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Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiana (PRSC), Alianza País (ALPAIS) y Frente Amplio (FA) rechazaron esta mañana la aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Fideicomiso Público, refrendado ayer en la Cámara de Diputados, por entender que es inconstitucional y compromete la propiedad de los bienes del Estado.
Sin embargo el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Revolucionario Dominicano lo defienden y dicen que ayudará a eficientizar muchas instituciones públicas.
Juan Julio Campos, Omar Fernández, Pedro Botello y Pedro Martínez, voceros del PLD, FP, PRSC Y ALPAIS, respectivamente, sostienen que la pieza tal y como fue aprobada por la Cámara Baja es inconstitucional y no garantiza que los bienes que pasarán a fideicomiso seguirán siendo público.
Campos dijo que la iniciativa fue aprobada como ley ordinaria cuando en realidad se trata de una ley orgánica.
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“El PLD no está en contra de este proyecto desde el punto de vista del fondo, pero no en la manera en que fue aprobado, porque con relación al informe de la comisión en muchos aspectos no estábamos de acuerdo y con relación a la manera en que se aprobó el proyecto siendo esta una ley orgánica establecida en los artículos 128 numeral 2 literal D de la Constitución y en el artículo 112 que establece que las leyes orgánicas deben ser aprobadas con las dos terceras partes de manera taxativa como lo estable la ley sustantiva de la nación”, sostuvo.
Omar Fernández
Omar Fernández, vocero de la FP, dijo que el PRM no tiene los votos para lograr pasar este proyecto que con una aprobación más en la Cámara Baja sería convertido en ley por parte del Congreso Nacional y pasaría de manera expresa al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación.
“Cuando involucra enajenación de bienes del Estado y operaciones financieras es porque es una ley orgánica, pero nos han querido vender que es una ley ordinaria”, dijo Fernández.
Pedro Botello
Mientras que el vocero reformista en la Cámara Baja es de opinión que un proyecto no debe ser convertido en ley con la celeridad que pretenden los diputados oficialistas.
“Con un proyecto tan importante como el fideicomiso público, el manejo de bienes del Estado, con el peligro de que caigan en manos privadas, no se puede aprobar como se hizo, pero además como se trata de una ley que compromete los bienes no puede aprobar como si se trata de una ley ordinaria, sino que debe manejarse como orgánica, y por tanto para su aprobación se requiere ser aprobada por las dos terceras partes de los presentes en la sesión”, dijo Pedro Botello.
Sauris Mota
De su lado el PRD, a través de su vocero en la Cámara Baja, explicó que tras las modificaciones que se hicieron en la comisión que estudió la pieza, decidieron ofrecer su respaldo.
Mota añadió que se colocó que los acuerdos y contratos que se hagan serán conforme a la Ley 340-06 de Contrataciones, que era uno de los reclamos que hacían los partidos de la oposición.
Julio Fulcar
Mientras que el vocero del PRM, Julito Fulcar, defendió los fideicomisos y dijo que no es cierto que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados sea inconstitucional.
Destacó que la ley beneficiará a todos el país y consideró que el debate en torno al proyecto no puede ser politizado. Al mismo tiempo dijo que la iniciativa garantiza que los bienes que serán manejado bajo esta modalidad seguirán siendo de propiedad pública.
Pedro Martínez
Para el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, el “problema es que la ley de fideicomiso tiene una serie de fisuras que tienden a afectar el patrimonio público”.
“El hecho de la creación continua de estos fideicomisos es una reducción del patrimonio público, por ejemplo un patrimonio como el de Red Vial debía manejarlo el Estado y los ingresos que se pagan en los peajes no están en el presupuesto”, opinó.
Rodríguez Restituyo
De su lado el vocero del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, dijo que el PRM está haciendo lo mismo que hizo el PLD en el año 1997 con la capitalización de las empresas del Estado, que al final fueron a parar a manos privadas.
“Es lo mismo con otro nombre, la misma forma de que los bienes del Estado no se destinen a beneficiar a la colectividad”, dijo.
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