SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Jimmy Morales: “triste y lamentable” Guatemala exija visa a dominicanos
Expresidente Jimmy Morales: es “triste y lamentable” que Guatemala exija visa a dominicanos
4 abril, 2023 El Caribe /
SANTO DOMINGO.- El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, calificó de “triste y lamentable” la decisión tomada recientemente por las autoridades de su país de exigir visa a los ciudadanos de la República Dominicana para ingresar a esa nación centroamericana.
Morales sostuvo que con esa decisión, el gobierno de su país ha dado “un paso atrás”, tomando en cuenta el proceso de integración de Centroamérica con la República Dominicana, que según dijo “es un gran logro”.
Recordó que en su administración, 2016-2020, se autorizó ese visado para que los dominicanos pudieran llegar a Guatemala sin la necesidad de visa.
Llamó a la Cancillería guatemalteca a recapacitar sobre esa decisión de exigir visado a los ciudadanos dominicanos.
“No es bueno ese tipo de visado. Ojalá recapacite la Cancillería guatemalteca y quiten ese visado, porque era un paso avanzado en nuestras buenas relaciones”, agregó.
El exgobernante guatemalteco habló sobre el tema durante una entrevista en el programa “Silvia en Perspectiva” que produce la abogada y comunicadora Silvia García, que se transmite por Teleradio América, canales 45 y 12
Morales, quien es diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), aprovechó la ocasión para saludar al expresidente Danilo Medina, que en el período que gobernó a Guatemala fueron homólogos, y de quien dijo le guarda mucho respeto y cariño.
Señaló que junto al excanciller Miguel Vargas hicieron cosas buenas para la región, “y ojala que se restablezcan y sobre eso se pueda construir más”.
Proceso de integración
El expresidente Morales manifestó que como parte del proceso de integración de Centroamérica, se han logrado muchos avances, como los acuerdos alcanzados entre Guatemala y Honduras con respeto a la unión aduanera.
Indicó en ese orden, que el tiempo para transportar mercancías por las aduanas de ambas naciones a través de los camiones por la frontera, se redujo de 25 horas a 15 minutos, y lo propio ocurrió con El Salvador, “y ojalá ese proceso de unión aduanera continúe para involucrar a todos los países de la región, incluido República Dominicana, que por la distancia, sería marítima y aérea”.
“Yo soy creyente en la integración, porque la integración es muy importante en lo económico, porque respalda lo social y lo político”, dijo.
Resaltó que la República Dominicana puede ser la puerta de Centroamérica para los países del Caribe, por lo que propuso que al PARLACEN se le cambie el nombre por Parlamento Centroamericano y del Caribe (PARLACENCA).
“Nunca pensé que en Guatemala la corrupción fuera de este tamaño ni el nivel de apoderamiento del Estado” | Internacional | EL PAÍS https://t.co/7dHb7fwsEE
“Nunca pensé que en Guatemala la corrupción fuera de este tamaño ni el nivel de apoderamiento del Estado”
El fiscal colombiano que lucha contra la corrupción concede a EL PAÍS una de las pocas entrevistas desde que fue expulsado de Guatemala. Reconoce que se enfrenta a una red corrupta formada por exmilitares, diputados y empresarios y que fue ingenuo al no medir su fuerza y tamaño. Sostiene que intentará volver en enero
Iván Velásquez, comisionado de la CICIG durante la entrevista con EL PAÍS en El Salvador.FOTO | VÍDEO: JESSICA ORELLANA
Unas horas después de la entrevista en un hotel de San Salvador, el jueves por la noche, a 250 kilómetros de ahí, se produce una escena: en un edificio gris de Ciudad de Guatemala protegido por altos muros y alambrada, un grupo de jóvenes fiscales celebran el éxito de una operación contra el financiamiento ilegal de los partidos que ha permitido emitir una orden de detención contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón y nueve personas más por lavado de dinero y asociación ilícita. La operación incluyó registros en domicilios, detenciones, interrogatorios y muchos meses rastreando cuentas, depósitos y facturas.
La CICIG (Comisión contra la Impunidad) una especie de Audiencia Nacional creada por la ONU para casos de corrupción y alto impacto —en el país 143 más corrupto del planeta sobre de una lista de 180— considera que el empresario de autobuses que estuvo a punto de convertirse en presidente de Guatemala, desvió fondos para financiar sus campañas de 2011 y 2015. Un secreto a voces que la CICIG lleva al banquillo.
El magistrado que encabeza la investigación es un colombiano de 63 años, barba cana y maneras de viejo profesor de Derecho, que no puede intercambiar una palmada en la espalda con sus colaboradores, porque el presidente de Guatemala, Jimmy Morales impide su entrada al país y lo ha declarado persona ‘non grata’. Antes de esto metió en la cárcel al expresidente, Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta, a siete ministros y decenas de diputados y empresarios.
La Corte Constitucional de Guatemala ha dicho que prohibir su entrada al país es ilegal, pero el mandatario se niega y Velásquez lleva tres meses viviendo entre El Salvador y Estados Unidos desde donde dirige la CICIG, con la misma maleta con un puñado de camisas con las que salió del país. "Sabía que podía pasar, pero no me esperaba que no me dejaran regresar. Me llevé muda para una semana", bromea.
En una de las primeras entrevistas que concede desde el 3 de septiembre, Velásquez reconoce que el procesamiento por fraude al hijo del presidente Jimmy Morales (por un delito de facturas falsas que no llegaba a los 35.000 dólares) fue el punto de quiebre en la relación con el mandatario. Poco después llegó la investigación contra su padre y la embestida político-empresarial, que incluyó las maniobras de un lobby en Estados Unidos, para que retirara su aportación económica.
Morales, investigado por financiación ilegal, tomó la decisión de prohibir su entrada y anunció que, en 2019, terminará la misión de las Naciones Unidas tras 11 años de trabajo en el país.
Para el jurista, la explicación a una reacción tan "poderosa y financiada", se debe a que estaban llegando al núcleo del problema. "En 2014 (cuando llegó el cargo) teníamos la hipótesis de que la corrupción anidaba en muchas dependencias del estado, lo que les permitía un accionar fácil e impune. Pero, tras el caso de La Línea (que en 2015 procesó al expresidente, la vicepresidenta y siete ministros) nos damos cuenta de que Guatemala es un Estado capturado", resume.
Velásquez admite que enfrenta una red "que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares". En este frente proimpunidadVelásquez coloca a "empresarios procesados, exmilitares, miembros del gobierno, diputados y altos cargos del Partido Patriota con el respaldo de algunos jueces y abogados". "Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente", señala.
Creada en 2006, la CICIG fue un novedoso invento de las Naciones Unidas que se puso en marcha cuando Guatemala, con unos 18 millones de habitantes, pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, controlado por un puñado de empresarios, militares y políticos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno. Desde su aparición, ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual Iván Velásquez. Durante los últimos cinco años de trabajo de la CICIG, 60 grupos criminales, muchos de ellos con vínculos con el Gobierno, han sido desarticulados y 680 personas han sido procesadas por corrupción.
— ¿Intuía que la putrefacción en Guatemala era tan grande?
— No, no. Pensaba que la corrupción estaba focalizada y que se trataba solo de "manzanas podridas" pero nunca pensé que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado, responde.
— Si la CICIG se va, ¿habrán ganado los malos?
— Depende de la sociedad guatemalteca si quieren seguir construyendo o admiten la regresión.
— ¿Intentará regresar?
— Tengo el propósito de regresar y probablemente en enero eso sería posible, responde
Iván Velásquez, comenzó su carrera judicial en el Medellín de Pablo Escobar. Posteriormente, fue el fiscal estrella que desmontó la estructura de la parapolítica en Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Con esos antecedentes, que el gobierno de Guatemala le haya declarado "un peligro para la seguridad nacional", le provoca más indignación que temor.
Durante los cuatro años que lleva al frente de la CICIG ha sido criticado por hacer "show mediático", abusar de la prisión preventiva —156 personas llevan años a la espera de juicio— o su poca habilidad a la hora de elegir sus enemigos, como fue hijo del presidente por un caso aparentemente 'menor'.
Velásquez, sin embargo, cree que cada condena "contribuye a fortalecer la democracia", en un país que vive en un delicado equilibrio social, solo 22 años después de una guerra civil que dejó 200.000 muertos. "El delito del hijo del presidente apareció de forma no buscada. Y entonces, ¿qué debíamos hacer, mirar para otro lado? ¿O no actuar contra las televisiones que financiaron ilegalmente a los partidos porque nos echamos en contra a medios muy poderosos?", se pregunta. "Mostrar públicamente los casos es una forma de demostrar que las instituciones están trabajando. La construcción de una cultura de la legalidad implica una cultura de las consecuencias, que también alcanza a hombres poderosos". "Es probable que fuera ingenuo, al no tomar precauciones, pero creo que se trata de una virtud de la justicia para no parcializarse".
Sobre la lentitud en las condenas, el fiscal lo atribuye a un deliberado abandono de la justicia, con muchas décadas de vida. "Guatemala tiene seis jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media latinoamericana porque creían que era solo para perseguir a ladrones de bolsos y celulares". "Hemos demostrado que es posible la lucha contra la corrupción y la impunidad y ahí están las pruebas, pero en el Estado actual del país y del sistema de justicia, es imposible ganar esta guerra contra la impunidad".
Velásquez celebra que las condiciones de vida en las cárceles o la dureza de las penas se ha convertido en un tema de debate público, desde que presidentes, ministros o empresarios han comenzado a desfilar por prisión. "Nunca les interesó el estado de las cárceles o las leyes que regulan la privación de libertad, porque eran un invento de los defensores de Derechos Humanos que son todos comunistas", ironiza el jurista.
Para Iván Velásquez hay una evidente relación entre corrupción y pobreza y no le han sorprendido las caravanas de migrantes. "La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna de las personas también en lo material". "Hay ayuntamientos donde se roban dos y tres millones de dólares en un país donde el 46% de los niños de menos de cinco años tienen desnutrición crónica. O zonas, como Alta Verapaz, con municipios donde la desnutrición llega al 85% (…) El Estado no puede ser el botín de unos pocos y que lo llamen democracia".
Durante los cuatro años en el cargo Velásquez le han llamado "extranjero y comunista". Durante este tiempo ha vivido en el búnker de cemento gris sede de la CICIG y una de las pocas salidas que hacía era ir a misa cada domingo. El Falcone de Guatemala levanta odios y pasiones como si fuera un futbolista, pero los guatemaltecos lo tienen claro; el 70% apoya su permanencia en el país frente al 15% de popularidad del mandatario. Desde que Morales anunció que la CICIG saldrá del país el próximo año, una sensación de orfandad se ha instalado entre los que aspiran a una Guatemala distinta.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionCómo afecta a Guatemala la abrupta salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
Guatemala vive horas decisivas.
El gobierno de Jimmy Morales adelantó de forma abrupta la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el organismo respaldado por Naciones Unidas que ha liderado durante la última década la persecución de los casos más sonados de corrupción en la nación centroamericana.
Morales, contrario a los mandatos de la Corte Constitucional -que validó la permanencia de la Cicig y la de sus investigadores en el país-, dio 24 horas a los miembros de la comisión para salir de Guatemala.
Bajo la lupa de la iniciativa anticorrupción han pasado desde policías y jueces hasta expresidentes e, incluso, el propio Morales y algunos de sus familiares.
El portavoz Matías Ponce confirmó en un mensaje a BBC Mundo que la comisión activó un plan de contingencia y solicitó a su personal salir del país "hasta nuevo aviso".
Derechos de autor de la imagenEPAImage captionEl gobierno de Guatemala decidió adelantar el fin del acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y ordenó la expulsión de sus investigadores.
Para los críticos del gobierno, la orden es un paso unilateral de Morales que viola el convenio con Naciones Unidas y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático.
Para quienes apoyan el gobierno, se trata de un acto de defensa de la soberanía nacional, ante lo que consideran violaciones de los términos que dieron origen al acuerdo con la ONU.
Pero ¿qué pasa actualmente en Guatemala y por qué causan tanta polémica la expulsión de la Cicig?
En busca de algunas respuestas, en BBC Mundo conversamos con Martín Rodríguez, analista político, periodista y director de Nómada, diario digital de Guatemala.
¿Cómo llega la Cicig a Guatemala y cuál ha sido su función?
Guatemala inventó hace más de una década una comisión contra la impunidad y contra la corrupción y pidió a Naciones Unidas que la ayudara en este propósito, porque el Estado ha permanecido por años capturado por redes legales e ilegales que impiden que la Justicia funcione en el país.
Durante los últimos diez años, la Cicig -que es una entidad autónoma que trabaja junto a la Fiscalía Nacional con financiamiento internacional-, empezó a desmantelar muchas estructuras dentro de la policía, que cometía crímenes; dentro de los juzgados, que recibían sobornos y otros muchos puentes ilícitos.
Estos mecanismos han ayudado a limpiar el país y se ha avanzado en ese sentido en Guatemala. Solo en los últimos cuatro casos hay unas 650 personas con mucho poder en la cárcel.
Derechos de autor de la imagenEPAImage captionLa decisión del gobierno guatemalteco de expulsar a la Cicig despertó protestas a favor y en contra.
¿Cómo se llega entonces hasta su expulsión y por qué ha resultado tan controvertida?
En 2015, sucedió que el comisionado Iván Velázquez (cabeza de la Cicig en Guatemala) no solo persiguió a las estructuras que permitían la impunidad, sino las formas en la que se financiaban.
Así descubrieron que esto ocurría por forma de contrabando y por medio de financiamiento electoral ilícito. Así fue como llegaron hasta al (entonces) presidente Otto Pérez Molina, que fue acusado y llevado a la cárcel estando en el poder.
Luego vino el nuevo presidente, Jimmy Morales, que fue electo bajo el eslogan de luchar contra la corrupción, pero que después la comisión descubrió que también había recibido financiamiento electoral ilícito.
Entonces, cuando lo acusó para un impeachment que finalmente no pasó porque el presidente tiene mayoría en el Congreso, Jimmy Morales comenzó una campaña de boicot contra la Cicig que culminó con su expulsión física no sabemos por cuánto tiempo.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage caption"Jimmy Morales comenzó una campaña de boicot contra la Cicig" después de recibir una acusación de impeachement, dijo el analista Martín Rodríguez.
El presidente, sin embargo, afirma que la decisión obedece a que la Cicig ha quebrantado los términos de su mandato y ha violado los derechos humanos de algunos acusados, algo que también sostienen congresistas y otros funcionarios.
El porciento de veracidad de las afirmaciones sobre que ha violado el término del mandato y el pacto con la ONU es 0%: se puede asegurar que la Cicig se ha apegado plenamente a su mandato.
Sobre el tema de si ha violado los derechos humanos de los acusados, tal vez el porcentaje de veracidad tenga un 1%.
Vale aclarar que la Cicig no mantiene en la cárcel a nadie. La Comisión, junto a la Fiscalía, acusa y los jueces son los que deciden si las personas van a la cárcel o si permanecen en ella en lo que duran los juicios.
Hay un contrapeso judicial y en muchas ocasiones los jueces han exculpado a algunas personas, porque ha habido una acusación débil, las han rechazado o han enviado a prisión domiciliaria o libertad condicional a los acusados.
Uno de los casos que el presidente presentó para comprobar estas violaciones fue una familia rusa que entró al país ilegalmente, compró pasaportes ilegales y que fue capturada como parte de una red de falsificación.
Causalmente, esa familia hoy tuvo acceso a las cámaras de seguridad del aeropuerto para denunciar a la Cicig. Y uno se pregunta, ¿cómo el gobierno le cede el acceso a las grabaciones del aeropuerto a un condenado por pasaportes falsos?
Creo que el gobierno ha perdido todos los papeles por el afán del presidente de evitar que lo persiga la justicia por el financiamiento ilegal de su campaña.
Derechos de autor de la imagenEPAImage caption"Creo que el gobierno ha perdido todos los papeles por el afán del presidente de evitar que lo persiga la justicia", opina Rodríguez.
Pero las investigaciones al presidente y su campaña ya tienen más de un año. En septiembre pasado, Morales dio un plazo de un año para que la Cicig se retirara. ¿Qué puede haber llevado a adelantar de forma abrupta esta salida?
En primer lugar, porque si bien el Congreso protegió al presidente del impeachment, la comisión continúo estudiando el caso y llegó hasta los financistas, que son diez de los más grandes empresarios del país. Ocho de ellos pidieron perdón públicamente por haber entregado dinero fuera de la ley.
Como el caso continuó, al igual que las investigaciones, los aliados del presidente, que aunque pocos son muy poderosos (tiene la mayoría del Congreso, de la Corte Suprema y empresarios y políticos que también han sido o son investigados) son los que han impulsado al presidente a esta decisión, porque temen que la causa anticorrupción los cerque.
Otro tema es que las elecciones van a ser convocadas en diez días y los candidatos cercanos al gobierno no tienen ninguna posibilidad de ganarlas. La candidata favorita es la exfiscal Thelma Aldana, que ha apoyado las investigaciones de la Cicig, por lo que ahí también puede haber un motivo.
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionGuatemala tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en junio de este año.
¿Qué puede significar esta decisión para la estabilidad democrática y constitucional en Guatemala?
En medio de la inestabilidad que hemos tenido como país en estos últimos 33 años de democracia ha habido algo que ha sido certero: la máxima autoridad del país para interpretar la ley es la Corte de Constitucionalidad.
Desde 1985 hasta hoy solo ha habido dos ocasiones en las que no se han respetado las sentencias de la Corte. La primera fue hace más de dos décadas cuando Jorge Serrano intentó desconocer la Corte y hubo un golpe de Estado que fue revertido. La segunda es ahora.
Con la expulsión de la Cicig se ha dado una ruptura del orden constitucional porque no se respeta la palabra de la Corte y supone que el presidente pueda volver a desconocerla o la desintegre y ya no haya ninguna legalidad más que la de las armas.
En mi criterio, se trata de un golpe de Estado en cámara lenta porque es difícil de percibir los efectos de este quiebre constitucional de forma inmediata.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionPara el analista, Guatemala vive "un golpe de Estado en cámara lenta".
¿Se pueden esperar manifestaciones o protestas como las que llevaron a la caída de Otto Pérez Molina? ¿Qué puede implicar esto para el futuro democrático de Guatemala?
En realidad es muy pronto para ver qué puede pasar. Ahora uno mira la vida en la Ciudad de Guatemala y es normal. Pero en futuro, ese consenso nacional de 33 años de acatar las órdenes de esa corte máxima está roto y puede pasar que no se reconozcan los resultados electorales de junio o no se respete la libertad de prensa o manifestación.
Con esta decisión, el presidente ha roto el régimen constitucional y ahora tenemos que ver cuáles serán las consecuencias a largo o mediano plazo de esto.
Esta nota fue actualizada tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de suspender la decisión de Morales de expulsar a la misión de la ONU.
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