Boris Johnson ha lanzado su desafío final a la UE con el impulso a una ley para cambiar el Protocolo de Irlanda unilateralmente y de espaldas a Bruselas. Su decisión provocó la reacción en bloque de la patronal CBI, de la oposición en Westminster e incluso de la mayoría de la Asamblea de Irlanda del Norte, en un carta que acusa al "premier" de "un acto grotesco de distorsión política".
"Rechazamos en los mayores términos posibles la temeraria nueva legislación del Protocolo", podía leerse en la carta firmada por 52 de lo 90 asambleístas del Ulster, afiliados a Sinn Féin, el Partido de la Alianza y el Partido Socialdemócrata y Laborista. "Representamos colectivamente a la mayoría y podemos decir que esa ley no expresa los deseos de las empresas ni de la gente en Irlanda del Norte".
"Es muy lamentable que un país como el Reino Unido reniegue así de los tratados internacionales", declaró por su parte el primer ministro irlandés Micheál Martin, que acusó a Johnson de haber llevado a su país "al punto más bajo" tras el Brexit. La ley será previsiblemente votada antes de seis semanas, y decenas de "tories" rebeldes podrían unir sus fuerzas en Westminster a la oposición laborista para torpedearla y dejar en evidencia a su propio líder.
La secretaria de Exteriores británica, Liz Truss, hizo pública la polémica ley este lunes por la tarde, asegurando que se trata de "una solución práctica" para apoyar el Acuerdo de Paz del Viernes Santo. Según Truss, el Gobierno británico se ha visto abocado "a tomar las medidas necesarias para preservar la paz y la estabilidad" al cabo de 18 meses y más de 300 infructuosas horas de negociaciones con la UE, interrumpidas desde la arranque de la guerra de Ucrania a finales de febrero.
El Gobierno británico, que ya estuvo a punto de romper la baraja en enero, ha decidido lanzar el órdago en medio de la crisis política desencadenada por la moción de censura a Boris Johnson, votada por el 41% de sus propios diputados. El "premier" ha sido acusado doblemente por la oposición laborista, por distraer la atención de sus problemas domésticos y por aplicar al escenario internacional la misma "falta de respeto a las leyes" demostrada durante el escándalo del Partygate.
"Esta ley pondrá fin a la situación insostenible actual en la que la gente de Irlanda del Norte es tratada de un modo diferente al resto del Reino Unido", advirtió por su parte Liz Truss. "Se trata de proteger la supremacía de nuestros tribunales y nuestra integridad territorial".
El Protocolo de Irlanda, creado para evitar el regreso a la frontera dura dentro de la isla, establece de hecho lo más parecido a una aduana interior entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A diferencia del resto del país, las reglas del mercado único de la UE siguen en vigor en el Ulster, lo que ha obligado a establecer controles de productos en Belfast y otros puertos.
La ley auspiciada por Johnson recoge una vieja aspiración de Londres: la creación de canales "verdes" y "rojos" para distinguir los productos de consumo interno dentro de Irlanda del Norte y los destinados a la República de Irlanda (para los que sí permanecerán vigentes los controles actuales). El texto establece un "nuevo sistema regulatorio" dual para dar más flexibilidad a las empresas a la hora de elegir entre el sistema británico o el comunitario, y eliminar de paso el papeleo y las trabas burocráticas.
El punto más polémico de la ley es el cambio en la gobernanza del Protocolo, con la eliminación del papel supervisor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (uno de los motivos de constante litigio durante las negociaciones). El Reino Unido reclama también el control de la política fiscal y de la aplicación del IVA en Irlanda del Norte.
En declaraciones previas a la cadena de radio LBC, Boris Johnson minimizó la importancia de los cambios alegando que se trata simplemente de "introducir un conjunto de ajustes triviales" y "arreglar los problemas del Protocolo".
"Todo apunta a que Gobierno planea romper las leyes internacionales", advirtió sin embargo la portavoz laborista de asuntos exteriores Rachel Reeve. "Este Gobierno tiene ya un récord de violaciones de la ley y eso es algo que los laboristas no podemos apoyar".
"Es vergonzoso que se use a Irlanda del Norte como moneda de cambio en la colisión con Europa, y todo diseñado para potenciar el ego y las ambiciones de liderazgo de Boris Johnson o quien sea su sucesor", declaró por su parte Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin, vencedor en las recientes elecciones en el Ulster.
"El Protocolo está funcionando, ha evitado la vuelta a la frontera dura y es el mecanismo que da a Irlanda del Norte acceso al mercado único europeo", agregó McDonald. "Esa es la razón por la que la economía de Irlanda del Norte es más fuerte ahora que la de Gran Bretaña, a excepción de la City de Londres. Lo que el Gobierno está haciendo, intentando romper las leyes internacionales, puede causar un enorme daño económico".
Los partidos de la oposición en bloque han reclamado al Gobierno que publique íntegramente todos los informes legales sobre la ley que pretender "enmendar" unilateralmente el Protocolo de Irlanda. "El rechazo a hacer público el asesoramiento legal es un nuevo intento de encubrimiento por parte de Boris Johnson, con sus repetidas mentiras y violaciones de la ley", declaró el liberal-demócrata Alistair Campbell.
El Partido Democrático Unionista (DUP), que perdió su hegemonía en las recientes elecciones en Irlanda del del Norte y quedó segundo tras Sinn Féin, fue el único que expresó su "satisfacción" por la presentación de la ley del Protocolo "ante la intransigencia de la UE para hacer frente a los problemas". Aun así, el DUP asegura que no depondrá su actitud -negándose a formar parte de un Gobierno de "poder compartido" en Irlanda del Norte- hasta saber qué ocurre finalmente con la legislación.
En un segundo desafío a las leyes internacionales, Johnson planea el martes la salida del primer avión con inmigrantes deportados rumbo a Ruanda. La decisión, calificada en privado como "espantosa" por el propio príncipe Caros, ha recibido duras críticas por parte de la Agencia de Refugiados de la ONU (UNHCR) y se enfrenta a recursos de última hora en los tribunales británicos. Un tribunal de apelaciones falló sin embargo el lunes que los planes del Gobierno pueden seguir adelante.
"Sabíamos que iban a hacer recursos legales, pero nuestros abogados están actuando sobre el terreno y tengo un gran respeto por su profesión", recalcó Johnson. "Lo que estamos intentando es romper el modelo de negocio de las bandas de tráfico humano. Están ofreciendo a los inmigrantes un falsa esperanza".
El flujo de inmigrantes atravesando el Canal de la Mancha sigue sin embargo aumentando pese al anuncio de las deportaciones a Ruanda. Más de 10.000 personas -en su mayoría hombres de origen kurdo iraní o iraquí- han llegado en lo que va de años a las costas británicas. La cifra es ya el doble que el año pasado, cuando se llegó a fin de año al récord de 28.000 inmigrantes.
