El Congreso de Colombia refrenda el acuerdo de paz con las FARC
El Gobierno podrá iniciar la implementación de lo acordado después de cuatro años de negociaciones
Bogotá
El Congreso de Colombia refrendó este miércoles el segundo acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC la pasada semana en Bogotá. Después de dos maratonianas sesiones, en el Senado el martes y en la Cámara de Representantes un día después, cargadas de debates acalorados entre los defensores y los detractores del pacto, se consuma el paso necesario para implementar los acuerdos que ponen fin a más de 52 años de guerra.
Los debates de esta semana fueron una continuación de lo que han sido los últimos cuatro años de negociaciones entre el Ejecutivo y la guerrilla. El Gobierno de Juan Manuel Santos cuenta con mayoría en las dos cámaras del Congreso, por lo que la refrendación del nuevo texto, como todas las medidas que se han tomado estos años referentes al proceso de paz, era un hecho. El Senado respaldó el acuerdo con 75 votos a favor y ninguno en contra; en la Cámara de Representantes, la victoria fue por 130 votos a favor. Tampoco hubo votos en contra porque como ocurrió un día antes los representantes del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, se ausentaron de la votación.
Los críticos con el proceso, que abanderaron la victoria del ‘no’ en el plebiscito del 2 de octubre, encabezados Uribe, mantuvieron su posición de rechazo frontal al acuerdo, pese a que se han incluido algunas de las objeciones que habían hecho tras el referéndum. Los acuerdos “necesitan de un balance entre paz y justicia, pero en este hay impunidad total”, aseguró el martes Uribe durante su comparecencia en el Senado, de 40 minutos. Para el exmandatario, que ha pedido un nuevo plebiscito, la refrendación del acuerdo por parte del Congreso sustituye el “mandato popular”.
Dos meses después, Colombia regresa al escenario que hubiese supuesto una victoria del ´si´ en el plebiscito. Lo hace, no obstante, en un ambiente de fractura política absoluta y de desánimo generalizado en la población, dos de los grandes retos a revertir a partir de este jueves, cuando se inicie el proceso de implementación de lo pactado con las FARC. Un desafío ingente que, cómo no, estará repleto de obstáculos. También de dudas y de versiones encontradas entre ambas partes.
Santos aseguró este miércoles que a partir de mañana [por el jueves] comenzaría el famoso día D, es decir, el arranque de la implementación. Según afirmó en un acto militar, “en cinco días comienza el desplazamiento de las FARC hacia las Zonas Transitorias Veredales, para que allá se concentren todos los miembros de las FARC antes del 30 de diciembre. Allá comienza el proceso de desarme. En el Día D más 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas y las FARC dejarán de existir como grupo armado ilegal. En seis meses tendremos el conflicto totalmente finiquitado”.
Las expectativas de Santos chocan con los planteamientos de la guerrilla. Las FARC han sido tajantes a la hora de señalar que mientras no se apruebe la liberación de sus presos, no van a desmovilizarse en esas zonas que estarán monitoreadas por la misión de la ONU, encargada de verificar el cese al fuego. “El día D inicia después de que se ejecuten las primeras acciones... refrendarse el acuerdo y las primeras leyes de indulto y amnistía”, ha dicho en los últimos días, entre otros, Pastor Alape, miembro del secretariado de la guerrilla.
Para agilizar los trámites de la implementación del acuerdo el Congreso aprobó hace casi un año el llamado Acto Legislativo para la Paz, que concede facultades extraordinarias al presidente para expedir, durante seis meses, decretos relacionados con el proceso de paz. Esas nuevas leyes serán tramitadas a través del fast track, un mecanismo especial que requiere de menos debates en el Congreso y que evitaría que las normas se pospongan un año, algo a lo que las FARC no estaban dispuestas, porque consideran que les deja en un limbo jurídico.
La viabilidad del fast track es uno de los asuntos, otro más, sobre los que hay múltiples versiones y que puede llegar a ser un obstáculo. Al depender de la refrendación popular para que sea válido, queda ver si la aprobación por parte del Congreso es suficiente después del rechazo del plebiscito o, como defiende, el Centro Democrático, quedaría invalidado. Mientras algunos miembros Gobierno se han mostrado cautos hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, otros, como el senador Roy Barreras, negociador en la última etapa con las FARC, consideran que el ‘fast track’ está vigente.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/01/colombia/1480559982_804071.html
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