Castaños Guzmán favorece suspender operaciones Odebrecht en el país
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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, opinó hoy que el Gobierno debió suspender las operaciones en el país de la constructora brasileña Odebrecht y contratar a otra para que finalice la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina.
A su juicio, su planteamiento está contemplado en la ley de compras y contrataciones públicas.
Castaños Guzmán, en declaraciones en un acto público, es de entender que no se puede continuar trabajado con una empresa que ha confesado haber actuado de manera irregular.
Asimismo, dijo estar confiado en que serán sometidos los involucrados en los sobornos confesados por Odebrecht, tal como prometiera el presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas, porque de lo contrario sería el mandatario el más afectado.
El juez José Alejandro Vargas declaró hoy inadmisible el acuerdo alcanzado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, mediante el cual la transnacional se compromete a devolver al país 184 millones de dólares, el doble de la suma que confesó pagó en sobornos para adjudicarse licitaciones de infraestructuras públicas.
A su juicio, su planteamiento está contemplado en la ley de compras y contrataciones públicas.
Castaños Guzmán, en declaraciones en un acto público, es de entender que no se puede continuar trabajado con una empresa que ha confesado haber actuado de manera irregular.
Asimismo, dijo estar confiado en que serán sometidos los involucrados en los sobornos confesados por Odebrecht, tal como prometiera el presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas, porque de lo contrario sería el mandatario el más afectado.
El juez José Alejandro Vargas declaró hoy inadmisible el acuerdo alcanzado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, mediante el cual la transnacional se compromete a devolver al país 184 millones de dólares, el doble de la suma que confesó pagó en sobornos para adjudicarse licitaciones de infraestructuras públicas.
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