Pobreza en retroceso, desarrollo en examen

La reducción de la pobreza monetaria en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026 confirma que el crecimiento económico, el empleo y la mejora de los ingresos pueden traducirse en bienestar real; pero también deja claro que el desafío de fondo sigue siendo convertir ese alivio en movilidad social duradera, menos vulnerable a la inflación y más equilibrada entre el campo y la ciudad.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

La caída de la pobreza monetaria general de 18.1 % en el primer trimestre de 2025 a 15.4 % en igual período de 2026 constituye una señal poderosa de que la economía dominicana está produciendo efectos sociales medibles sobre los hogares. No se trata solo de una mejoría estadística de 2.6 puntos porcentuales, sino de un indicador que revela una relación más virtuosa entre actividad económica, empleo e ingreso disponible para los sectores más vulnerables, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía y la infografía preliminar validada por la ONE y el Banco Central.

Ese resultado adquiere mayor relevancia cuando se observa el entorno macroeconómico en el que se produjo. Durante el primer trimestre de 2026, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló una variación de 4.1 %, y el propio Banco Central informó luego que entre enero y abril de 2026 el crecimiento promedio se ubicó en 4.0 %, por encima del 2.7 % registrado en el mismo período del año anterior, aun en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, mayores costos de transporte y presiones sobre los precios del petróleo. Ese desempeño sugiere que la reducción de la pobreza no responde a un hecho aislado, sino a una economía que, pese a los choques externos, mantuvo capacidad de expansión y transmisión hacia el ingreso de los hogares.

Más importante aún es la composición de esa mejoría. El Ministerio de Hacienda y Economía explica que los ingresos laborales percibidos entre abril de 2025 y marzo de 2026 aumentaron frente al período previo, permitiendo que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, compensando el efecto adverso de la inflación. A eso se sumó la ejecución del aumento de los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados entre abril de 2025 y febrero de 2026, una decisión que impactó de forma directa a los trabajadores de menor poder adquisitivo. Cuando una disminución de la pobreza está asociada al trabajo y no solo a un alivio transitorio, el avance adquiere un carácter más sólido y socialmente significativo.

Los antecedentes inmediatos refuerzan esa lectura. Al cierre de 2025, la pobreza monetaria ya había descendido a 17.3 %, el nivel más bajo de la última década, luego de ubicarse en 19.0 % en 2024, lo que implicó que 172,346 personas superaran la línea de pobreza durante ese año. En paralelo, el país incorporó 133,915 nuevos ocupados, elevó el total de personas empleadas a 5,139,951, registró un aumento de 10.3 % en el ingreso nominal mensual per cápita del hogar y un crecimiento de 6.5 % en el ingreso real, mientras la brecha de pobreza descendió a 4.9 %, el nivel más bajo desde 2015. Visto así, el dato del primer trimestre de 2026 no es una anomalía favorable, sino la continuidad de una trayectoria en la que el mercado laboral y los ingresos han venido jugando un papel determinante.

Sin embargo, un editorial responsable no debe confundir avance con solución definitiva. La misma información oficial muestra que la pobreza rural permanece 4.0 puntos porcentuales por encima de la urbana, con una tasa de 18.8 % en el campo frente a 14.8 % en las ciudades durante el primer trimestre de 2026. Ya en 2025 se observaba esa asimetría: la pobreza general urbana bajó de 18.3 % a 16.5 %, mientras la rural descendió de 22.8 % a 21.6 %. Es decir, la República Dominicana está reduciendo pobreza, pero todavía no lo hace con la misma intensidad en todos sus territorios, y esa diferencia revela una estructura de oportunidades todavía desigual. 

Ese punto es decisivo porque la pobreza monetaria no solo se combate con expansión agregada, sino con calidad y distribución del crecimiento. El Banco Central reporta que entre enero y abril de 2026 las actividades de mayor crecimiento fueron minería (10.7 %), construcción (4.6 %), manufactura de zonas francas (3.7 %), manufactura local (3.6 %) y el conjunto de servicios (4.4 %), destacándose los servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, enseñanza, salud y transporte. Esa canasta sectorial es relevante porque indica una recuperación relativamente amplia, con capacidad de irradiación sobre empleo y encadenamientos productivos; pero también obliga a preguntarse cuánto de ese dinamismo está llegando a la ruralidad, a la informalidad y a los segmentos de menor productividad, donde la vulnerabilidad social suele ser más persistente. 

Por eso conviene leer las cifras con una mirada menos triunfalista y más estratégica. La pobreza monetaria se define como el déficit entre los ingresos de los hogares y los recursos necesarios para adquirir una canasta normativa de bienes y servicios; es una medida fundamental, pero no agota la discusión sobre bienestar. Un hogar puede salir estadísticamente de la pobreza y seguir siendo extremadamente frágil frente a un alza de precios, una pérdida de empleo, una enfermedad o un deterioro del ingreso real. De ahí que la pregunta central no sea únicamente cuántos salen de la pobreza, sino cuán firmes son esas salidas y qué tan protegidos están esos hogares ante futuras turbulencias.

En ese sentido, los hallazgos del informe “RD mantuvo resiliencia económica y avances sociales en 2025” aportan una perspectiva útil. El Ministerio de Hacienda y Economía sostiene que, pese a la desaceleración global, el país mantuvo crecimiento positivo apoyado en fundamentos macroeconómicos sólidos, políticas fiscales responsables y dinamismo laboral; además, señala que el empleo formal creció 5.9 %, que la participación laboral femenina alcanzó su nivel más alto desde 2016 y que mejoraron indicadores de ingresos, salud, educación y pobreza multidimensional. Esa combinación sugiere que la discusión ya no debe limitarse a si la pobreza bajó, sino a cómo profundizar un modelo de crecimiento que produzca inclusión más estable, más productividad y mayor igualdad de oportunidades. 

También hay un mérito institucional que no debe pasar inadvertido. Las cifras sobre pobreza fueron elaboradas conforme a la metodología oficial aprobada en 2022 y validadas por entidades técnicas como la ONE y el BCRD, lo que fortalece su credibilidad y permite sostener el debate público sobre bases verificables. En un tiempo en que la calidad del dato es parte de la confianza democrática y de la eficacia de la política pública, contar con estadísticas consistentes no es un detalle administrativo, sino una condición esencial para decidir mejor, focalizar mejor y corregir con mayor precisión. 

La conclusión, entonces, debe ser doble. Sí, la reducción de la pobreza monetaria a 15.4 % en el primer trimestre de 2026 merece ser reconocida como una noticia positiva y como una evidencia de que el crecimiento económico puede convertirse en progreso social cuando viene acompañado de más empleo, mejores salarios y cierta capacidad estatal para amortiguar la vulnerabilidad. Pero, al mismo tiempo, ese resultado impone una obligación: consolidar una agenda que haga menos precaria la salida de la pobreza, cierre brechas territoriales, fortalezca la formalidad, eleve la productividad y proteja a los hogares frente a los riesgos de recaída. La verdadera madurez de una política social no se mide solo por bajar una tasa, sino por impedir que el alivio sea efímero y por transformar la recuperación en movilidad social duradera.