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viernes, 20 de abril de 2018

El Compromiso de Lima frente a la corrupción y la Declaración sobre Venezuela | Eulogio Santaella

El Compromiso de Lima frente a la corrupción y la Declaración sobre Venezuela

Eulogio Santaella - 20 de abril de 2018
Eulogio SantaellaEn Lima hubo eventos fuera de agenda. Un bullicioso y nutrido colectivo cubano denostó a participantes de la Cumbre, especialmente al Secretario General de la OEA Luis Almagro. No obstante, la “Declaración sobre Venezuela” fue firmada por 16 Jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Perú, además del Vicepresidente de Estados Unidos. El Presidente Medina tenía la coartada  perfecta para no endosar esa Declaración, pues había propiciado negociaciones entre Maduro y su oposición. Un mediador no debe transmutarse en procurador fiscal ni en testigo de cargo. Esta Declaración  abarcó: 1.- Elecciones con garantías. 2.- Respeto de los derechos humanos. 3.- Apoyo a la Asamblea Nacional. 4.- Asistencia humanitaria a través de la ONU. 5.- Diáspora y migración con preocupante éxodo de venezolanos 6.- Restablecimiento de la democracia. 7.- Recuperación económica con apoyo internacional, una vez restaurado el orden democrático y constitucional.
Gobiernos y organizaciones públicas y privadas se pronunciaron  enérgicamente contra la corrupción. Este claro mensaje quedó materializado en el “Compromiso de Lima”. El Presidente Medina ocultó a Punta Catalina. Aparentó estar contra la corrupción, señalando: “La República Dominicana se identifica plenamente con el espíritu y la letra del Compromiso de Lima  sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Abordó una supuesta transparencia presupuestal, a falta de logros concretos contra la corrupción. Dijo allí, lo mismo que dijo aquí el 27 de Febrero: “Esto quedó demostrado en Enero  de 2018, cuando el Informe Mundial sobre el Índice de Presupuesto Abierto Internacional situó a la República Dominicana en el lugar número 20 de los 115 países que fueron evaluados”. El 2 de Marzo en mi artículo “Danilo huyendo hacia delante por su fracaso en Catalina”, repliqué: “Sacamos una buena nota de 66, pero Danilo no dijo que su gobierno se quemó con una bajísima nota de 17 sobre 100 en el renglón de “Participación Pública”. “International Budget Participation” dictaminó que: “La República Dominicana provee pocas oportunidades para que el público participe en el proceso del presupuesto”. Con esa reprimenda Danilo debería publicar, rápidamente, la ejecución presupuestaria de Catalina, incluyendo todos los pagos a terceros y los exorbitantes costos financieros”. Hasta aquí el artículo citado. 
El Presidente Peruano, Martín Vizcarra, el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el Secretario General de la OEA y todos los otros dignatarios propugnaron por la cooperación internacional para luchar solidariamente contra la corrupción. Danilo no podía decir que hizo una auditoría a Odebrecht. Tampoco, que la PGR instrumentó un sólido expediente acusatorio por esa corrupción. No mostró la virilidad de su discurso sobre Barrick, del 2013. Danilo pudo reivindicarse, si hubiese solicitado, pública y personalmente, apoyo al Presidente Peruano para que su Procuraduría  y otros organismos orientaran a la PGR Dominicana explicándole cuál fue el procedimiento seguido por los peruanos para lograr interrogar al propio Marcelo Odebrecht, quien confesó, entre otros temas relevantes, que él –Marcelo- personalmente, había autorizado pagar sobornos para financiar todas las campañas, de todos los candidatos presidenciales del Perú, incluyendo los triunfadores y los derrotados. También la Procuraduría  Peruana logró que el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, retornara a ese país y, bajo Acuerdo de Lenidad, fuera interrogado , sustentando los cargos del expediente acusatorio , y  como testigo de cargo en el próximo juicio contra empresarios, funcionarios, y hasta Ex -Presidentes y consortes .Con tales interrogatorios, aquí  también se confesarían sobornos para adjudicaciones y sobrevaluaciones Si hubiese pedido apoyo a Vizcarra, habría sido yo el primero en reconocer  ese comportamiento de Medina.
Danilo sabe, por su origen político, que el Premier Soviético Khruschev, participante activo del estalinismo, pudo reivindicarse históricamente denunciando en 1956 los crímenes de Stalin en su  “Discurso del XX Congreso del PCUS”. Empero, reincidió reprimiendo. Balaguer intentó  reivindicarse, denunciando el trujillismo, pretendiendo desvinculase del tirano, en su Discurso ante la ONU, en 1961, estando todavía Ramfis aquí.
El Compromiso de Lima y la Declaración de Venezuela propugnan por  campañas electorales limpias, sin financiamiento sucio. Impidamos las reelecciones de Maduro y  Danilo enarbolando la consigna de Francisco Madero para derrotar la  dictadura de Porfirio Díaz: “Sufragio Efectivo no Reelección”. También  su corolario: “Sufragio con Efectivo no Es Elección”. https://acento.com.do/2018/opinion/8557135-compromiso-lima-frente-la-corrupcion-la-declaracion-venezuela/
Eulogio Santaella
Ingeniero. Fue administrador del Consejo Estatal del Azúcar y embajador en Washington. Profesor universitario. Empresario.

jueves, 19 de abril de 2018

Danilo en Lima | Por Orlando Jorge Mera @orlandojm

VIII Cumbre de las Américas: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”

Danilo en Lima

Por: Orlando Jorge Mera 
orlandojorgemera@yahoo.com e-mail: redaccion[@]elnacional.com.do Publicado el: 18 abril, 2018 



Terminada la VIII Cumbre de las Américas, que tuvo como tema central “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, es preciso determinar si la República Dominicana pudo exhibir avances notables en la lucha contra la corrupción, o si ante las evidencias demostradas, no pasamos la prueba, y por lo tanto, queda mucho por hacer en este campo que amenaza los cimientos de la democracia.
A juzgar por el discurso del presidente Danilo Medina, los avances en la lucha contra la corrupción se circunscriben en “las nuevas leyes de extinción de dominio y en la transformación de toda la política de adquisición de servicios por parte del Estado” (El Nacional, 14 de abril de 2018).
Es decir que para el presidente Medina el hecho de que “mientras hace cinco años la nómina de proveedores era de 19,000, en 2017 ya eran 72,000” es la mejor demostración de los avances en este renglón.
Pero, cuando se adentra en la lectura del Compromiso de Lima, suscrito y aprobado por la República Dominicana, nos damos cuenta de lo mucho que falta por hacer en este campo, y sobre lo cual, el gobierno del PLD tiene extrema responsabilidad. En efecto, el primer compromiso en el “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” es “fortalecer la autonomía e independencia judicial”, renglón que, en materia de lucha contra la corrupción, el PLD ha reprobado todas las materias.
El presidente Medina no pudo exhibir en la Cumbre de las Américas un solo caso de corrupción de funcionarios del gobierno del PLD que hubiese sido condenado por la justicia, a pesar de las serias denuncias que se han hecho. Basta señalar los casos de la Sun Land, los Super Tucano y Odebrecht, por solo citar algunos que tienen contexto internacional, en los cuales no se ha podido, a estas alturas, obtener la “independencia judicial” para conocer y establecer responsabilidades de los que realmente están involucrados a pesar de las pruebas contundentes.
Implementar el Compromiso de Lima debe ser tarea obligada por todos aquellos que queremos el cambio en el país. No se trata solo de maquillar datos y cifras, como intentó hacer el presidente Medina.
Por solo citar un ejemplo: Un sector del PLD aprueba en el Senado una ley de partidos con primarias abiertas para justamente evitar que el país pueda tener regulado, entre otros aspectos, el financiamiento transparente y rendición de cuentas en los partidos políticos y campañas electorales, que es uno de los temas planteados por el Compromiso de Lima.
http://elnacional.com.do/danilo-en-lima/

sábado, 12 de agosto de 2017

Perú decide expulsar al embajador de Venezuela

AMÉRICA LATINA

Perú decide expulsar al embajador de Venezuela

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dio un plazo máximo de cinco días a Diego Molero para abandonar el país, como condena a la ruptura del orden democrático. Caracas responde expulsando al encargado de negocios peruano.
Venezuela Botschaftler Diego Molero (Imago/Zumapress)
Diego Molero, embajador de Venezuela en Perú, en una imagen reciente.
A través de un breve comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este viernes (11.08.2017) que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió expulsar al embajador de Venezuela en Lima, Diego Alfredo Molero Bellavia, a quien le da un plazo máximo de cinco días para que abandone territorio peruano. Se trata de la decisión más dura tomada por un país sudamericano tras la crisis política que sufre Venezuela.
"En virtud de la medida adoptada por el Gobierno del Perú, nos vemos en la lamentable obligación de expulsar al Encargado de Negocios del Perú en Venezuela, quien dispondrá de cinco días para abandonar nuestro país", dice un comunicado de respuesta de la Cancillería venezolana emitido horas después.
La razón esgrimida por el Gobierno peruano para la expulsión del embajador es la ruptura del orden democrático en el país gobernado por Nicolás Maduro. La cancillería peruana añade en el texto que "ha dado por no recibida la nota de protesta del Gobierno de Venezuela sobre la Declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables". El Gobierno peruano ratificó, en el comunicado, "su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela".
Horas antes, el canciller peruano, Ricardo Luna, dijo que el retiro definitivo del embajador peruano en Venezuela, en protesta contra el Gobierno de Maduro, "es una decisión que tomaremos en el debido momento". Asimismo, Luna había descartado la reunión de mandatarios planteada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reanudar el diálogo político en Latinoamérica, al considerarla una "invitación informal" sin claridad.
Críticas cruzadas
Maduro ha criticado con dureza la reunión sostenida por cancilleres y representantes de 16 países convocados por el gobierno de Kuczynski en Lima. Durante un discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente el jueves 10 de agosto, Maduro se dirigió a su colega peruano señalando que "al presidente estadounidense del Perú, lo reto a que apruebe una reunión de presidentes de América Latina en la que nos veamos las caras y, a través del diálogo, restituyamos las relaciones de respeto".
Por la mañana, el canciller Ricardo Luna había descartado hacer caso a tal propuesta. Asimismo, consideró que el calificativo de "presidente estadounidense" de Maduro a PPK fue "ridículo". El ministro peruano añadió que "esta invitación no está hecha con claridad, no se sabe cuál es la temática, no se sabe a quién está invitando, ni para qué, ni por qué". En tanto Kuczynski, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, llamó a Maduro a renunciar y lo calificó de "dictador".
DZC/LGC (EFE, El Comercio, Reuters)

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miércoles, 9 de agosto de 2017

Cancilleres de 12 países de América y el Caribe suscriben en la "Declaración de Lima" que Venezuela "no es una democracia"

Cancilleres de 12 países de América y el Caribe suscriben en la "Declaración de Lima" que Venezuela "no es una democracia"

cancilleresDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa declaración fue presentada por el canciller de Perú.
Los cancilleres de 12 países de América y el Caribe suscribieron este martes la "Declaración de Lima" por la que consideran que Venezuela "ya no es una democracia" y "son ilegítimos" los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La Declaración de Lima condena además "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".
"Enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza", señala el texto.
El documento establece que los países que la firman sólo reconocerán los actos que según la Constitución de 1999 requieran la aprobación de la Asamblea Nacional cuando ésta efectivamente se la otorgue.
La declaración fue suscrita por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México.
También asistieron a la reunión los representantes de Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay, países que no aparecen mencionados entre los firmantes del texto.
Presentado por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, el documento es la respuesta de 12 países al inicio de los trabajos en Venezuela de la Asamblea Constituyente, un suprapoder conformado exclusivamente por chavistas.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, junto a su homólogo de Bolivia, David Choquehuanca.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, junto a su homólogo de Bolivia, David Choquehuanca.
El gobierno de Venezuela, por su parte, acogió este martes en Caracas una reunión de sus aliados, agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA), en la que participaron los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y varias islas del Caribe, quienes demostraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Durante ese encuentro, Maduro denunció que "Venezuela está siendo agredida por los factores imperiales y las oligarquías latinoamericanas".
La oposición boicoteó la elección de la ANC por considerar que la Constitución establece que su convocatoria debía haber sido aprobada por un referendo previo.
Además, sobre la Constituyente pesa la denuncia de fraude en las elecciones lanzada por la empresa Smartmatic, la proveedora del sistema electrónico de votación.
El presidente Nicolás Maduro llamó a la Constituyente para tratar de poner fin a la ola de protestas opositoras y prometiendo que sacaría al país de la grave crisis económica que vive.
Pero la oposición considera que se trata de una maniobra para evitar convocar elecciones y deshacerse de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición.

Medidas

En la Declaración de Lima, se afirma que Venezuela no cumple con los requisitos y obligaciones establecidos por la ONU en materia de derechos humanos y anunciaron su intención de seguir impulsando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
Fuerzas de seguridad en Venezuela.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLa oficina de derechos humanos de la ONU afirmó que los cuerpos de seguridad en Venezuela han hecho un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes.
Los países firmantes manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria que vive el país sudamericano y manifestaron su condena al gobierno de Maduro "por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano".
En el documento acordaron no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales; y llamaron a detener la transferencia de armas hacia Venezuela, sobre la base de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Esas normas establecen, entre otras restricciones, que los estados no realizarán transferencias de armas cuando estas puedan ser utilizadas para cometer crímenes de lesa humanidad o para ataques contra civiles.
Sobre este asunto se pronunció este martes, la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos al señalar que agentes de seguridad de Venezuela han usado fuerza excesiva para reprimir las protestas, y que el gobierno de Maduro es responsable de violaciones a los derechos humanos.
Los estados firmantes de la Declaración de Lima anunciaron su disposición a apoyar "todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia" en Venezuela.
Además se comprometieron a hacer seguimiento a la situación en ese país, por lo que acordaron volver a reunirse a más tardar durante la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU.

Crisis

Venezuela está sumida en una severa crisis política.
Manifestación de la oposición en Venezuela.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLa oposición lleva más de cuatro meses realizando manifestaciones en la calle.
El país vive desde abril una ola de protestas antigubernamentales en las que han perdido la vida más de un centenar de personas.
El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el TSJ, al que la oposición considera que trabaja al dictado del oficialismo, se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en "desacato".
Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional.
A inicios de mayo, el presidente Maduro anunció la convocatoria a la Constituyente como un mecanismo para recuperar la paz perdida en el país.
El gobierno atribuye la difícil situación venezolana a una "guerra económica" fomentada por la oposición y por Estados Unidos, al que atribuye intenciones de intervenir en el país.
Sin embargo, la oposición considera que la ANC, en cuya elección no participó, es el golpe definitivo a la democracia en Venezuela y que con ella Maduro se ha convertido en un dictador.
Luisa Ortega DíazDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLa Declaración de Lima incluye una manifestación de apoyo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida por la Constituyente.
Entre sus primeras medidas, la Constituyente acordó el sábado pasado la destitución de la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, quien en los últimos meses se convirtió en una voz crítica del gobierno, al que acusó de haberse salido de los cauces constitucionales.
La Declaración de Lima incluyo una afirmación de solidaridad y apoyo con Ortega y el resto de miembros del Ministerio Público, así como una solicitud de acatamiento a las medidas cautelares de protección que acordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a esa alta funcionaria.

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