SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Cuando el sistema se mira al espejo: el caso “Extorsión” y la prueba real de la justicia
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Hay momentos en que una institución no se juega su credibilidad por lo que dice, sino por lo que hace cuando duele. Esta semana, el Ministerio Público dominicano volvió a quedar bajo un reflector incómodo: la imputación contra un fiscal por un presunto esquema de extorsión y soborno no solo abre un expediente penal; abre una pregunta mayor, casi ciudadana: ¿qué ocurre cuando quien debe perseguir la corrupción es señalado de intentar vender impunidad? [unodc.org], [track.unodc.org]
La reacción pública del director de Persecución, Wilson Camacho, fue directa: “Al Ministerio Público no lo define un acto de corrupción cometido por un fiscal, lo define la decisión de procesarlo sin privilegios… La legitimidad institucional se construye con hechos”. La frase, por sí sola, es potente. Pero en sociedades donde la confianza se agota rápido, el verdadero peso de esa declaración depende de algo más exigente: que esos “hechos” sean visibles, verificables y sostenidos, no un gesto de coyuntura. [unodc.org], [unodc.org][unodc.org], [worldjusti...roject.org]
Según lo publicado, el Ministerio Público acusa al fiscal Aurelio Valdez Alcántara de gestionar y recibir US$10,000 en una entrega controlada, a cambio de “alterar el curso del proceso” en fase de investigación. Además, se reporta que habría exigido inicialmente US$200,000, luego reducidos a US$150,000, y que en esa negociación mostró interés en un reloj Rolex y en un vehículo Mercedes Benz 350 o 450, rechazando opciones más económicas. El expediente reseñado también habla de presiones continuadas y de una frase que retrata la crudeza del poder mal usado: “¿para cuándo está la cosa?”, fijando incluso una fecha límite para la entrega. [unodc.org], [track.unodc.org][unodc.org], [unodc.org][unodc.org], [fatf-gafi.org]
La escena descrita en la cobertura es casi cinematográfica, pero justamente por eso exige frialdad institucional. Se sostiene que el encuentro para el pago se coordinó en el estacionamiento de un centro comercial, que se conformó un equipo para documentar la entrega vigilada y que luego, en la requisa del vehículo, se hallaron los 100 billetes de US$100 ocultos en el área del sunroof. También se reporta la ocupación de dispositivos y otros objetos, y que el órgano persecutor solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción, señalando la gravedad de los hechos. [unodc.org], [unodc.org][unodc.org], [congress.gov]
Hasta aquí, el país ve un caso penal. Pero la pregunta estratégica es otra: ¿cómo se protege la institución para que un hecho así no se convierta en la excusa perfecta de quienes quieren desacreditar toda la lucha anticorrupción? Porque ese riesgo existe. La historia reciente demuestra que cada vez que se destapa un escándalo dentro de una entidad de control, aparece un coro interesado en convertir el caso individual en una condena colectiva: “todos son iguales”, “nada cambia”, “es teatro”. [track.unodc.org], [worldjusti...roject.org]
Frente a ese ruido, la mejor defensa no es retórica: es gobernanza. Y gobernanza, en justicia, significa tres cosas simples: reglas claras, controles que funcionen y decisiones que puedan explicarse. Por eso, el mayor valor institucional de este caso no está en la indignación —que es comprensible— sino en la capacidad del sistema de demostrar que sabe autocorregirse sin romper el debido proceso. [unodc.org], [digitallib...ary.un.org]
Aquí conviene recordar una verdad incómoda: la corrupción en justicia duele más que en otras áreas porque contamina la idea misma de igualdad ante la ley. Cuando un fiscal es acusado de negociar un expediente, no solo se compra una decisión; se compra el mensaje de que la ley tiene precio. Eso es devastador para la cooperación ciudadana: la gente denuncia menos, confía menos, se resigna más. Y sin confianza, el sistema se vuelve más caro y menos efectivo, aunque tenga más operativos. [diariolibre.com], [worldjusti...roject.org]
De ahí que la frase “la legitimidad institucional se construye con hechos” tenga que traducirse en una ruta concreta de Estado. Primero, proteger los expedientes donde el imputado haya participado: auditoría de actuaciones clave, revisión de accesos, verificación de cadena de custodia y trazabilidad de decisiones sensibles. Si el mensaje es “esto no compromete los casos”, debe poder sostenerse con procedimientos y evidencia, no solo con declaraciones. [track.unodc.org], [unodc.org]
Segundo, cerrar las rendijas del sistema por donde suelen colarse estas conductas: la discrecionalidad sin supervisión. En cualquier institución, los puntos de mayor riesgo son los que combinan poder de decisión con baja visibilidad. En un ministerio público, eso puede estar en contactos informales con partes, manejo de evidencias, promesas de “ayuda” en investigación, o la capacidad de influir en el ritmo de un expediente. La respuesta estratégica es sencilla de formular y difícil de ejecutar: más trazabilidad, más separación de funciones y menos decisiones solitarias en hitos críticos. [7dias.com.do], [ehplus.do]
Tercero, comunicar con sobriedad. La institución debe informar lo necesario para sostener confianza, pero sin convertir el proceso en espectáculo ni afectar la investigación. En tiempos de redes, cualquier exceso se paga: si se habla de más, se acusa de linchamiento; si se habla de menos, se acusa de encubrimiento. El punto medio es la comunicación de “hechos de proceso”: qué se solicitó, qué autorizó un juez, qué se incautó, qué sigue en calendario, y qué garantías se respetan. [unodc.org], [congress.gov]
Cuarto, y quizá más importante: convertir el caso en una reforma medible. La ética institucional no puede depender de la buena voluntad. Debe estar anclada en un sistema: formación, controles, auditorías y sanciones, pero también cultura organizacional. En términos internacionales, el enfoque contemporáneo de integridad pública insiste en pasar de respuestas “ad hoc” a estrategias integrales basadas en riesgos, con rendición de cuentas. Y en justicia, Naciones Unidas llama a fortalecer la integridad del ministerio público con profesionalización, reglas de conducta y condiciones que prevengan oportunidades de corrupción. [eldia.com.do], [elgranerodelsur.com][cobertura.com.do], [ehplus.do]
La sociedad dominicana no espera perfección; espera coherencia. La gente sabe que ninguna institución es inmune a una mala conducta individual. Lo que la ciudadanía mide —y lo que decide confianza— es si el sistema reacciona igual frente a cualquiera, si no se protege a los suyos y si el proceso se sostiene con reglas y evidencias. En ese sentido, el caso “Extorsión” puede terminar siendo una derrota moral o una victoria institucional. Todo dependerá de la consistencia con que se demuestre, en la práctica, que aquí no manda el privilegio, sino la norma. [unodc.org], [noticiasmsm.com]
Al final, el país no necesita discursos sobre honestidad: necesita instituciones capaces de probarla cuando se les complica. Si el Ministerio Público logra que este caso se convierta en un punto de inflexión —con sanción proporcional si se prueba la conducta, con respeto estricto al debido proceso, con protección real de expedientes y con reformas verificables— entonces la frase de Camacho habrá sido algo más que una respuesta en X: habrá sido una decisión de Estado. [unodc.org], [digitallib...ary.un.org]
Fiscales piden un año de prisión preventiva contra Fausto Miguel Cruz por muerte de Orlando Jorge Mera
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió en la mañana del lunes a los 55 años tras ser tiroteado en su despacho por Miguel Cruz
Jhangeily Duran | Ramón Cruz Benzan
Santo Domingo, R.D.
El Ministerio Público (MP) depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la medida de coerción contra Fausto Miguel Cruz, señalado como confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.
La audiencia donde se conocerá la solicitud está pautada para realizarse mañana a las 9:00 a.m, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Según abogados que rondan por los pasillos del Palacio de Justicia, Cruz podría enfrentar entre 20 a 40 años por el asesinato de quien fue su amigo.
Asesinato
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió en la mañana del lunes a los 55 años tras ser tiroteado en su despacho por Cruz.
Según la información que maneja el Ministerio Público, el atacante, Miguel Cruz de 56 años, acudió y sin previo registro de armas, disparó a quien conoce desde hace más de dos décadas.
El expediente
La instancia de solicitud de un año de prisión preventiva fue depositada en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, faltando dos horas de vencerse el plazo de las 48 horas que otorga la Constitución para presentar a una persona detenida ante un juez, o de lo contrario dejarla en libertad.
Cruz de la Mota se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en espera de ser trasladado al tribunal para el conocimiento de la audiencia.
De acuerdo a la acusación, Cruz de la Mota, de 56 años de edad, cometió el hecho en el despacho de Jorge Mera, ubicado en el Ministerio de Medio Ambiente, en la avenida Luperón, de esta capital, y luego huyó hacia la Iglesia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la urbanización Real.
José Gregorio Custodio y David de los Santos Correa
Abinader asegura muerte joven detenido no quedará impune
Por Redacción ALMOMENTO.NETFecha: 03/05/2022
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader ha manifestado su consternación por la muerte del joven de 24 años David de los Santos Correa, ocurrida este domingo luego de haber estado detenido en el cuartel policial del sector de Naco de esta capital.
“Como ciudadano y presidente, expreso mi consternación por la muerte del joven David De Los Santos, quien se encontraba detenido en la Policía Nacional”, dijo Abinader este lunes en Twitter.
En un segundo twit señaló que: “Como en otros casos, cuyos responsables están sometidos y encarcelados, le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quien o quienes sean responsables”.
SEGUNDO EN QUINCE DÍAS
Santos es la segunda persona en 15 días que fallece en la República Dominicana luego de ser detenida por la Policía Nacional, lo que ha generado indignación y cuestionamientos a las actuaciones del cuerpo del orden.
PRIMERO JOSÉ GREGORIO CUSTODIO
El 17 de abril murió en similares circunstancias José Gregorio Custodio, de 38 años. Ocurrió en un hospital de San José de Ocoa al que fue trasladado desde el cuartel policial de allí, donde permaneció detenido por una denuncia de violencia de género.
La autopsia aún está pendiente, mientras familiares y comunitarios acusan a la Policía de haberlo golpeado y así, provocar su deceso.
FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA PIDE RESPUESTAS CONTUNDENTES
En referencia a ambos casos se ha pronunciado también el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia y coordinador de la comisión gubernamental de la reforma a la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Declaró que “es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos, como resultado de investigaciones profundas, expeditas y completas, apegadas al debido proceso, para que no empañen los avances logrados en los últimos meses en la reforma policial”.
DEFENSOR DEL PUEBLO
Este lunes el Defensor Pueblo, Pablo Ulloa, calificó de preocupantes las pérdidas de dos vidas ciudadanas luego de estar en custodia policial .
“Hay que evitar que sigan ocurriendo acciones de violencia en los recintos policiales y ya hemos iniciado investigaciones en procura de garantizar los derechos de las personas que hayan sido apresadas por patrullas de la uniformada”, afirmó Ulloa.
Agregó que la Policía Nacional está en la obligación de garantizar la vida, integridad física y los derechos de los ciudadanos que son detenidos para fines de investigación.
Procuradora manda a Yeni Berenice para los cuarteles, tras muerte de jóvenes
El Día mayo 3, 2022
SANTO DOMINGO.– La procuradora general, Miriam Germán Brito, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que coordine con las fiscalías competentes las investigaciones de los casos de ciudadanos que han perdido la vida después de estar retenidos en cuarteles policiales.
Durante una reunión de trabajo con la titular de la Dirección General de Persecución, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, la magistrada Germán Brito planteó que, si alguno de los casos lo requiere, fortalezca los equipos de fiscales que investigan cada hecho en la jurisdicción correspondiente.
“Como a todos en nuestra sociedad, esta situación nos genera un gran dolor, porque se trata de hechos que causan indignación, dolor y vergüenza”, explicó Germán Brito tras sostener una reunión con Reynoso.
“Entendemos perfectamente —dijo— la indignación de la sociedad. Estamos a la espera de los resultados de investigaciones que están en curso en las distintas jurisdicciones del país. Hemos instruido a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que fortalezca las investigaciones de estos casos en los cuales se avizora un cierto patrón de conducta que no podemos permitir”.
Germán Brito recordó que el Ministerio Público mantiene el firme compromiso de asegurar que estos casos que apuntan a posibles violaciones de Derechos Humanos y a posible brutalidad de la autoridad policial se investiguen, siempre con la responsabilidad y objetividad que amerita cada caso, para someter a la justicia a los responsables de los hechos sin importar quién sea el responsable.
Los casos
Por segundo mes consecutivo otro joven muere luego de estar detenido en un destacamento policial, hechos que son atribuidos por sus familiares a golpizas propinadas por agentes de esa institución.
David de los Santos falleció el domingo en el Hospital Darío Contreras, donde fue llevado después de haber estado detenido en el destacamento del ensanche Naco.
El Ministerio Público anunció ayer que investiga como homicidio la muerte del joven, que es la tipificación que le confiere el certificado de defunción emitido por el Ministerio de Salud Pública.
Indica que presenta trauma contuso craneoencefálico severo. Los familiares del occiso rechazaron la versión ofrecida por la Policía, ya que los agentes de servicio en el destacamento trataron de disuadirlos de no ir al hospital y esperar que su pariente fuera retornado a ese destacamento para que fuera liberado.
Hecho similar La muerte de David de los Santos es similar a la muerte de José Gregorio Custodio, este último fallecido mientras recibía atenciones médicas el pasado 17 de marzo tras recibir golpes supuestamente por parte de los agentes de la Policía que lo apresaron luego de una denuncia de violencia intrafamiliar en Ocoa.
Senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM)
26 de febrero de 2020
PRM cuestiona irregularidades en concursos para fiscales
SANTO DOMINGO:-El Partido Revolucionario Moderno (PRM)
informó hoy su incorporación al movimiento de condena y cuestionamientos a la
gravísima denuncia de que la carrera del Ministerio Público está siendo
contaminada por el actual Procurador General de la República.
En una rueda de prensa ofrecida hoy por su presidente,
senador José Paliza, su director Legal, Sigmund Freund y otros abogados del
partido, el PRM citaque bajo el título
“Fiscales acusan a Jean Alain Rodríguez de destruir la carrera del Ministerio
Público” fue publicado un artículo en fecha 20 de febrero del año en curso en
el portal del diario Digital Acento, de la autoría del periodista Fausto Rosario,
Director de ese medio.
Dice el documento leído en rueda de prensa que Rosario
afirma haber conversado con fiscales, que solicitaron reserva de sus
identidades, quienes denunciaron irregularidades que viene cometiendo el
procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en la administración
de los concursos de oposición convocados por el Consejo Superior de Ministerio
Público para supuestamente suplir vacantes.
El PRM ha llegado al convencimiento de que estas
designaciones forman parte de un plan para garantizar la impunidad de los
funcionarios actuales que eventualmente puedan resultar comprometidos con
violaciones a las normas penales de la República Dominicana.
Resulta poco creíble que 14 de las 17 plazas a ser
llenadas por fiscales titulares, sus anteriores incumbentes hayan renunciado de
forma espontánea, no obstante que la Ley Orgánica del Ministerio público les
permitiría optar por la permanencia en los cargos luego de una evaluación de
desempeño, acota la dirigencia del PRM.
Y especifican que entrelas fiscalías especializadas que serían sometidas a concurso, por
alegada renuncia de sus titulares, se encuentran algunas tan sensibles como la
de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la de Persecución de
Delitos de Alta Tecnología y la de Salud.
“Todavía el país tiene fresco en la memoria el escándalo
que significó el concurso para titularidades celebrado en el año 2018. El
pueblo dominicano ya conocía los seguros titulares de esas plazas antes de
celebrarse el concurso por información que se filtró a periodistas de la
estirpe de Edith Febles.
“Como consecuencia de los comentarios serios y
responsables de dicha periodista de los cuales se hicieron eco los también
valiosos comunicadoresAltagracia
Salazar y Ricardo Nieves, ésta al igual que los dos antes mencionados fueron
sacados de sus respectivos programas de televisión”, afirmaron.
Agregaron que la Ley Orgánica del Ministerio Público
reconoce a sus miembros derechos que con este pretendido concurso les serían
violados o desconocidos. Entre esos derechos podemos mencionar: garantía de
inamovilidad en el cargo, participación en los concursos internos para obtener
promociones en un plano de igualdad y conforme al escalafón, promoción en la
carrera en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y
tiempo en el servicio.
“Esta maniobra pone en evidencia que el Gobierno
pretende que para el 16 de agosto del 2020la mayoría de los fiscales, especialmente los titulares y de
procuradurías especializadas como Anticorrupción y Electoral, sean inamovibles
por cuatro años usando como mecanismos los irregulares concursos que patrocina
el actual procurador general de la República.
“El PRM estará vigilante de que estas acciones no
contravengan la ley y la gobernabilidad futura, y al mismo tiempo hace un
llamado a la opinión pública y a las instituciones de la sociedad civil
interesadas en estos temas, para que estén pendientes de estas maniobras y
apoyen las acciones de repudio a las mismas.
“Advertimos que en el futuro Gobierno del Cambio
tomaremos las medidas para revertir todas acciones irregulares que contravengan
la ley o la Constitución de la República”, concluyeron.
En la rueda de prensa efectuada en la sede central del
PRM estuvieron también los abogados Antoliano Peralta, Andrés Astacio, Luis
Soto, Edwin Féliz, Arístides Trejo y otros dirigentes.
Fiscales acusan a Jean Alain Rodríguez de destruir la carrera del Ministerio Público
Fausto Rosario Adames/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha hecho retroceder por lo menos 18 años al Ministerio Público, desde que inició su gestión en el 2016, y como ningún otro funcionario de esa área lo había hecho, él ha puesto todos los departamentos al servicio político suyo y de los suyos, incluyendo unidades políticas que desde dentro de la entidad estatal patrocinan la candidatura de Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
La conclusión es de un grupo de fiscales, que pertenecen a la carrera del Ministerio Público y que se encuentran sorprendidos por la forma en que se ha degradado a los fiscales de carrera en todo el país, hasta llegar al criterio de que para nadie -hoy día- es orgullo decir que trabaja en el sector. Y para el caso ofrecen una muestra: Hasta el miércoles a las 4 de la tarde, para optar por 17 plazas sólo se habían presentado 19 expedientes, cuando en el pasado eran cientos los concursos que deseaban ingresar y ocupar posiciones como parte de la carrera. La fecha límite para inscribirse y completar el expediente de requisitos es el 22 de febrero, para el nuevo concurso que se lanzó el pasado 7 de febrero, como decisión del Consejo Superior del Ministerio Público.
Los fiscales que hablaron con Acento lo hicieron a condición de que sus nombres fueran protegidos. En el Ministerio Público de hoy, dicen, hay de todo: corrupción, incapacidad, amiguismo, mediocridad, política, abandono de responsabilidades, y una gran vocación para tener el control absoluto y completo de todas las instancias. Y ofreceros datos de hasta dónde se ha deteriorado el respeto, la extorsión, las negociaciones y la falta de escrúpulos en un área que había sido respetada en el pasado, pero que en la actualidad ha llegado a niveles vergonzosos, jamás vistos por estos profesionales, algunos de los cuales tienen más de dos décadas en la carrera.
Acento aceptó las restricciones, y ofreció su interés en escuchar las historias que están dispuestos a contar, en la medida en que sus identidades puedan ser protegidas. Dijeron que entre el 2012 y el 2016 los fiscales en generan hicieron reclamos, marchas, demandaron aumentos de salarios y hasta recibieron amenazas contra la carrera del Ministerio Público, pero siempre el entonces Procurador General Francisco Domínguez Brito mantuvo la profesionalidad y dirigió sin politiquería los departamentos más sensibles, incluyendo el respeto de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa.
El cambio y el derrumbe se inició en 2016 con la llegada del licenciado Jean Alain Rodríguez al puesto. “El Ministerio Público no era una gran institución, pero nunca hubo presión de ningún Procurador para ningún caso en particular. Se respeta las opiniones y acciones de los procuradores fiscales por departamentos, y jamás fueron llamados los fiscales para recibir instrucciones directas, sin que su superior se enterara”, dijeron.
Nuevos fiscalizados que se graduaron esta semana, posan junto a Jean Alain Rodríguez
El cambio fue dándose desde el 2016. Ahora es Normal que el personal administrativo esté dando instrucciones a los fiscales en los procesos. Antes era posible rechazar cualquier intento de darles instrucciones u órdenes. Citan el caso de Juan Antonio Cedano, procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Luis Liranzo entonces fiscal de Santiago, quienes encontrándose en Panamá, en una conferencia internacional, fueron llamados de urgencia. En el caso de Cedano, al llegar a Santo Domingo, le solicitaron poner su cargo a disposición. El Procurador necesitaba la posición. Lo mismo había ocurrido con José Abud, director de la carrera del Ministerio Público. Al frente de la carrera fue designado Víctor Lora, que había llegado desde el CEI-RD, junto con Lean Alain Rodríguez. Víctor Lora era fotógrafo, pero llegó a la dirección de la carrera por un concurso que le facilitó su ascenso. Era una persona con cero vínculo con el Ministerio Público. Su profesión es la ingeniería, y sustituyó a una persona con formación en el área.
Esos cambios fueron posibles gracias al concurso del 2018, que condujo a la destitución de Edith Febles, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves de un programa de televisión en CDN-37, luego de las revelaciones realizadas en ese programa. Febles y sus compañeros acertaron en casi todas las predicciones que hicieron sobre las posiciones en concurso y cómo serían asignadas. Ese fue el primer concurso, y hubo cientos de concursantes, porque se creía que habría seriedad en los procedimientos. No fue así.
¿Cómo se organizó la selección de las fichas adheridas a Jean Alaín Rodríguez?
La pregunta que se hizo a los fiscales fue directa: ¿De dónde salen los fiscales que desean Jean Alain si para ocupar una posición hay que pasar por la Escuela del Ministerio Público? La respuesta también fue directa y sin zigzagueos:
El equipo del Procurador, gente de su confianza, que trabajan en áreas administrativas, organizaron almuerzos en todo el país, y conversaban con los fiscales y preguntaban sobre cómo actuarían en casos políticos hipotéticos. Los fiscales que respondían que no les interesaba la política o que decían que actuarían sin tomar en cuenta los partidos fueron descartados. Los que respondían con sumisión y preguntando a la autoridad superior fueron escogidos. Así se hicieron los primeros perfiles y los seleccionados eran identificados como “los que cogían líneas”.
Explican los fiscales que ellos mismos, en conversaciones discretas, identificaban el momento como “La era de los brutos y corruptos”. Esa era se ha extendido a la actualidad, que son también los fiscales que trafican con influencia.
Para dar más consistencia, la Procuraduría inventó un “Curso en Gestión Administrativa del Ministerio Público”, impartido por la Escuela, para que sea suministrado al personal previamente seleccionado para ocupar posiciones en acuerdo con las autoridades. Por ejemplo, a las personas que hicieron ese caso en los certámenes para escoger personal se les daban 5 puntos, de los 25 necesarios para alcanzar la posición. Una maestría en Administración Pública, tomada en una universidad extranjera, carece de valor, pero el curso en gestión administrativa recibe 5 puntos. La indignación de los fiscales de carrera ha ido en aumento por situaciones como esta.
Los fiscales honestos y profesionales se dieron cuenta de que en la asignación de los 5 puntos había un mensaje: Investigaron y se dieron cuenta de que los que asistieron a los almuerzos, los que aceptaron ser cómplices en el control del Ministerio Público, son los mismos que asistieron al curso en gestión administrativa. Son los mismos que van a ser designados.
Nuevos fiscalizadores
¿Y quiénes son los que encabezan estas designaciones y organizan el andamiaje?
En primer lugar lo atribuyen al propio Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En segundo lugar, a Rafael Canó, el jefe del gabinete del Procurador. En tercer lugar a Joan Manuel Alcántara Javier, Procurador Adjunto, designado por decreto 391-18 del presidente de la República Danilo Medina, en fecha 2 de noviembre 2018.
Parcialmente forman parte de la estructura Víctor Lora, Director de la Carrera del Ministerio Público, y Fernando Quezada, director general de Persecución del Ministerio Público.
Este equipo ha realizado el perfil de los fiscales a ser designados, a ser ascendidos, y de la estructura que debe crearse, con la inclusión de los reglamentos y otros procedimientos.
El Movimiento Político a favor de Gonzalo Castillo
Dentro de la PGR ha crecido, con el aval del Procurador, un movimiento político de apoyo al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. El Movimiento se denomina Renovación, y tiene su sede en la avenida Winston Churchill, al lado del Ministerio de la Juventud, y es coordinado por dos personas: El jefe de Transportación del Ministerio Público, Caonabo Antonio García Méndez, y el jefe del gabinete, Rafael Canó.
Cambios, percepciones y creaciones
Los fiscales “rebeldes”, como se les denomina al interior del Ministerio Público, están convencidos de que el criterio que prima, y bajo el que actúan las autoridades actuales del Ministerio Público, es que ese ministerio no existe, y que lo que realmente existe y se impone es la Procuraduría General de la República, a la cabeza de la cual se ubica el licenciado Jean Alain Rodríguez.
Esa percepción desecha el contenido de la Constitución de la República, que en sus artículos 169 y 170 ofrece potestad al Ministerio Público como una entidad de actuación independiente en la investigación de delitos y crímenes. No a la Procuraduría General de la República. Veamos el artículo de la Constitución:
Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
Para ocultar este mandato, las autoridades actuales crearon una estructura administrativa que controla política, económica y jurisdiccionalmente al Ministerio Público. Puede parecer una sutileza, dicen, pero no lo es. Se trata de una diferencia fundamental.
Hay casos emblemáticos, en que el Procurador trata directamente los casos con los fiscales, y les ordena lo que tienen que hacer. Antes eso no era así. Una consecuencia de la creación de la nueva estructura es que hay administradores, sin experiencia ni conocimiento, que dan órdenes a los fiscales profesionales y especializados.
Un caso, un ejemplo, le pedimos. Ellos identifican a Daniel Santos, en Santiago, quien es candidato a diputado por el PLD, no es fiscal, pero dirige la Procuraduría Especializada para el tema eléctrico en toda la región del Cibao. Otro jefe en Santiago es Hilario Ochoa, quien dirige una estructura administrativa, creada al margen de la ley. Ochoa fue compañero de estudios de Post Grado de Jean Alain Rodríguez en Francia, y es el esposo de la señora Massiel Uceta Sánchez, que firmó uno de los contratos denunciados por el periodista Marino Zapete.
Jean Alain Rodríguez se dirige a los nuevos fiscalizadores
¿Y quiénes son los afectados por estas disposiciones y entramado de poder?
La respuesta de los fiscales a esta pregunta es la siguiente:
Los más afectados son los fiscales con currículo vitae sólidos, que han creado en la carrera del Ministerio Público y que se han esforzado para tener expedientes de honestidad, independencia y sólida formación.
Los fiscales honestos también resultan afectados, porque ahora la honestidad no es un valor, sino la sumisión.
Los fiscales que han realizado más de dos maestrías y especialidades están desubicados, desorientados y sin esperanza de que este control sea detenido.
Los fiscales que han llevado los grandes casos de corrupción en los últimos tiempos, han tenido que cargar pesado tratando de hacer carrera, pero se han dado cuenta que nada de ello sirve para nada. El único camino que le han dejado es la resistencia o la salida.
Los otros afectados son los fiscales que no “cogen líneas”, que son conocidos como “los rebeldes”, los que aprendieron a realizar su trabajo con independencia y profesionalidad.
En esta parte sostienen que han llegado a un extremo, y que se les ha agotado el tiempo. “Somos un grupo de fiscales que, sigue el concurso ilegal, llevaremos el caso hasta la justicia”, dicen, bajo el conocimiento que su rol es defender la independencia del Ministerio Público, sin estar metido en política, sin pertenecer a ningún partido, porque ellos son profesionales alejados de los políticos y de los partidos. Muchos de ellos ni siquiera votan en las elecciones.
El concurso para escoger nuevas autoridades del Ministerio Público
Fue el Consejo Superior del Ministerio Público, en resolución del pasado 7 de febrero, que llamó a concurso que cierra el 22 de febrero. Escogerán 17 posiciones diligénciales y procuradores especializados, como los de Delitos Electrónicos y el de Delitos y Crímenes Electorales, por ejemplo.
Se preguntan por qué razón Iván Féliz, que inició el 21 de septiembre de 2018, fue obligado a renunciar -porque no coge línea- de la Procuraduría Especializada para los delitos electrónicos. Emitió una carta renunciando. También van a escoger al director de la Escuela del Ministerio Público, 12 fiscales y varias procuradurías especializadas.
Luisa Liranzo, fue la fiscal de Santiago hasta el año pasado
¿Cuántos fiscales necesita el país?
El número de fiscales que el país necesita no pasa de 700 dicen los entrevistados, pero en la actualidad hay en la carrera alrededor de 1,200, aparte de que han comenzado a seleccionar fiscalizadores, para que comiencen su carrera de ascenso.
Identifican a Marien Montero como una de las personas que irá a ocupar posiciones privilegiadas. Fue asistente de Jean Alain Rodríguez en el CEI-RD, y carece de experiencia y tan pronto ha sido designada como directora de la Escuela del Ministerio Público ha convocado un concurso externo para llenar 180 plazas.
Esas plazas, dicen haber recibido informaciones fidedignas y testimoniales, serán llenadas por los gobernadores provinciales, a los que se les ganó una cuota por provincia, para que sean incluidas. Obvio que los beneficiarios serán dirigentes o allegados al PLD, a los gobernadores provinciales, y leales al procurador.
Entre los fiscales que serán sustituidos se encuentran el de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, el de Azua, Dante Castillo, el de Higuey, Edwin Encarnación, la de La Romana, Reina Rodríguez Cedeño.
Otro de los aspectos que señalan es la completa violación del escalafón del Ministerio Público, establecido en el artículo 41 de la ley 133-11. Ese escalafón manda un período de 4 años para los fiscales titulares y su mandato “podrá ser reconfortado por un segundo y único período consecutivo, previa evaluación de desempeño”. Ahora no evalúan, sino que convocan a concurso para sustituirlo de la posición que ocupa.
Explican que una evaluación de desempeño es diferente de un concurso. Y que por esa vía las autoridades han excluido a muchos profesionales capaces y honestos del Ministerio Público. “Los concursos los realizan para justificar la separación de los fiscales honestos”, dijeron.
¿Cómo es que consiguen las renuncias de los fiscales?
El procedimiento para sustituir fiscales honestos es definido como un esquema ya establecido, y cuasi oficial, porque no es nada legal.
El jefe del gabinete, Rafael Canó, cita al fiscal y le informa que el Procurador le pide de favor que ponga el cargo a disposición, que le prometen protegerlo. Y que en caso de rechazar la petición le dicen que la plaza será sometida a concurso, y que en ese caso no será ascendido ni tomado en cuenta para ninguna otra posición.
Yeny Berenice Reynoso, fue la fiscal del Distrito Nacional hasta el año pasado
Todo este andamiaje está coordinado con el Consejo Superior del Ministerio Público. En 2018 de cinco miembros del Consejo Superior del Ministerio Público había 2 que aspiraban a posiciones en concurso. Fueron identificados y hubo una crisis, que incluyó cambios y rotaciones.
Ellos fueron Edward López, y su plaza, a la que aspiraba, quedó desierta. El otro fue José Manuel Aguiló Talaveras.
Ahora tienen planeada la elección para el Consejo Superior del Ministerio Público en el mes de abril, antes de las elecciones presidenciales de mayo. Electos, cuales quiera que sean, se mantendrían en la posición por los próximos cuatro años.
Explican que de este modo todos los estamentos del Ministerio Público estarán tomados por personal de Jean Alain Rodríguez, incluyendo todas las procuradurías especializadas del país, entre ellas las de Tecnología, delitos electorales, corrupción, entre otras.
En el caso de los fiscales electorales, ya designados recientemente, ofrecen el dato de que fueron seleccionados políticamente y se les ordenó perseguir los delitos de la oposición. “Esa es la orden”, revelan. El objetivo es el control del Ministerio Público durante los próximos cuatro años, para que el Procurador General que venga con un nuevo gobierno no tenga nada que hacer.
También está controlado el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público, al que le hicieron transformaciones fundamentales.
La Procuraduría Especializada en Delitos Tecnológicos fue concursada el año pasado, pero ahora la ponen nuevamente en concurso para renovar por los próximos cuatro años su mandato. Lo mismo pasará con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, y la de los asuntos electorales que ya fue mencionada.
Otras 16 procuradurías serán concursadas en sus titularidades.
Las autoridades tienen bajo su control las dos asociaciones de fiscales. La Asociación de Fiscales de Carrera (ADOFIC) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (AFIDOM). Son dos organizaciones con criterios diferentes, pero ambas están bajo la tutela de Jean Alain Rodríguez.
Un panorama sombrío y desesperanzado
Los fiscales que describen este cuadro se miran entre sí y debaten posiciones, pero no tienen tiempo para el cansancio ni el abandono. Entienden que deben seguir la batalla para que no se destruya totalmente el Ministerio Público.
“No tenemos carrera, no tenemos escuela, no tenemos asociaciones. El Procurador las ha controlado todas para sus fines y propósitos ajenos al Ministerio Público”, dicen.
Ya ningún fiscal puede hablar, dar declaraciones o defender sus posiciones sobre temas judiciales. El cierre es rígido. Los medios están cerrados, y salvo situaciones excepcionales, pueden pedir permiso y si se lo otorgan es posible acudir a un medio de comunicación. Es frecuente que lo nieguen.
A algunos fiscales se les ha querido prohibir que escriban en las redes sociales. No se puede decir nada. Hay persecución y seguimiento. El concurso del 22 de febrero es la estocada final, pues 14 puestos de alta dirección del Ministerio Público están renunciando para que las posiciones sean sometidas a concurso por voluntad del Procurador. En la historia de la Procuraduría nunca habían renunciado tantas personas, jamás se había registrado un fenómeno como este de las renuncias.
Laura Guerrero Pelletier, responsable de la Procuraduría Especializada en la corrupción Administrativa
Tampoco se publican las actas del Consejo Superior del Ministerio Público. Las actas del Consejo del Poder Judicial se hacen públicas pero las del Ministerio Público jamás.
¿Cuáles son las consecuencias negativas de estas acciones?
Es la pregunta que formulamos para comenzar a cerrar el diálogo. Y de inmediato comienza la lista de negatividades que se desprenden del actual Ministerio Público:
Retiro de acusaciones formuladas, sin que nadie se entere.
Acuerdos irregulares patrocinados por fiscales, como los de violencia de género. Nadie los conoce, y no ofrecen datos a ningún periodista o interesado.
Opacidad en la administración de Bienes Incautados
Selectividad de la persecución penal a los responsables de violaciones
Archivos discrecionales de expedientes, como acaba de ocurrir con el caso de Andy Dauhajre, que fue ilegal, y que lo firmó Joan Alcántara, adjunto del Procurador, quien jamás ha realizado una investigación de corrupción, además de que no es de la carrera del Ministerio Público.
Palabras finales
Todo lo que se logró en independencia y capacitación del Ministerio Público en los últimos 15 años, ahora se hunde. Estos últimos tres años han sido de retroceso, explican.
En caso de que esta situación continuara no podremos hablar más de la carrera del Ministerio Público. Hoy día los miembros del MP no sienten orgullo de ser fiscales.
Las actuaciones del Ministerio Público contra Miriam Germán, un estandarte del Poder Judicial, fue un ejemplo de cómo tratan a las personas honestas y que han sido y son símbolos de calidad y capacidad, ademas de honestidad.
No dejan de mencionar los casos de Luisa Liranzo Y Yenny Berenice Reynoso, fiscales de Santiago y del Distrito Nacional, que fueron en la práctica sacadas de las posiciones que habían ocupado, son honestidad y solvencia.
“Los los fiscales piensan que si estas maniobras las hicieron contra esas mujeres meritorias, cómo no lo harían contra ellos, que no son reconocidos. Es mejor quedarse callados y sin reaccionar”, explican es la actitud que asumen los fiscales actuales.
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