SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
La desesperación se acumula en la frontera de México
Miles de personas esperan en el norte de México para llegar a Estados Unidos. El endurecimiento de la política migratoria de Trump evidencia las carencias de las zonas fronterizas del lado mexicano y pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno de López Obrador
Un grupo de migrantes aguarda en un campamento improvisado frente al muro fronterizo en San Luis Río Colorado, en Sonora.HECTOR GUERRERO
La resignación convive con la desesperanza y coquetea con la desesperación en la frontera de México y Estados Unidos. El endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump amenaza con desbordar el lado mexicano, donde se gesta una crisis que pone a prueba al Gobierno de López Obrador. Miles de personas aguardan para solicitar los trámites de asilo en Estados Unidos, un proceso cada vez más lento. La espera en territorio mexicano, la saturación de los albergues y el acecho de las mafias que cruzan a las personas ilegalmente ha evidenciado que, pese a no tratarse de un fenómeno nuevo, las carencias y necesidades de las localidades fronterizas son enormes, incluida Tijuana, construida, se podría decir, por pedazos de distintas patrias.
SAN LUIS RÍO COLORADO
Reina Espinosa llegó a San Luis Río Colorado “sin querer queriendo”. Acabó en esta localidad del Estado mexicano de Sonora, fronteriza con Arizona, como podía haberlo hecho en cualquier otro punto de los más de 3.000 kilómetros que separan ambos países. Lo único que esta mujer de 32 años tuvo claro hace mes y medio, cuando agarró a su hijo, de siete, es que necesitaba abandonar Honduras. La colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula, de donde no se sale, se huye: de la violencia, de las amenazas de las pandillas. Huir para llegar a la frontera norte de México. Dónde, era lo de menos. Cómo, tampoco importaba mucho. “Jalón a jalón”, por delante le quedaba un mes de camionetas, autobuses, robo de dinero… Con la única compañía conocida de su hijo, una amiga y la hija de esta. Desde hace tres semanas reposa su espalda sobre el muro que le separa, según ella cree, de una mejor vida.
Junto a Espinosa y su hijo hay otras 200 personas, en su mayoría familias con niños. Casi todos son mexicanos, de las regiones más pobres y golpeadas por la violencia, pero también guatemaltecos, hondureños, cubanos. Todos esperan a que los guardias fronterizos les llamen para poder iniciar los trámites de asilo en Estados Unidos. Un turno que se eterniza. Cada día, con suerte, seis o siete personas son recibidas del otro lado. En diciembre, con la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos al norte de México, Trump ordenó reforzar la seguridad fronteriza. Fue un golpe psicológico para los que aguardan a cruzar. En el paso de San Luis Río Colorado (México) con San Luis Arizona (EE UU), las autoridades cubrieron el muro que ya existe y los primeros metros de suelo estadounidense con alambres de espino.
A los migrantes, pese a estar en suelo mexicano, les pidieron que se movieran para que no se confundiesen con los vecinos que entran y salen a diario de forma legal. Desde entonces, han improvisado un campamento. Del muro cuelgan lonas de plástico que cubren las colchonetas donde duermen y se cobijan de las bajas temperaturas. Esta mañana de domingo, el sol aliviana un poco la noche anterior. Cerca de 60 personas, la mayoría mujeres con niños, fueron trasladados a un albergue. Se lo suplicaron los trabajadores sociales. Ellas se resistían por miedo a perder su número en la lista que han improvisado y que nadie sabe muy bien quién gestiona.
Se trata del mismo albergue donde hace unas semanas llevaron a una treintena de migrantes que trataron de cruzar por el río Colorado y poco menos que se congelan en el intento. El lugar está acondicionado, pero tiene un límite, admite su administrador. Si todos los que esperan frente al muro pidiesen quedarse allí, no podrían. Solo con que se repita de nuevo el fenómeno de otra caravana —hay una que prevé salir de Honduras el día 15—, se desbordaría la localidad. “Ningún punto de la frontera está preparado para recibir una afluencia de gente como la de noviembre, ni siquiera Tijuana. El Estado tiene cierto desbordamiento, porque se está generando una población flotante que de momento no se puede cuantificar”, asegura Eunice Rendón, de Agenda Migrante.
Reina Espinosa, hondureña de 32 años, en un campamento improvisado ante el muro de San Luis Río Colorado.HECTOR GUERRERO
MEXICALI
En el pulmón económico y capital del Estado de Baja California, la situación tampoco es nada halagüeña. Altagracia Tamayo recibió en su albergue de Mexicali, llamado La Posada del Migrante, a 370 miembros de la caravana. “Son desplazados, gente que no se para a pensar en el costo de su vida”, recalca. Para entonces, ya tenía alojados a 176 mexicanos. Hoy, los 30 cuartos —la mitad para hombres, la otra para mujeres— están llenos. La ayuda, no solo la económica, escasea. Hay días en que le cuesta conseguir alimentos. “Todo el que quiera quedarse debe ser útil, buscar trabajo y regularizar su situación en México”, asegura esta mujer, que no puede evitar llorar cuando recuerda que muchos de sus compatriotas no han querido colaborar con la llegada de los centroamericanos “por la mala imagen de unos pocos”.
Edwin Hernández se ha tomado muy en serio las reglas de Tamayo. Hondureño de 20 años, dejó su país porque quería sentir la adrenalina de La Bestia, el tren que transporta a miles de migrantes por México hasta la frontera norte. Eso le enfrentó a su madre y a sus hermanos. No ha vuelto a saber de ellos desde que se unió a la caravana. Llegó con el resto de centroamericanos hasta Veracruz y ahí cumplió su deseo. Se subió al tren, comprobó que aquello había sido un sinsentido, “demasiado peligroso”, y se volvió con la caravana. Quiere llegar a EE UU y reencontrarse con su padre, pero de momento va a regularizar su situación en México. De saltar el muro no quiere oír hablar. “Tengo miedo a que me detengan y perder todos mis derechos, me han dicho que me pueden caer un chingo de años en la cárcel o devolverme a Honduras. ¿Usted sabe si es fácil que me den los papeles?”, pregunta acelerado antes de irse a la tienda donde ha empezado a trabajar aunque aún no sabe cuánto le pagarán. Es su segundo trabajo en el país norteamericano. En el primero, de carpintero, su jefe le dio 100 pesos (cinco dólares) después de dejar listas 10 camas. Los rechazó. “¿Qué hago yo con ese dinero? Me faltó el respeto”.
Un niño juega ante el muro de San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora.HECTOR GUERRERO
El otro muro que se levanta sobre México es el de la desconfianza. Los centroamericanos que han optado por trabajar se han encontrado con unas condiciones miserables. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prepara medidas para gestionar el flujo de los 200.000 centroamericanos que atraviesan cada año el país, como inversiones en obras públicas para crear empleo, especialmente en el sur del país. Ningún migrante parece haber oído hablar de esos planes y cuando se les comentan responden con incredulidad.
José Suazo, que se presenta como maestro de obra de 55 años, dice que le pagaban 25 dólares la hora en EE UU, donde coordinaba varias cuadrillas de la construcción. Vivió allí casi 20 años, hasta que hace tres regresó a Honduras para enterrar “al viejito”. Se quiso quedar a trabajar en su país. “Abrí un negocio de ropa, pero los mareros [pandilleros] me chingaron”, cuenta. En México, buscó suerte en una fábrica. Le ofrecieron 200 pesos (unos 10 dólares) al día. “No da para nada”, se resigna mientras come al sol un tamal y un plato de arroz que acaban de preparar en el albergue. “Ya uno está cansado también de estas casas, parecen cárceles”, dice mientras recorre con la mirada el inmueble, pintado de rosa y con las ventanas del piso superior de madera. Pero a Tamayo no le alcanza el dinero para más.
José Suazo, de 55 años, en uno de los albergues para los migrantes en Mexicali.HECTOR GUERRERO
No todos optan por esperar el largo proceso para poder cruzar al norte. “La intención de la mayoría es ir a EE UU, no quedarse en México. Si las restricciones son mayores, se va a volver más caro cruzar y va a ser un negocio muy jugoso para los polleros [las mafias]”, alerta Eunice Rendón. Los riesgos son infinitos. Jacqueline, guatemalteca de 19 años y embarazada de ocho meses, trató de saltar la valla que separa Mexicali de Calexico (en EE UU) después de viajar durante un mes desde Jutiapa, su ciudad en Guatemala, al norte de México. Quería juntarse con su esposo, que cruzó hace un tiempo con su hija pequeña. “Alguien”, no concreta quién, le acompañó hasta un lugar donde levantó una escalera para que subiese. Ya arriba, le dio miedo saltar la valla. “El guía” salió corriendo. Le socorrió el personal de Migración de México. Ahora se enfrenta a la deportación, pero le da igual. “No quiero volver a intentarlo, fue un error”, dice temblorosa y apenas susurrando, con los ojos vidriosos. “No más”, insiste, mientras asegura que se quedará en Guatemala, donde dará a luz a su segunda hija, Britney Esperanza.
TIJUANA
De intentos fallidos de salto saben muy bien José Alexander y Wilma Miranda, una pareja de salvadoreños de 23 años que la noche de Año Nuevo trató de cruzar, junto a su hijo de cuatro años, el muro que separa Tijuana de San Diego, en California. Fueron repelidos con gases lacrimógenos por los agentes fronterizos. Es la segunda vez que ocurre. En esta última hay diferentes versiones de lo que sucedió. Las autoridades mexicanas y algunos migrantes aseguran que activistas estadounidenses de BAMN (siglas en inglés del grupo Por Cualquier Medio Necesario) les apoyaron y animaron a saltar, para así visibilizar la crudeza de las políticas represivas de Trump.
Las autoridades migratorias mexicanas aseguran que la mayoría de los migrantes que llegaron con la caravana han solicitado la visa humanitaria. En total, 2.200 han sido otorgadas desde finales de noviembre, según cifras oficiales. Las mismas señalan que 1.500 personas han tratado de cruzar ilegalmente a EE UU; 1.300 han sido o bien deportados o han regresado a sus países voluntariamente.
Claudia Hernández, hondureña de 29 años, junto a su hija Angelina Julieth, en una bodega en Tijuana donde convive con otros migrantes.HECTOR GUERRERO
Como la pareja salvadoreña, al menos un millar de centroamericanos que llegó con la caravana vive en El Barretal, un albergue a 20 minutos en coche del centro de Tijuana. Otros cientos de migrantes se han ido alojando en casas y los hay también que están desperdigados por otra veintena de centros con los que cuenta la ciudad fronteriza por excelencia de México, construida, se podría decir, por pedazos de distintas patrias.
Algunos también viven de forma temporal en bodegas cedidas por vecinos, pero que han empezado a causar problemas. El pasado fin de semana, las autoridades trataron de desalojar uno de esos lugares, donde se encontraban unos 150 migrantes. La presencia de activistas estadounidenses —entre ellos miembros de BAMN, pero también de organizaciones con mayor prestigio— consiguió que no se llegara a utilizar la fuerza durante horas. Las autoridades argumentaron problemas de insalubridad, posibles focos de enfermedades, aunque para los inquilinos no era más que una muestra de racismo.
“Hay gente que no nos quiere tener aquí”, asume Claudia Hernández, una hondureña de 29 años, junto a su hija Angelina Julieth, de seis. Apenas cuentan con una colchoneta para las dos, una tienda de campaña y una mochila en la que carga sus pocas pertenencias. Niega con la cabeza cuando se le pregunta por la posibilidad de regresar a su país. “Yo me fui porque fui testigo de un asesinato. Mi hermanastro era policía, quiso abandonar el cuerpo y lo mataron. Me dijeron que si denunciaba harían lo mismo conmigo. ¿Cómo voy a volver?”. Ha optado por pedir la solicitud, pero no tiene muy claro los procedimientos a seguir. “Me han dado un número, el 1702. Me parece muy largo. ¿Qué hago mientras espero tanto tiempo?”.
Un grupo de personas camina frente al muro fronterizo de Tijuana, el pasado viernes por la noche.HECTOR GUERRERO
CIUDAD DE MÉXICO — Las muertes de dos menores guatemaltecos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza causaron indignación en Estados Unidos, pero en su país natal la respuesta fue mucho más contenida, ya que el gobierno de Guatemala está concentrado en su supervivencia y teme que un enfrentamiento con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pueda poner fin al apoyo desde ese país.
Los niños, Felipe Gómez Alonso, de 8 años, y Jakelin Caal Maquín, de 7, enfermaron y murieron en diciembre después de cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos con sus padres (en viajes diferentes), y de que los detuviera la Patrulla Fronteriza.
Sus muertes suscitaron indignación en Estados Unidos debido a las condiciones que los migrantes, en particular los niños, deben soportar bajo custodia de la agencia fronteriza. En respuesta, el gobierno de Trump se puso a la defensiva; el presidente de Estados Unidos insiste en que el congreso debe aprobar 5000 millones de dólares para la construcción de un muro que afirma que impedirá la inmigración ilegal.
Sin embargo, la respuesta del gobierno guatemalteco ha sido cauta. Salvo por el envío de notas diplomáticas al Departamento de Estado estadounidense para solicitar que se investigue la muerte de ambos menores y el ofrecimiento de pagar la repatriación de sus restos a Guatemala, el gobierno ha evitado referirse al tema. No ha habido ninguna protesta formal en contra de la mano dura de Estados Unidos hacia los migrantes ni condena por las dificultades enfrentan incluso los niños en los centros de detención.
[Si quieres recibir las noticias diarias de The New York Times en Español en tu correo suscríbete aquí a El Times.]
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no ha hecho ninguna declaración pública y ha dejado que sea su ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien informe sobre los avances en las averiguaciones de la causa de la muerte de los menores y sobre el traslado de sus cuerpos a su país natal.
“El Gobierno de Guatemala lamenta que una connacional haya perdido la vida en este trayecto y hace ver que lamentablemente los lugares por donde ingresan ahora los migrantes son más peligrosos y las distancias que recorren son mayores”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores al anunciar la muerte de Jakelin.
Según los analistas, la renuencia del gobierno se debe a la combinación de un cuidadoso cálculo político previo a las elecciones presidenciales de julio próximo, y a la discriminación que ha prevalecido en Guatemala durante siglos contra las comunidades indígenas mayas en las que nacieron ambos niños.
Morales ha cultivado relaciones con el gobierno de Trump y sus aliados para asegurar su apoyo en la lucha que ha emprendido contra un pánel internacional anticorrupción que lo acusa de violaciones a las reglas de financiamiento de campaña y que presentó cargos en contra de una amplia gama de intermediarios del poder político y económico en Guatemala.
Jakelin, que murió en un hospital en El Paso unos días después de cumplir 7 años, fue sepultada el 25 de diciembre en su pueblo.CreditJohan Ordonez/Agence France-Presse — Getty Images
Sus esfuerzos han tenido éxito de manera general, y Estados Unidos ha guardado silencio ante los desafíos de Morales a las sentencias del máximo tribunal de Guatemala y la expulsión del país de miembros del pánel, incluido su director.
Esta es una marcada ruptura con la costumbre: durante años, Estados Unidos apoyó de manera resuelta a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, el pánel respaldado por las Naciones Unidas conocido por su sigla como la Cicig, que ha estado trabajando junto con los fiscales guatemaltecos para investigar casos de corrupción desde 2007. Los estadounidenses veían en sus esfuerzos una forma de combatir la corrupción que ha obstaculizado el desarrollo político y económico de Guatemala y, que en parte, propicia la migración de sus ciudadanos.
Sin embargo, el gobierno de Trump ha seguido apoyando a Morales aun cuando sus acciones para cerrar la Cicig han llevado a Guatemala al borde de una crisis constitucional. Ahora que la inmigración se ha vuelto una molestia cada vez mayor en la relación, Morales se muestra ansioso por limar las asperezas.
Cuando una caravana de miles de migrantes, en su mayoría hondureños, cruzó la frontera de Guatemala con dirección a México en octubre, el éxodo irritó al presidente Trump, quien envió mensajes a través de Twitter culpando a Guatemala y a Honduras de permitirles a los migrantes dirigirse hacia el norte, comentó Fernando Carrera, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
A pesar de las muertes de los dos niños, “el gobierno de Guatemala no quiere echarle más leña al fuego”, comentó Carrera. “Guarda silencio y no reacciona”.
No obstante, la actitud diligente del gobierno guatemalteco puede no ser suficiente para impedir el enojo de Trump, dado su enfoque monotemático en la migración. La mañana del 28 de diciembre, Trump, citando informes de una nueva caravana, repitió la amenaza de retirar la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por no impedir el paso a los migrantes.
Seguir recibiendo asistencia puede ser la menor de las preocupaciones de Morales, en comparación con seguir contando con el apoyo de Estados Unidos en sus esfuerzos por expulsar al pánel de la Cicig. Durante más de un año, Morales y su gobierno pusieron un gran empeño en hacerse de aliados en Washington: nutrieron sus lazos con grupos evangélicos y legisladores conservadores y cambiaron la embajada de Guatemala a Jerusalén poco después de que el gobierno de Trump lo hizo.
El gobierno de Morales hace todo lo posible por proteger su relación con el gobierno de Trump, comentó Quique Godoy, quien renunció el año pasado como funcionario sénior de planificación del gobierno de Morales en protesta por los ataques a la Cicig.
Los familiares de Felipe Gómez Alonso, de 8 años, en su hogar en el pueblo de Yalambojoch, GuatemalaCreditLuis Echeverría/Reuters
“Les preocupa más la Cicig que denunciar al gobierno de Estados Unidos por los malos manejos” en la forma en que trata a los migrantes, mencionó Godoy.
Carrera, el exministro de Relaciones Exteriores, comentó que el gobierno guatemalteco y sus aliados veían a la Cicig —que ha insistido en que se implementen controles al financiamiento de campaña— como una amenaza antes de la elección de mediados de este año.
Los resultados de las elecciones de julio determinarán el destino de la Cicig, al igual que el de Morales. No puede contender por la reelección y perderá su inmunidad contra procesos judiciales tras dejar el cargo, lo cual lo dejaría expuesto a la investigación respaldada por la Cicig sobre financiamiento ilícito de campaña. El hijo y el hermano del presidente también están en la mira del pánel.
La respuesta del gobierno guatemalteco a las muertes de los menores migrantes ha estado orientada por un programa de protección consular que el Ministerio de Relaciones Exteriores implementó desde hace varios años para proveer apoyo a los migrantes. El programa incluye asistencia legal y, cuando hay decesos, la repatriación de los cuerpos, manifestó Carrera.
Marta Larra, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que Jovel, la titular de ese ministerio, había hablado frecuentemente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en meses recientes para enfatizar la importancia de proteger a los niños migrantes.
Las muertes de los niños también subrayan los profundos fracasos de varios gobiernos guatemaltecos al mejorar las condiciones de los más pobres del país, en especial los indígenas mayas, que conforman al menos el 40 por ciento de la población.
Jakelin, quien murió en un hospital de El Paso unos días después de cumplir 7 años, fue enterrada el 25 de diciembre en su pequeño poblado natal, un conjunto de casas de techos de paja donde familias que hablan kekchí luchan para sobrevivir con el cultivo de maíz y frijol.
Felipe, quien murió el 24 de diciembre en un hospital de Nuevo México, había dejado su aislado poblado de habla chuj acompañado de su padre. Este poblado se encuentra cerca de la frontera con México, en la provincia de Huehuetenango, la cual envía más migrantes a Estados Unidos que ninguna otra en Guatemala. Cuatro de cada cinco personas en esta municipalidad rural viven en la pobreza, según muestran las estadísticas oficiales.
Catarina Gómez Lucas, hermana de Felipe, con su fotoCreditJohan Ordonez/Agence France-Presse — Getty Images
“Tenemos una sociedad que practica un apartheid de facto”, comentó Anita Isaacs, académica especializada en Guatemala de Haverford College. “Este país sigue siendo casi tan racista como lo ha sido a lo largo de su historia”.
El resultado es que la muerte de un niño indígena pasa casi inadvertida, comenta la académica: “Esas vidas valen menos, y esas personas son básicamente invisibles”.
Aunado a la indiferencia, explica Isaacs, hay un interés en desarrollar las regiones donde viven los pueblos indígenas. Las plantaciones para obtener aceite de palma han comenzado a invadir tierras de los indígenas kekchí al norte del poblado donde vive la familia de Jakelin.
Históricamente, estas comunidades han sido despojadas de sus tierras para dar cabida a cultivos redituables como azúcar o café, manifiesta Isaacs.
“¿Qué mejor forma de desalojo que dejarlos abandonar el país por completo?”, preguntó la académica. “Esa es una razón importante por la cual al gobierno de Guatemala no le importan”.
El dinero que envían de vuelta los migrantes guatemaltecos, que ayuda a mantener comunidades en gran medida olvidadas por los servicios gubernamentales, también es un recurso importante. Las remesas enviadas por los guatemaltecos que trabajan en el extranjero representaron el 11 por ciento del ingreso nacional de Guatemala en 2017 y fueron la segunda fuente más importante de divisas en la economía, según el Fondo Monetario Internacional.
Es probable que esta contribución aumente en vista de que la cantidad de guatemaltecos que buscan llegar a Estados Unidos sigue incrementando, lo cual es resultado, explica Isaacs, de “una tormenta perfecta” de pobreza, violencia y crisis ambientales.
En una región con poca inversión en infraestructura, educación o servicios médicos, como las áreas remotas de la frontera entre Guatemala y México de donde provenían estos dos niños, las dificultades temporales —como la marcada caída en el precio del café y el azúcar del año pasado— pueden constituir el empujón final que necesita la gente que piensa emigrar, comentó Godoy, quien ahora es director de Propuesta Urbana, una organización dedicada al desarrollo urbano y la migración.
“La principal razón por la que la gente sigue emigrando es porque no estamos generando las condiciones adecuadas localmente para que dejen de hacerlo”, concluyó Godoy.
Niños migrantes representan 25% de solicitudes de asilo a México, dice gobierno Spanish.xinhuanet.com 2018-12-27 10:05:52
MEXICO, 26 dic (Xinhua) -- El 25 por ciento de los cerca de 28.000 migrantes que se estima pidieron refugio a México en este 2018 son niños y adolescentes, informó este miércoles el Gobierno mexicano.
En una reunión entre autoridades para preparar medidas de atención a niños migrantes, el coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, destacó que el número de personas que solictan asilo a México se disparó en los últimos cuatro años.
Las solicitudes hechas en 2014 sumaron 2.137 y en cambio la Comar espera que este 2018 cierre con unas 28.000 peticiones, de las cuales el 25 por ciento corresponderán a menores de edad, apuntó Ramírez, según un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Interior).
El coordinador de la Comar señaló que México tiene la capacidad para atender la cifra de solicitudes de refugio, al tiempo que dijo que el establecimiento de mecanismos de articulación entre autoridades será central para su seguimiento.
Según la Secretaría de Gobernación, representantes de instancias gubernamentales y organismos se reunieron para preparar la instalación de una Comisión de Niñez Migrante y Solicitante de Refugio para su protección en el país.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mark Manly, expuso en la reunión que una tercera parte de los niños que llegan al país tienen la condición de refugiados y se requiere de una respuesta inmediata para atenderlos, de acuerdo con el comunicado.
Datos de la Comar señalan que casi el 60 por ciento de los extranjeros que pidieron refugio a México en 2017 eran originarios de Honduras, El Salvador y, en menor medida, Guatemala, que son los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
El creciente número de solicitudes de asilo a México por parte de centroamericanos en los últimos años se abultó en este 2018 tras la entrada al país de masivas caravanas de migrantes, en las que iban cientos de niños y adolescentes con sus padres o solos.
Aunque la mayoría de las miles de personas que las conformaban recorrieron el país a partir de octubre para llegar a su frontera con Estados Unidos, buscando entrar a ese país, cerca de 3.000 de ellos pidieron asilo a México, según el gobierno.
http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/27/c_137701897.htm
En el 2018, los asuntos de migrantes y refugiados fueron uno de los temas más importantes, y para nuestra región, especialmente los desplazamientos de las poblaciones centroamericanas hacia México y Estados Unidos acapararon los titulares. Durante el año, Noticias ONU habló con varios expertos sobre estos movimientos, en los que los niños, son los más vulnerables.
La violencia extrema, la pobreza y la falta de oportunidades no son solo las causas de la migración de miles de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras, sino también las consecuencias de su deportación.
Esa fue la conclusión de un informe del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) publicado en agosto, que analiza los desafíos y peligros que enfrentan los niños y las familias migrantes y refugiados en su ruta hacia Estados Unidos y México, que muchas veces resulta en detención y un retorno inesperado a sus países de origen.
“Migrar es un derecho humano. Sin embargo, el ejercicio de este derecho para miles de niños y niñas en Centroamérica norte y México es una pesadilla”, asegura Maria Cristina Perceval, la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, quien conversó con Noticias ONU.
Perceval asegura que los niños que son enviados a sus países de origen muchas veces no tienen un hogar al que regresar, terminan endeudados o son blanco de pandillas. Regresar a estas “situaciones imposibles” hace que sea más probable que migren nuevamente.
“Por ejemplo, tal como nos contaba una niña en el Salvador, allí presumen que muchas de esas niñas, (y no se equivocan), han sido víctimas del tráfico y la trata de personas, que han sufrido violencia sexual, entonces tienen que encontrarse con una situación de discriminación, rechazo y estigma en las mismas comunidades de las que habían salido”, resalta.
El informe de UNICEF recalca que este ciclo de migración y posterior deportación se convierte en un “círculo de peligro y dolor” que viola el interés superior de los niños.
Entre enero y junio de 2018 unos 96.216 migrantes, entre ellos 24.198 mujeres y niños, fueron deportados desde Estados Unidos y México. Más del 90% de las deportaciones ocurrieron en este último. https://news.un.org/es/story/2018/12/1448581
