SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Superintendencia de Bancos (SB) recibió la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en República Dominicana para evaluar el desempeño económico del país y el estado del sistema financiero.
La misión, encabezada por Esteban Vesperoni y Frank Fuentes, fue recibida por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. y técnicos de la institución.
Presentaron los indicadores de desempeño y de estabilidad del sistema financiero dominicano y la evolución del tratamiento regulatorio aprobado por la Junta Monetaria para paliar los efectos de la pandemia.
Son varias las reuniones de trabajo pautadas por la misión del FMI con la SB durante esta visita anual a la República Dominicana, según un comunicado.
Abordarán tópicos como la agenda de actualización regulatoria prudencial; la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF); la reforma de protección de los usuarios; las acciones realizadas a favor de la innovación y la inclusión financiera; iniciativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), entre otros.
Auditoría de Superintendencia de Bancos busca ubicar activos de 50 entidades quebradas
El superintendente Alejandro Fernández W. aseguró que el sector financiero dominicano ha logrado mantenerse a flote en la pandemia.
El objetivo es acelerar su venta y resarcir los depositantes de las mismas, que posiblemente totalizan unos 50 mil
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., informó ayer a elCaribe que la institución realiza una auditoría legal para determinar dónde están los activos de unas 50 entidades que quebraron en la década de los 80 y 90, del siglo pasado, entre ellas financieras, bancos de desarrollo y bancos comerciales, y la condición jurídica en la que están esos bienes para tratar de acelerar su venta.
Lo descrito por el funcionario público no se trata de un simple trabajo, porque supone -adicionalmente- el reto de identificar a los depositantes de aquello que dejó de existir hace varias décadas.
“En esas entidades que hubo una intervención y un proceso de liquidación, ahí le correspondía a la Superintendencia de Bancos el rol de tomar control de los activos, venderlos, y en la medida que se iban vendiendo ir pagando a los depositantes (…). Todavía tenemos en la Superintendencia unas cincuenta entidades que siguen en proceso de liquidación. Y un trabajo que tenemos, en primer lugar, es acelerar el proceso de venta de esos activos”, explicó Fernández W., en una entrevista especial para este periódico, junto a la directora de la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario), Yulianna Ramón.
Alejandro Fernández citó, como ejemplo, el caso de una financiera que la Superintendencia de Bancos Intervino (eso fue antes de su gestión, que inició en agosto de 2020), tomó control de la propiedad y en ese mismo espacio montó una oficina, sin realizar pago de alquiler por su uso, “algo que es totalmente irregular, porque lo que procedía era tratar de vender el activo para de ahí resarcir a los depositantes, y si eso no se hacía, por alguna situación judicial que pudiera existir en el momento, entonces por lo menos se debió ir reconociéndole a los dueños de la propiedad (que son los depositantes) un alquiler, para que eso (el dinero por ese concepto) se pudiera ir repartiendo entre todos”.
“Ahora nos encontramos que la Superintendencia de Bancos tendrá que pagar 12 millones de pesos, de forma retroactiva, en alquiler por el activo que usufructuó la institución estatal”, dijo Fernández W., en otra parte del diálogo.
Sobre los activos que la SB tiene bajo su responsabilidad explicó que primero hay que identificarlos (los que aún faltan por identificar) y tratar de hacerlos líquidos. “Hablamos que han pasado veinticinco años y en ese transcurso han ocurrido muchas cosas”, les recordó el superintendente a Osvaldo Santana, director de elCaribe; a Héctor Linares, subdirector, a Héctor Marte Pérez, jefe de Redacción de Apertura, y a quien firma este escrito.
Agregó que parte de la tarea, ahora mismo, es tratar de identificar y de validar los depositantes, para que cuando entren recursos se les pueda resarcir. “Esa es una deuda acumulada que tenemos como Superintendencia de Bancos. Estamos tratando de llegar y poner un fin a esta situación”, apuntó.
Alejandro Fernández informó que en la Superintendencia se estilaba antes que la institución cobrara por los servicios de liquidación, de gestión de eso. “Yo no tengo que cobrar por eso. Dinero que entre, es dinero que vamos a utilizar, que vamos a priorizar para resarcir a los depositantes”, aseguró.
Garantizó que el proceso de validación de esos depositantes -cuya cantidad podría ser de unos 50,000- es y seguirá acelerado y adelantó que se contratará una firma de auditoría externa.
El valor estimado de los bienes de las entidades quebradas es uno de los puntos que se están validando. “Una cosa es también tú decir que ese bien está a nombre de la entidad, pero hay que ver si ese bien está invadido o hay que ver el estatus legal en el cual está ese bien. Es como una deuda acumulada. Y a todo esto, había en la Superintendencia de Bancos un departamento que se dedicaba a eso (que se encargaba de ese tema), cuya nómina costaba al año 60 o 70 millones de pesos”, apuntó Alejandro Fernández.
Y agregó: “Se pagaba más a los burócratas en la Superintendencia de Bancos, que lo pagado y resarcido a los depositantes, para quienes se suponía estaban sirviendo esos burócratas. Es un tema al que vamos a tratar de darle un fin lo más pronto posible”.
¿De esas cincuenta entidades que quebraron en el pasado se tiene la identificación por núcleo?, preguntó Héctor Linares a Alejandro Fernández. Su respuesta fue: “Sí, están clasificadas y el monto más importante es el de Banco Peravia”.
La fortaleza del sistema actual
Alejandro Fernández habló del tema, remontándose al pasado, porque entiende que hay una deuda histórica en el país en cuanto a eso. Pero el superintendente de Bancos dejó claro que el sistema financiero de República Dominicana de hoy día es distinto al de 20 o 30 años atrás. Y eso no entra en discusión.
“La situación en la que estamos en nuestro sistema es de más fortaleza y de muchísimo más confianza”, sostuvo, poco antes de resaltar otro dato de interés. “Ustedes saben que en nuestro país hay un mecanismo de garantía de los depositantes de hasta 500 mil pesos y eso se supone que se indexaba o actualizaba anualmente. Eso quedaba pendiente. El año pasado en reunión de la Junta Monetaria se actualizó ese monto, que supera el 1.8 millones de pesos (exactamente RD$1,860,000 por depositante)”, informó.
Eso que expone Alejandro Fernández significa que en el eventual caso de que haya una disolución de una entidad financiera (no quiere decir que se esté en eso ahora), los depositantes se verían con una garantía adicional de parte del sistema (porque son aportes que hace el sistema al Fondo de Contingencia) por una cobertura de un millón 860 mil pesos. Es decir, tendrían un millón 360 mil pesos más que lo contemplado antes para casos como los descritos antes.
“Era algo sobre lo cual nosotros habíamos motivado a la Junta Monetaria y ya eso se hizo público. Eso debe dar más tranquilidad a la gente”, indicó el superintendente de Bancos. Los depositantes con depósitos de 1.8 millones de pesos son alrededor del 98 %, en cualquiera de las entidades de intermediación financiera que hay en el territorio nacional, según los números que maneja el superintendente Fernández W.
Marco legal del Idecoop
En otro ángulo de la conversación y respondiendo a preguntas formuladas sobre las cooperativas, el superintendente de Bancos sugirió que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) debe fortalecerse y que más allá del fomento y desarrollo de cooperativas de servicios múltiples y de producción y agrícolas, la entidad debe mejorar el régimen de regulación y supervisión a una serie de cooperativas de ahorro y crédito que hacen operaciones de intermediación financiera abierta y masiva.
Héctor Marte Pérez, Héctor Linares, Osvaldo Santana, Alejandro Fernández W., Yulianna Ramón Martínez y Martín Polanco, en elCaribe.
Institución y capacidad sancionadora que posee
Al sistema financiero le fue bien el pasado año, pese a la pandemia. Sus activos siguieron la tendencia positiva, consistente con la tasa de crecimiento interanual promedio evidenciada desde 2016 hasta diciembre 2020 (11.3 %). Al cierre de diciembre de 2020, los activos totales ascendieron a RD$2.38 billones (52.9 % del PIB), que significó un incremento absoluto de RD$383,221 millones con relación a su nivel en diciembre de 2019. Equivalente a una tasa de crecimiento nominal de 19.2 %.
El hecho de que marche bien, no significa que la Superintendencia de Bancos deje de lado la capacidad sancionadora que le otorga la ley frente a las entidades de intermediación financiera.
“Parte de nuestro trabajo, además de acompañar a la Junta Monetaria y al Banco Central es asegurarnos que se implementen las regulaciones y si no se cumple, sancionar”, dijo Fernández W.
Bancarización y trabas en Ley de Lavado de Activos
Al superintendente de Bancos se le hizo referencia ayer a la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y a lo rígida que se torna para aspectos muy puntuales, que pudieran constituirse en una traba para la bancarización que se promueve en República Dominicana. “Definitivamente, incentiva la informalidad”, reconoció Alejandro Fernández.
“Ahí creo que hay todavía una tarea de calibrar la implementación de esa ley. Nosotros estamos trabajando en lo que sería el Instructivo de Debida Diligencia. Ese es básicamente un proceso que los bancos tienen que hacer (el de debida diligencia) para tomar conocimiento del origen de los fondos que ellos están recibiendo; por lo que vemos como un absurdo que se le pida los mismos requisitos, por ejemplo, a una empleada doméstica que abre una cuenta en la que va a estar depositando cantidades pequeñas, que a una gran empresa que va a estar moviendo miles de millones de pesos”, sostuvo sin rodeos el superintendente de Bancos.
De otro lado resaltó que para hacer más inclusivo el sistema financiero, la SB sacó un instructivo estableciendo lo que se llama Cuenta Básica, que incluye a las personas que han tenido problemas con la justicia (legales) o de tipo crediticio y que terminaban arrastrando eso toda su vida, aun cuando estaban en camino o buscaban reinsertarse a la sociedad. La entidad reguladora emitió la circular 029-20 a través de la cual crea la Cuenta básica.
Superintendencia de Bancos afianza protección a los usuarios
Programa. Desarrolla planes para mejorar la supervisión de las entidades bancarias. Proyectos. Relanzan plan de protección usuarios y desarrollan App para servicios.
Alejandro Fernández Whipple reveló que se le ha solictado a las entidades financieras crear un comité de usuarios del sector . E. TAPIA
SANTO DOMINGO.-Lograr el acceso a servicios financieros a la población excluida del sistema bancario, ya sea por aspectos sociodemocráficos o legales, ha sido uno de los retos superados por la Superintendencia de Bancos en menos de 100 días.
Dicho logro, junto a la bancarización, protección y salud financiera de los usuarios, son planes estratégicos de la gestión liderada por Alejandro Fernández Whipple, superintendente de Bancos.
Fernández detalló que además de esos objetivos pretenden mantener la estabilidad financiera y macroprudencial, digitalización, innovación e integridad del sistema bancario.
En cuanto al desarrollo de iniciativas que permitan la inclusión de los excluidos del sistema bancario, Fernández Whipple cuenta que al tercer día de ser designado en la Superintendencia se le acercó una persona que había cumplido pena con la justicia, y tras 10 años al tratar de reinsertarse en el mercado laboral no le fue posible, ya que no podía acceder a una cuenta de nómina.
Motivado por esa historia, más la meta del Gobierno de lograr mayor inclusión financiera, fue emitida la normativa que autoriza a las entidades financieras a abrir una cuenta básica única a las personas bajo ese perfil que lo soliciten.
El experto en finanzas personales precisa que ese proceso se inició a principios de este mes y que las cuentas abiertas bajo este esquema tendrán un monitoreo especial.
“En el sistema existen más de 300 mil personas que están en una situación de cartera vencida o mora y otras decenas de miles que están en situación ilegal o que han cumplido pena”, detalló el también docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Iberoamericana
En cuanto a las estadísticas de personas con antecedentes penales, explica que no existen, ya que hay un control para saber cuándo una persona intenta abrir una cuenta y se le rechaza.
Bancarización Al referirse a la población bancarizada, Fernández Whipple precisó que esta puede ser vista desde varios ámbitos. “Si se habla de dominicanos con acceso al crédito, son alrededor de dos millones.
Y los que son económicamente activos, el 30% de la población”, puntualizó el funcionario, experto en finanzas personales, que ha recibido capacitación en la Escuela de Negocios de Fletcher de Tufts University al destacar que como país tenemos una distancia que alcanzar en cuanto a acceso al ahorro. No obstante, resaltó que con los programas asistenciales generados para paliar los efectos de la pandemia del Covid -19, más gente se ha bancarizado.
Por otro lado, continuó explicando que “cuando se analiza la bancarización como numerador para acceso al crédito bancario a hogares, empresas y personas, y el denominado Producto Interno Bruto, esta es el porcentaje de la economía que está recibiendo apoyo de crédito y demás”.
En ese sentido, refirió que en el año 2000, antes de la crisis bancaria, la población bancarizada era alrededor de 30 %, lo que, aseguró, estaba “muy bien”, frente al promedio de América Central.
Sin embargo, producto de la crisis bancaria eso se desplomó y quedó en un 20%, mientras la región siguió creciendo.
“Y ahora se tiene a países como Costa Rica, donde el acceso al crédito bancario del sector privado es entre 50 o 55 % del PIB, mientras en el país es de apenas un 30% del PIB”, manifestó el experto en finanzas, quien fue presidente del Consejo de Directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo, al calificar como un reto de crecimiento, ya que el sector tiene el potencial de apoyar aún más la economía nacional.
Protección usuario Otra de las acciones que encabeza Fernández Whipple es promover la protección y salud financiera de los usuarios a través del plan de relanzamiento de Prousuario. En ese sentido, Fernández Whipple reveló que el pasado año, de las 800 mil reclamaciones hechas por los usuarios del sistema bancario solo 450 mil llegaron a la Superintendencia.
“En eso inciden dos factores, uno por por la falta de conocimiento de los derechos o por las limitaciones de movilidad”, destacó, al precisar que para propiciar un mayor contacto y apoyo a los usuarios están desarrollando una plataforma en la que estos podrán hacer sus reclamaciones solo con el número de reclamación y ahorrando el costoso proceso que implica la movilidad.
Detalló que la misma estará lista a finales del año. “Si un cliente de una entidad financiera procede a realizar una reclamación que no es sastisfactoria para el cliente, este podrá someter dicha reclamación a la Superintendencia, seguido de la Junta Monetaria”, explicó A través de esta plataforma se le notificará a los usuarios retrasos de deuda, e informaciones de interés para los usuarios.
Pero también si el usuario tiene una cuenta abandonada se le notificara. Además, informó que para consultar puede entrar a prousuario.gov.do.
Proyectos
—1— Inovación La App de la superintendecia le notificará a los usuarios retrasos de deuda e informaciones de interés para los usuarios, destacó la directora de Prousuario Yulianna Ramón. —2— Digitalización Fernández resaltó que la digitalización es uno de los ejes importante para prevenir contagios y reducir costos a las entidades financieras.
Amnistía atenta contra sistema Rechazo. El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, aseguró que una amnistía crediticia a las personas endeudadas durante la pandemia atenta contra el sistema financiero.
“No hay manera que, aparte de una crisis sanitaria, haya una crisis bancaria con este tipo de propuestas”, aseguró.
Esa propuesta envía una señal a los deudores de “no pague, porque luego se le da una amnistía”, apuntó. Se aplica una medicina que mata al paciente, aseguró el funcionario al participar en los Coloquios de El Día, junto a Yuliana Ramón, directora de ProUsuario.
Dijo que ha sido uno de los principales precursores de que en el país se aplique “el derecho del olvido”, pero eliminar el historial crediticio de los deudores sería más perjudicial que beneficioso.
Las cooperativas financieras 21 JUN 2018, 12:00 PM POR ALEJANDRO FERNÁNDEZ W.
Las cooperativas no pueden seguir como chivos sin ley en el patio de las finanzas criollas. Voy más allá: El temor (¿terror?) que muestran algunas a un mínimo de regulación y supervisión levanta sospechas.
El tristemente patético Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), teóricamente llamado a supervisar y normar el sector cooperativo, es francamente incompetente e incapaz de cumplir su función con un mínimo de rigurosidad.
No es una afirmación alegre. Si no me cree, un ejemplo sencillo bastará. Parte de la labor de un órgano rector financiero es “establecer manuales de cuentas contables uniformes y envío de información oportuna”, de tal forma que posteriormente sea divulgado, transparentado y analizado por las partes interesadas.
Invito a cualquiera que visite la página web idecoop.gov.do. En su sección de “Estadísticas”, la información financiera más reciente que tienen, de manera consolidada, corresponde, léalo bien, ¡a diciembre de 2015! Es decir, hace 30 meses.
En un informe, Idecoop establece que las cooperativas cerraron el 2015 con RD$96.7 mil millones en activos y un patrimonio de RD$39.1 mil millones.
Increíblemente, en la misma página afirman que los activos (*) y el patrimonio (*) para el cierre de 2016 se elevarían a RD$214.5 mil millones y RD$154.4 mil millones, respectivamente, un aumento relativo de 122% y 295%... ¡En un año!
Evidentemente que estamos frente a un disparate estadístico, solo explicado por la anotación al pie de nota en la (*): La cifras del 2016 son una... “Proyección”.
En otras palabras, no solamente que se publican estadísticas desfasadas, sino que se es incapaz de realizar unas proyecciones mínimamente razonables pues no cabe en la cabeza de alguien que los activos de un sector, el que sea, más que se duplique en menos de un año.
Sobre los “manuales de cuentas contables uniformes” no hay que profundizar mucho. Revise tres estados financieros auditados de tres cooperativas (si es que los encuentra, por cierto) y no encontrará en ellos un mínimo de uniformidad. El cuco de las cooperativas
De toda América Latina, reitero, ¡de toda la región!, el nuestro es el único país que, en materia cooperativa, se sigue aferrando a un marco legal e institucional totalmente desfasado que data del 1952 y el 1963. Es decir, ¡55 años el más reciente!
¿Cuál ha sido la tendencia global? Migrar hacia un marco supervisor y regulatorio bajo la sombrilla de superintendencias financieras o bancos centrales.
Cito de un informe de la DGRV del 2016: “De 18 países de la región, 13 (72%) han incluido en la supervisión especializada de una superintendencia bancaria o banco central por lo menos una parte de sus cooperativas financieras.”
Lo propuesto por la Junta Monetaria, de establecer un régimen especial para fiscalizar las “cooperativas financieras” de ahorro y crédito abiertas no es un invento criollo, ni una imposición de fuerzas oscuras (incluyendo a este escribidor) que buscan desestabilizar el movimiento cooperativista. Superen esa paranoia. Es simple sentido común.
El que maneja dinero ajeno se tiene que someter a ser regulado y fiscalizado por el Estado para asegurar un manejo adecuado de esos recursos del público.
¿De cuánto estamos hablando? Vemos que al 2015, según Idecoop, el patrimonio cooperativo alcanzó RD$39.1 mil millones, 10% superior al patrimonio de todas las asociaciones de A&P, bancos de ahorro y crédito y corporaciones de crédito.
Si nos llevamos de recientes declaraciones a este periódico de un dirigente gremialista (ya que el Idecoop es incapaz de publicar el dato actualizado), al cierre de 2017 los activos de todas las cooperativas son RD$241 mil millones. En otras palabras, 10% más que todo el sector financiero excluyendo la banca múltiple.
San José, la líder del gremio cooperativista más moderno y con apertura a una real regulación y supervisión (AIRAC), sería la entidad número 15 más grande del sector financiero dominicano.
Con RD$11 mil millones, la Cooperativa San José es más grande que 6 bancos múltiples, 7 asociaciones de A&P, 17 bancos de ahorro y crédito y 12 corporaciones de crédito. El promedio de activos de las entidades bancarias superadas por la San José ronda los RD$3.2 mil millones.
Si esas entidades más pequeñas son capaces de cumplir con la Ley Monetaria, la San José, que capta depósitos del público abiertamente, que se dedica a la intermediación financiera y que hasta “Internet Banking” brinda, ¿no puede ella también someterse a un mejor esquema de regulación, aunque sea simplificado? Incentivos y ventajas importantes
Caer bajo la sombrilla de la Administración Monetaria y Financiera traerá importantes beneficios a los socios de las cooperativas financieras: Acceso al sistema de pagos, a las facilidades de liquidez del Banco Central, a un seguro para los socios depositantes, además de que mejorará su gobernabilidad y transparencia.
Todo lo anterior generará un mayor estímulo de la confianza pública y un crecimiento más sostenible en el tiempo.
Siendo así, ¿Cuál es el miedo? ¿El terror?
https://m.diariolibre.com/economia/argentarium/las-cooperativas-financieras-KI10180219
Por décima ocasión presentamos nuestro Ranking Sectorial Financiero, que salió a la luz pública por primera vez en el 2007. Los resultados del 2017, aunque muy buenos, no superaron los del año anterior.
Fueron muy pocas las sorpresas que pudimos evidenciar en nuestro análisis del “Top 20” de la banca dominicana en el 2017, que en su conjunto aglutina el 97% de los activos bancarios del país.
Recordemos que nuestro trabajo no busca determinar cuáles son los mejores bancos del país, sino simplemente transparentar cuáles fueron los de mejor desempeño para el periodo analizado.
Buscamos, como siempre, que esta herramienta ayude a determinar el desempeño relativo de las entidades, en base a las 24 variables medibles, auditadas y comparables que utilizamos.
Aclaramos que estos índices son los utilizados más típicamente para evaluar bancos, pero que deben complementarse con otros cualitativos y no financieros para establecer, en definitiva, los “mejores” intermediarios financieros.
Buen año, pero no mejor que 2016
Todos los indicadores que analizamos muestran un desempeño muy bueno a nivel sectorial, como se podrá apreciar por los resultados consolidados.
Los 20 nombres más grandes del 2017 son los mismos del año anterior. El único cambio relevante fue el ascenso de Banco Caribe, que ahora asumió la plaza número 11, antes ocupada por Banesco.
Fuera de este aspecto, el otro elemento estructural por destacar es que por primera vez en mucho tiempo apreciamos una menor concentración bancaria.
En 2016, los colosos Reservas, Popular y BHD León aglutinaban el 68.2% de los activos bancarios. ¿Al cierre del 2017? “Solo” 67.7%, básicamente por una menor participación del activo bancario del Banco de Reservas, que pasó de un “share” de 29.8% en 2016 a 27.7% en 2017.
Según la Superintendencia de Bancos, el índice de solvencia de todo el sector financiero fue 18.3%, muy superior al 16.9% de 2016 y 80% por encima del 10.0% exigido por la Ley Monetaria.
La calidad de los activos bancarios se mantuvo básicamente igual en 2017, aunque la cartera vencida o morosa pasó de 1.7% a un 1.8% el año pasado, que sigue siendo particularmente baja.
No obstante, cabe destacar que un análisis más profundo abarcaría los castigos realizados en la cartera bancaria que, como veremos en un próximo Argentarium, aumentaron mucho en el 2017.
En ese sentido, choca el aumento de 40% o RD$5.2 mil millones en el gasto en provisiones para préstamos de dudoso cobro, cuando la cartera de crédito total a penas aumentó 7.9% durante el año.
Igual que en 2016, al corte del 2017 las entidades con mejor calidad de cartera fueron Citi, BLH (o López de Haro), Popular, BDI y la Cibao. Todos registraron una baja morosidad, inferior al 1.2%.
La liquidez del sector sigue holgada, aunque menor que la registrada en 2016, pues pasó de 23.7% a 20.2%, en parte por la disminución del encaje legal permitido por las autoridades en el 2017.
En cuanto a liquidez se destacan Vimenca, Citi y Promerica, con más del 32% de sus depósitos en “cash” o disponibilidades al corte fiscal de 2017.
Durante el año pasado, la banca mantuvo su tendencia hacia una mayor eficiencia. De cada peso que ingresa operativamente, todo el sector ahora gasta solo 69 centavos, inferior a los 71 centavos de 2016 y los 72 centavos del 2015.
¿Cuáles fueron los bancos de mayor eficiencia? Los primeros tres que menos gastaron en relación con lo que ingresaron en 2016 repiten nuevamente en 2017: Citi, BHD León y la APAP, cuya eficiencia osciló entre 43% y 58%, seguidos por Adopem, Santa Cruz y Scotiabank.
Los cinco bancos más rentables (para sus accionistas) de esta nueva entrega del “Ranking” son Citi, Adopem, Banreservas, BHD León y Santa Cruz, cuya rentabilidad superó el 19%.
Ese excelente retorno del “Top 5” contrasta con el ROE de 14.8% de todo el sector en 2017 que, a su vez, mostró un descenso comparado con el 15.9% del 2016.
Las utilidades netas del sector aumentaron RD$1.1 mil millones (4.5%), un crecimiento ligeramente inferior al 5.4% o RD$1.3 mil millones registrado en 2016.
¿La buena noticia? Que mientras en el 2016 nueve entidades de nuestras “Top 20” experimentaron un menor ritmo de crecimiento en sus utilidades, en el 2017 solo seis sostuvieron igual ralentización en sus resultados netos. Eso si: Todas las entidades en la muestra cerraron el año en “azul” o con resultados positivos.
La cartera de crédito solo creció 7.9%, un ritmo inferior al 9.4% de doce meses atrás. Cinco bancos crecieron a un paso más del doble del crecimiento sectorial: Caribe (31%), Santa Cruz (27%), Vimenca (19%) y BLH y Adopem (17%).
De los colosos, Popular impresiona: Aumentó su cartera de forma extraordinaria: 15.1% o RD$32 mil millones. Es decir, ¡45% de todo el crédito nuevo otorgado durante el año recién concluido!
Las entidades de mejor desempeño
Repite por tercer año consecutivo el Citi como #1, mientras que por segunda vez está BHD León como #2 (primero de los criollos) y Santa Cruz como #3. Popular, Vimenca, Cibao, Adopem y BLH reciben menciones de honor. ¡Felicidades a todos!
Ficha técnica
Muestra. Entidades analizadas
Tomamos las primeras 20 entidades de intermediación financiera (de un total de 58 autorizadas a operar), que aglutinan el 97% de los activos bancarios del sistema dominicana al cierre de 2017. Por su naturaleza especializada, se excluye al nuevo Bandex de la muestra.
Información utilizada auditada y de dominio público
Estados financieros auditados y las notas complementarias de las entidades financieras, al cierre de 2016 y 2017, publicados en la página web de la Superintendencia de Bancos.
Metodología documentada y replicable
El presente es un “ranking” no ponderado que se basa en 24 indicadores de carácter contable-financiero, conforme las mejores prácticas de análisis y evaluación bancaria utilizadas por organismos supervisores y calificadoras de riesgo.
Comparabilidad
En el portal Argentarium.com publicamos los “rankings” por sub-sectores, como la banca múltiple, las asociaciones de A&P, la banca de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito.
Fitch Ratings afirmó las calificaciones de varios emisores corporativos del mercado local. Las ratificaciones corresponden al Consorcio Energético Punta Cana – Macao (CEPM), EGE Haina, Dominican Power Partners (DPP) y la Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP).
En el caso de CEPM, calificada con AAA(dom) y F1+(dom) a largo y corto plazo, respectivamente, Fitch destaca que “opera como monopolio natural, apoyada por un contrato de concesión exclusiva que vencerá en abril de 2032”.
Sobre EGE Haina, con nota a largo plazo de AA-(dom), la calificadora destaca que la empresa invierte en activos eficientes y “mantiene un portafolio diversificado mediante el uso de fuentes diversas de energía”.
Para DPP, que está calificada con AA(dom) a largo plazo y F1+(dom) a corto plazo, Fitch resalta la fortaleza de los activos de generación a partir de gas natural en ciclo combinado. Esto “le confiere un costo variable competitivo y garantiza su despacho por mérito”, expresa la calificadora.
La CEPP es la que tiene menor calificación: BB-(dom) y B(dom) a largo y corto plazo. La calificadora apunta que “está expuesta altamente al mercado mayorista, lo que le resta firmeza y predictibilidad a sus ingresos”.
ARGENTARIUM | 05 ABR 2018, 12:00 AM | ALEJANDRO FERNÁNDEZ W. En defensa del empleado
Salomón es uno de los tantos profesionales que hacen posible que esta columna llegue a sus manos. Como es casi la norma, lleva concurrentemente dos empleos, el de por “la mañana” y otro “por la tarde” (que es, realmente, un doble turno por las noches). Típicamente lo veo entrar a la redacción justo cuando me retiro de escribir.
Como Salomón hay, sin temor a equivocarme, decenas de miles de dominicanos que, para acercarse, aunque sea mínimamente al sueño de “la clase media” aprovechan las oportunidades del pluriempleo: El conserje que es también guardián, el juez que también es profesor y la cajera que es contadora por las noches.
Una noche Salomón alcanzó a verme en la televisión, comentando las recientes medidas tomadas por la Dirección General de Impuestos Internos para fortalecer el cobro del impuesto sobre la renta, específicamente el de los empleados.
Salomón no se dio por aludido con mi comentario. Trabajaba en dos empresas reconocidas, con sus respectivos departamentos de recursos humanos, y si alguna ventaja tiene el ser empleado, pensaba mi amigo, es que uno no tiene que mortificarse con eso de la DGII, ni la TSS ni con las AFPs o la ARL, iniciales que todos los meses se quedaban con una parte de sueldo. “¿Para qué? No sé...”
Le llamamos de la DGII
Su despreocupación duró hasta una mañana, cuando al abrir su correo electrónico se encontró con un mensaje de la “DGII”. Escueto, con términos que no entendía, algo confuso, el mensaje invitaba a Salomón a que pasara por unas de las oficinas de la administración tributaria de Impuestos Internos.
Recordó mi comentario en el noticiero, sonrió, pero siguió tranquilo. “Eso tiene que ser un error” y borró el mensaje, pasándolo a su bandeja de correos basura. “La DGII que resuelva con mis empleadores, yo no tengo que ver con ellos” pensó, como para justificar su descuido.
Hasta que una mañana, dadas las constantes llamadas del “call center” de la DGII, decidió apersonarse a la oficina que le habían indicado, para salir de esa necedad burocrática.
“Señor Salomón, tengo a bien informarle que, por concepto de impuesto sobre la renta dejado de pagar, usted tiene una deuda con la DGII, incluyendo recargos, de RD$130,000 que debe ser saldada inmediatamente.”
Salomón ni alcanzó a sonreír. Le parecía un chiste, una burla. “No puede ser...” intentó balbucear, hasta que fue interrumpido por el formulario, con números que él no entendía, donde se evidenciaba, en negrita, el monto total adeudado, que le entregó la recaudadora de impuestos.
La ley es dura, pero es ley
“Otro motivo más que me tiene desencantado de este país, Potrillo” me escribió, indignado, Salomón. “Yo me pregunto si la misión es que desaparezca la clase media.”
Le escuché. Luego de algunas preguntas, me quedaba claro lo ocurrido: En ambas empresas donde Salomón laboraba, su ingreso no alcanzaba los RD$35,000 mensuales. Siendo así, estaba exento de pagar el impuesto sobre la renta de forma individual.
Lo que Salomón, al igual que muchos otros desconocen, es que, en el caso de tener dos fuentes de ingresos como asalariado, el empleado (no el empleador) tiene la obligación de elegir un único agente de retención frente a la DGII que será quien hará las retenciones del impuesto sobre la renta, no por un monto aislado, sino por el ingreso total del empleado.
“En tu caso, querido amigo, lamento informarte que desde que estás ganando los RD$35,000 en ambos sitios te debieron retener RD$5,300 por concepto de impuesto sobre la renta dado tu ingreso bruto de RD$70,000. Como no lo has hecho durante todo este tiempo, te lo están cobrando, incluyendo, por lo visto, ciertos recargos y moras por lo que, en efecto, fue una evasión de impuestos.” Salomón abría y cerraba los ojos, con un ataque de ira y nervios. “Es decir que... además de tener que buscar más de RD$130,000 de un fuetazo, ¿ahora también me retendrán RD$5,300 en impuestos todos los meses? ¿RD$64,000 al año?”
Sugerencias a la DGII
Guardando el anonimato de Salomón, el caso anteriormente descrito es totalmente real. Como a mi amigo en la redacción, muchos más están recibiendo este trago amargo con un sentido de indignación, incredulidad y, francamente, perplejidad.
Esta es la ley y la DGII no está haciendo otra cosa que aplicarla. Como le corresponde, y como, aunque sea antipático hacerlo, le aplaudo. Dicho esto, me quedan tres preguntas.
¿En qué momento se concientizó, aunque sea mínimamente, al contribuyente asalariado con dos empleos de la obligación que tiene de, utilizando el formulario IR-10, designar un agente de retención único para su impuesto sobre la renta? ¿No se hubiese podido, con antelación y quizás a través de los mismos empleadores, alertar a los empleados de este mandato bajo el Código Tributario del 1992?
Siendo que la desinformación, más que la intención de defraudar al fisco, explicará la gran mayoría de estos incidentes, ¿No se habría podido lograr una implementación más organizada o por lo menos gradual, de tal forma de no atropellar las ya magras finanzas de quienes son, en definitiva, simples empleados tratando de alcanzar la elusiva “clase media”? De no ser posible eliminar las deudas del pasado, ¿podría la DGII, que para los fines también ha estado incumpliendo la ley desde el 1992 hasta la fecha (26 años), por lo menos no aplicar los recargos y moras por cobros no pagados? https://www.diariolibre.com/economia/argentarium/en-defensa-del-empleado-FE9556362
