SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) orientó a sus legisladores dar apoyo al proyecto de Ley de Reorganización de la Administración Pública propuesto por la diputada Faride Raful, mediante el cual, el Estado se ahorraría más de 15,000 millones de pesos.
La dirección ejecutiva del partido opositor resalta que la OXFAM acaba de hacer un estudio a través del cual se revela que el malgasto de la administración pública supera los 91,000 millones de pesos, sumado a que el FMI ha proyectado que la corrupción a escala mundial anda en el 2% del PIB, lo que para la República Dominicana representaría unos 78,000 millones de pesos en el presupuesto de 2018.
Dice que, sobre la base de una revisión detallada de más de 6,000 cuentas de gastos del Gobierno pudo determinar en 2016, una desviación de fondos del orden de un 2.5% del PIB, equivalente a 82,000 millones de pesos.
Además, dice que Latinobarómetro estableció que en 2016 el 46% de los dominicanos habría tenido que pagar algún tipo de soborno para obtener un servicio público.
“Todos los indicadores internacionales como son el Índice Global de Competitividad, Transparencia Internacional, Latino-barómetro y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial señalan un serio deterioro en la institucionalidad del país, caracterizado por un aumento de la corrupción, la desviación de fondos y la impunidad, lo cual deslegitima al Gobierno para poner más impuestos”, enfatiza el PRM.
Afirma que es innegable que si el Gobierno mantiene la misma trayectoria de estos años, en cuanto al descontrol del gasto, la existencia de grandes déficits y el masivo endeudamiento, se producirá un escenario financiero insostenible e inmanejable; el cual se complica debido a la poca credibilidad del gobierno para cobrar más impuestos.
El PRM demanda del Gobierno que abandone el camino del despilfarro y la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos y que adopte un verdadero compromiso con una mejor calidad del gasto, asumiendo que mejorar la calidad del gasto no significa dejar de gastar, sino gastar mejor en lo que necesita la sociedad para materializar los derechos ciudadanos.
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