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lunes, 14 de mayo de 2018

Conflicto de intereses genera dudas sobre la gestión del nuevo titular de Medio Ambiente

NOTICIAS | 14 MAY 2018, 12:00 AM |DIARIO LIBRE
Conflicto de intereses genera dudas sobre la gestión del nuevo titular de Medio Ambiente
Productores de Valle Nuevo. Productores de Valle Nuevo.
SANTO DOMINGO. La designación de Ángel Estévez, antiguo ministro de Agricultura, como nuevo ministro de Medio Ambiente, supone un conflicto de intereses que preocupa a grupos ambientales del país.
La actividad comercial del nuevo incumbente, vinculada a la importación y siembra de productos del agro, motivó al movimiento SOS Ambiente RD a demandar la continuidad de planes ambientales iniciados durante la pasada gestión de Francisco Domínguez Brito, como el rescate de Valle Nuevo y los planes de co-manejo en la Sierra de Bahoruco.
“Desde SOS Ambiente vemos con preocupación la designación al frente del Ministerio de Medio Ambiente de un ministro vinculado con la agricultura, dado que una de las principales amenazas a nuestras áreas protegidas es precisamente la agricultura, actividad ilegal prohibida en dichas áreas”, plantean.
En la declaración Jurada de Patrimonio que el ministro Estévez presentó en 2016, donde refleja un patrimonio de unos RD$164.4 millones, detalla que tiene capital invertido de RD$620,000 en Eurosuministro SRL; RD$3.6 millones en Tavan Caribe SRL; de RD$2.9 millones en Agroterra Dominicana; RD$30.3 millones en Comercial Estévez , SRL, y de RD$50,000 en Joara Import, SRL.
En el caso de Eurosuministro SRL, coinciden en actividad comercial con Eurosuministros EC, registrada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) el 14 de abril de este año, con Jaime Rafael Peralta Fernández como titular y dedicada a la importación y comercialización de agroinsumos y semillas.
Una llamada a la compañía, que funciona en La Vega, confirmó que se trata de la misma empresa, aunque en los datos de Onapi, presenta domicilio en la Av. Prolongación 27 de Febrero, número 1515.
En 2011, varios medios de comunicación publicaron información y foto de la firma de un acuerdo entre el ministro Estévez, como presidente de Eurosuministros y Gerardo Lugo, representante de Monsanto, para la comercialización en el país de semillas de la marca De Ruiter Seeds.
La firma se llevó a cabo en la Junta Agroempresarial, entidad que por años dirigió Osmar Benítez, designado esta semana como ministro de Agricultura, con el mismo decreto, el 168-18, con el que presidente Danilo Medina nombró a Estévez y otros siete funcionarios más.
A pocos meses de la firma del acuerdo, el Clúster de Invernaderos de República Dominicana informó que estaban recibiendo notificaciones de sus clientes europeos, que advertían que dejarían de comprarles tomates y pimiento morrón si “las semillas transgénicas de Monsanto” habían entrado a los invernaderos nacionales. Pero Benítez fue pronto en aclarar, en ese momento, que no había transgénicos en esos productos, y precisó que la JAD solo prestó el local para el acuerdo, pero que no era parte de él.
En esa época, grupos ambientalistas advertían además de que el uso de transgénicos presenta impactos negativos en la biodiversidad, en el medio ambiente y en la salud de los consumidores.
Pero la preocupación de SOS Ambiente se centra hoy en las actividades agrícolas que se desarrollan en zonas protegidas.
“Hemos visto recientemente de qué manera la actividad agrícola en parques nacionales como Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco genera desde deforestación de bosques nativos y secuestro de agua, hasta merma de la diversidad de especies presentes en ellas”, resalta Chino Sing, vocero de SOS Ambiente.
Adelantan que se mantendrá alerta para que el avance del supuso plan de rescate de Valle Nuevo siga su curso, también se mostró confiado en que se continuará el proceso de creación del consejo de comanejo en la Sierra de Bahoruco.
Recuerdan que desde el 2015 vienen denunciando la crítica situación de ese parque nacional en su vertiente sur, donde una gran porción se encuentra “secuestrada” por aguacateros que operan de manera ilegal dentro de esa área protegida.
Les preocupa que esos aguacateros hayan sido apoyados públicamente por el nuevo ministro de Medio Ambiente, en sus antiguas funciones de ministro de Agricultura.
Las otras empresas de Estévez
Tavan Caribe también está relacionada, según su registro en Onapi, a la producción de frutas y hortalizas, importación, exportación y comercialización de productos agrícolas entre el área del Caribe y Europa, entre otras actividades. Agroterra Dominicana tiene como actividad registrada representación, importación y formulación de agroquímicos de uso agrícola. Comercial Estévez (Comesa) está registrada a nombre de Ángel Francisco Estévez, y su actividad es la comercialización de productos agroquímicos. A través de su portal web, se informa que la empresa da servicios de análisis de agua y consultas técnicas y diagnósticos para la aplicación de productos a plantaciones.
https://www.diariolibre.com/noticias/conflicto-de-intereses-genera-dudas-sobre-la-gestion-del-nuevo-titular-de-medio-ambiente-GH9854558

lunes, 9 de octubre de 2017

La CPI investiga corrupción en su seno

EL MUNDO

La CPI investiga corrupción en su seno

La Corte Penal Internacional anunció que había tomado “medidas cautelares” contra dos de sus empleados mientras se investiga si filtraron información al exfiscal Luis Moreno Ocampo que podría comprometer a la institución
Niederlande UN-Gerichtshof Luis Moreno-Ocampo zu Sudan Darfur (AP)
El exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo (2003-2012), en el ojo del huracán.
Este jueves (5.10.2017), Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), emitió un comunicado en el que anunciaba la implementación de "medidas cautelares” contra dos de sus empleados para "proteger” los intereses de la institución mientras se realiza una investigación interna. Se sospecha que los funcionarios en cuestión filtraron información al exfiscal de ese tribunal Luis Moreno Ocampo (2003-2012) y que, al hacerlo, comprometieron el funcionamiento cabal y la reputación de la institución.
El lunes pasado (2.10.2017), un reportaje periodístico reveló que Ocampo había trabajado para Hasán Tatanaki, un magnate libio cercano al dictador libio Muamar el Gadafi (1969-2011) que cambió de bando cuando comenzaron las revueltas de la llamada Primavera Árabe en 2011. Tatanaki decidió apoyar a Jalifa Hafter, un mariscal libio sublevado que es objeto de averiguaciones en el CPI. Tras pasar años fuera de su país, Hafter regresó a Libia para apoyar a los adversarios de Gadafi durante la guerra civil que afligió al Estado magrebí.
En 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU le pidió a la CPI que evaluara los indicios de posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos en Libia. En ese momento, Ocampo todavía era fiscal jefe del tribunal. Un año más tarde, cuando se separó de ese cargo, Ocampo habría aceptado una oferta de tres millones de euros para asesorar a Tatanaki y "protegerlo de procesos penales”. Eso sostienen medios miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC) y con acceso a miles de documentos de la CPI filtrados.
Niederlande Den Haag Gerichtsvollzieherin Fatou Bensouda beim Fall Jean-Pierre Bemba (picture-alliance/AP Photo/J. Lampen)
Fatou Bensouda, actual fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI).
El “caso Ocampo”
Cuando Ocampo ya no formaba parte de la corte de La Haya, un empleado de la Fiscalía del tribunal se habría puesto en contacto con él para advertirle que Hafter estaba por ser investigado en la CPI debido a un discurso televisivo en el cual el militar amenazaba de muerte a aquellos que no se unieran a su causa. Esa alocución fue retransmitida a través de un canal de Tatanaki. Ocampo decidió elaborar "una estrategia para aislar” al magnate libio, según los documentos de la investigación periodística.
El exfiscal ha precisado que sólo recibió del magnate 750.000 dólares y ha dicho estar convencido de que ayudarle fue algo "no sólo legal, sino también correcto”. Por otro lado, fuentes de la Fiscalía aseguraron que desde que Ocampo terminó su mandato, "la oficina se abstiene de iniciar contactos o de entablar conversaciones con él sobre la labor” de ese órgano. La actual fiscal, Fatou Bensouda, "ha aclarado esta posición a Ocampo en el pasado” y "le ha pedido que se abstenga de cualquier pronunciamiento o actividad pública que pueda interferir con las actividades de la Oficina o desacreditarla”, pues "no habla ni actúa en nombre de la Fiscalía”, indicaron las fuentes.
La investigación periodística también ha señalado que Ocampo tuvo una empresa "offshore” durante su mandato. El exfiscal ha negado esa imputación. La CPI "no prejuzga la exactitud de esas acusaciones” y, en caso de ser ciertas, la corte "no era consciente de esas cuentas”, arguyeron las fuentes. Por otra parte, la Oficina de la Fiscal sí iniciará una investigación de parte de su personal para averiguar si no se ha respetado "el marco jurídico interno del tribunal”. El periódico neerlandés "NRC” ha señalado que una trabajadora de la Fiscalía está bajo sospecha de haber usado una dirección electrónica falsa para gestionar una petición de Ocampo a cambio de dinero. Bensouda no ha revelado la identidad de los empleados contra los que ha ordenado medidas cautelares, pero lo ha descrito como "dos miembros de mi equipo”.
ERC ( EFE / epd / AFP )

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