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miércoles, 28 de febrero de 2018

Italia, dividida por el regreso de Berlusconi

EUROPA

Italia, dividida por el regreso de Berlusconi

Silvio Berlusconi participa en la campaña electoral italiana incluso sin poder aspirar a un cargo. Algunos creen que salvará a Italia, y otros temen que la hunda en la criminalidad y que aumente el racismo.
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El mercado de Ballarò, en la siciliana Palermo, ofrece todo lo que el paladar puede desear: desde fruta fresca y verduras hasta pescado. Entre los puestos también hay improvisadas peluquerías africanas y restaurantes árabes. El sacerdote Enzo Volpe conoce aquí a todo el mundo, sicilianos e inmigrantes. Su Iglesia de Santa Clara fue el primer templo católico en Italia en abrir sus puertas a los inmigrantes y a sus hijos.
Los inmigrantes, una "bomba de tiempo social", según Berlusconi
"El tono de la actual campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 4 de marzo es muy duro", dice Volpe. "Me da miedo que los inmigrantes sean instrumentalizados, tanto desde la izquierda como desde la derecha, para ganar votos". Según él, "los políticos deben considerar a los inmigrantes como recurso humano y no como un peligro". "Después de la violencia que vivimos en Macerata, corremos peligro de concentrarnos demasiado en los problemas de la integración y los que plantea el racismo, en lugar de realzar el vínculo de la convivencia". Tres semanas atrás, un miembro de la extrema derecha había disparado contra personas de piel oscura, hiriendo a seis inmigrantes.
El sacerdote Enzo Volpe, en el mercado de Ballarò, Palermo.
El sacerdote Enzo Volpe, en el mercado de Ballarò, Palermo.
Más información:
Silvio Berlusconi, magnate mediático y cuatro veces primer ministro del país, no puede presentarse otra vez como candidato debido a que cometió el delito de evasión impositiva. A pesar de eso, sigue siendo presidente del partido que fundó, "Forza Italia", para el que hace propaganda. Luego del tiroteo en Macerata, Berlusconi apareció en uno de sus canales de televisión, llamando a los inmigrantes ilegales "una bomba de tiempo social” que "puede explotar en cualquier momento".
También prometió deportar a 600.000 inmigrantes si su alianza de derecha llegase al poder. Esa alianza, a la cual pertenecen, además de "Forza Italia", también la "Liga Norte" y los "Hermanos de Italia", de ultraderecha, podría aumentar ligeramente su intención de voto. "Si uno mira la campaña por televisión, parecería que Italia no tiene otros problemas aparte de la inmigración", dijo Souleymane Bangoura, un guineano de 25 años que llegó en agosto de 2017 a Palermo cruzando el Mediterráneo. "Algunos candidatos se encarnizan con el tema de la inmigración para atraer a los votantes. Eso me preocupa mucho", dice Bangoura, que estudia italiano en una escuela creada por voluntarios.
Italien - Silvio Berlusconi
"No hacemos política aprovechándonos de los inmigrantes; muy por el contrario", asegura Ada Terenghi, seguidora de Berlusconi y candidata de "Forza Italia" para un escaño en el Parlamento romano. Según ella, la mayoría de los inmigrantes son infelices en Italia y quieren volver a su lugar de origen. Por eso, "lo correcto sería una política inmigratoria que se base en la protección de las fronteras y en las deportaciones".
Para Ada Terenghi, el éxito de Berlusconi es la razón de sus numerosos escándalos con mujeres. "Las mujeres buscan su cercanía porque él es muy poderoso", explica. "Su poder las fascina". Ella no cree que ser mujer y respaldar a Berlusconi sea algo contradictorio. "No evalúo a las personas por lo que se dice de ellas, sino por aquello de lo que son capaces. Y Berlusconi todavía puede cambiar muchas cosas en Italia". La alianza de centroderecha de Berlusconi ganó los comicios regionales en Sicilia en noviembre de 2017, y eso podría ser la antesala de una victoria parlamentaria de "Forza Italia".
Silvio Berlusconi, de 82 años, y Francesca Pascale, de 32, con quien convive desde 2011.
Silvio Berlusconi, de 82 años, y Francesca Pascale, de 32, con quien convive desde 2011.
"Berlusconi beneficia a la mafia"
Por la noche, cuando desaparecen los puestos de comestibles, el mercado de Ballarò se transforma en escenario de negocios de la criminalidad organizada. Tráfico de drogas, falsificaciones de productos de marca, entre otros. Y la mafia, por supuesto, está también presente. "Hace 40 años, Palermo era la segunda capital mafiosa de Italia", explica Leoluca Orlando, alcalde de la ciudad. Según él, la mafia aún está presente, pero ha perdido influencia. Orlando, que ejerce su cargo desde 1985, con pocas interrupciones, luchó durante toda su vida contra el crimen organizado. "No digo que Berlusconi sea mafioso, pero su estilo político es exactamente lo que necesita la mafia", subraya. Las organizaciones criminales se benefician de su interés en los negocios rápidos, así como de su indiferencia ante las estructuras estatales tradicionales.
Para muchos, "todo iba mejor cuando Silvio estaba en el poder", como dijo uno de los vendedores del mercado a DW. "Solo Berlusconi puede salvarnos", afirma otro. Mientras, un tercero explica que no importa si se vota a la izquierda o a la derecha: "Todo seguirá igual". Sea como fuere, el sacerdote Enzo Volpe piensa seguir luchando por una Palermo multicultural: "Nuestros valores cristianos nos prohíben discriminar a las personas. Por eso hago un llamamiento para que los políticos le den una oportunidad a todos los que viven en Palermo".
Autora: Doris Pundy (CP/ VT)
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viernes, 23 de febrero de 2018

UE-México: nuevo acuerdo, ¿más derechos humanos?

AMÉRICA LATINA

UE-México: nuevo acuerdo, ¿más derechos humanos?

El nuevo acuerdo entre la UE y México incrementaría la cooperación para que el respeto a los derechos humanos no se quede en el papel. Esa es la idea. ¿Qué mecanismos deberían ponerse en marcha para que se haga realidad?
Mexiko Vermisste Studenten (picture-alliance/dpa/S. Gutierrez)
Al alcance de la mano parece estar el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México. Éste, que reemplazará al que está en vigor desde el año 2000, "reforzará las ya muy buenas relaciones económicas y comerciales y aportará a que europeos y mexicanos cooperen para que los derechos humanos no se queden en el papel”: esa es la información difundida después del último encuentro (febrero, 2018) entre parlamentarios mexicanos y europeos.
Aunque problemas con el respeto a los derechos a la vida, la libertad y el bienestar de las poblaciones hay a ambos lados del Atlántico, las cifras mexicanas son acongojantes y acaparan la atención: Según el flamante informe de Amnistía Internacional hubo más de 40.000 homicidios en 2017. 12 periodistas fueron asesinados. Por otra parte, sigue sin esclarecerse la suerte de 34.656 desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En México se estima que hay unos 311.000 desplazados internos (según datos de International Displacement Monitoring Centre).
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De acuerdo con el Alto Comisariado para Derechos Humanos de la ONU, el grado de impunidad es del 98%. En esta situación, ¿qué aportaría un remozado acuerdo con los europeos?
Hablar claramente
"Nuestro principal tema ahora es la modernización del acuerdo comercial. Para ello hablamos claramente con nuestros colegas mexicanos, ellos saben que es muy importante para nosotros que en esos acuerdos se incluya una cláusula democrática para poder pedir que se trate con justicia a la gente, que haya asociaciones sociales, que los derechos civiles se respeten, que la gente no sea encarcelada sin motivo o perseguida”, explica a DW el eurodiputado alemán Thomas Mann, miembro de la delegación para las relaciones con México.
Consciente de las cifras, Mann –del bloque conservador y miembro de la Eurocámara desde 1994- ve buenas perspectivas de que, en cooperación con los europeos, la situación cambie. "El progreso es un caracol, no obstante hemos dado grandes pasos”, afirma.
Avances ha habido: las recientes leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas se suman a la de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas. También la controvertida Ley de Seguridad Interior que permite la presencia prolongada del Ejército en funciones de la Policía, sin mecanismos de rendición de cuentas.
"A pesar de que desde fuera no se puede hacer mucho, sí podemos insistir en que las fuerzas de seguridad tienen que ser independientes. También podemos abogar por y cooperar para luchar contra la corrupción. Podemos hacer presión política y moral, y la hacemos. Ponemos los temas sobre la mesa, no intercambiamos cumplidos”, agrega. Mann fue ponente del informe "Cooperación en materia de Cohesión Social y medidas para afrontar la exclusión social en México y la Unión Europea”.
La cláusula no basta
"En el acuerdo que entró en vigor en el 2000 también había una cláusula democrática”, dice por su parte a DW Josep-María Terricabras, eurodiputado español, ponente del informe "Cooperación para promover y reforzar la protección de los Derechos Humanos en México y la Unión Europea”.
Mexiko - Josep-Maria Terricabras (picture-alliance/ZUMAPRESS/El Universal)
Presentación en México del informe "La clásula democrática en la modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México" por la senadora Angélica de La Peña y el eurodiputado Josep-María Terricabras (febrero 16, 2018)
"En estos 17 años hemos visto cómo el respeto de los derechos humanos ha ido descendiendo de una manera brutal. Y nadie ha dicho ‘stop, revisemos' . Por eso, no me basta. Yo querría ver estipulado en ese acuerdo un comité internacional independiente –conformado por especialistas de la UE, de México, de la ONU, de organizaciones de la sociedad civil- que acogiera las quejas y las investigara. No como un tribunal pero sí como un elemento de cierta garantía dado que todo lo que hemos tenido hasta ahora ha funcionado poco”, puntualiza Terricabras, de la bancada verde de la Eurocámara.
¿En qué se podría cooperar?
Más allá del esclarecimiento de hechos violentos, en su opinión, en el marco de este acuerdo se debería contemplar la cooperación europea en materia de formación de fuerzas de seguridad.
"Contrariamente a lo que se ha hecho ahora, que es militarizar el país, es importante que las fuerzas de seguridad locales sepan actuar correctamente”, agrega Terricabras. "La inversión que requiere esto, si no la puede hacer México, la podría hacer la UE”, apunta.
Cabe resaltar que la inversión social de México se estima entre el 8,4% y el 11% de su producto interno bruto. El promedio de los otros miembros de la OCDE es de un 21%. La población considerada vulnerable alcanza el 34%.
"Para conseguir la inclusión social hay que invertir más de lo que está haciendo en este momento México”, comenta Mann. "México tiene interés en experiencias nuestras como la de la educación dual”, agrega. En ese esquema formativo, las empresas abren sus puertas a jóvenes en formación para que aprendan en la práctica laboral. "Hay muchas empresas alemanas que quieren ofrecer esa posibilidad en México”, puntualiza.
Micro versus macro
Cabe preguntarse entonces, ¿contempla todo esto el nuevo acuerdo? Si bien se sabe que su parte no comercial incluye cooperación en materia de paz y seguridad, cambio climático, energía, justicia y libertades, desarrollo sostenible, manejo de desastres, lavado de dinero e igualdad de género, los parlamentarios no tienen influencia en él. Cuando esté listo, podrán aprobarlo o rechazarlo.
Así las cosas, mientras el uno ve buenas perspectivas para el cambio en el reforzado diálogo y en la mayor presencia europea que traería este acuerdo, el otro teme que la mejora sea sólo a nivel macroeconómico. "Pero a mí lo microeconómico me interesa más”, apunta Terricabras.
"Un acuerdo que vea los derechos humanos como el pastel y no sólo como su guinda debería aportar no sólo a que se sepa qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino a que sus familiares puedan vivir mejor y a que su región fuera más segura”, concluye.

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domingo, 11 de febrero de 2018

La Corte Penal Internacional investigará al Gobierno de Maduro por la represión en Venezuela

La Corte Penal Internacional investigará al Gobierno de Maduro por la represión en Venezuela

La medida se anuncia el mismo día en el que la Eurocámara solicita nuevas sanciones en contra del presidente venezolano, su entorno y la petrolera estatal PDVSA

https://elpais.com/internacional/2018/02/08/america/1518115817_153310.html
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este miércoles en Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este miércoles en Caracas.  AFP
La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha anunciado la apertura de un examen preliminar sobre las violaciones a los Derechos Humanos y el uso excesivo de la fuerza cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis política que tuvo lugar en Venezuela entre el 30 de marzo y el 30 de julio de 2017. La funcionaria anunció que se abrirá un procedimiento similar en contra del Gobierno de Filipinas, presidido por Rodrigo Duterte, por denuncias sobre desafueros judiciales en el combate al narcotráfico en ese país.
Esta medida significa que la Corte sopesará tras una evaluación si existen o no fundamentos para iniciar una investigación penal de los dos Gobiernos. Las fuentes indican que la Corte, que ha recibido varias denuncias en contra de Maduro por sus excesos represivos, incluyendo las de la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz —depuesta por la Constituyente madurista tras denunciar la ruptura del orden constitucional— centrará su atención sobre el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano en el trato dado a los manifestantes en estas protestas, que estremecieron la vida del país el año pasado.
Al analizar la crisis venezolana y su desarrollo, Bensouda sostiene: "El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad".
La resolución se materializa el mismo día en el que la Eurocámara, con 480 votos a favor, 51 y 70 abstenciones, ha aprobado solicitar nuevas sanciones y restricciones a Nicolás Maduro, su entorno político y los mandos claves de la petrolera estatal, PDVSA. Europa le reprocha al Gobierno de Maduro nuevas violaciones a la legalidad con la convocatoria anticipada y unilateral a las elecciones presidenciales que fueron anunciadas en Caracas este jueves.
La Fiscal Fatou Bensouda en una foto tomada en diciembre.
La Fiscal Fatou Bensouda en una foto tomada en diciembre.  AFP
La radicalización de la postura europea sobre Venezuela, la convocatoria precipitada a elecciones en medio de un grave cuadro económico y las medidas anunciadas por la Corte Penal Internacional, que tiene carácter histórico en la vida venezolana, colocan la crisis de ese país en su punto más álgido.
Al razonar su decisión, la mayoría parlamentaria europea declaró que únicamente reconocerá "unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de (...) partidos políticos", con “unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes".
Las protestas venezolanas del año pasado se desencadenaron una vez que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, emitiera dos resoluciones que establecían un veto definitivo a la posibilidad de legislar de la Asamblea Nacional, decretando con ello su disolución técnica, hecho que fue acaloradamente denunciado por los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, mayoritarios en el parlamento.
Tenían un punto de cocción que fue gestado el año anterior, en medio de un grave cuadro de escasez crónica de bienes y servicios, cuando las autoridades del CNE, controladas por el Gobierno de Maduro, declararon inviable la convocatoria a un referéndum revocatorio, figura prevista en la Constitución venezolana, gestión para la cual se organizaron manifestaciones multitudinarias en todo el país.
Aquellos disturbios de 2017, de cuatro meses de duración, dejaron un saldo de 120 víctimas fatales, miles de heridos y varios centenares de detenidos e hicieron emerger la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro por cuenta propia, con apoyo militar, saltándose varias exigencias constitucionales que lo obligaban.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó de que no hay un tiempo determinado establecido sobre la duración de un régimen de investigación preliminar y advirtió de que seguirá recabando información sobre las denuncias contra el Gobierno de Maduro, con el objeto de formar una opinión fundamentada en torno a la conveniencia de proceso judicial penal.

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