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@AliciaOrtegah tras escándalos de corrupción en la República Dominicana
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SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Por NICOLE ESPEJO 22-09-2020 14:00

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Porque no se pudo estructurar el tipo penal de enriquecimiento ilícito, porque consideró como inválida la acusación de falsedad de escritura pública en la declaración de patrimonio, y porque no encontró pruebas suficientes para tipificar el delito del blanqueo de activos; fue que el Ministerio Público que encabezó Jean Alain Rodríguez dispuso el archivo definitivo de Julio César Valentín en el caso Odebrecht el 27 de septiembre 2019.
Fue este lunes cuando el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Milton Camacho, dio a conocer que los archivos que habían pasado a estado provisional según anunció el ex procurador Jean Alain Rodríguez, realmente fueron definitivos.
“Los que se quedaron ahora que dicen que no lo sabían, son tan irresponsables como aquel que ya no está, que dijo que el archivo era provisional para estafar a la gente con esa información, y que ahora resulta que era definitivo”, expresó el abogado Manuel (Manny) Sierra.
A pesar de la indignación que causó la información en la comunidad jurídica, la acción de Rodríguez no tiene consecuencia o sanción legal.
Junto a Valentín, se archivaron los expedientes de Juan Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, Ruddy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo de Óleo y Radhamés Segura.
En el expediente, al que Acento tuvo acceso, el Ministerio Público planteó las razones por las que procedió a pasar de archivo provisional fundamentado en la causal 4 (los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos) a archivo definitivo fundamentado en la causal 6 (es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal).
La motivación del Ministerio Público en ese sentido fue que, con la exclusión de dos inmuebles y un vehículo de la esposa del imputado de su patrimonio, “erróneamente declarados como propios” en la investigación preliminar, no se observaba un aumento desproporcional del patrimonio. Por tanto, “no existen los elementos suficientes para establecer los elementos constitutivos del enriquecimiento ilícito”.
El órgano estableció que comprobó que los vehículos de lujo que figuraban a su nombre en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no pertenecían a Valentín, sino a terceros que los habían adquirido a través de su persona por el beneficio del que gozaba como senador. Según argumentó el Ministerio Público, eso no constituye una infracción penal.
Junto a estas razones, señaló que, a diferencia de otros imputados, no encontraron pruebas suficientes para tipificar el delito de blanqueo de activos, lavado de activos, ni que usara testaferro para ocultar las operaciones.
El documento indica que el caso de Julio César Valentín se dictó como archivo provisional por medio del auto 00011 del 7 de junio 2018.
Más tarde, el 27 de septiembre del 2019, el Ministerio Público escribió: “A pesar del gran esfuerzo que ha realizado hasta el día de hoy luego de dictar el archivo provisional, el Ministerio Público, no pudo encontrar, ni existe la posibilidad de incluir evidencias que permitan variar el estado del presente proceso por lo que, el Ministerio Público, a tenor del principio de objetividad que rige sus actuaciones (…) procedió a dictar un archivo definitivo en su beneficio”.
Si la actual Procuraduría entiende que hubo una actuación fraudulenta al momento de archivar definitivamente luego de que el archivo era provisional, puede abrir un proceso en contra de la pasada gestión. “Como el fraude lo corrompe todo, entonces ella puede dentro de ese argumento reabrir el proceso”, dijo Sierra.
Por otro lado, como las leyes indican que los actos de corrupción son imprescriptibles, la actual procuradora puede abrir el proceso para continuar la investigación de los ex imputados en el caso, ya que no han sido juzgados, sino investigados https://acento.com.do/actualidad/las-razones-de-jean-alain-para-archivar-definitivamente-a-julio-cesar-valentin-en-odebrecht-uno-de-los-8-provisionales-8863721.html
Por KATHERYN LUNA 21-09-2020 18:00
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Opiniones encontradas ha generado en economistas la posibilidad de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) funcionen bajo la modalidad alianza público-privada, como establece la ley.
Para el economista Antonio Ciriaco Cruz, el cambio implicaría una modificación de la tarifa, es decir, un aumento en el costo que actualmente pagan los usuarios, que es entre 15 y 20 pesos cada viaje. Sostiene, que de sentirse atraído el sector privado en estos sistemas de transporte público, podría ocasionar problemas de carácter social y político ante la necesidad de aumentar la tarifa.
Indica que no cree que el sector privado se sienta atraído, porque en estos momentos ninguno de los dos sistemas de transporte es rentables. "Si el sector privado se anima mediante una alianza público-privada, entonces eso tendría que modificar la tarifa y una modificación de tarifa del transporte en la OMSA o el Metro, implicaría un aumento y ocasionaría problemas de carácter político y social. Por lo tanto, en esas actividades no es recomendable", apunta.
Ciriaco Cruz considera que las alianzas público-privada sí son recomendables en proyectos de infraestructura a largo plazos, como la construcción de carreteras con estaciones de peajes, construcción de vías ferroviarias interconectadas con importantes puertos para dar salida a productos de exportación, así como la promoción y construcción de zonas turísticas.
Un subsidio para los necesitados
Sin embargo, el economista Miguel Collado Di Franco, estima que las alianzas público-privada son muy buenas alternativas para los gobiernos, porque permiten un aumento de los activos del Estado, menor endeudamiento y ayudan a mantener la calidad del servicio y evitar su deterioro.
Sostiene que otro beneficio es que tendrían planes de inversión a largo plazo, sacando el transporte del aspecto político, porque los gobiernos usan el tema del transporte para políticas de corto plazo.
En cuanto a la tarifa, afirma que se podrían hacer esquemas tarifarios objetivos, en el sentido de determinar los mismos en base a los costos de las empresas y que estas se hagan bajo una supervisión independiente del Estado. "Incluso, el esquema original del tarifario de las Edes (Empresa Distribuidora de Electricidad), cuando se capitalizaron, había una supervisión independiente del Estado. Si se establecieran subsidios, se deberían establecer en caso de que se requirieran, por el lado de la demanda, es decir, tu no subsidias toda la tarifa, todo el esquema tarifario del trasporte, sino solamente las personas que en verdad lo necesiten", manifestó.
Considera que en la actualidad existen distorsiones en el servicio, porque hay usuarios que tienen posibilidad de pagar un precio mayor y otros que no.
En cuanto a un aumento en el costo, explica que no necesariamente tiene que aumentar de repente, sino escalonadamente, porque la idea es tener un servicio de mayor calidad.
La idea de que la OMSA y la Opret, que maneja el Metro de Santo Domingo, pasen a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privada, ocasionó diversas opiniones el fin de semana pasado, luego de que el director general de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, revelara que ambos sistemas podrían ser las primeras en el país en operar bajo esta modalidad, según lo establecido en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y seguridad Vial del 2017.
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La OMSA movilizó en 2019 alrededor 30 millones de personas, y estiman que cierren el 2020 con 9 millones 700 mil, por la situación de la pandemia. Mientras que el sistema de transporte integrado de Metro y Teleférico movilizó 105 millones de personas en el año 2019 https://acento.com.do/actualidad/aumentaria-el-pasaje-la-privatizacion-de-la-omsa-y-metro-8863318.html
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido vinculado con "crímenes de lesa humanidad" por la ONU. Sobre ese tema y sobre la situación en Venezuela, DW le ofrece este especial con amplio contenido multimedia.