Puertos secos sí, pero con justicia territorial y sin desalojar la economía viva de la frontera
La modernización logística de la frontera dominico-haitiana puede ser una política de Estado pertinente, siempre que no se convierta en un atajo tecnocrático que sacrifique a Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. El desarrollo verdadero no sustituye a los pequeños comerciantes: los incorpora, los fortalece y los convierte en protagonistas del nuevo modelo productivo.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La discusión abierta en Jimaní no debe simplificarse como una disputa entre “progreso” y “resistencia al cambio”. Lo que ha ocurrido en la Alcaldía de ese municipio, donde comerciantes, autoridades municipales, legisladores y comunicadores expresaron su rechazo a la propuesta de construir un puerto seco, revela algo más profundo: la frontera dominicana no quiere quedar atrapada entre el abandono de ayer y una modernización excluyente mañana. La advertencia hecha por los actores locales apunta a un temor legítimo: que una infraestructura pensada para ordenar el comercio termine desarticulando el tejido económico que hoy sostiene miles de hogares en la región.
Sería injusto negar que la idea de crear puertos secos tiene una lógica estratégica. El Gobierno anunció el 27 de febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada estimada en más de US$300 millones, como parte de una visión que busca formalizar el intercambio, reducir el contrabando y convertir la zona fronteriza en un corredor de mayor trazabilidad y control aduanero. Esa orientación fue luego reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de puertos secos en la frontera.
Desde una perspectiva técnica, el planteamiento tiene fundamento. La Ley 168-21 de Aduanas y su marco reglamentario procuran alinear al país con estándares internacionales de facilitación del comercio, y distintos diagnósticos sobre el comercio bilateral dominico-haitiano han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura administrativa, física y tecnológica en la frontera. Un estudio del FMI sobre el comercio transfronterizo con Haití recuerda, además, que alrededor del 85 % del intercambio bilateral se mueve por vía terrestre y que una parte importante permanece fuera de los registros oficiales, con impactos fiscales e institucionales evidentes. Un puerto seco, bien concebido, podría ayudar a corregir parte de esas distorsiones.
Pero el problema central no está en la teoría logística, sino en la sociología real de la frontera. Los mercados binacionales no son únicamente puntos de intercambio; son estructuras de supervivencia, cohesión social y circulación económica en territorios históricamente periféricos. En Dajabón, reportes periodísticos recientes sitúan el movimiento semanal del mercado en más de RD$400 millones y describen una dinámica de más de mil pequeños comerciantes que dependen directamente de ese flujo. Cuando los comerciantes de Jimaní alertan que un puerto seco mal diseñado podría desplazar actividades y concentrar operaciones, no están defendiendo privilegios: están defendiendo empleos, ingresos y estabilidad familiar en comunidades donde las opciones de reconversión no abundan.
Ahí radica el punto más delicado de esta coyuntura. Una política pública puede ser eficiente en términos de recaudación, seguridad y control, y al mismo tiempo ser socialmente regresiva si desconoce quiénes pagan la transición. Las críticas al modelo han señalado que los requisitos técnicos, financieros y operativos contemplados para este tipo de instalaciones podrían favorecer a grandes operadores y dejar fuera a pequeños y medianos comerciantes fronterizos. Si eso ocurriera, la modernización se transformaría en sustitución social: el Estado formalizaría los flujos, pero informalizaría el destino de quienes hoy viven de ellos. Y el desarrollo no puede consistir en ordenar mercancías mientras se desordena la vida de la gente.
Por eso, la respuesta políticamente más madura no es decir “no” a toda infraestructura logística, sino decir “sí” a una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente inteligente. La clave está en asumir que el puerto seco, si se ejecuta, debe ser complementario y no sustitutivo del mercado binacional tradicional. Un esquema dual permitiría que las operaciones de mayor escala, con exigencias de inspección, consolidación, almacenamiento y despacho aduanero, se canalicen por una plataforma moderna, mientras el comercio minorista y de subsistencia conserva un espacio regulado y protegido dentro de la economía fronteriza. Esa articulación es la única forma de modernizar sin desalojar.
Además, cualquier transición seria debe incluir instrumentos concretos de inclusión económica. No basta con prometer que habrá “oportunidades”; hay que diseñarlas. Eso supone acceso preferente o cuotas para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes de la zona; programas de financiamiento blando para adecuación operativa; asistencia técnica para formalización simplificada; y participación efectiva de los actores locales en la gobernanza del proyecto. La frontera no puede ser tratada como un simple corredor logístico de importación y reexportación. Debe ser concebida como una geografía humana donde el capital privado, la autoridad aduanera y el comercio popular convivan dentro de reglas transparentes y de beneficio compartido.
También hace falta coherencia institucional. Mientras el país ha venido impulsando o supervisando nuevos mercados binacionales en Pedernales, Jimaní y Elías Piña como parte de la estrategia de desarrollo fronterizo, no tendría sentido levantar otra infraestructura que compita de manera desordenada con esas obras o que envíe señales contradictorias sobre el modelo económico deseado para la zona. Si el Estado invierte o supervisa mercados binacionales modernos y, al mismo tiempo, promueve puertos secos, entonces debe explicar con precisión cuál será la arquitectura funcional entre ambos sistemas, qué papel jugará cada uno y cómo se evitará la duplicidad burocrática y económica.
Jimaní y los pueblos fronterizos no necesitan una nueva promesa abstracta de desarrollo; necesitan una política de Estado con sentido humano, visión productiva y justicia territorial. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más seguridad y más competitividad, pero también tiene derecho a no ser empobrecida en nombre de la eficiencia. El país puede y debe modernizar su comercio con Haití, cerrar brechas de informalidad y fortalecer el control aduanero. Lo que no puede hacer es convertir a los comerciantes que durante décadas sostuvieron la economía fronteriza en víctimas de un modelo que no los reconoce. Si los puertos secos han de ser parte del futuro, que lo sean como palancas de inclusión y prosperidad, no como puertas de salida para la economía popular de la frontera.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuásabaraEditor
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Durante un encuentro en el Alcaldía de Jimaní, representantes de distintos sectores advirtieron sobre el impacto económico y social que podría generar el proyecto en los mercados binacionales de la zona fronteriza.
Santo Domingo, R.D., 7 de junio de 2026.– Comerciantes, autoridades municipales y legisladores de la zona fronteriza expresaron su rechazo a la propuesta de construir un “puerto seco” en el municipio de Jimaní, al considerar que esta iniciativa podría alterar la dinámica comercial que sostiene miles de empleos en las provincias fronterizas.
La posición fue presentada durante un encuentro celebrado en la Alcaldía de Jimaní, donde representantes de diversos sectores analizaron las implicaciones económicas y sociales que, a su juicio, tendría la ejecución del proyecto sobre los mercados binacionales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
Durante la jornada, el diputado por la provincia San Juan, Carlos Morillo, advirtió que la centralización de operaciones logísticas en un puerto seco podría reducir las oportunidades de negocios para comerciantes minoritarios y medianos que dependen del actual esquema de intercambio comercial en la frontera.
En ese mismo sentido, el diputado por la provincia Independencia, Llanelis Matos, sostuvo que cualquier propuesta de desarrollo en la zona debe ser evaluada con responsabilidad, tomando en cuenta su impacto sobre los actores económicos que sostienen las actividades comerciales en los principales mercados fronterizos del país.
Los comerciantes también manifestaron su preocupación ante la iniciativa. Entre ellos, Sócrates Méndez (Socratín) afirmó que la construcción del puerto seco afectaría de manera directa a quienes durante décadas han sustentado la economía de la región mediante el comercio binacional.
A esta posición se sumaron Daniel Pérez Pérez, Aurín Dotel y Marcos López, quienes coincidieron en que el proyecto podría representar una amenaza para el sustento de numerosas familias que dependen de las actividades comerciales en la frontera.
Durante su intervención, Marcos López hizo un llamado a fortalecer la unidad entre los sectores comerciales de las provincias fronterizas, con el propósito de defender los intereses comunes de la región y preservar los espacios tradicionales de intercambio económico.
En el encuentro también participaron comunicadores locales, quienes respaldaron las inquietudes externadas por los comerciantes y advirtieron sobre los posibles efectos que, según señalaron, tendría la iniciativa sobre la economía regional.
Por su parte, el alcalde de Jimaní, Laureano Santana, expresó el respaldo del gobierno municipal a los comerciantes y reiteró su compromiso con la defensa de los mercados fronterizos.
“El ayuntamiento no puede respaldar iniciativas que pongan en riesgo el sustento de miles de familias que dependen directamente del comercio binacional en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales”, expresó el ejecutivo municipal.
La actividad concluyó con una intervención del comerciante Juan Francisco González, quien exhortó a los presentes a mantener una posición firme frente al proyecto y a continuar defendiendo los mercados fronterizos tradicionales.
El encuentro fue convocado por la Asociación de Comerciantes de Jimaní-Mal Paso, junto a otras organizaciones vinculadas al sector comercial fronterizo. Los participantes informaron que la próxima reunión se llevará a cabo en la provincia de Pedernales, donde continuarán evaluando las implicaciones del proyecto y las acciones a seguir.
Fuente verificada: Beller Digital. [bellerdigital.net]
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Puertos secos sí, pero con justicia territorial para la frontera
La discusión surgida en Jimaní en torno a la construcción de un puerto seco no puede reducirse a una consigna simplista entre modernidad y atraso. Lo expresado por comerciantes, legisladores, autoridades municipales y comunicadores en la Alcaldía de ese municipio revela una preocupación legítima: que una infraestructura concebida para ordenar el comercio termine alterando la economía real que durante décadas ha sostenido a miles de familias en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Los mercados binacionales no son un mecanismo marginal; son una red de ingresos, empleo, circulación de mercancías y estabilidad social en una franja históricamente vulnerable y estratégicamente decisiva para la República Dominicana.
Sería injusto, sin embargo, ignorar que la propuesta de puertos secos tiene una lógica de Estado. El Gobierno dominicano anunció en febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada superior a los US$300 millones, como parte de una estrategia para formalizar el comercio, fortalecer el control aduanero y cerrar espacios a la irregularidad. Esa visión fue reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de estas instalaciones en la zona fronteriza. Desde el punto de vista logístico, aduanero y fiscal, el planteamiento tiene sentido.
El problema comienza cuando la racionalidad técnica no conversa con la realidad social. La Ley 168-21 de Aduanas y su reglamentación apuntan a insertar al país en estándares modernos de facilitación del comercio, mientras distintos estudios han advertido que el intercambio dominico-haitiano sigue dependiendo en gran medida de flujos terrestres y de una alta informalidad. El FMI ha señalado que cerca del 85 % del comercio bilateral se mueve por vía terrestre, y diagnósticos sobre la relación económica entre ambos países han recomendado mejorar la infraestructura física y administrativa de la frontera. Todo eso respalda la necesidad de modernizar. Pero modernizar no debe significar desalojar a quienes hoy viven del comercio tradicional.
En Dajabón, reportes periodísticos describen un movimiento semanal superior a RD$400 millones y la participación de más de mil pequeños comerciantes. Ese dato ayuda a entender por qué en Jimaní se teme que un puerto seco mal diseñado concentre operaciones, favorezca a grandes operadores y deje fuera a comerciantes minoritarios, transportistas, cargadores y pequeños suplidores. Una política pública puede ser eficiente en los papeles y, al mismo tiempo, profundamente regresiva en el territorio si no mide quiénes pagan el costo de la transición. No tendría sentido ordenar la mercancía mientras se desordena la vida de los ciudadanos de la frontera.
La salida razonable no es rechazar de plano toda infraestructura logística, sino exigir una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente justa. Si los puertos secos han de existir, deben ser complementarios y no sustitutivos de los mercados binacionales. Eso implica diseñar un modelo dual: una plataforma moderna para carga, inspección, almacenamiento y despacho, y al mismo tiempo reglas de protección y acceso preferente para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes locales. También exige financiamiento, acompañamiento técnico, formalización simplificada y participación real de los actores fronterizos en la gobernanza del proyecto.
Jimaní y los demás pueblos fronterizos no necesitan una modernización que los empobrezca en nombre de la eficiencia, sino una transformación que los incorpore al desarrollo nacional. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más competitividad y más seguridad, pero también tiene derecho a que el progreso no se construya sobre el sacrificio de su economía popular. Si los puertos secos han de formar parte del futuro, que lo hagan como instrumentos de inclusión, prosperidad compartida y justicia territorial. Solo así dejarán de ser una amenaza y podrán convertirse en una verdadera política de desarrollo.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuásabaraEditor
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