El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó este lunes, en una reunión sin precedentes, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte por considerarlo un asunto que amenaza la paz y la seguridad mundiales. El Consejo debatió, pese a la oposición inicial de China y Rusia, las atrocidades masivas y sistemáticas contra la población del régimen de Kim Jong-un denunciadas por una comisión de investigación de Naciones Unidas el pasado mes de febrero, que motivaron una petición de la Asamblea General para llevar el caso ante la Corte Penal Internacional.
La mayoría de los miembros del Consejo, con el liderazgo de Estados Unidos y el apoyo de Reino Unido y Francia, entre otros, apoyaron la aplicación de sanciones y que los responsables del régimen de Pyongyang paguen por sus crímenes ante la justicia internacional. China y Rusia fueron también los únicos países que se opusieron a medidas semejantes.
El Consejo no aprobó documento ni resolución alguna, pero el debate, sobrecogedor por los testimonios oídos, tuvo un valor excepcional en un momento de máxima tensión internacional con Corea del Norte. Dado que Pyongyang no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sólo el órgano de seguridad de Naciones Unidas puede remitir los abusos al tribunal con sede en La Haya.
Samantha Power, embajadora de Estados Unidos, consideró que el Consejo debe debatir dicha iniciativa, entre otras. “La población de Corea del Norte vive en una pesadilla. Las violaciones de los derechos humanos son una amenaza a la paz internacional. Se están cometiendo crímenes sistemáticos contra la humanidad. Debemos presionar a Corea porque es sensible a estas presiones”, declaró.
La diplomática hizo un relato espeluznante de algunos de los testimonios recogidos en el informe de Naciones Unidas. “Un exguardia de un campo de detención explicó que cocinaron a un bebé nacido de una violación y se lo dieron de comer a los perros. Si un guardia cuenta esto, ¿qué otros horrores no deben estar ocurriendo?”, se preguntó emocionada.
Power concluyó: “Corea lanzó el ataque contra Sony y amenazó a los trabajadores de la multinacional por miedo a la libertad de expresión. Es absurdo. Cuando un país amenaza con la aniquilación nuclear a quienes denuncian el atroz maltrato que sufren sus ciudadanos, ¿no es una amenaza para la paz mundial? Si Corea del Norte no quiere que hablemos de estos temas, solo tiene que respetar los derechos humanos. Pero esto no va a producirse, así que el Consejo debe remitir este asunto a la Corte Penal Internacional. Así lo han pedido 116 Estados miembros. Es lo mínimo que podemos hacer”.
En el mismo sentido se pronunciaron los representantes de otros países. “No podemos estar al margen. Los responsables de tantas brutalidades deben responder por sus delitos contra la humanidad. El chantaje nuclear de Corea del Norte no nos hará apartar la mirada. Las violaciones deben terminar”, proclamó el embajador francés, François Delattre. Gary Quinlan, de Australia, país promotor del debate, consideró la reunión un “paso histórico”. “La amenaza de Corea no es solo su programa nuclear, sino el atroz trato que dedica a su pueblo. Las violaciones de derechos humanos de esta magnitud son una señal de inestabilidad y de conflictos. Cuando Corea amenaza con hacer pruebas nucleares si se tratan sus atrocidades queda probado hasta qué punto están conectados estos asuntos”, añadió.
Algunos países como Argentina o Chad hicieron exposiciones más matizadas, en las que advirtieron del riesgo de politizar las cuestiones de derechos humanos y de desvirtuar la función del Consejo como máximo garante de la paz mundial. Corea del Sur reclamó más diálogo con el norte. La reunión contó con la presencia del secretario general adjunto de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ivan Simonovic, y del secretario general adjunto de Asuntos Políticos, Tayé-Brook Zerihoun. La delegación de Corea del Norte, invitada a la reunión, se negó a asistir. “Lo que sucede en Corea no tienen parangón en ningún lugar del mundo”, declaró Tayé-Brook Zerihoun. “Esta reunión es una llamada de atención a Corea. Su pueblo necesita la protección y el liderazgo de este Consejo”, añadió Simonovic.
La reunión sienta un precedente interesante ya que, hasta ahora, el Consejo solo había abordado la proliferación nuclear de Corea del Norte como una amenaza mundial. Además, algunos miembros creen que el órgano tendrá a partir de enero de 2015 (cuando se incorporan nuevos miembros no permanentes, entre ellos España) una composición menos sensible a la cuestión. Con el precedente establecido, será difícil que el nuevo Consejo se niegue a ser informado sobre violaciones de derechos humanos en el futuro.
El debate fue solicitado por Australia y otros nueve de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad (Chile, Francia, Jordania, Lituania, Ruanda, Luxemburgo, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos) mediante una carta el pasado 5 de diciembre. En el inicio de la reunión, China manifestó su oposición al debate. “El Consejo debe rebajar tensiones y no hacer nada que provoque una escalada. La inclusión de los derechos humanos en Corea en la agenda se contradice con esos objetivos. Solo traerá daños y no beneficios”. Fue necesaria, por lo tanto, una votación previa para introducir el tema en el orden del día. Votaron en contra Rusia y China. El resto lo hicieron a favor, con la excepción de la presidencia (Chad), que se abstuvo. Era la primera vez que se realizaba un trámite semejante desde el 15 de septiembre de 2006.
El jueves de la semana pasada, la Asamblea General votó a favor de que el Consejo de Seguridad estudie llevar a Corea del Norte ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. La resolución salió con 116 votos a favor, 20 en contra 53 abstenciones. El texto, impulsado por la Unión Europea y Japón, ya había sido aprobado en noviembre por el comité de Derechos Humanos como extensión del informe publicado en febrero por un grupo de investigadores que constató todo tipo de barbaridades en el país asiático.
La resolución incluyó un listado de atrocidades cometidas contra la población, como campos de internamiento, desplazamientos forzosos y otras violaciones de los derechos humanos. La investigación de Naciones Unidas constató políticas de exterminio, asesinatos, esclavitud, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos y persecución por motivos políticos, religiosos, de raza o de género. Según el documento de febrero, 120.000 prisioneros políticos están retenidos en cuatro grandes campos de concentración, donde pasan hambre y sufren trabajos forzosos.
Pyongyang rechazó la resolución. “Es producto de un compló político para intentar cambiar nuestro país”, denunció el embajador ante la ONU, An Myong Hun. El presidente de la comisión de investigación, el juez australiano Michael Kirby, advirtió en febrero a Kim Jong-un de que como líder del país debe asumir su responsabilidad antes esos crímenes.
Ante el temor a terminar ante la Justicia internacional, el régimen norcoreano ha realizado varios movimientos para defenderse. Entre otras cosas, mostró su disposición a cooperar con la ONU e invitó a dos de sus representantes a visitar el país.
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