El difícil equilibrio entre la libertad y la dignidad
La propuesta consensuada anunciada por el presidente Luis Abinader para modificar artículos del Código Penal y la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento coloca a la República Dominicana ante una prueba decisiva: proteger la libertad de prensa sin convertir el honor, la intimidad y la dignidad humana en territorios indefensos frente al abuso, la difamación y la irresponsabilidad pública.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
La institucionalidad democrática no se mide únicamente por la existencia de leyes, elecciones o poderes públicos formalmente constituidos. Se mide, sobre todo, por la capacidad del Estado y de la sociedad para corregir a tiempo, escuchar con humildad, deliberar con responsabilidad y construir consensos allí donde el conflicto amenaza con dividir. En ese sentido, el anuncio del presidente Luis Abinader sobre el depósito en el Congreso Nacional de modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento no debe interpretarse como un simple trámite legislativo, sino como un momento relevante en la madurez democrática dominicana. El Poder Ejecutivo informó que las propuestas fueron acordadas con comunicadores y sectores de la sociedad civil, con el propósito de equilibrar la libertad de expresión con la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
La libertad de prensa es una conquista civilizatoria. No pertenece a los gobiernos, ni a los partidos, ni siquiera exclusivamente a los periodistas. Pertenece a la ciudadanía, porque sin información libre no hay voto consciente, fiscalización pública ni democracia real. Por eso, cualquier intento de regular el ejercicio de la palabra pública debe ser observado con extrema vigilancia. La historia latinoamericana está llena de normas redactadas en nombre del orden, la moral o la reputación, que terminaron convirtiéndose en instrumentos de censura, persecución o autocensura. La prevención frente a una posible “ley mordaza” no puede despacharse con ligereza, porque la libertad, cuando se pierde, rara vez cae de golpe; muchas veces se va erosionando por interpretaciones ambiguas, sanciones desproporcionadas y silencios inducidos.
Pero la otra cara del debate también exige honestidad intelectual. Defender la libertad de expresión no significa consagrar la impunidad de la mentira, ni convertir las redes sociales en tribunales sin pruebas, ni permitir que la honra de una persona sea destruida por campañas de desinformación, linchamientos digitales o acusaciones irresponsables. La dignidad humana también es un derecho fundamental. La intimidad también forma parte del espacio sagrado de la persona. El honor no puede quedar abandonado ante la velocidad brutal de la viralidad. La democracia no puede proteger únicamente al que habla; debe proteger también al ciudadano que puede ser injustamente devastado por lo que otros dicen de él sin fundamento, sin ética y sin consecuencias.
Ahí radica la complejidad del momento. El país está obligado a encontrar una fórmula jurídica que no castigue la crítica, que no intimide al periodismo investigativo, que no penalice la opinión dura, incómoda o disidente, pero que tampoco deje sin defensa a quienes son víctimas de imputaciones falsas, exposición abusiva o ataques contra su vida privada. Ese punto medio no es fácil, pero es indispensable. El propio presidente Abinader afirmó que el desafío consiste en colocar controles para garantizar derechos como la intimidad y la honra “sin alterar el derecho a la libertad de expresión”, una definición que, convertida en ley, deberá ser precisa, garantista y compatible con los estándares democráticos más exigentes.
La admisión presidencial de que tanto el Gobierno como la sociedad civil debieron iniciar antes la discusión de las modificaciones aporta un elemento saludable al debate. La frase “hacemos mea culpa” no es menor en una cultura política donde demasiadas veces el poder evita reconocer demoras, errores o insuficiencias. El Código Penal llevaba años de discusión y, luego de su aprobación, entró en un período de vacatio legis previsto para realizar ajustes antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto. Ese margen institucional no debe verse como una debilidad, sino como una oportunidad: las leyes importantes deben nacer corregidas por el diálogo, no impuestas por la prisa ni deformadas por la soberbia.
También resulta significativo que el mandatario haya vinculado este proceso con una práctica más amplia de construcción de consensos. Una democracia fuerte no elimina las diferencias; las administra con reglas, escucha y respeto. Consensuar no significa unanimidad, ni mucho menos rendición de criterios. Significa reconocer que los temas sensibles —como la libertad de prensa, la responsabilidad penal, la honra, la intimidad y la dignidad— no pueden resolverse desde una sola mirada. Cuando el poder político se sienta con comunicadores, juristas, sociedad civil y actores institucionales, no está perdiendo autoridad; está ejerciéndola con sentido republicano.
La República Dominicana tiene, además, una responsabilidad particular. El presidente recordó que el país ha ocupado posiciones destacadas durante tres años consecutivos en el Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa. Esa referencia no debe utilizarse como argumento complaciente, sino como compromiso permanente. Estar bien ubicado en indicadores internacionales no exonera de riesgos futuros. Al contrario, obliga a preservar lo alcanzado. La reputación democrática no se hereda indefinidamente: se renueva cada día con decisiones públicas, leyes equilibradas, respeto a la crítica y garantías reales para el periodismo independiente.
El verdadero desafío del Congreso será convertir el consenso político y social en una arquitectura jurídica clara. Una norma mal redactada puede ser más peligrosa que una mala intención, porque deja en manos de la interpretación lo que debería estar definido con precisión. Los tipos penales vinculados a la expresión deben evitar vaguedades. Las sanciones deben ser proporcionales. La crítica contra funcionarios públicos debe gozar de un umbral reforzado de protección, porque quien administra poder público también se somete a mayor escrutinio ciudadano. Al mismo tiempo, debe existir una frontera ética y legal frente a la calumnia deliberada, la imputación falsa de delitos, la invasión de la intimidad y la manipulación destructiva de reputaciones.
En este debate, el país no debe caer en falsos extremos. Ni toda regulación es censura, ni toda crítica es abuso. Ni la libertad de prensa puede ser excusa para destruir honras, ni la protección del honor puede convertirse en pretexto para blindar al poder. La democracia vive precisamente en esa tensión: permitir que la palabra circule con fuerza, incluso cuando incomoda, pero exigir responsabilidad cuando la palabra se transforma en arma de daño injusto. La libertad sin responsabilidad puede degenerar en atropello; la responsabilidad sin libertad puede degenerar en autoritarismo. La institucionalidad consiste en impedir ambos peligros.
El presidente Abinader ha colocado sobre la mesa una definición política de alto valor: que su preocupación central es la democracia dominicana y que su interés es dejar garantías para que, al salir del poder, también pueda expresarse libremente. Esa afirmación tiene una carga simbólica importante en una región donde la tentación caudillista sigue siendo amenaza persistente. Si la reforma constitucional limitó la posibilidad de perpetuación en el poder, la legislación penal y comunicacional debe ahora confirmar que la República Dominicana no retrocederá en libertades públicas. Una democracia no se consolida solo impidiendo la reelección indefinida; se consolida garantizando que ningún ciudadano, periodista, opositor, comunicador o activista tema ejercer su derecho a pensar, cuestionar y publicar.
Lo que está en juego no es únicamente una reforma al Código Penal. Lo que está en juego es el tipo de conversación pública que queremos como nación. Una conversación libre, sí, pero no salvaje. Crítica, pero no infame. Firme, pero no destructiva. Democrática, pero no irresponsable. El país necesita leyes que protejan la palabra, no que la encierren; que defiendan la dignidad, no que silencien la denuncia; que fortalezcan la institucionalidad, no que abran puertas a la arbitrariedad.
Si el Congreso actúa con prudencia, si el Poder Ejecutivo mantiene su compromiso público con la libertad de prensa y si la sociedad civil continúa vigilante, este episodio puede convertirse en una señal positiva de madurez republicana. La República Dominicana tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la democracia no es ausencia de conflicto, sino capacidad de resolverlo con grandeza. Y en esa tarea, la libertad de expresión y la dignidad humana no deben verse como enemigas, sino como dos pilares de una misma arquitectura moral: la de un Estado que protege la palabra porque cree en la ciudadanía, y que protege el honor porque cree en la persona.
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Durante una entrevista con medios de comunicación, el mandatario recordó que, durante tres años consecutivos, la República Dominicana ha ocupado el primer y segundo lugar en el Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa. No obstante, señaló que el uso y abuso de las redes sociales y de medios convencionales ha planteado nuevos desafíos en torno a la protección de otros derechos fundamentales.
“Uno es el uso y el abuso de redes sociales, y no solamente redes sociales, también de medios convencionales. Pero también cómo poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, sin alterar el derecho a la libertad de expresión”, indicó.
Modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión
El presidente explicó que la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento tenía años pendiente de modificación. Dijo que el proyecto fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a comunicadores y especialistas, bajo la coordinación del entonces jurista y actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Rodríguez, lográndose un consenso que fue criticado pese a no haber recibido observaciones del Poder Ejecutivo.
Con relación al Código Penal, recordó que la pieza duró 15 años en discusión en el Congreso y que, tras su aprobación hace 11 meses, se estableció un período de vacatio legis de un año para realizar los ajustes necesarios antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto.
“El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como unas cinco semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones. Y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, precisó.
El mandatario reconoció que tanto el Gobierno como la sociedad civil debieron iniciar antes la discusión de las modificaciones. “Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó”, afirmó.
Diálogo y construcción de consensos
Al ser cuestionado sobre la construcción de consensos, el presidente Abinader destacó el rol del Consejo Económico y Social y reiteró su disposición al diálogo directo con todos los actores políticos y sociales. Citó como ejemplo las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la elaboración de la carta enviada a las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití.
“Yo no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Consensuar no significa que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Esa es mi forma de ser y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio”, sostuvo.
Garantía de la democracia y la libertad de expresión
Sobre los señalamientos de una supuesta “ley mordaza”, el presidente fue enfático en rechazar la acusación y reiteró su compromiso con las libertades públicas.
“Yo salgo en dos años del gobierno. Si hay algo por lo que estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida”, expresó.
El presidente Abinader aseguró que las críticas al Gobierno son necesarias y contribuyen a la gestión pública, y que la propuesta depositada busca un punto de equilibrio.
“Con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente”, concluyó.
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