Caso “Extorsión”: cuando la legitimidad institucional se prueba con hechos (y con controles)

 

Cuando el sistema se mira al espejo: el caso “Extorsión” y la prueba real de la justicia

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay momentos en que una institución no se juega su credibilidad por lo que dice, sino por lo que hace cuando duele. Esta semana, el Ministerio Público dominicano volvió a quedar bajo un reflector incómodo: la imputación contra un fiscal por un presunto esquema de extorsión y soborno no solo abre un expediente penal; abre una pregunta mayor, casi ciudadana: ¿qué ocurre cuando quien debe perseguir la corrupción es señalado de intentar vender impunidad? [unodc.org], [track.unodc.org]

La reacción pública del director de Persecución, Wilson Camacho, fue directa: “Al Ministerio Público no lo define un acto de corrupción cometido por un fiscal, lo define la decisión de procesarlo sin privilegios… La legitimidad institucional se construye con hechos”. La frase, por sí sola, es potente. Pero en sociedades donde la confianza se agota rápido, el verdadero peso de esa declaración depende de algo más exigente: que esos “hechos” sean visibles, verificables y sostenidos, no un gesto de coyuntura. [unodc.org], [unodc.org] [unodc.org], [worldjusti...roject.org]

Según lo publicado, el Ministerio Público acusa al fiscal Aurelio Valdez Alcántara de gestionar y recibir US$10,000 en una entrega controlada, a cambio de “alterar el curso del proceso” en fase de investigación. Además, se reporta que habría exigido inicialmente US$200,000, luego reducidos a US$150,000, y que en esa negociación mostró interés en un reloj Rolex y en un vehículo Mercedes Benz 350 o 450, rechazando opciones más económicas. El expediente reseñado también habla de presiones continuadas y de una frase que retrata la crudeza del poder mal usado: “¿para cuándo está la cosa?”, fijando incluso una fecha límite para la entrega. [unodc.org], [track.unodc.org] [unodc.org], [unodc.org] [unodc.org], [fatf-gafi.org]

La escena descrita en la cobertura es casi cinematográfica, pero justamente por eso exige frialdad institucional. Se sostiene que el encuentro para el pago se coordinó en el estacionamiento de un centro comercial, que se conformó un equipo para documentar la entrega vigilada y que luego, en la requisa del vehículo, se hallaron los 100 billetes de US$100 ocultos en el área del sunroof. También se reporta la ocupación de dispositivos y otros objetos, y que el órgano persecutor solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción, señalando la gravedad de los hechos. [unodc.org], [unodc.org] [unodc.org], [congress.gov]

Hasta aquí, el país ve un caso penal. Pero la pregunta estratégica es otra: ¿cómo se protege la institución para que un hecho así no se convierta en la excusa perfecta de quienes quieren desacreditar toda la lucha anticorrupción? Porque ese riesgo existe. La historia reciente demuestra que cada vez que se destapa un escándalo dentro de una entidad de control, aparece un coro interesado en convertir el caso individual en una condena colectiva: “todos son iguales”, “nada cambia”, “es teatro”. [track.unodc.org], [worldjusti...roject.org]

Frente a ese ruido, la mejor defensa no es retórica: es gobernanza. Y gobernanza, en justicia, significa tres cosas simples: reglas claras, controles que funcionen y decisiones que puedan explicarse. Por eso, el mayor valor institucional de este caso no está en la indignación —que es comprensible— sino en la capacidad del sistema de demostrar que sabe autocorregirse sin romper el debido proceso. [unodc.org], [digitallib...ary.un.org]

Aquí conviene recordar una verdad incómoda: la corrupción en justicia duele más que en otras áreas porque contamina la idea misma de igualdad ante la ley. Cuando un fiscal es acusado de negociar un expediente, no solo se compra una decisión; se compra el mensaje de que la ley tiene precio. Eso es devastador para la cooperación ciudadana: la gente denuncia menos, confía menos, se resigna más. Y sin confianza, el sistema se vuelve más caro y menos efectivo, aunque tenga más operativos. [diariolibre.com], [worldjusti...roject.org]

De ahí que la frase “la legitimidad institucional se construye con hechos” tenga que traducirse en una ruta concreta de Estado. Primero, proteger los expedientes donde el imputado haya participado: auditoría de actuaciones clave, revisión de accesos, verificación de cadena de custodia y trazabilidad de decisiones sensibles. Si el mensaje es “esto no compromete los casos”, debe poder sostenerse con procedimientos y evidencia, no solo con declaraciones. [track.unodc.org], [unodc.org]

Segundo, cerrar las rendijas del sistema por donde suelen colarse estas conductas: la discrecionalidad sin supervisión. En cualquier institución, los puntos de mayor riesgo son los que combinan poder de decisión con baja visibilidad. En un ministerio público, eso puede estar en contactos informales con partes, manejo de evidencias, promesas de “ayuda” en investigación, o la capacidad de influir en el ritmo de un expediente. La respuesta estratégica es sencilla de formular y difícil de ejecutar: más trazabilidad, más separación de funciones y menos decisiones solitarias en hitos críticos. [7dias.com.do], [ehplus.do]

Tercero, comunicar con sobriedad. La institución debe informar lo necesario para sostener confianza, pero sin convertir el proceso en espectáculo ni afectar la investigación. En tiempos de redes, cualquier exceso se paga: si se habla de más, se acusa de linchamiento; si se habla de menos, se acusa de encubrimiento. El punto medio es la comunicación de “hechos de proceso”: qué se solicitó, qué autorizó un juez, qué se incautó, qué sigue en calendario, y qué garantías se respetan. [unodc.org], [congress.gov]

Cuarto, y quizá más importante: convertir el caso en una reforma medible. La ética institucional no puede depender de la buena voluntad. Debe estar anclada en un sistema: formación, controles, auditorías y sanciones, pero también cultura organizacional. En términos internacionales, el enfoque contemporáneo de integridad pública insiste en pasar de respuestas “ad hoc” a estrategias integrales basadas en riesgos, con rendición de cuentas. Y en justicia, Naciones Unidas llama a fortalecer la integridad del ministerio público con profesionalización, reglas de conducta y condiciones que prevengan oportunidades de corrupción. [eldia.com.do], [elgranerodelsur.com] [cobertura.com.do], [ehplus.do]

La sociedad dominicana no espera perfección; espera coherencia. La gente sabe que ninguna institución es inmune a una mala conducta individual. Lo que la ciudadanía mide —y lo que decide confianza— es si el sistema reacciona igual frente a cualquiera, si no se protege a los suyos y si el proceso se sostiene con reglas y evidencias. En ese sentido, el caso “Extorsión” puede terminar siendo una derrota moral o una victoria institucional. Todo dependerá de la consistencia con que se demuestre, en la práctica, que aquí no manda el privilegio, sino la norma. [unodc.org], [noticiasmsm.com]

Al final, el país no necesita discursos sobre honestidad: necesita instituciones capaces de probarla cuando se les complica. Si el Ministerio Público logra que este caso se convierta en un punto de inflexión —con sanción proporcional si se prueba la conducta, con respeto estricto al debido proceso, con protección real de expedientes y con reformas verificables— entonces la frase de Camacho habrá sido algo más que una respuesta en X: habrá sido una decisión de Estado. [unodc.org], [digitallib...ary.un.org]

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