Plan anticrisis: responsabilidad fiscal para proteger la estabilidad y el bolsillo dominicano
Frente a una economía abierta, importadora y expuesta a choques internacionales, la Ley 30-26 no debe reducirse a una lectura alarmista sobre nuevos costos, sino entenderse como una respuesta preventiva para preservar la estabilidad macroeconómica, sostener la confianza, evitar más endeudamiento y fortalecer la capacidad del Estado para proteger a familias, empresas y sectores productivos.
El debate sobre el plan anticrisis del Gobierno dominicano exige serenidad, profundidad y responsabilidad pública. En tiempos de incertidumbre global, ninguna economía abierta puede darse el lujo de reaccionar tarde. La República Dominicana, por su alta dependencia de importaciones, combustibles, financiamiento externo, turismo, remesas, comercio internacional y estabilidad cambiaria, necesita instrumentos fiscales que le permitan anticiparse a los choques antes de que estos se conviertan en crisis internas. Por eso, reducir la Ley 30-26 a una simple carga contra el bolsillo de la gente es mirar apenas una parte del problema y ocultar la dimensión estratégica de una política concebida para proteger la estabilidad nacional.
Es legítimo que economistas, sectores productivos y ciudadanos expresen preocupaciones sobre el impacto de cualquier medida fiscal. Toda política tributaria debe ser examinada, corregida si produce distorsiones y aplicada con sensibilidad social. Pero una cosa es advertir riesgos técnicos y otra muy distinta es presentar el plan anticrisis como si fuera una improvisación sin propósito. La Ley 30-26 fue promulgada como una norma orientada al crecimiento económico, la simplificación fiscal y la mitigación de la crisis internacional, con énfasis en preservar la estabilidad económica, fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la capacidad del Estado para responder ante la volatilidad externa. [abogadom.net], [diariolibre.com]
La pregunta de fondo no es si una medida fiscal resulta cómoda. Ningún ajuste lo es. La verdadera pregunta es cuál sería el costo de no actuar. ¿Debe el Estado seguir financiando subsidios, programas sociales, inversión pública, servicios esenciales, estabilidad de precios y compromisos institucionales mediante más endeudamiento? ¿Debe esperar a que el petróleo, las tasas internacionales, los fletes, los alimentos importados o las tensiones geopolíticas impongan un ajuste más duro, más abrupto y más regresivo? Gobernar no consiste en evitar decisiones difíciles, sino en adoptarlas antes de que la realidad obligue a medidas más traumáticas.
Quienes afirman que el plan anticrisis encarece la vida deben reconocer que lo que más golpea el bolsillo de la gente no es una política fiscal preventiva, sino la inflación descontrolada, la devaluación, la pérdida de confianza, el deterioro de los servicios públicos, el aumento acelerado de la deuda y la incapacidad del Estado para responder ante una emergencia. La estabilidad macroeconómica no es un concepto abstracto reservado a técnicos y banqueros; es la condición que permite que el salario conserve valor, que las empresas planifiquen, que el crédito fluya, que la inversión llegue y que los hogares no sean arrastrados por una crisis de precios, incertidumbre y desempleo.
La República Dominicana ha construido una reputación regional basada en crecimiento, estabilidad, dinamismo turístico, atracción de inversión, expansión de zonas francas y resiliencia frente a choques externos. Esa posición no se mantiene con discursos, sino con disciplina. Un país competitivo no es simplemente aquel que cobra menos impuestos; es aquel que ofrece reglas claras, cuentas públicas manejables, infraestructura, seguridad jurídica, paz social, estabilidad cambiaria, servicios funcionales y confianza institucional. La competitividad no depende solo de la carga tributaria, sino de la calidad del entorno económico que el Estado es capaz de garantizar.
Desde esa perspectiva, el plan anticrisis debe entenderse como una herramienta de protección, no como una agresión al ciudadano. La propia orientación oficial de la Ley 30-26 destaca el manejo responsable de los recursos públicos, el cumplimiento tributario sobre principios de equidad, progresividad y capacidad de pago, así como la necesidad de preservar la confianza de inversionistas y contribuyentes en medio de un contexto internacional incierto. Ese enfoque no niega que existan costos, pero establece una lógica superior: ordenar las finanzas públicas para evitar que mañana el país pague una factura más pesada. [abogadom.net], [diariolibre.com]
También debe matizarse el argumento de que la ley castiga indiscriminadamente a hogares y empresas. Informaciones públicas sobre la norma han señalado que incluye mecanismos de amnistía fiscal temporal, acuerdos de pago con la DGII, medidas de simplificación, facilidades para micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos a la inversión empresarial y beneficios para sectores como el agropecuario. Esto permite comprender que no estamos ante una pieza exclusivamente recaudatoria, sino ante una arquitectura fiscal que combina regularización, ordenamiento, incentivos, cumplimiento y sostenibilidad. [siemprealdia.co], [eldinero.com.do]
El aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas también ha sido presentado como una amenaza directa a la bancarización. Esa preocupación merece seguimiento, pero no debe convertirse en una conclusión absoluta. La propia discusión pública ha reconocido que la ley mantiene exenciones relevantes, incluyendo transferencias entre cuentas de una misma persona, consumos con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones de fondos de pensiones, pagos de impuestos al Estado y transferencias del propio Estado. En una economía cada vez más digitalizada, el desafío no es abandonar la formalidad financiera, sino garantizar que los costos sean razonables, que la administración sea transparente y que el sistema siga estimulando el uso de canales bancarios. [elnacional.com.do]
Por supuesto, defender el plan anticrisis no significa otorgar un cheque en blanco. El Gobierno tiene el deber de acompañar la aplicación de la ley con pedagogía pública, transparencia, eficiencia del gasto y resultados visibles. La ciudadanía acepta mejor los sacrificios cuando percibe que sus aportes se convierten en carreteras, escuelas, hospitales, seguridad, agua potable, apoyo al campo, crédito productivo, empleos formales y protección social bien focalizada. La legitimidad de toda medida fiscal descansa en una ecuación simple: quien paga debe sentir que el Estado responde.
Por eso, la mejor defensa del plan no será retórica, sino administrativa. El Gobierno debe acelerar la inversión pública de alto impacto, reducir gastos improductivos, fortalecer la calidad del gasto, mejorar la fiscalización, combatir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y garantizar que la ley no se convierta en una carga desproporcionada para los sectores más sensibles. La responsabilidad fiscal debe caminar junto a la responsabilidad social. No basta recaudar; hay que ejecutar bien. No basta estabilizar; hay que proteger. No basta ordenar; hay que transformar.
También resulta importante destacar que una política pública seria puede corregirse sin perder sentido estratégico. Si algún artículo genera distorsiones, debe revisarse. La Cámara de Diputados ya aprobó la derogación del artículo 61 de la Ley 30-26, lo que demuestra que el sistema institucional tiene capacidad de ajustar aspectos específicos sin desmontar el objetivo general del plan. Esa flexibilidad no es debilidad; es madurez democrática. Un Gobierno responsable no es el que nunca rectifica, sino el que sabe preservar el rumbo corrigiendo los mecanismos cuando sea necesario. [hoy.com.do]
La crítica económica cumple una función necesaria en toda democracia. Pero la crítica también debe responder a una exigencia de honestidad intelectual: si se rechaza una medida fiscal, hay que decir cómo se financiarán los subsidios, las obras, los servicios, la protección social y la estabilidad. Si se cuestiona la recaudación, hay que explicar cuál deuda se asumirá o qué gasto se eliminará. Si se plantea que no hay crisis, hay que reconocer que en una economía abierta los riesgos no siempre esperan a materializarse para exigir previsión. La prevención no es alarmismo; es prudencia.
En este momento, la República Dominicana no necesita demagogia fiscal ni complacencia irresponsable. Necesita equilibrio. Necesita cuidar el bolsillo de la gente, pero también proteger la estabilidad que permite que ese bolsillo no sea destruido por una crisis mayor. Necesita incentivar la inversión privada, pero también garantizar finanzas públicas sanas. Necesita escuchar a los sectores productivos, pero sin renunciar al deber de gobernar con visión de largo plazo. Necesita crecer, sí, pero crecer sobre bases sostenibles.
El plan anticrisis del Gobierno dominicano debe ser leído como una apuesta por la anticipación. Su valor no está solo en lo que recauda, sino en lo que puede evitar: mayor endeudamiento, pérdida de confianza, presión cambiaria, deterioro fiscal y vulnerabilidad frente a choques externos. En política económica, a veces la decisión más responsable no es la más popular, sino la que impide que el país termine pagando un precio mucho más alto.
La estabilidad no se improvisa. Se construye con disciplina, previsión y sentido de Estado. En un mundo convulso, donde las crisis viajan más rápido que las respuestas, el Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de blindar la economía nacional, sostener la confianza y proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos. La Ley 30-26 puede y debe ser perfeccionada en su implementación, pero su sentido estratégico es claro: actuar antes de que el golpe llegue con más fuerza. Y en tiempos de incertidumbre, anticiparse no es castigar al ciudadano; es defender el futuro de la nación.
Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor
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Es legítimo que economistas, sectores productivos y ciudadanos expresen preocupaciones sobre el impacto de cualquier medida fiscal. Toda política tributaria debe ser examinada, corregida si produce distorsiones y aplicada con sensibilidad social. Pero una cosa es advertir riesgos técnicos y otra muy distinta es presentar el plan anticrisis como si fuera una improvisación sin propósito. La Ley 30-26 fue promulgada como una norma orientada al crecimiento económico, la simplificación fiscal y la mitigación de la crisis internacional, con énfasis en preservar la estabilidad económica, fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la capacidad del Estado para responder ante la volatilidad externa. [abogadom.net], [diariolibre.com]
La pregunta de fondo no es si una medida fiscal resulta cómoda. Ningún ajuste lo es. La verdadera pregunta es cuál sería el costo de no actuar. ¿Debe el Estado seguir financiando subsidios, programas sociales, inversión pública, servicios esenciales, estabilidad de precios y compromisos institucionales mediante más endeudamiento? ¿Debe esperar a que el petróleo, las tasas internacionales, los fletes, los alimentos importados o las tensiones geopolíticas impongan un ajuste más duro, más abrupto y más regresivo? Gobernar no consiste en evitar decisiones difíciles, sino en adoptarlas antes de que la realidad obligue a medidas más traumáticas.
Quienes afirman que el plan anticrisis encarece la vida deben reconocer que lo que más golpea el bolsillo de la gente no es una política fiscal preventiva, sino la inflación descontrolada, la devaluación, la pérdida de confianza, el deterioro de los servicios públicos, el aumento acelerado de la deuda y la incapacidad del Estado para responder ante una emergencia. La estabilidad macroeconómica no es un concepto abstracto reservado a técnicos y banqueros; es la condición que permite que el salario conserve valor, que las empresas planifiquen, que el crédito fluya, que la inversión llegue y que los hogares no sean arrastrados por una crisis de precios, incertidumbre y desempleo.
La República Dominicana ha construido una reputación regional basada en crecimiento, estabilidad, dinamismo turístico, atracción de inversión, expansión de zonas francas y resiliencia frente a choques externos. Esa posición no se mantiene con discursos, sino con disciplina. Un país competitivo no es simplemente aquel que cobra menos impuestos; es aquel que ofrece reglas claras, cuentas públicas manejables, infraestructura, seguridad jurídica, paz social, estabilidad cambiaria, servicios funcionales y confianza institucional. La competitividad no depende solo de la carga tributaria, sino de la calidad del entorno económico que el Estado es capaz de garantizar.
Desde esa perspectiva, el plan anticrisis debe entenderse como una herramienta de protección, no como una agresión al ciudadano. La propia orientación oficial de la Ley 30-26 destaca el manejo responsable de los recursos públicos, el cumplimiento tributario sobre principios de equidad, progresividad y capacidad de pago, así como la necesidad de preservar la confianza de inversionistas y contribuyentes en medio de un contexto internacional incierto. Ese enfoque no niega que existan costos, pero establece una lógica superior: ordenar las finanzas públicas para evitar que mañana el país pague una factura más pesada. [abogadom.net], [diariolibre.com]
También debe matizarse el argumento de que la ley castiga indiscriminadamente a hogares y empresas. Informaciones públicas sobre la norma han señalado que incluye mecanismos de amnistía fiscal temporal, acuerdos de pago con la DGII, medidas de simplificación, facilidades para micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos a la inversión empresarial y beneficios para sectores como el agropecuario. Esto permite comprender que no estamos ante una pieza exclusivamente recaudatoria, sino ante una arquitectura fiscal que combina regularización, ordenamiento, incentivos, cumplimiento y sostenibilidad. [siemprealdia.co], [eldinero.com.do]
El aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas también ha sido presentado como una amenaza directa a la bancarización. Esa preocupación merece seguimiento, pero no debe convertirse en una conclusión absoluta. La propia discusión pública ha reconocido que la ley mantiene exenciones relevantes, incluyendo transferencias entre cuentas de una misma persona, consumos con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones de fondos de pensiones, pagos de impuestos al Estado y transferencias del propio Estado. En una economía cada vez más digitalizada, el desafío no es abandonar la formalidad financiera, sino garantizar que los costos sean razonables, que la administración sea transparente y que el sistema siga estimulando el uso de canales bancarios. [elnacional.com.do]
Por supuesto, defender el plan anticrisis no significa otorgar un cheque en blanco. El Gobierno tiene el deber de acompañar la aplicación de la ley con pedagogía pública, transparencia, eficiencia del gasto y resultados visibles. La ciudadanía acepta mejor los sacrificios cuando percibe que sus aportes se convierten en carreteras, escuelas, hospitales, seguridad, agua potable, apoyo al campo, crédito productivo, empleos formales y protección social bien focalizada. La legitimidad de toda medida fiscal descansa en una ecuación simple: quien paga debe sentir que el Estado responde.
Por eso, la mejor defensa del plan no será retórica, sino administrativa. El Gobierno debe acelerar la inversión pública de alto impacto, reducir gastos improductivos, fortalecer la calidad del gasto, mejorar la fiscalización, combatir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y garantizar que la ley no se convierta en una carga desproporcionada para los sectores más sensibles. La responsabilidad fiscal debe caminar junto a la responsabilidad social. No basta recaudar; hay que ejecutar bien. No basta estabilizar; hay que proteger. No basta ordenar; hay que transformar.
También resulta importante destacar que una política pública seria puede corregirse sin perder sentido estratégico. Si algún artículo genera distorsiones, debe revisarse. La Cámara de Diputados ya aprobó la derogación del artículo 61 de la Ley 30-26, lo que demuestra que el sistema institucional tiene capacidad de ajustar aspectos específicos sin desmontar el objetivo general del plan. Esa flexibilidad no es debilidad; es madurez democrática. Un Gobierno responsable no es el que nunca rectifica, sino el que sabe preservar el rumbo corrigiendo los mecanismos cuando sea necesario. [hoy.com.do]
La crítica económica cumple una función necesaria en toda democracia. Pero la crítica también debe responder a una exigencia de honestidad intelectual: si se rechaza una medida fiscal, hay que decir cómo se financiarán los subsidios, las obras, los servicios, la protección social y la estabilidad. Si se cuestiona la recaudación, hay que explicar cuál deuda se asumirá o qué gasto se eliminará. Si se plantea que no hay crisis, hay que reconocer que en una economía abierta los riesgos no siempre esperan a materializarse para exigir previsión. La prevención no es alarmismo; es prudencia.
En este momento, la República Dominicana no necesita demagogia fiscal ni complacencia irresponsable. Necesita equilibrio. Necesita cuidar el bolsillo de la gente, pero también proteger la estabilidad que permite que ese bolsillo no sea destruido por una crisis mayor. Necesita incentivar la inversión privada, pero también garantizar finanzas públicas sanas. Necesita escuchar a los sectores productivos, pero sin renunciar al deber de gobernar con visión de largo plazo. Necesita crecer, sí, pero crecer sobre bases sostenibles.
El plan anticrisis del Gobierno dominicano debe ser leído como una apuesta por la anticipación. Su valor no está solo en lo que recauda, sino en lo que puede evitar: mayor endeudamiento, pérdida de confianza, presión cambiaria, deterioro fiscal y vulnerabilidad frente a choques externos. En política económica, a veces la decisión más responsable no es la más popular, sino la que impide que el país termine pagando un precio mucho más alto.
La estabilidad no se improvisa. Se construye con disciplina, previsión y sentido de Estado. En un mundo convulso, donde las crisis viajan más rápido que las respuestas, el Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de blindar la economía nacional, sostener la confianza y proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos. La Ley 30-26 puede y debe ser perfeccionada en su implementación, pero su sentido estratégico es claro: actuar antes de que el golpe llegue con más fuerza. Y en tiempos de incertidumbre, anticiparse no es castigar al ciudadano; es defender el futuro de la nación.
Luis Orlando Díaz Vólquez
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Reforma
Plan anticrisis del Gobierno impacta el bolsillo de la gente
Economistas observan ley encarece los costos de empresas y las familias y la forma de hacer negocios. Plantean revisar la Ley 30-26 en breve, porque resta competitividad frente a otros países.
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Santo Domingo, RD 08/07/2026 00:00 | Cándida Acosta
Si alguien se preguntara el motivo por el cual el Gobierno no asume las reformas impositivas igual como en los países desarrollados la respuesta varía. En realidad, la presión por nuevos recursos es una facultad cíclica por la que atraviesan las administraciones, aunque en países como República Dominicana, donde casi todo es importado, los salarios son precarios y no hay reembolsos generalizados, lo primordial es prestar atención a los técnicos y a la gente que tributa.
La Ley 30-26 fue aprobada sin muchas discusiones, pero esa medida está muy lejos de ser inofensiva al bolsillo de la gente común, del “sándwich” de la economía (clase media baja), razón que motiva a varios economistas a pedir una revisión de la pieza.
La llamada Ley anticrisis, incluso, fue titulada este semana como “Un dinosaurio impositivo”, por el reconocido economista Andrés Dauhajre hijo, en su artículo semanal en El Caribe, al referirse específicamente a la Tasa Efectiva de Tributación (TET), que se aplica a todos los sectores y, que según la publicación las grandes empresas pagarían una proporción menor que un pequeño negocio. Define como un absurdo el proyecto de ley aprobado.
Impacto negativo
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), asegura que la Ley 30-26, pro crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas.
Reconoce que hay elementos de simplificación, pero estos son pocos en comparación con aquellos que elevan tasas e introducen costos o elevan las existentes.
“La rentabilidad de las empresas se verá afectada, las inversiones y los precios de bienes y servicios, impactando a los hogares. Vivir y hacer negocios será más caro”, afirma.
Respecto a las retenciones o el impuesto a transferencias y cheque aduce que “son elementos con efectos negativos, sin importar tamaño de los emprendimientos”. El aumento del impuesto de 1.5 a 2.0 por mil aumentaría los costos operativos, dice.
Y, tendrían, además, un efecto sobre la bancarización, ya que las personas toman decisiones de incorporarse formalmente o de realizar transferencias en efectivo de acuerdo a los costos.
A juicio del economista, los puntos que quitan competitividad introducidos en la Ley 30-26 deberán ser revisados con una transformación tributaria futura, que debe ser en poco tiempo. República Dominicana se torna en un destino menos competitivo con esta legislación, asegura.
En tanto que la economista Ellen Pérez Ducy opina que no queda claro cuál es la crisis que ha habido.
“Hubo un aumento temporal de precios de hidrocarburos que impactó la inflación en un punto porcentual desde el inicio de la contienda del Medio Oriente a pesar de que fue sobrellevado con subsidios; el PIB creció 4.2% para enero-mayo”, indica.
Afirma que si se observa el comportamiento internacional el comercio continúa y las exportaciones dominicanas crecieron un 14.4%, ayudados por altos precios de rubros como el oro.
Pérez Ducy aduce que lo que ha habido es un desbalance fiscal que es estructural, el cual deberá ser enfrentado con una verdadera reforma eventualmente.
Para Pérez Ducy esta ley es apenas una reforma tributaria que aumenta algunos impuestos, en general de manera progresiva con la excepción del efecto por tramos del impuesto para residuos sólidos, pero la considera mejor que continuar con el endeudamiento externo.
“Pero lo crítico será revisar el gasto, como lo señalado hace tiempo. Cómo justificar una reforma para RD$40,000-50,000 millones gastando RD$11,000 millones en publicidad?
Respecto al aumento del impuesto de 0.15 a 2.0 sobre transacciones bancarias dice que no le luce que tendrá ningún impacto, debido a que los usuarios no volverán a usar cheques solo por esto, debido a que la gente no dejará de hacerlo para ir al banco por el tiempo y el gasto en combustible que implica.
Falta de plan
El economista Luis Vargas considera que esa ley no responde a ningún plan, porque es una pieza anti-crecimiento que carece de un diagnóstico de los impuestos, crea confusión y viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pues no la deroga.
Entiende que la ley presenta un problema de carácter jurídico y de carácter técnico y por tanto cree que no toca los problemas fundamentales, incluyendo el control de la evasión.
Suelto
Cheques y transferencias
La Ley 30-26, sobre medidas, simplificación fiscal pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, establece un aumento del impuesto de 1.5 por mil (0.0015) aplicado a los cheques y transferencias electrónicas a 0.002 por mil (2.0 por mil).
Mantiene exento el retiro de efectivo, las transferencias bancarias entre cuentas de una misma persona, consumo con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones pagos de los fondos de pensiones, pagos impuestos al Estado y las transferencias del Estado.
https://listindiario.com/economia/finanzas/20260708/plan-anticrisis-gobierno-impacta-bolsillo-gente_912911.html
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