DESCONSTRUYENDO
Instituciones, reglas y economía
Si esta administración intenta andar verdaderamente por el camino del desarrollo y el bienestar para todos, no debe proporcionar la riqueza a unos pocos.
La presente administración del gobierno tiene como política fundamental la promoción de una economía de mercado. Para esto, se planteó sustituir el sistema nacional de inversiones públicas, a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), por el de inversiones realizadas a través de las asociaciones público-privadas (APP). No cabe duda de que el gobierno no consideró la experiencia de los innumerables fracasos de las APP tanto en países desarrollados como subdesarrollados y tampoco tomó en cuenta la debilidad institucional que caracteriza al estado dominicano. Algunas de estas debilidades han sido recientemente resaltadas por el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que señala algunos vicios de la administración pública con respecto a la inversión extranjera en el país (2020 Estado del Clima de Inversión: República Dominicana).
Vale la pena repasar los principales señalamientos de nuestro principal socio comercial contenidos en este reporte que señala que no existen reglas estandarizadas para competir, que existe debilidad en el cumplimiento de las reglas, una amplia existencia de corrupción, un sistema judicial lento y sesgado y procesos administrativos igualmente lentos. Asimismo, no existen procedimientos estándares en la valoración y clasificación de mercancías en las aduanas. Y se señala también que las expropiaciones del gobierno no son compensadas como ordena la ley.
Según este informe, el público percibe que las decisiones administrativas y judiciales son inconsistentes, opacas y que toman mucho tiempo. “La corrupción y la pobre implementación de las leyes existentes se discuten como agravantes por los inversionistas extranjeros” que tienen la intención de invertir en el país. Si el gobierno conoce esta situación de la debilidad institucional generalizada, la pregunta obligada es por qué el gobierno se arriesga a realizar contratos con firmas privadas, sabiendo que la experiencia enseña que esta relación público-privado ha sido normalmente perjudicial para el estado dominicano y, por tanto, para la gente.
Dicho de otra manera, el estado dominicano no tiene la fortaleza institucional para regular a las firmas privadas que operan en la economía doméstica. Una economía de mercado necesita de un fuerte marco legal e institucional, bien definido y contar con funcionarios capaces de cumplir y hacer cumplir la ley. No se trata de una mera declaración de intenciones o principios con lo que se soluciona este problema, sino de accionar en favor de la transformación institucional del país mediante decisiones firmes y contundentes en esa dirección.
La existencia de abundante información pública y contar con un aparato institucional que se rija por reglas claras, contribuyen a racionalizar las decisiones de los agentes económicos, y cuya racionalidad supera a los ejercicios de la planificación central (Kydland y Prescott, 1977). Sin embargo, contario a las recomendaciones de mayor transparencia y de disponibilidad de información, el gobierno dominicano ha seleccionado a las APP como la herramienta para invertir los recursos públicos, las cuales se han caracterizado, en cualquier parte del mundo desarrollado, subdesarrollado o países pobres, por su opacidad. Estas entidades emplean dinero público, pero se oponen a la rendición de cuentas a los ministerios de hacienda y a las direcciones de presupuesto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que esas entidades representan un peligro para la buena administración de las finanzas públicas. Si la administración financiera del gobierno no tiene las herramientas para lograr contratos con el sector privado caracterizados por un balance adecuado de los riesgos, entonces cabe esperar que el gobierno siempre cargue con los riesgos financieros y de otra naturaleza, como en efecto ha ocurrido y ocurre en el país. Hasta ahora, la experiencia con las APP en la Carretera del Nordeste y otros contratos como el de la empresa minera Barrickgold, han resultado lesivos para las finanzas públicas y han colocado un pesado fardo sobre los que más pagan impuestos que son los consumidores.
Los contratos, los fideicomisos y las APP, constituyen arreglos jurídicos que garantizan la integridad del capital de cualquier acreedor (K. Pistor, 2019); según la autora, estos instrumentos jurídicos han conducido a la concentración del ingreso a nivel mundial, lo que se muestra en el libro Global Inequality de Branko Milanovic (2016) conocida como la Curva del Elefante. A partir del derecho legal de codificar los activos de las empresas, de un contrato o de una idea, se hace enteramente posible la conversión de cada uno de esos elementos en capital que pueden, asimismo, incrementar la capacidad de crear riqueza para sus dueños.
Las APP esconden la mayor parte de sus operaciones de las instituciones de supervisión, con consecuencias financieras como el de ocultar el verdadero tamaño del déficit fiscal y el monto de la deuda pública. Los países que han enfrentado esta situación y que han tenido que recurrir al FMI, fueron afectados por condicionalidades más severas, ya que los préstamos concedidos a las APP no fueron registrados como deuda pública y los gastos de las APP no fueron registrados en el gasto del gobierno, mejorando ficticiamente el balance fiscal.
El Decreto 499-21 crea el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado, que servirá de vehículo para implementar la política de recuperación del patrimonio desviado ilícitamente. En el caso de que lleguen a recuperar bienes o recursos ilícitamente obtenidos no sabremos la composición de los activos que el propio gobierno pone en administración a una fiduciaria. La duración del fideicomiso será de veinte años y luego se integrará al patrimonio público.
El problema con esta decisión es que los recursos recuperados estarían fuera de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por veinte años y que el fideicomiso destinará los fondos para el cumplimiento de los objetivos y fines, como del pago de sus obligaciones con cargo al patrimonio. Esos fondos no pasarían por la ejecución presupuestaria, de manera que sería un gasto del gobierno fuera del presupuesto, lo que no es justamente transparente porque nadie puede llevar las cuentas de esta entidad por la naturaleza jurídica del mismo.
Entonces, no vale la pena hablar de transparencia, sobre todo, cuando las políticas diseñadas están en franca contradicción con el acceso a la información pública. Las instituciones que cumplen con las reglas facilitan el funcionamiento de la economía y la sociedad; pero cuando las reglas y las instituciones fallan, las instituciones resultan disfuncionales e impiden el comportamiento armónico del conjunto social. Si esta administración intenta andar verdaderamente por el camino del desarrollo y el bienestar para todos, no debe proporcionar la riqueza a unos pocos; puesto que, de esta manera, el orden social se altera, la incertidumbre predomina y podría llegar hasta convertirse en una situación socialmente caótica
https://acento.com.do/opinion/instituciones-reglas-y-economia-8976764.html
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