La expansión del programa H-2A confirma que la agricultura de Estados Unidos depende cada vez más de trabajadores temporales extranjeros para sostener su productividad, pero también revela una contradicción de fondo: el mismo sistema que asegura cosechas y abastecimiento puede reproducir asimetrías laborales, bajar salarios y trasladar al mercado el costo moral de una cadena agroalimentaria que quiere eficiencia sin asumir plenamente la dignidad de quienes la hacen posible. [gao.gov], [federalregister.gov]
La agricultura estadounidense ha entrado en una fase de dependencia estructural del programa de visas H-2A. Lo que comenzó como un mecanismo para cubrir necesidades temporales hoy se ha convertido en uno de los principales soportes del trabajo rural en Estados Unidos, impulsado por el envejecimiento de la fuerza laboral agrícola, la desaceleración de la inmigración irregular y la dificultad para atraer trabajadores locales hacia labores físicamente exigentes, estacionales y mal valoradas socialmente. El propio Gobierno Accountability Office (GAO) documentó que entre los años fiscales 2018 y 2023 los empleos y visas H-2A aprobados crecieron más de 50 %, mientras el Departamento de Estado emitió cerca de 310,000 visas H-2A solo en 2023; además, la concentración del programa en estados como California, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Washington confirma que ya no se trata de un recurso marginal, sino de una infraestructura laboral decisiva para la seguridad alimentaria estadounidense. [gao.gov], [agri-pulse.com]
Pero precisamente ahí aparece la gran paradoja. El programa H-2A es presentado como una vía ordenada y legal para suplir la escasez de mano de obra, y sin duda ofrece ventajas concretas: reduce el incentivo al cruce irregular, da previsibilidad a los empleadores y permite a miles de trabajadores obtener ingresos superiores a los de sus países de origen. Sin embargo, esa utilidad económica convive con una arquitectura institucional que ata el estatus migratorio del trabajador a un solo empleador, lo que reduce drásticamente su capacidad de negociación y amplifica el desequilibrio de poder. Cuando un trabajador depende de una sola empresa para conservar su empleo, su estadía legal y la posibilidad de volver la temporada siguiente, la “legalidad” del vínculo no necesariamente garantiza libertad real. La advertencia de que este diseño incrementa la vulnerabilidad a abusos no es retórica militante: responde a una lógica estructural bien conocida en los regímenes de trabajo temporal cerrados. [gao.gov], [agri-pulse.com]
La evidencia de supervisión tampoco invita al optimismo. El GAO estableció que, de 2,857 investigaciones realizadas por el Departamento de Trabajo entre los años fiscales 2018 y 2023, el 84 % encontró una o más violaciones, siendo las más comunes las relacionadas con pago; además, esas pesquisas apenas alcanzaron una fracción reducida del universo de empleadores participantes. Más aún, el mismo informe advirtió que la capacidad investigativa es limitada y que devolver salarios adeudados a trabajadores que ya regresaron a sus países de origen sigue siendo especialmente difícil. En otras palabras, el sistema crece más rápido que la capacidad pública para vigilarlo. Y cuando un programa aumenta de escala sin aumentar al mismo ritmo la fiscalización, el riesgo no solo es el incumplimiento, sino la normalización del incumplimiento como parte del costo operativo del negocio agrícola. [gao.gov], [agri-pulse.com]
La administración Trump ha profundizado, además, una segunda contradicción: al endurecer la política migratoria y restringir múltiples vías de movilidad legal, ha incrementado el valor estratégico del H-2A; pero, al mismo tiempo, las reglas salariales cambiadas por el Departamento de Trabajo en octubre de 2025 redujeron la protección económica que, en teoría, debía impedir que la contratación de extranjeros afectara negativamente a los trabajadores domésticos. El Federal Register documenta que la nueva metodología del Adverse Effect Wage Rate (AEWR) sustituyó el esquema previo por otro basado en datos del Occupational Employment and Wage Statistics y creó categorías que, en la práctica, permiten salarios más bajos en muchos casos; análisis de Cornell y otros centros especializados han subrayado que las nuevas tasas para 2026 serían inferiores en varios estados respecto de las vigentes previamente. El resultado es políticamente revelador: Washington dice querer controlar la inmigración, pero abarata selectivamente la vía que más conviene a los sectores que dependen de mano de obra intensiva. [federalregister.gov], [agworkforc...ornell.edu]
No sorprende, por tanto, que el programa continúe expandiéndose. Otro dato oficial ayuda a entenderlo: el H-2A no tiene tope numérico anual, a diferencia del H-2B, y exige a los empleadores proveer alojamiento y transporte, así como pagar el salario más alto aplicable entre las distintas referencias regulatorias. Sin embargo, la nueva fijación salarial hace más atractivo el programa para el productor, especialmente en cultivos delicados y poco mecanizables. Al mismo tiempo, organismos y académicos han advertido que menores costos laborales pueden reducir los incentivos para innovar, mecanizar o mejorar la retención de trabajadores residentes. El problema, entonces, no es solo laboral; también es productivo: si el modelo agroexportador se acostumbra a una reserva creciente de trabajadores temporalmente importados y relativamente cautivos, puede posponer las transformaciones estructurales que la agricultura del siglo XXI necesita. [flag.dol.gov], [s.giannini.ucop.edu]
A esto se suma un elemento decisivo: el mercado todavía no recompensa de manera consistente las buenas prácticas. Distintas iniciativas privadas y certificaciones han intentado elevar estándares en reclutamiento, vivienda, prevención de trata y atención a quejas, pero el propio debate sectorial reconoce que los compradores y grandes cadenas minoristas rara vez pagan una prima significativa por ese esfuerzo. En consecuencia, muchos contratistas éticos enfrentan una desventaja competitiva frente a quienes abaratan costos al borde —o más allá— de la ley. Esa falla de incentivos explica por qué la mejora voluntaria, aunque valiosa, no basta: sin una señal clara de precios, una exigencia vinculante de los compradores o una presencia regulatoria más fuerte, el “buen comportamiento” corre el riesgo de convertirse en una excepción costosa y no en la norma del sistema. [agri-pulse.com], [gao.gov]
La discusión de fondo, por tanto, no debería reducirse a si el H-2A es necesario. A estas alturas, ya es evidente que sí lo es para amplias zonas de la agricultura estadounidense. La verdadera discusión debe centrarse en qué tipo de programa H-2A quiere Estados Unidos: uno concebido para suministrar mano de obra dócil y barata a un sistema de alta presión comercial, o uno capaz de equilibrar necesidad económica con derechos efectivos. Reformas como permitir mayor movilidad entre empleadores, fortalecer los mecanismos de denuncia, dotar de más recursos al enforcement y blindar el salario mínimo sectorial contra manipulaciones políticas serían pasos razonables y urgentes. Porque si el campo estadounidense ha decidido depender más que nunca de este visado, entonces también debe aceptar una verdad elemental: no puede seguir cosechando legitimidad pública con un modelo que, en demasiados casos, sigue sembrando vulnerabilidad. [gao.gov], [federalregister.gov]
Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor
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