lunes, 9 de marzo de 2026

Yayo Sanz Lovatón anuncia ofensiva nacional contra el comercio ilícito

Yayo Sanz Lovatón anuncia ofensiva nacional contra el comercio ilícito
El Ceccom ejecutará auditorías operativas y revisión de permisos, salvaguardando la competencia leal y la industria formal
Santo Domingo, R.D., 9 de marzo de 2026.– Consolidando una alianza estratégica para proteger la economía dominicana frente a la competencia desleal, el Estado dominicano anunció el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales en todo el país, respaldada por nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal.
Esta acción fue validada en la sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito. En este espacio, las capacidades de inteligencia y ejecución de los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Hacienda y Economía se fusionan con el poder operativo de las direcciones generales de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), creando un bloque unificado de acción estatal.
Durante el encuentro, Sanz Lovatón destacó que la efectividad de esta mesa radica en haber institucionalizado el diálogo, logrando que la inteligencia de mercado que aportan los gremios se convierta en política pública vinculante. En este contexto, el ministro subrayó el compromiso innegociable del gobierno con la protección de las inversiones formales:
"El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos", afirmó el titular del MICM. El funcionario advirtió que el comercio ilícito no es solo una fuga recaudatoria, sino un ataque directo a la competitividad del país. "Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el marco de la ley. Nuestra misión, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, nivelar el terreno de juego y proteger la salud del consumidor".
La articulación de estas acciones se selló en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con una participación robusta del liderazgo público y privado. Por el gabinete gubernamental, la sesión integró a los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y de Trabajo, Eddy Olivares; así como al director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
Por parte del sector empresarial, el pacto de acción contó con el respaldo de Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y de Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad. La presencia y validación de estos líderes gremiales reafirma que las decisiones adoptadas no son medidas unilaterales, sino el resultado de un Estado que escucha, asimila y protege a su tejido productivo.
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Reseña informativa: Auditoría nacional y trazabilidad para enfrentar el comercio ilícito

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

El Estado dominicano informó el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales a nivel nacional, apoyada en nuevas métricas de trazabilidad y en un refuerzo del control fiscal como parte de una estrategia interinstitucional contra el comercio ilícito. 

La medida fue presentada en el marco de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, un espacio de coordinación que integra capacidades de los ministerios vinculados a la política económica y productiva, junto con entidades operativas y de control como Aduanas, Impuestos Internos y el Ceccom

De acuerdo con la información publicada, el Ceccom tendrá un rol clave en la ejecución de auditorías operativas y en la revisión de permisos, lo que sugiere una estrategia que combina verificación documental con intervención en terreno. 

¿Qué se busca proteger con estas medidas?

El anuncio plantea como objetivos explícitos reducir la competencia desleal, respaldar la industria y el comercio formal y proteger a los consumidores, al reforzar el cumplimiento regulatorio y la fiscalización de operaciones comerciales. 

En términos de política pública, este enfoque se alinea con diagnósticos internacionales que describen el comercio ilícito como un fenómeno que distorsiona mercados, erosiona ingresos fiscales y afecta la seguridad y la confianza pública, especialmente cuando se apalanca en cadenas de suministro complejas.

También responde a una preocupación transversal: la presencia de mercancías irregulares (incluyendo falsificaciones y contrabando) tiende a elevar riesgos de salud y seguridad del consumidor, al circular productos fuera de estándares y sin trazabilidad verificable. 

La trazabilidad como “columna vertebral” del control

El componente de métricas de trazabilidad es relevante porque apunta a fortalecer la capacidad del Estado para rastrear origen, ruta y legitimidad de mercancías y operaciones, un principio recurrente en enfoques modernos de control aduanero y de fiscalización del comercio.

A nivel comparado, la Organización Mundial de Aduanas ha resaltado que el combate al comercio ilícito mejora cuando se apoya en inteligencia, analítica de datos, cooperación interinstitucional y herramientas que permitan identificar patrones y riesgos en cadenas logísticas.

Coordinación público‑privada: del diagnóstico a la acción

La Mesa de Coordinación presentada en las notas consultadas enfatiza un elemento operativo: convertir información del mercado y alertas del sector productivo en acciones de fiscalización y revisión de permisos, lo que sugiere una política más “conectada” con la realidad de los sectores. [

Este tipo de mecanismos es consistente con recomendaciones internacionales que destacan la necesidad de coordinación doméstica e intercambio de información para desarticular redes de comercio ilícito, que suelen adaptarse rápidamente a controles aislados.

¿Qué puede significar para la sociedad dominicana?

En lo inmediato, una auditoría nacional de permisos y licencias puede traducirse en mayor ordenamiento del mercado, particularmente en rubros sensibles a la informalidad y al contrabando, al elevar el costo de incumplir y cerrar brechas regulatorias. 

En el mediano plazo, el refuerzo del control fiscal y la trazabilidad puede impactar la recaudación y la competencia, al reducir ventajas artificiales de quienes operan fuera del marco legal, un problema que organismos internacionales señalan como distorsionador de precios y de inversión.

Desde la óptica del consumidor, la promesa de “nivelar el terreno” se conecta con la idea de que menos comercio ilícito suele implicar menos exposición a productos inseguros y más capacidad del Estado de verificar estándares y responsabilidades en la cadena.

Señales de implementación que conviene observar

Para evaluar el avance de estas medidas sin caer en lecturas subjetivas, suele ser útil dar seguimiento a indicadores verificables como:

  • Número de auditorías operativas ejecutadas, tipos de permisos revisados y hallazgos recurrentes. 
  • Mejoras en trazabilidad (p. ej., requisitos de documentación, interoperabilidad entre instituciones y controles basados en riesgo). 
  • Coordinación interinstitucional y acciones conjuntas, un factor que la WCO subraya como clave frente a redes criminales adaptativas. 

Recomendación práctica para empresas (en tono informativo)

Dado el anuncio, una buena práctica preventiva para comercios y operadores formales es auditar internamente su carpeta de permisos/licencias, fortalecer trazabilidad documental (facturas, origen, rutas, inventarios) y revisar cumplimiento fiscal y aduanero, para reducir exposición a sanciones o interrupciones operativas. 

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