AMÉRICA LATINA

Empresas europeas y pueblos indígenas: ¿intentos por entenderse?

¿Es posible el entendimiento entre empresas europeas y pueblos indígenas en América Latina? En Bruselas, DW recogió opiniones, entre otras, de los encargados de asuntos indígenas de la ONU.

"Queremos llegar al ejercicio pleno de los derechos, a que los indígenas no sean vistos como víctimas sino como actores que ejercen sus derechos, que están informados, que saben y disfrutan del beneficio económico compartido y del progreso en general, aunque no sea económico”, dice a DW Diana Chávez, directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Una audiencia pública en el Parlamento Europeo, con el tema "Empresas europeas en territorios indígenas en América Latina: desde el conflicto al entendimiento a través de la consulta previa”, ha llevado actores internacionales a las instituciones europeas. Esto tiene lugar a 28 años del Convenio 169 de la OIT -que prevé la consulta previa, libre e informada cuando los gobiernos proyecten medidas susceptibles de afectarlos- y a diez años de la Declaración de Naciones Unidas que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas a su cultura, a su territorio y a ser consultados. 

Cabe recordar que si bien la mayoría de países latinoamericanos han ratificado el acuerdo, de la UE solo son tres: España, Dinamarca y Holanda. Su ratificación hace el convenio sea vinculante para el Estado en cuestión y este, en teoría, debería velar por que las reglas sean cumplidas también por sus empresas.

Urge actuar

La realidad es otra y las cifras demuestran que, si se trata de derechos humanos, tomar cartas en el asunto es urgente.  "En 2016 murieron 185 líderes sociales en América Latina; el 67% de ellos era indígena. El asesinato de Berta Cáceres, del pueblo lenca, puso de manifiesto la vulnerabilidad e indefensión en que viven los pueblos indígenas”, recuerda Beatriz Becerra, eurodiputada liberal, anfitriona de la conferencia junto con el socialista Ramón Jáuregui. 

"Solo en Guatemala, en lo que va del año, van ya dos asesinatos”, agrega.  Y lo peor es que las confrontaciones amenazan con multiplicarse, en la misma medida en que, previsiblemente, aumenten las inversiones para la extracción de materias primas.

¿Problema de interpretación?

Álvaro Pop.

"El tema aquí es muy simple: la consulta es previa. ¿Previa a qué? Previa a todo”, explica a DW Alvaro Pop, presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.

"El problema es que la interpretación del convenio está sujeta a intereses: las empresas creen que la consulta se tiene que hacer después de tener las concesiones. Y los Estados no están dispuestos a hacer consulta sobre la concesión de esos recursos”, agrega, subrayando que debe preverse la posibilidad de no llegar a un acuerdo. No obstante, no todos los actores lo entienden así.

Según la Organización Internacional de Empleadores, con sede en Ginebra, por ejemplo, si bien hay empresas dispuestas a hacer la consulta –y a informar a las poblaciones de los efectos e impactos que pueda tener el proyecto-, no ven como una obligación que las poblaciones tengan que dar el consentimiento. 

Visión diferente

Conferencia en el Parlamento Europeo.

"Me temo que en Europa  no se entiende que las culturas indígenas están ligadas a sus territorios, que es lo que los define y da identidad. Eso está en la Declaración que la ONU aprobó en 2007”, explica a DW Vicky Tauli-Corpus, relatora especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

"Si separas ambas cosas, estás violando sus derechos. Hay que aplicar todos los derechos que tienen internacionalmente de manera amplia”, agrega Tauli-Corpus.

La especialista de la ONU aboga, entre otras cosas,  por que el Parlamento Europeo promocione la ratificación del convenio 169 y por que se trabaje en mecanismos de acceso a la justicia en los Estados originarios de las empresas.

 Así las cosas –y aunque a todas luces su opinión no es mayoritaria en la Eurocámara- para Becerra está claro: "Estamos hablando de consentimiento, no de informar de lo que va a pasar. Porque si no, ¿para qué consultas a alguien si no tiene capacidad de respuesta?”, dice a DW la eurodiputada, quien promueve que la responsabilidad social de las empresas europeas sea vinculante.

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• Fecha 10.02.2017
• Autor Mirra Banchón
• Temas OIT, ONU, Parlamento Europeo, Indígenas
• Palabras clave Indígenas, convenio 169, OIT, ONU, Alvaro Pop, Vicky Tauli-Corpus, Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, Ramón Jáuregui, Pacto Mundial, Centro Regional para América Latina y el Caribe
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Ramón Jáuregui Hazte fan 

Diputado del PSOE, Parlamento Europeo

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Publicado: 18/12/2015 07:01 CET Actualizado: 18/12/2015

 
Foto: EFE

Me aproximo a Venezuela desde mi convicción socialista y democrática. Observé con interés la emergencia de las revoluciones del ALBA, desde partidos que se decían portadores de una nueva izquierda. He seguido la evolución de esos países y, en particular, encabecé una Delegación del Parlamento Europeo a Caracas durante la primera semana de noviembre, para dar seguimiento al proceso electoral venezolano.
Desde esa cercanía a esas realidades y desde el respeto a la idiosincrasia de cada uno de esos países y experiencias políticas, me permito extraer algunas conclusiones, después de la derrota chavista del pasado domingo.
Primera: La democracia no es un medio al servicio de la revolución, o de la justicia social. No, la democracia es un fin en sí mismo. Nunca debe ser manipulada, ni limitada, por objetivos superiores, porque no hay razones ni objetivos superiores a sus principios y a sus reglas. No debe ser la derecha política quien reclame democracia a un partido de izquierdas en el poder, sino al contrario; la democracia debe ser una bandera progresista que la izquierda política nunca debe perder.
Segunda: El manejo macroeconómico de un país es condición sine qua non de éxito en la política social. Nadie sufre más que los pobres y las clases medias en un sistema monetario roto con diferentes valores de cambio. Los que más sufren la inflación son quienes dependen de un salario o de una pensión para vivir. El déficit público no es de izquierdas. Acaba perjudicando a la estabilidad económica interna y al crédito internacional, la inversión, el interés bancario, etc. Todos estos elementales principios deben orientar la política económica de la izquierda.

Despreciar a la izquierda socialdemócrata europea, como si fuera cosa del pasado, superada por una nueva doctrina que todavía no ha demostrado nada, ha sido y desgraciadamente es todavía una actitud tan pretenciosa como ignorante.

Tercera: La principal inversión de la izquierda en países con sistemas fiscales primarios es reforzar su política tributaria y generar ingresos públicos que superen el 20% del PIB nacional. Una política fiscal progresiva en la obtención de los recursos en función de la riqueza y de la renta y patrimonio, para que sus ingresos al Estado no dependan solo de sus recursos naturales. La izquierda transformadora invierte en educación, haciendo iguales ante la vida a quienes parten de una posición social desfavorecida, y en salud, para materializar la igualdad en un derecho humano fundamental. Aunque no resulte popular, la izquierda moderna invierte en capital físico (infraestructuras) y en capital humano (educación e innovación) para construir un tejido económico competitivo y no depender de los recursos naturales.
Cuarta: La seguridad de los ciudadanos no es una bandera de la derecha. Dar seguridad a las personas para circular, para salir a la calle, para viajar, en sus casas o en sus propiedades es una tarea primordial del Gobierno. Dejar esa aspiración humana básica en manos de la derecha política, como si esa ideología garantizara mejor la seguridad ciudadana, es un error que se paga caro.
Quinto: Despreciar a la izquierda socialdemócrata europea, como si fuera cosa del pasado, superada por una nueva doctrina que todavía no ha demostrado nada, ha sido y desgraciadamente es todavía una actitud tan pretenciosa como ignorante. Los grandes avances en protección social y dignidad laboral del Estado de Bienestar son una conquista histórica de la socialdemocracia europea. La búsqueda de referentes internacionales por parte de algunos partidos de la izquierda latinoamericana en el viejo comunismo o en modelos acreditadamente desfasados sólo conduce a la frustración. El camino hacia sociedades más justas en América Latina reclama modernizar el Estado, profundizar la democracia, estabilizar su economía, diversificar su aparato productivo, invertir en educación y salud... Ese es el único camino de la justicia social y de la verdadera izquierda. En ese camino, la experiencia socialdemócrata es básica, creando entornos laborales dignos y protegidos por un sistema de seguridad social sostenible, desarrollando instituciones de protección social, implantando sistemas fiscales progresivos, y extendiendo el derecho a la educación y a la sanidad como derechos fundamentales de ciudadanía.
Soy muy consciente de que en muchos de los países latinoamericanos los partidos tradicionales fracasaron. Es también evidente que la enorme inequidad se combata inicialmente inyectando el dinero público en las bolsas de la pobreza y de la exclusión. Pero la experiencia de Venezuela - y no sólo - demuestra que eso no basta. Hay que enseñar a pescar y darles cañas, siguiendo el proverbio chino, para que la igualdad y la justicia social sean sostenibles. http://www.huffingtonpost.es/raman-jauregui/una-lectura-de-izquierdas_b_8825862.html?utm_hp_ref=es-internacional

Seguir a Ramón Jáuregui en Twitter: www.twitter.com/RJaureguiA

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