30 de mayo de 2019. SANTO DOMINGO
El Frente Sectorial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) demandó este jueves del Poder Ejecutivo dar plena vigencia a los regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado, que constituyen la puerta de entrada de ese sector al sistema de seguridad social, y que incluye a los actores informales de la economía y la población más vulnerable del país.
Margarita Rodríguez, presidenta del frente de las Mipymes del PRM, y el ex senador Iván Rondón Sánchez, asesor, afirmaron en rueda de prensa que la falta de voluntad política, la incapacidad de gestión, el desconocimiento de deberes y derechos en la Seguridad Social, y el escaso financiamiento para el cuidado de la salud de las personas, por parte del Gobierno, son los principales causantes para que a 18 años de creada la Seguridad Social no estén incluidos todos los dominicanos y residentes legales del país.
En la rueda de prensa participó también Geanilda Vásquez, presidenta de los Frentes Sectoriales del PRM. Rondón Sánchez fue presidente de la comisión senatorial que formuló y concertó la aprobación de la Ley de Seguridad Social y por resolución del Senado el 30/9/2003 fue declarado Padre de la Seguridad Social.
“El problema de la situación de salud del país no son las leyes 42-01 y 87-01, sino por el contrario, es la NO implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social conforme al diseño que ellas establecen, que ha sido distorsionado por Reglamentos, Resoluciones, Circulares y Protocolos ilegales que han distorsionado el espíritu y los beneficios de las leyes.
“Y ahora, en lo que puede definirse como absurdo mayor, se está proponiendo desmantelar las estructuras operativas del sistema (ARL, TSS, DIDA) para llevarlos a depender del Ministerio de Trabajo, eliminar el IDSS sin un plan que permita preservar los derechos de los que durante 50 años cotizaron, sin una auditoria que evidencie serios indicios de corrupción y el perjuicio ocasionado a las instituciones creadas por la Ley 87-01 para salvar dicha institución mediante una transformación que ordenó esa Ley hace 18 años y que nunca fue implementada de manera completa.
Citaron que hasta diciembre 2018 el Régimen Contributivo Subsidiado aún no se había iniciado y el Subsidiado se había iniciado de manera irregular que es igual o peor que no haberse iniciado, por tanto, NO puede haber impacto en los indicadores de salud, en atención de que el aseguramiento es de 38% de la población total, (Régimen Contributivo).
Afirmaron que por mandato de la 87-01 Art. 178 letra g) la SISALRIL está obligada a realizar los estudios para la puesta en funcionamiento de ambos Regímenes pero que hasta diciembre 2018 la SISALRIL no había presentado estos estudios al CNSS a pesar de haber dispuesto de presupuesto que financian los contribuyentes.
Para la gestión 2019 cuenta con RD$ 638,775,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones, setecientos setenta y cinco mil pesos), na suma prácticamente similar al presupuesto para ofertar servicios de salud de las cinco provincias de la región fronteriza.
Exponen que, a diferencia de otros países de la región, a partir del año 2001 República Dominicana cuenta con el Sistema Nacional de Salud (SNS) leyes 42-01 y un Sistema Dominicano de Seguridad Social 87-01 a través de las cuales se ofrece respuesta institucional al trabajador informal, en cuanto a SEGURIDAD SOCIAL, aproximadamente el 58% de la Población Económicamente Activa (PEA), estableciendo quién y cómo se financian estos trabajadores informales.
Se trata, dijeron, del sector que es principal empleador del país, que paga todos los impuestos directos e indirectos y que de incluirse conforme lo dispone la Ley 87-01 podría ser la forma más viable para convertirse de informal a formal, con lo que el gobierno reduciría gradualmente el monto de los subsidios hasta eliminarlos cuando se logre el pleno empleo porque el sistema sería autosuficiente.
Agregaron que el principal argumento para no implementar el Régimen Contributivo-Subsidiado que no hay dinero, lo que es contradictorio con el informe del BID que documenta en el país se gastan más de 170 mil millones de pesos anuales en corrupción, nepotismo y gastos superfluos.
La cobertura universal es de 117 mil millones, si se implementa el sistema como fue diseñado, subrayaron.
"En realidad, el problema no es de falta de recursos sino de irrespeto a la institucionalidad, de no acatamiento de la Constitución y las leyes, por parte de los gobiernos del PLD", denunciaron.
La República Dominicana es quizás, el único país del mundo donde existe una Ley especial, para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos entre el Estado y los Ciudadanos, en lo concerniente al Financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de salud, vejez, discapacidad, infancia y riesgos laborales,
Tomando en consideración la capacidad contributiva de la población, la ley 87-01SDSS subdivide los trabajadores en formales y los informales en dos Regímenes de Financiamiento como sigue:
Contributivo Subsidiado, 3.4 millones, protege a profesionales, técnicos independientes, y a todo trabajador por cuenta propia, urbano y/o rural, con ingresos, iguales o superiores al promedio del salario mínimo, financiado con aporte del trabajador (3%) y subsidio del Estado (7%) para suplir la falta empleador, a pesar que la Ley 87-01 en el Art. 146 establece que el CNSS determinara mediante estudios la distribución del costo per cápita del Plan Básico de Salud entre trabajador y Estado Dominicano, tomando en cuenta la capacidad contributiva real de los diversos segmentos de los trabajadores por cuenta propia, así como disponibilidad del Estado Dominicano.
La afiliación al SFS es a través de la ARS pública SENASA, los afiliados tienen libre elección de Proveedor de Servicios de Salud (PSS), los hijos de los afiliados tienen DERECHO a Estancias Infantiles y los afiliados tienen derecho a pensión, los recursos deben estar consignado en la ley de Presupuesto del Estado que para el 2019 es de RD$921,000 millones.
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