Discurso íntegro del presidente Abinader sobre medidas anticorrupción y reformas institucionales
- Informó que desde el Gobierno se impulsará la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública
El presidente de la República, Luis Abinader informó este miércoles sobre las medidas anticorrupción y reformas institucionales que se implementarán hacia la recuperación y transformación de las instituciones, basándose en la ética, la transparencia y la integridad.
En el acto titulado Compromiso por la Transparencia, Integridad y Transformaciones Institucionales, el mandatario comunicó que están trabajando en la creación de un portal web único del cual todo el pueblo dominicano podrá consultar y obtener la información que estime oportuna relacionada al Gobierno y funcionarios.
Indicó que desde el Gobierno se impulsará la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, con la finalidad de que los ciudadanos dominicanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática.
Dijo además que dio instrucciones para contratar de inmediato a un equipo de abogados que, como actores civiles, acompañen al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de los hechos de corrupción, con la intención de procurar la recuperación del patrimonio robado.
Texto íntegro del discurso del presidente
Pueblo dominicano,
“Una gran democracia siempre debe progresar si no quiere dejar de ser grande o democracia”.
Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente Norteamericano Theodoro Roosevelt hace más de un siglo, en el que fue uno de sus discursos presidenciales más importantes.
El contexto era diferente al actual, la sociedad a la que se dirigía no era la misma que la de hoy, pero a pesar de los años y las circunstancias, lo que entonces dijo, no ha perdido vigencia alguna.
Cuidar la democracia es una tarea constante, que requiere voluntad, firmes convicciones y la certeza de que todo avance que se consigue no será perpetuo si no se trabaja por consolidarlo cada día.
La democracia necesita de un pueblo comprometido con los valores supremos que esta encarna, y de un gobierno y de una arquitectura institucional que le den un desarrollo pleno.
Las instituciones constituyen una parte fundamental en el sistema democrático. Delimitan las competencias y las capacidades de los dirigentes para actuar y son las responsables de trazar el orden y las reglas de juego en democracia.
Esas mismas instituciones determinan la forma en que operan los gobiernos y se relacionan con su pueblo. No se puede hablar de una democracia fuerte si las instituciones no funcionan, porque ellas son la garantía de que los intereses colectivos no sean suplantados por los particulares.
Históricamente, la República Dominicana no ha tenido una cultura de promoción y respeto de la institucionalidad, y eso ha debilitado la confianza de la población en nuestra democracia.
Cada cierto tiempo surgen voces que plantean la necesidad de fortalecer la institucionalidad de nuestro sistema democrático, pero normalmente provienen de sectores que en ese momento no tienen la capacidad de impulsar las acciones necesarias para convertirlas en una realidad.
A menudo, nos encontramos con que los mismos abanderados del fortalecimiento de las instituciones, cuando están fuera del poder, se convierten en los principales obstáculos para lograr esas legitimas aspiraciones de la sociedad cuando las coyunturas históricas los colocan en las posiciones más influyentes.
Esa cultura política ha impedido que nuestra nación pueda señalarse entre los países de la región como un símbolo de institucionalidad democrática, con las garantías y los beneficios que ello implica.
Creemos que es una deuda que tiene el liderazgo político dominicano con un pueblo que necesita, merece y demanda un país donde los derechos de las personas estén garantizados y su democracia sea de la máxima calidad.
Y sin unas instituciones democráticas fuertes, esa deuda con el pueblo jamás será saldada.
Cada vez que en estos últimos años he pensado en la posibilidad de llegar a la posición que hoy ocupo, una de mis primeras ideas era poner todo mi empeño como Presidente en ayudar a sacar a nuestro país de esa debilidad institucional que tanto daño nos hace a todos y todas.
Es por eso que hoy comparezco ante ustedes para presentar a la sociedad dominicana una serie de medidas que deberán revertir radicalmente el proceso de deterioro institucional de nuestro país.
Soy un fiel convencido de que uno es lo que hace y no lo que dice. Por eso, este es mi compromiso más firme y mi actuación más prioritaria.
Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto.
El futuro, en democracia, le pertenece en exclusiva al pueblo dominicano.
No han faltado quienes me recomiendan que no eche a andar estas iniciativas, bajo el alegato de que limitan considerablemente la capacidad de acción del Poder Ejecutivo y del propio presidente de la República.
Sin embargo, para quien les habla, ninguna otra acción del gobierno que presido es tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo de progreso y modernidad que merece nuestro país.
Por eso, hoy presento este Plan Integral de Reformas Institucionales sin precedentes que, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creará las bases de un nuevo Estado. Un Estado fuerte, plural y trasparente, en el que el ciudadano se afirme como centro de la atención pública.
Para ello, y como primera medida les anuncio que mi gobierno ya esta trabajando para la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad del gobierno con acceso ilimitado de los ciudadanos a su contenido.
En este portal cualquier dominicano podrá consultar cualquier expediente de contratación a tiempo real, información sobre concursos públicos, retribuciones de los altos cargos o sus declaraciones de bienes, y podrá solicitar toda información del gobierno que estime oportuna y no consiga encontrar.
En este sentido, impulsaré en lo inmediato la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática.
Promoveré además la aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios. Esta ley buscará la prohibición del uso de recursos públicos para promover causas ajenas al bienestar general.
A partir de ahora el pueblo dominicano sabrá que hacen sus gobernantes y estará debidamente informado.
Pero además de informado, para acabar con la corrupción y el clientelismo queremos un pueblo verdaderamente libre. Por eso, trabajaré sin descanso para poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado.
Con ese propósito he dispuesto, la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
Con ello vamos a agilizar los procesos administrativos, racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna.
También con carácter de urgencia se acometerán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban.
A los funcionarios públicos que harán posible este cambio les quiero decir que honraré el mandato constitucional relativo al establecimiento de criterios para asegurar una remuneración equilibrada de todos los cargos del sector público, incluyendo los de alto nivel. Velaré por la aplicación de la Ley sobre Regularización Salarial del Estado dominicano y la indexación de los niveles salariales según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central.
Amigas y amigos,
Tengo la satisfacción de anunciar también hoy al país la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público.
Este órgano articulará los compromisos del Gobierno con el fortalecimiento de la ética en la Administración pública, formulará las estrategias necesarias para ello, procurará la integración de la sociedad civil en esta causa y promoverá una agenda de cambios y transformaciones en las sanas prácticas de la administración, de la mano con los avances tecnológicos en la lucha contra la corrupción.
He dispuesto mediante decreto firmado en la tarde de hoy que esté integrado por diversas instituciones que se vinculan a sus fines, como son el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto, la Unidad de Análisis Financiero de la República, y muy especialmente la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza nuestra querida Milagros Ortiz Bosch y que presidirá el Gabinete, así como la Dirección General de Contrataciones Públicas, que con Carlos Pimentel ejercerá la dirección ejecutiva del mismo.
Invito a la nación a seguir de cerca nuestra línea de actuación, a exigir lo que prometemos y a colaborar con la construcción de un Estado de Derecho robusto y sostenible para todos los dominicanos y dominicanas.
Estas propuestas normativas que se materializarán en decretos del Poder Ejecutivo están en curso y los dominicanos podrán comprobar en las próximas horas y días que el tiempo de los discursos incumplidos ya pasó.
No es que estemos cambiando, es que ya hemos cambiado
Señoras y señores,
Después de un análisis integral del marco normativo e institucional que rige la gestión y fiscalización del patrimonio público, la transparencia y la persecución de la corrupción administrativa, hemos advertido sus carencias y omisiones, por eso proponemos la elaboración de un cuerpo coherente de leyes que nos permitirá, no solo modernizar sus bases sino mejorar su eficiencia.
Perseguiré en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa.
En ese mismo orden de ideas, trabajaré para que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia, estandarización y eficiencia. La Dirección General de Contrataciones Públicas en su condición de órgano rector del sistema estará desarrollando políticas, normas y nuevos documentos estándares para las contrataciones públicas, mitigando los riesgos, adoptando medidas conforme a los estándares internacionales de transparencia y eficiencia asegurando la competitividad.
Estas medidas preventivas y de fortalecimiento de las contrataciones públicas, incluyen el desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana preventiva y reactiva, diseñado e implementado desde la DGCP que permitirá el monitoreo en tiempo real de los procesos de contrataciones públicas.
Procuraré la modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones de carácter público.
En este sentido les anuncio la Creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría general para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno.
Igualmente, impulsaré la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control, procurando también que se realicen las auditorías periódicas de rigor, debiéndose dar publicidad a los resultados de estas dentro de los 60 días de realizadas.
Además, en los próximos meses apoyaré a nuestros legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República de modo que los llamados "barrilitos" sean eliminados de manera definitiva.
Amigas y amigos,
Sabemos que una democracia representativa y limpia tiene en su núcleo los procesos electorales y la elección de sus representantes.
Disponer de un sistema trasparente, previsible y eficaz también es clave en la lucha contra la corrupción.
Por ello, este plan de reformas también establecerá unas reglas claras y transparentes para competir electoralmente, con un control sobre el origen de los fondos con los que se organizan las campañas electorales.
Las iniciativas que he compartido con ustedes hoy tienen el propósito de fortalecer la tutela de los Derechos de nuestro pueblo y elevar su dignidad.
Sin embargo, para la materialización de estas pretensiones, será necesario, en el momento oportuno, introducir algunas reformas de carácter constitucional, como habíamos advertido desde un primer momento en nuestro programa de gobierno, para fortalecer la independencia del Ministerio Público y hacer más seguros y legítimos los procesos de reforma constitucional.
Hemos dado un primer y significativo paso al designar a una Procuradora General de la República sin militancia partidaria y con una trayectoria en el sector justicia que habla por sí misma. Pero soy consciente de que eso no es suficiente.
En ese sentido, asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero.
Por otro lado, propondré aumentar las consultas populares vía referendo para que los dominicanos puedan ser corresponsables en la toma de decisiones, y pondré en marcha mecanismos que blinden el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional.
Por último, quiero destacar, que estas propuestas no quedarán solo en el deseo de un futuro distinto en las prácticas de la administración pública, también encarnan nuestro compromiso de recuperar el patrimonio que pueda haber sido obtenido mediante actos de corrupción y que pertenece a todo el pueblo dominicano.
Por eso comunico que he dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que –como actores civiles– acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado.
Ello no implicará una intromisión del gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos.
Como ven, el propósito que nos marcamos con este plan es el de cambiar ya y para siempre nuestro país.
Somos una nación con una larga historia de nobles luchas, una gente que encarna los mejores valores de un mundo cambiante, pero que encuentra dentro de sí los mejores materiales para construir un futuro esperanzador.
Nuestra democracia debe mejorarse entre todos para ser la mejor. No aspiramos a menos porque no nos podemos permitir menos.
Hoy he podido enunciar algunas medidas en la lucha contra la corrupción, pero estas se engloban en un paquete mas amplio de reformas institucionales que se irán presentando en los próximos meses.
Esperamos que todos los sectores que de verdad aman a esta tierra nos acompañen a sentar las bases para construir la sociedad que merecemos y que les debemos a las generaciones que están por venir.
Todos los males de una democracia se curan con más democracia.
Hagamos eso juntos: más y mejor democracia.
Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano
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