún proyecto más que el de sí mismos: seguir en el gobierno y vivir de la renta, lo cual es legítimo, pero no a costilla del Estado. Panamá debería ser un país con la seguridad social plena, pero no es así. La elite política se encuentra en un conflicto por la hegemonía, lo cual se manifiesta en el caos gubernamental. Hoy, los tres órganos del Estado son fuertemente cuestionados. Según la Encuesta de opinión pública de julio de 2017 de Dichter & Neira, solo el 11 % considera que el Gobierno se maneja con total y mucha transparencia, mientras que el 85% considera que se maneja con poca o ninguna transparencia. El 70 % considera que la Asamblea Nacional tiene una mala o muy mala gestión. La Corte Suprema de Justicia ─que, en la primera semana de septiembre del 2017 ha sido duramente cuestionada por los fallos, al punto que da la sensación de impunidad─ con un 60% que considera mal o muy mal su gestión. El descontento está en su momento más tenso, figuras con incidencia en la opinión pública y mediática como Felipe Chapman consideran “que en un país con algo de decoro ya hubiesen renunciado magistrados de la corte para darle oportunidad al país de reconstruir sistema judicial (sic)”, Roberto Eisenmann pidió “la renuncia de todos los Magistrados de la Corte” y Fernando Berguido señaló que: “La Corte tiende un manto de impunidad”. Estas inconformidades, si bien tienen incidencia en los medios y redes sociales, no tienen poder de convocatoria.
La preocupación por la impunidad es latente, esto ha motivado las opiniones antes expuestas. El colmo ha sido la nulidad del caso FINMECCANICA, en el que estaba involucrado el ex Ministro de Estado, José Raúl Mulino, cercano a RMB y pre candidato por el partido Cambio Democrático. Las preocupaciones son de forma y fondo. Carlos Bolívar Pedreschi ha señalado que “La sociedad panameña rechaza todo apoyo a la impunidad […] Afortunadamente, el más alto tribunal en toda democracia es el pueblo, quien […] dicta oportunamente sus sentencias en la calle. Ebrahim Asvat, en su bitácora del 31 de agosto del 2017, señaló: “somos un país de enunciados, formas y legalidad manifiesta bajo un entramado de ilegalidad”, esto es lo que consideramos el fetichismo de la justica; nuestro Órgano Judicial encubre más que dictar justicia. En términos patológicos podríamos decir que el Órgano Judicial panameño tiene un cáncer maligno sin cura. No se puede estar ─como diría Chuchu Martínez─ como santos en espera de un milagro, la movilidad social, popular y ciudadana no se da por un mensaje de un Twitter, ni un artículo, se da cuando bases sociales y populares toman consciencia plena de los hechos, pues es lógico que también tengan sus interés.
Todo este escenario lo único que nos muestra es una gran incertidumbre. Las alianzas variopintas basadas en intereses son las que han dado el resultado de lo que tenemos ahora, es poco probable que estos mismos partidos y sectores sean los que brinden la solución. Es una élite sin mayores bríos, sin capacidad de regenerarse. JCV fue vicepresidente y Canciller de RMB, ¿era JCV tan inocente que no supiera quién era su compañero de fórmula? ¿No sabía hasta dónde era capaz de llegar, por lo que se le acusa hoy? Sería más inocente creer que no estaba al tanto.
Las últimas declaraciones de la Procuradora de la Nación, Kenia Pocell, son alarmantes, son otra gota más en el vaso derramado, empezando por lo que señala y tiene sus razones para creerle, que estamos ante una situación excepcional, ante los casos de corrupción más grandes de la historia nacional. Se adelantan decenas de diligencias, y en el transcurrir de estos meses inmediatos se conocerán más implicados en la trama de corrupción. Sobre RMB recae más de una docena de investigaciones. La incertidumbre es tal, que de ambos sectores en conflicto se tiran la pelota. Entre los principales problemas está el que los tiempos mediáticos no son los mismos que los judiciales, es precisamente por el tiempo correspondiente, el trasfondo de algunos casos. Muchos casos se están cayendo por excederse en los plazos de investigación. Y, la sociedad quiere resultados. La Procuradora señaló explícitamente que está recibiendo amenazas de grupos económicos, políticos, de bancos y de medios de comunicación, por las investigaciones de alto perfil que llevan a cabo sus fiscales y, además, que al no permitir a los fiscales continuar con sus investigaciones se promueve la impunidad. La máxima autoridad que debe procurar la justicia para todos en igualdad de condiciones se siente vulnerable cuando hace del conocimiento público estas amenazas. El Presidente JCV también en declaraciones, señalo su preocupación, incluso, manifestó que habló con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para ponerlo al tanto de su preocupación por “fallos que no son correctos”. A ese nivel está el conflicto. En donde la línea que separa los poderes del Estado es muy delgada.
¿Qué hacer ante esta incertidumbre? La dimensión judicial se ve mermada por los intereses en juego. La sociedad en general está desencantada. Pero aún así, amplios sectores de la sociedad, electoralmente activos, son objetos de engaños y manipulaciones, lo que permite que cada cinco años sigan reeligiéndose los mismos diputados/as y eligiendo candidatos/as presidenciales de estos mismos sectores hoy en conflicto, que no solucionan los problemas de fondo de la sociedad. Lo preocupante es que esta élite gobernante, con la hegemonía en el sistema de partidos, no tiene un programa claro de gobierno, ni un proyecto de país y, como diría Nils Castro, están desideologizados. La liquidez ideológica de los partidos hace más fácil la fluidez y acomodo de los grupos de poder económicos en ese engranaje. Pueden que en un quinquenio estén de algún bando y, en el otro, en el contrario, no guardan sus formas porque no tienen principios ideológicos ─ni liberales, ni conservadores, ni socialistas─ que marquen un derrotero claro, sino que se dirigen a la dirección del viento favorable al grupo de poder económicamente dominante del momento.
RMB, detenido en Estados Unidos, acusado de espionaje, es el reflejo de la sociedad y la clase política panameña. El no apareció de un sombrero. Ayer bailaba encima de una cama y todos lo aplaudían, hoy en día muchos dicen que robó pero hizo, y cuánta desfachatez quepa en una mente domada por el clientelismo. En política no hay sorpresas. Esperamos que esta ignominia traiga como consecuencia juzgamientos y condenas para empezar a verle la cara a la justicia. El fetichismo de la justicia y las instituciones democráticas no nos deja verla, la presión social y popular en contra de la corrupción y a favor de la justicia servirá de acicate. Este tipo de escenarios son los perfectos para pescar en río revuelto, muchos hablan hasta de golpe de Estado. Las discusiones judiciales se vuelven triviales y sobre los mismos casos se dan interpretaciones antagónicas. No se discute la culpabilidad, sino un interminable manual de tecnicismos que hacen posible muchas veces la impunidad. Lo cierto es que también es un escenario para un estallido social y popular, el sábado 2 de septiembre del 2017, se reunieron varios grupos, sindicatos y movimientos políticos con el fin de establecer un plan de acción en conjunto como medida de presión. Esta expresión unitaria del movimiento social y popular está en contra de la corrupción y en pro de una constituyente. En ese sentido, Carlos Bolívar Predeschi tiene razón al decir que “el pueblo dicta su sentencia en las calles”. Ésta semana será definitiva para ver, por un lado la capacidad de convocatoria, pero por otra, la capacidad de unir fuerzas a partir de las diversidades; para ello es necesario, crear consensos con amplios sectores de la sociedad comprometidos con la democracia y la justicia, para realmente cambiar y no quedar en lo mismo.
2 de septiembre del 2017
http://kaosenlared.net/conflicto-e-interes-la-elite-politica-panamena/
