jueves, 4 de mayo de 2017

Puerto Rico se declara finalmente en quiebra

Puerto Rico se declara finalmente en quiebra


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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó esta mañana su solicitud para que el gobierno de Puerto Rico quede bajo la protección del Título III de la ley federal PROMESA y así dar solución a una deuda de 73 mil millones de dólares.
El pedido se radicó en la corte del distrito federal de Puerto Rico, donde el asesor general de la Junta, Jaime El Koury, presentó la resolución del ente federal para proceder con la solicitud parecida a un proceso de bancarrota y que apareció aprobada ayer mismo.
La reestructuración de esta deuda será compleja, sobre todo por su tamaño. Cuando Detroit se declaró en quiebra en 2013 debía 18.000 millones, mientras que Puerto Rico adeuda unos 73.000 millones de dólares a sus acreedores.
Esta petición se ampara en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una vez agotada sin éxito la negociación entre el Gobierno de Puerto Rico y sus deudores.
El título III paraliza todas las demandas judiciales, y tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -el Gobierno-, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
En conferencia de prensa, el gobernador, quien trasladó su notificación a la JSF el pasado martes, indicó que la petición quiere asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía o el pago de las nóminas a los empleados públicos.
A su vez, explicó que tras “amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”.
La moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico, dejó de tener efecto anteayer. “Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores, dijo el gobernador de la isla, Ricardo Roselló, quien previamente había hecho la petición a la Junta.
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