DIÁLOGO LIBRE
“Procuramos la implementación de la ‘fotomulta’ como uno de los mecanismos de fiscalización”
Director del Intrant apela a la educación vial y a la conciencia ciudadana para lograr una mejor movilidad en el tránsito, pero también advierte sobre el régimen de consecuencias.
Adalberto de la Rosa - SANTO DOMINGO 02/08/2021, 12:00 AM
Diálogo Libre con Rafael Ernesto Arias Ramírez, Director Operativo del INTRANT
El Gobierno implementará un sistema de fiscalización de control de circulación vial mediante el mecanismo de “fotomultas”, un sistema utilizado en otros países que sirve de prueba para sancionar a los violadores de la ley de tránsito. No se requiere la presencia física de agentes policiales, sino que se aplica mediante un sistema de cámaras instaladas en las vías públicas.
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (intrant), Rafael Arias, indicó que ya se está trabajando en ese proyecto por medio de la Dirección General de Alianzas Público Privadas y dijo estar seguro de que permitirá resolver el problema de los conductores incumplidores de la ley de tránsito. De hecho, en avenidas como la Abraham Lincoln ya hay cámaras instaladas para esos fines, pero todavía el proyecto no ha empezado.
Arias informó que se están buscando alternativas que permitan hacer la fiscalización adecuada sin medio presencial porque la fiscalización es una de las tareas más difíciles de implementar por el radio de acción que implica.
“Tal vez hoy uno se pueda ir en su semáforo en rojo y si nadie lo ve, pasa bien. Pero mañana, aunque nadie lo vea, recibirá una multa en su casa que diga que debe pagar tres salarios mínimos. Lo va a sentir, además la ley contempla acciones que obligan o tendrán consecuencias si no se paga la multa. Por ejemplo, no podrá sacar un seguro y por tanto no podrá circular, no podrá renovar la licencia ni podrá obtener el papel de buena conducta”.
Aseguró que con régimen de consecuencia como el pago de multas se podrá lograr que los ciudadanos aprendan a usar las vías con responsabilidad.
Arias recordó que el proceso de fiscalización de vehículos está a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito (Digesett), pero el factor humano con que cuenta para hacer cumplir la ley es reducido, por lo que se apela al uso de la tecnología como manda la legislación en las acciones de fiscalización.
El Registro Nacional de Motocicletas, una iniciativa del presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Interior y Policía, para reducir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, ha logrado inspeccionar 80,000 unidades solo en el Distrito Nacional desde que se inició el proyecto en el mes de junio, informó el director del Intrant. El levantamiento ha permitido encontrar diferentes irregularidades como es el caso de retenciones de motocicletas porque el Estado ha permitido que agencias vendan esos vehículos sin la placa y sin las documentaciones de ley.
“Vamos a hacer una apertura de reintegración de esas motocicletas porque en el proceso de regulación a las que no tengan la placa se les está asignando un código único. No es justo que si se asigna un código a una motocicleta sin placas que anda en la calle no se haga el mismo proceso para una que tengo retenida. Estamos devolviendo a ese usuario la motocicleta que se le retuvo por falta de placa”.
Informó que el Intrant, junto a la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas, trabaja en un proyecto para que todas las unidades salgan a la calle con su placa y así evitar los inconvenientes en las calles.
Sostuvo que también se busca una salida a los demás casos porque consideró penoso ver la cantidad de motocicletas y otros vehículos en el canódromo. Será la primera vez que se buscará una solución a ese problema que se ha venido agravando con los años.
Por otro lado, Arias aclaró que las personas que tienen licencia categoría 2, 3 y demás no están facultados para manejar motocicletas. Indicó que para esos fines se requiere obtener la licencia categoría 1 y 1B para motores de mayor cilindraje.
Reconoció que existe un vacío en la ley porque hay aspectos que debieron contemplarse y no se hizo como es el caso de que una persona que tenga categoría 5, por ejemplo, está facultada para conducir un vehículo categoría 2 y adelantó que más adelante se unificarían en un solo documento las categorías que el usuario está autorizado a manejar.
Arias favorece las ciclovías como un derecho de uso de las vías de manera que se pueda respetar el derecho que cada persona tiene de trasladarse de la manera que considere. Manifestó que hay que aprender a convivir con la realidad y el derecho de los demás. “Ahora, el mecanismo de división que se ha establecido en algunas ciclovías, posiblemente no sea el adecuado en este momento, pero nunca será adecuado hasta que nosotros tengamos niveles de conciencia de que ese espacio no es mío y debo respetarlo” indicó el funcionario.
Al respeto, Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible del Intrant, dijo que coordinan con las alcaldías ese tipo de proyectos y aclaró que el cuestionamiento a la ciclovía de la avenida Bolívar ha surgido solo desde la Máximo Gámez hasta la avenida Abraham Lincoln.
“La Alcaldía del Distrito ha tenido una cercanía con las juntas de vecinos de la zona y nosotros hemos sido parte de esa mesa de trabajo para poder llegar en un común acuerdo para beneficio de todos. Como decía el director, se trabaja para que todos podamos tener espacios en la circulación y facilitar al usuario vulnerable su derecho a desplazamiento”.
La funcionaria apeló a la comprensión de los ciudadanos para respetar los espacios de cada usuario de las vías de la ciudad, tanto a ciclistas como a peatones y reveló que el 20% de las muertes por accidente de tránsito en el país son atropellos.
Rafael Arias, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dijo que se están descontinuando prácticas violatorias a la ley 63-17 y dijo que aspira a una mejor implementación psicofísica. Adelantó que tomarán medidas contra los jóvenes que se dedican a llevar mercancías desde los colmados y otros establecimientos comerciales a las residencias. “Posiblemente hacia ustedes llegarán las quejas de ciudadanos cuando comencemos a fiscalizar a los deliverys, sobre todo muchos colmados que utilizan a menores de edad, que andan conduciendo motocicletas. No podemos darles licencia, esa queja va a venir y ahí necesitamos que nos apoyen (los medios de comunicación) y que los propietarios de los negocios contraten mayores de edad para hacer ese trabajo. Es una situación que encontramos y hay que pararla aunque haya quejas”.
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