Un proyecto fiscal con rostro social

Editorial: Un proyecto fiscal con rostro social

El anuncio del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, de que más del 90 % de la recaudación del proyecto anticrisis recaerá sobre el 1 % más rico de la población, constituye un mensaje político y económico de gran calado. En un país donde históricamente los ajustes fiscales han terminado afectando a la clase media y a las mipymes, la promesa de que esta vez el esfuerzo se concentrará en los sectores de mayor capacidad contributiva busca marcar un cambio de paradigma.

La narrativa oficial se apoya en tres pilares: equidad tributaria, responsabilidad fiscal y protección social. El ministro insiste en que no se tocará el ITBIS ni se afectará a las mipymes, lo que refuerza la idea de que el proyecto no es un sacrificio generalizado, sino un esfuerzo focalizado. Además, la promesa de un mecanismo de rendición de cuentas apunta a blindar la iniciativa frente a la crítica recurrente sobre el uso discrecional de los recursos públicos.

Sin embargo, la verdadera prueba estará en la implementación. La capacidad del Estado para captar efectivamente esos RD$40,000–50,000 millones del 1 % más rico dependerá de su éxito en combatir la evasión y la elusión fiscal, fenómenos que históricamente han debilitado la progresividad del sistema tributario. Asimismo, la transparencia prometida deberá traducirse en informes claros y verificables, capaces de sostener la confianza ciudadana y evitar que la medida se perciba como un simple discurso.

En un contexto de crisis internacional, el gobierno busca proyectar una imagen de estabilidad económica y justicia social. El reto será demostrar que el proyecto no solo es “razonable y equitativo” en el papel, sino también en la práctica. Si logra cumplir con lo anunciado, el país podría dar un paso significativo hacia un modelo fiscal más justo y sostenible. Si fracasa, el costo político y social será elevado, pues la ciudadanía ya ha escuchado demasiadas veces promesas similares que no se materializan.

Este editorial concluye con una advertencia: la credibilidad del proyecto no se juega en el Senado ni en los discursos, sino en la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley y de rendir cuentas con transparencia. Solo así podrá convertirse en un verdadero instrumento de crecimiento económico y protección social.

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