Filtración de listas Odebrecht es abuso de poder y manipulación política gobiernista
Por Nelson Marte
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La filtración de listas con nombres de supuestos sobornados de Odebrecht es considerada como un abuso de poder por parte de autoridades que buscan capitalizar políticamente el expediente, pese a que contundentes indicios apuntan a la responsabilidad de la más alta jerarquía oficial en la aprobación de los contratos de obras públicas sobrevaluadas y las ganancias ilícitas que devengaron.
La divulgación de las listas ha causado profunda indignación pues desconoce el derecho a la presunción de inocencia de los afectados, y otras prerrogativas de protección a su dignidad personal y buen nombre, que se suponían garantizados por la Constitución de la República.
Varios dispositivos de la Constitución 2010 garantizan los derechos violados con el referido abuso de poder, como el Artículo 38 sobre la Dignidad Humana, que establece: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.
"La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
El Artículo 44, de su parte, “reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen”.
Especifica el Artículo 69 que “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado, entre otras garantías mínimas por (...) el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.
Todos esos derechos y prerrogativas de las personas mencionadas en la lista fueron acribillados por el gobierno del presidente Danilo Medina a través de la Procuraduría General de la República y sus ámbitos y personeros, porque esa entidad es la única en capacidad de presumir de su posesión, de transferir y manipular los nombres supuestos o reales.
Aunque la Procuraduría negó en declaraciones de prensa que hubiera entregado la lista de marras, al menos uno de los filtradores dejó entrever de manera expresa que su fuente se originó en esa instancia.
Un aspecto que apunta la atención hacia el gobierno es la observación que hizo Diario Libre el sábado, de que “De los partidos políticos la mayor cantidad de personas que serían incluidas en los expedientes pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), todos seguidores del expresidente Leonel Fernández”, y que “No hay un solo simpatizante de Danilo”.
En la lista filtrada por el gobierno figuran los nombres de los dirigentes del PRM Andrés Bautista y Jesús Vásquez, cuya única vinculación con el tema sería que siendo ellos presidentes del Senado fueron aprobados contratos con Odebrecht.
Pero ocurre que en las gestiones de Andrés y Jesús sólo fueron aprobados el 5 y el 3% de esos contratos, mientras que en las gestiones de Reinaldo Pared y Cristina Lizardo como presidentes del Senado fueron aprobados el 80 y el 12%, respectivamente, en total un 92%, pero ni Reinaldo ni Cristina son mencionados en la lista dada a conocer.
Y no puede olvidarse la observación de Servio Tulio Castaños, de la Comisión Presidencial de Punta Catalina, de que los contratos aprobados por el Congreso Nacional son remitidos por los presidentes de la República, vale decir Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, especialmente el actual mandatario en cuya gestión se aprobó más del 55% del total del valor de las obras contratadas entre 2001 y 2014.
Sobran las evidencias de que la filtración fue en realidad un abuso de poder para perjudicar a opositores y desafectos y tratar de beneficiar al gobiernismo.
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