El presidente de Argentina, Alberto Fernández, debería enviar un proyecto al Congreso para despenalizar el aborto en todos los casos y trabajar junto a la sociedad civil para redactar una ley que cuente con el apoyo mayoritario de legisladores, ya que mientras ello no ocurra, los derechos humanos de las mujeres seguirán siendo vulnerados.
Esta es la principal conclusión del informe '
Es hora de saldar una deuda', que presentó Human Rights Watch (HRW), una organización internacional que realizó una investigación exhaustiva sobre el impacto social que produce la falta de acceso a abortos seguros.
La presentación del documento se convirtió en una nueva presión para el presidente argentino, quien se comprometió a presentar este año un proyecto de legalización del aborto, pero lo
postergó debido a la pandemia y a pesar de los reclamos del movimiento de mujeres de este país.
Como parte del estudio, representantes de la organización entrevistaron a cinco mujeres y una niña que intentaron acceder al aborto legal en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias entre octubre de 2019 y febrero de 2020, ya que el artículo 86 del Código Penal permite la interrupción voluntaria de embarazos cuando ponen en riesgo la vida o la salud de una mujer, o cuando es el resultado de una violación.
Sin embargo, para muchas mujeres este "modelo de causales" resultó ser un obstáculo insuperable que volvió difícil o directamente inaccesible el aborto legal.
HRW también documentó 13 casos adicionales mediante entrevistas con 24 profesionales de la salud, trabajadoras sociales, activistas y abogadas que apoyaron a mujeres y niñas que intentaron realizarse abortos y a través de documentación que corroboraba los testimonios.
Lo que encontraron fue que el acceso al aborto legal y a la atención post aborto dependen, en gran medida, de la posición socioeconómica de la persona gestante y del lugar donde viva, así como de la arbitraria objeción de conciencia a la que apelan profesionales de la salud para no atender a las mujeres que necesitan interrumpir sus embarazos, quienes suelen ser maltratadas por personal de los centros médicos.
"Mujeres, profesionales de la salud y activistas y abogadas manifestaron a Human Rights Watch que el temor a las consecuencias legales —incluyendo la persecución penal y la estigmatización— hace que las personas gestantes no soliciten abortos y que los profesionales de la salud no brinden este servicio, incluso cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 86", señaló el informe.
"De las mujeres, niñas, activistas, abogadas y profesionales de la salud a quienes entrevistamos, 19 habían enfrentado abusos o malos tratos al intentar obtener o brindar servicios de aborto seguros o atención post aborto. Nos relataron comportamientos crueles y actos de humillación por parte de profesionales de la salud, denegación del acceso o negativa a brindar servicios de salud, y violación de la confidencialidad médica en centros de salud", agregó.
Sin cifras certeras
HRW recordó que penalizar el aborto no evita que las mujeres interrumpan embarazos no deseados. Más bien, lo que impide es dar seguimiento a esta práctica y obtener datos confiables.
De hecho, explicó, Argentina no lleva a cabo un seguimiento sistemático de la cantidad total de abortos realizados por año, pero utilizando una metodología compleja basada en datos de 2004 y 2005, un estudio ha estimado que se practican entre 371.965 y 522.000 abortos cada año. Uno de los problemas de este cálculo es que no especifica cuántos abortos son inseguros o realizados por fuera del modelo de causales.
En 2018, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían producido 35 muertes a causa de abortos. Este número incluía embarazos ectópicos, abortos espontáneos, abortos médicos e intentos fallidos de aborto, que en conjunto representaron más del 13 % del total de muertes maternas ese año.
"Gran parte de estas muertes son evitables. La Organización Mundial de la Salud señala que la mayor parte de las muertes maternas podrían ser prevenidas a través de la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos legales y seguros y la atención oportuna de las complicaciones derivadas del aborto", precisó la organización.
Otro dato que demuestra la necesidad de legalizar, agregó, es que en 2016, 39.025 mujeres y niñas fueron internadas en hospitales públicos por problemas de salud ocasionados por abortos espontáneos o de otro tipo. El 16 % de ellas eran niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
Oportunidad perdida
De acuerdo con HRW, cuando el Senado argentino rechazó hace dos años y por un estrecho margen el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto, Argentina perdió una oportunidad histórica para lograr avances significativos en la protección de derechos sexuales y reproductivos.
"El rechazo de este proyecto de ley ha dejado a las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina, particularmente aquellas con bajos ingresos y quienes viven en zonas rurales, con acceso limitado al aborto, lo cual afecta gravemente su vida y su salud", consideró.
A ello se añaden los problemas derivados de la pandemia, ya que las investigaciones de HRW en diferentes países sugieren que las limitaciones que afectan el transporte y la posibilidad de desplazarse agregan nuevos obstáculos para la atención médica y servicios de aborto y post aborto de manera oportuna, ya que los servicios de aborto son escasos y no están disponibles en todos los centros de salud y hospitales.
"Esta es ciertamente la situación en Argentina, donde ya existían obstáculos significativos al acceso del aborto. El acceso al aborto resulta aún más difícil ahora dado el confinamiento implementado por el gobierno. Por otra parte, la necesidad de visitar distintos centros de salud y viajar, a veces durante varias horas, para poder acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, multiplica el riesgo de contagio de Covid-19", alertó.
Informes preliminares, señaló, advierten que la pandemia aumentará los embarazos no intencionales y no deseados a nivel global por diversas razones, como el aumento de la violencia por razones de género en el ámbito doméstico y la falta de acceso y disponibilidad de anticonceptivos, incluyendo casos de personas que no podrán afrontar el costo de la anticoncepción.
Explicó que, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, alrededor de 47 millones de mujeres en países de ingreso bajo y mediano no podrán usar anticonceptivos modernos si las medidas comunes de confinamiento continúan causando interrupciones significativas de los servicios durante seis meses, lo que podría provocar siete millones más de embarazos no planeados.
Cecilia González
