Política económica y política social empoderadora en República Dominicana: una lectura estratégica del gobierno de Luis Abinader y los ajustes pendientes

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Title:
Política económica y política social empoderadora en República Dominicana: una lectura estratégica del gobierno de Luis Abinader y los ajustes pendientes

Author:
Luis Orlando Díaz Vólquez

Affiliation:
Coordinación Editorial

Date:
23 de noviembre de 2025

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Resumen

El gobierno de Luis Abinader ha fortalecido la disciplina fiscal y una política social orientada al empoderamiento de los hogares, evitando emisiones monetarias sin respaldo y consolidando transparencia en la inversión pública. No obstante, persisten vulnerabilidades macroeconómicas: el desplazamiento del gasto de capital por el gasto corriente, la focalización imperfecta en programas sociales y la brecha de productividad asociada a infraestructura y calidad docente. Este artículo propone un paquete de reformas compatibles con la estrategia social del Ejecutivo: (i) una reforma tributaria con impuesto mínimo presuntivo y ampliación de la base; (ii) la corrección de acuerdos de precios anticipados en turismo; (iii) la racionalización del mapa institucional y el desmonte de gastos improductivos; (iv) una estrategia escalonada de excelencia docente con retiro digno de perfiles no aptos; y (v) un plan quinquenal de infraestructura bajo la “regla de oro” fiscal. Se argumenta que enseñar a pescar exige cañas, ríos y puentes: la infraestructura reduce costos y expande oportunidades; la escuela de calidad construye capital humano; y el sistema fiscal justo y eficiente transforma protección social en movilidad sostenible.
Palabras clave: política fiscal, gasto de capital, focalización social, reforma tributaria, calidad docente, infraestructura, gobernanza, empoderamiento.

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Introducción

La estrategia económica del gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado por el rechazo explícito a la emisión monetaria sin respaldo y por la preservación de la estabilidad macroeconómica, manteniendo déficits acotados y fortaleciendo la transparencia (Musgrave & Musgrave, 1989; Tanzi, 2000). En paralelo, su política social ha priorizado el empoderamiento de los hogares mediante capacitación, empleabilidad y puentes hacia la formalización, en línea con la evidencia internacional que respalda las transferencias bien focalizadas y las intervenciones de capital humano sobre asistencialismo permanente (Fiszbein & Schady, 2009; Gentilini, 2022).

A pesar de estos avances, tres frentes demandan correcciones técnicas: (i) la sustitución del gasto de capital por gasto corriente, que erosiona crecimiento potencial y equidad territorial (Calderón & Servén, 2010; IMF, 2015); (ii) problemas de focalización, con sobrecobertura en programas que reduce legitimidad y eficiencia del gasto (Coady, Grosh, & Hoddinott, 2004; Ravallion, 2003); y (iii) brechas de calidad docente y uso pedagógico de la jornada extendida, que afectan productividad futura (Hanushek & Woessmann, 2008; Bruns & Luque, 2015). Esta agenda se puede ajustar sin renunciar al enfoque social que “enseña a pescar” y empodera.

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Avances y fortalezas de la estrategia actual

Disciplina fiscal y credibilidad macro.
La negativa a monetizar déficits y la búsqueda de transparencia consolidan reputación y anclaje de expectativas, reduciendo riesgo inflacionario y costo de financiamiento (Debrun, Epstein, & Symansky, 2008; IMF, 2014). El marco creíble es condición para reformas estructurales y para que la protección social sea sostenible.

Política social con énfasis en empoderamiento.
Las políticas que integran formación, empleabilidad y movilidad social muestran efectos más persistentes que la transferencia no condicionada aislada (Fiszbein & Schady, 2009; Bastagli et al., 2016). El énfasis del gobierno en capital humano es coherente con la literatura sobre crecimiento inclusivo (OECD, 2018).

Transparencia en inversión pública.
La mejora de procesos y rendición de cuentas reduce pérdidas por corrupción y favorece la calidad de proyectos (IMF, 2015; Pritchett, 2000). Aun así, transparencia no debe confundirse con parálisis: la obra pública es palanca de productividad y cohesión territorial.

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Advertencias técnicas: dónde corregir

Gasto corriente vs. gasto de capital.
La reducción sistemática del gasto de capital por debajo de necesidades de reposición y expansión conlleva depreciación neta de infraestructura, aumento de costos logísticos y menor crecimiento potencial (Calderón & Servén, 2010; Bom & Ligthart, 2014). La evidencia sugiere que la calidad y la composición de la inversión pública importan tanto como su volumen (IMF, 2015).

Focalización social y legitimidad fiscal.
Sobre y subcobertura en padrones de beneficiarios reducen la eficiencia redistributiva y afectan la percepción de justicia fiscal (Coady et al., 2004; Alatas et al., 2012). La “salida” programada de hogares que mejoran ingresos es crucial para transformar protección en autonomía (Gentilini, 2022).

Calidad docente y aprovechamiento de jornada extendida.
La diferencia público–privado en resultados cognitivos está asociada a formación docente, incentivos y gestión pedagógica (Hanushek & Woessmann, 2008; Bruns & Luque, 2015). Sin tareas, evaluación y metodologías activas, el tiempo escolar pierde eficacia (Banerjee et al., 2017).

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Propuestas de ajuste compatibles con la política social

1) Reforma tributaria con impuesto mínimo presuntivo y ampliación de base

Establecer un impuesto mínimo de baja tasa sobre ingresos brutos declarados para contribuyentes empresariales, acompañado de facturación electrónica, trazabilidad de pagos y cruce con sistemas bancarios y aduaneros. Esto desincentiva la erosión de la base y asegura contribución efectiva sin asfixiar la inversión (OECD, 2010; Pomeranz, 2015).

Justificación: Los impuestos mínimos presuntivos y la digitalización reducen evasión y mejoran cumplimiento, especialmente en sectores con pérdidas contables recurrentes (Slemrod & Gillitzer, 2014; IMF, 2019).

2) Corrección de acuerdos de precios anticipados en turismo

Alinear precios de referencia fiscales con valores de transacción, incorporar bandas por temporada y auditorías aleatorias de ITEBIS con matching contra plataformas de reservas y adquirencia de tarjetas (sales data). Complementar con un mínimo sectorial ligero para garantizar contribución efectiva (UNWTO, 2023; IMF, 2019).

Justificación: La subdeclaración estructural en servicios turísticos se reduce con verificación digital y reglas claras; preserva equidad horizontal y credibilidad tributaria (Best, Brockmeyer, Kleven, Spinnewijn, & Waseem, 2015; Pomeranz, 2015).

3) Racionalización del Estado y desmonte de gastos improductivos

Levantar un inventario de gastos especiales (pensiones, subsidios sin focalización, alquileres onerosos) y rediseñar el mapa institucional, integrando programas bajo un Ministerio de Desarrollo Social y reubicando cultura, deporte y ciencia como viceministerios en Educación para sinergias de ejecución (Allen et al., 2015; OECD, 2015).

Justificación: La reasignación hacia gasto de capital y capital humano mejora el multiplicador de largo plazo y la calidad del gasto (Ilzetzki, Mendoza, & Végh, 2013; IMF, 2014).

4) Estrategia escalonada de excelencia docente

Implementar reclutamiento internacional focalizado, carrera docente por mérito, evaluación periódica y retiro voluntario con respeto de derechos para perfiles no aptos; reingeniería de la jornada extendida con tareas dirigidas, itinerarios de lectoescritura y matemática, y evaluación trimestral (Bruns & Luque, 2015; Banerjee et al., 2017).

Justificación: La calidad docente es el insumo más determinante del aprendizaje; los sistemas con meritocracia y evaluación sostenida elevan resultados y retornos del gasto educativo (Hanushek & Woessmann, 2008; World Bank, 2018).

5) Plan quinquenal de infraestructura con “regla de oro”

Adoptar una regla de oro fiscal: endeudamiento nuevo orientado a proyectos con tasa interna de retorno superior al costo de financiamiento, priorizando corredores logísticos estratégicos (eje Norte–Atlántico, modernización de la Duarte) y agua/saneamiento (IMF, 2014; OECD, 2018).

Justificación: La inversión pública bien evaluada eleva productividad total de factores, reduce costos de transporte y favorece empleo formal (Calderón & Servén, 2010; Bom & Ligthart, 2014).

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Consideraciones de gobernanza y política

La estabilidad macro debe complementarse con una narrativa que enfatice que la inversión pública es un motor de la política social: convierte protección en movilidad al facilitar empleo y productividad (IMF, 2015; OECD, 2018). Cualquier reforma fiscal debería iniciar con un acuerdo sobre desmonte de gastos improductivos, para legitimar la recaudación adicional y reducir resistencias (Tanzi, 2000; Debrun et al., 2008). La depuración de padrones y la medición de salidas de programas son necesarias para que el enfoque de empoderamiento sea creíble (Coady et al., 2004; Gentilini, 2022).

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Conclusión

El gobierno de Luis Abinader ha sentado anclas valiosas en disciplina fiscal, transparencia y política social orientada al empoderamiento. Para que esta arquitectura se traduzca en prosperidad compartida, se requieren correcciones: mayor gasto de capital con regla de oro, reforma tributaria inteligente que amplíe la base, focalización estricta en lo social y una estrategia de excelencia docente. Enseñar a pescar exige infraestructura, escuela que enseñe y un sistema fiscal justo: con esos ajustes, la protección social se convierte en movilidad real y la estabilidad macro en crecimiento inclusivo y sostenible (Fiszbein & Schady, 2009; Calderón & Servén, 2010).

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Referencias

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Purnamasari, R., & Wai-poi, M. (2012). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. American Economic Review, 102(4), 1206–1240.

Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. (Eds.). (2015). The international handbook of public financial management. Palgrave Macmillan.

Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2017). Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India. Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1235–1264. (Reimpresión de evidencia clásica; ver también Duflo et al., diversas RCTs en educación).

Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2016). Cash transfers: What does the evidence say? ODI.

Best, M., Brockmeyer, A., Kleven, H., Spinnewijn, J., & Waseem, M. (2015). Production vs revenue efficiency with limited tax capacity. Journal of Public Economics, 121, 1–14.

Bom, P. R. D., & Ligthart, J. E. (2014). What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital? Journal of Economic Surveys, 28(5), 889–916.

Bruns, B., & Luque, J. (2015). Great teachers: How to raise student learning in Latin America and the Caribbean. World Bank.

Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 19(S1), i13–i87. (Resultados aplicables más allá del área; ver también trabajos de los autores para América Latina).

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience. World Bank.

Debrun, X., Epstein, N., & Symansky, S. (2008). A new fiscal rule: Should we abandon the structural balance? IMF Working Paper.

Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty. World Bank.

Gentilini, U. (2022). Cash transfers in pandemic times: Evidence, practices, and implications. World Bank.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature, 46(3), 607–668.

Ilzetzki, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? Journal of Monetary Economics, 60(2), 239–254.

International Monetary Fund (IMF). (2014). Fiscal policy and income inequality. IMF Policy Paper.

International Monetary Fund (IMF). (2015). Making public investment more efficient. IMF Policy Paper.

International Monetary Fund (IMF). (2019). Tax administration diagnostic assessment tool (TADAT) and digitalization in tax compliance. IMF Technical Notes.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2010). Tax policy reform and economic growth. OECD Tax Policy Studies.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). Government at a glance. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). Inclusive growth. OECD Policy Toolkit.

Pomeranz, D. (2015). No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value-added tax. American Economic Review, 105(8), 2539–2569.

Pritchett, L. (2000). The tyranny of concepts: CUDIE (cumulated, depreciated, investment effort) is not capital. Journal of Economic Growth, 5(4), 361–384.

Ravallion, M. (2003). Targeted transfers in poor countries: Revisiting the trade-offs and policy options. World Bank Policy Research Working Paper.

Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). Tax systems. MIT Press.

Tanzi, V. (2000). Governments and markets: The changing role of the public sector. Cambridge University Press.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2023). Tourism and taxation: Policy trends and digital compliance. UNWTO Policy Brief.

World Bank. (2018). Learning to realize education’s promise. World Development Report 2018.

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Andy Dauhajre: “Este gobierno es el que menos ha invertido en infraestructura” y plantea reformas tributarias y educativas para el futuro

Santo Domingo, R.D. – Andy Dauhajre, reconocido economista dominicano y asesor en políticas públicas, ha reiterado sus críticas al modelo económico actual, advirtiendo que la administración del presidente Luis Abinader es la que menos ha invertido en infraestructura y gasto de capital en la historia reciente, según cifras oficiales de la Dirección General de Presupuesto.

Graduado en Economía por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y con estudios posteriores en Colombia, Dauhajre ha asesorado a gobiernos como los de Leonel Fernández y Danilo Medina en proyectos estratégicos, incluyendo la negociación del contrato con Barrick Gold y la reforma tributaria de 2016. También participó en la reforma fiscal impulsada por Hipólito Mejía, que introdujo un impuesto mínimo de 1.5% sobre ingresos brutos, logrando un aumento del 49% en las recaudaciones del impuesto sobre la renta empresarial.

Firmeza presidencial y equilibrio fiscal

Dauhajre reconoció la postura del presidente Abinader al vetar medidas expansivas del gasto que implicaban emisiones monetarias sin respaldo. “Él dijo claramente: ‘Si ustedes quieren, van a tener que sacarme con los pies para adelante, pero eso yo no lo voy a pasar’. Está firme en equilibrar las finanzas públicas”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el proceso no está completo y que el gobierno enfrenta el reto de aprobar reformas estructurales que hoy no puede someter por falta de mayoría congresual: reforma tributaria, reforma laboral y reforma de pensiones.

Críticas al gasto corriente y baja inversión

“El déficit fiscal ronda los 250 mil millones de pesos, explicado en más de un 90% por gasto corriente. El endeudamiento externo e interno se está utilizando para cubrir ese gasto, no para inversión productiva. Eso es insostenible”, señaló Dauhajre, quien considera que la deuda debería destinarse a proyectos con retorno económico, como carreteras y obras públicas.

Según el economista, la baja inversión en infraestructura se justifica en el gobierno por la búsqueda de transparencia, pero esto ha llevado a niveles históricamente bajos de gasto de capital. “Si esta política se mantiene, la próxima administración tendrá que relanzar la construcción pública para evitar el deterioro de carreteras, puentes y hospitales”, advirtió.

Educación: la reforma más urgente

Dauhajre defendió su propuesta de importar maestros calificados de América Latina para mejorar la calidad educativa, calificando la situación actual como “un secuestro temporal” para los niños en escuelas públicas. “La mayoría del magisterio público no es capacitable. Hay que retirar a los peores docentes con un programa de pensión financiado por organismos internacionales y reemplazarlos gradualmente por maestros de calidad”, explicó.

Para el economista, esta reforma requiere “factor C: coraje” por parte del liderazgo político. “No se trata de despedir, sino de proteger derechos, pero impedir que sigan dañando el futuro de los niños”, puntualizó.

Propuestas para un cambio estructural

Entre sus recomendaciones, Dauhajre plantea:

• Desmonte de gastos improductivos, incluyendo pensiones especiales y ministerios sin razón de ser.
• Reformas tributarias con un impuesto mínimo para todas las empresas, inspirado en el modelo que elevó recaudaciones en el gobierno de Hipólito Mejía.
• Corrección de acuerdos de precios anticipados en el sector hotelero para garantizar la declaración real de ingresos.
• Racionalización del Estado: reducir ministerios a un máximo de 10 y crear un Ministerio de Desarrollo Social que aglutine programas de subsidios.
• Mejorar la calidad educativa mediante la incorporación de docentes calificados de otros países latinoamericanos.

Impacto político y visión de futuro

De cara a las elecciones de 2028, Dauhajre advierte que el gasto corriente excesivo será un punto débil para el candidato oficialista. “Si ese candidato defiende esta política, la oposición le va a dar muy duro. La única opción sería separarse del gobierno y prometer un cambio radical en la estrategia económica”, afirmó.

Además, insistió en que cualquier reforma fiscal debe iniciar con el desmonte de gastos improductivos. “No podemos seguir subsidiando ineficiencia mientras el país carece de infraestructura moderna”, concluyó.

Presencia en medios

Andy Dauhajre participa en programas como “Triángulo”, transmitido por Teleantillas los domingos a las 9:00 a.m., y en espacios como “Politiablando” por VTV Canal 32 y Panorama FM 96.9, donde analiza temas económicos y políticos de actualidad.

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📢 Andy Dauhajre advierte sobre el futuro económico de RD
“El gobierno actual es el que menos ha invertido en infraestructura en décadas. Más del 90% del déficit fiscal se explica por gasto corriente, financiado con deuda. Esto es insostenible.”

✅ Propone:
✔ Reforma tributaria con impuesto mínimo para todas las empresas.
✔ Eliminar gastos improductivos (pensiones especiales, ministerios innecesarios).
✔ Corregir acuerdos fiscales en el sector hotelero.
✔ Importar maestros calificados para rescatar la educación pública.

🔍 “No podemos seguir subsidiando ineficiencia mientras el país carece de infraestructura moderna.”

📺 Síguelo en Triángulo (Teleantillas, domingos 9:00 a.m.) y Politiablando (VTV Canal 32, Panorama FM 96.9).

#EconomíaRD #ReformaFiscal #Educación #Infraestructura #AndyDauhajre

El economista Andy Dauhajre advierte que el gobierno actual ha realizado la menor inversión en infraestructura en décadas, privilegiando el gasto corriente financiado con deuda. Propone una reforma tributaria con impuesto mínimo para todas las empresas, eliminar gastos improductivos y corregir acuerdos fiscales en el sector hotelero. Además, plantea importar maestros calificados para mejorar la educación pública y evitar que el país siga ampliando la brecha social.

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 📊 ¿Qué dice Andy Dauhajre sobre la economía dominicana?

“El gobierno de Luis Abinader ha mantenido estabilidad y una política social que empodera, pero hay retos: gasto corriente excesivo, baja inversión en infraestructura y calidad educativa.”

✅ ¿Qué propone?
✔ Reforma tributaria con impuesto mínimo para todas las empresas.
✔ Eliminar gastos improductivos y ministerios innecesarios.
✔ Corregir acuerdos fiscales en turismo.
✔ Importar maestros calificados para mejorar la educación pública.

🔍 Enseñar a pescar exige cañas, ríos y puentes: infraestructura, educación y un sistema fiscal justo.

Política económica y política social empoderadora en República Dominicana: una lectura estratégica del gobierno de Luis Abinader y los ajustes pendientes

📌 Resumen ejecutivo para LinkedIn:
El gobierno de Luis Abinader ha consolidado estabilidad macroeconómica y una política social que busca empoderar a los hogares, evitando emisiones monetarias sin respaldo y fortaleciendo la transparencia en la inversión pública.

Sin embargo, persisten desafíos:
✅ Gasto corriente excesivo frente a inversión en infraestructura.
✅ Focalización imperfecta en programas sociales.
✅ Brechas educativas que limitan productividad futura.

Propuestas clave:
✔ Reforma tributaria con impuesto mínimo presuntivo.
✔ Corrección de acuerdos fiscales en turismo.
✔ Racionalización del Estado y eliminación de gastos improductivos.
✔ Estrategia escalonada para mejorar calidad docente.
✔ Plan quinquenal de infraestructura bajo la “regla de oro” fiscal.

🔍 Enseñar a pescar exige cañas, ríos y puentes: infraestructura, educación y un sistema fiscal justo.

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#EconomíaRD #PolíticaFiscal #Educación #Infraestructura #Gobernanza #LuisAbinader #EmpoderamientoSocial

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez
Fecha: 23 de noviembre de 2025

La reforma fiscal socavaría economía, ahuyentaría la inversión y la clase media empobrecería | Andrés Dauhajre Hijo | Andy Dauhajre @AndyDauhajre

La reforma fiscal socavaría economía, ahuyentaría la inversión y la clase media empobrecería

Andrés Dauhajre Hijo

14 octubre, 2024 26 minutos de lectura

Denis Diderot, filósofo francés, fundador del Enciclopedismo y quien desde la sombra dirigió la Ilustración en Francia que allanó el camino a la Revolución Francesa, sostenía que “todas las cosas deben ser examinadas, debatidas, investigadas sin excepción y sin tener en cuenta los sentimientos de nadie”. Eso es lo que trataremos de hacer, limitados por las informaciones a nuestra disposición, con el proyecto de reforma tributaria sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Ruptura con el modelo de zonas francas de exportación

El proyecto establece que, en lo adelante, los beneficios obtenidos por las empresas operadoras de parques de zonas francas estarán gravados con el 27% del impuesto sobre la renta. El Ministerio de Hacienda (MH) sostiene que con esta decisión elimina una distorsión pues entiende que la inversión en parques de zonas francas es idéntica a la inversión el sector de inmobiliario o de bienes raíces. Por alguna razón, el MH no comprende que los parques de zonas francas son parte integral del modelo de zonas francas, el cual se fundamenta en la exención de impuestos, en un enclave geográfico extraterritorial para la exportación, para todo lo que termine impactando negativamente en el costo de producir el bien o servicio a exportar. Un impuesto sobre los beneficios de la operación del parque de zonas francas se traduciría en un aumento de la renta de alquiler que deben pagar las empresas instaladas dentro del parque. Ese aumento en la tarifa de alquiler provocaría un incremento en el costo de manufactura. Dado que las empresas de zonas francas son tomadoras de los precios que el mercado de exportación establece, esto se traduciría en un menor beneficio para las empresas establecidas en parques gravados. En otras palabras, estaríamos haciéndolas menos competitivas frente a sus pares de otros países donde no se percibe la exención del impuesto sobre la renta de las operaciones de los parques como una distorsión.

En México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, las empresas operadoras de los parques de zonas francas están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Como se ve, con esta iniciativa del MH, la administración del presidente Abinader se convertiría, de la noche a la mañana, en la primera en introducir una distorsión en el modelo de zonas francas que prevalece en la región. Solo en el caso extraño en que las empresas de zonas francas pudiesen operar a la intemperie, es decir, colocando sus equipos y maquinarias en solares baldíos donde laborarían los operadores, la exención del impuesto sobre la renta a las empresas operadoras de los parques de zonas francas podría ser considerada como una distorsión. ¿Sería posible instalar a la intemperie plantas para manufactura de chips como aspira el presidente Abinader?

Siete parques de zonas francas que estaban en carpeta para iniciar su construcción y/o expansión en 2025, han pospuesto el arranque indefinidamente. De los previstos en la Iniciativa Santo Domingo 2050 que lanzó el presidente Abinader hace dos años, no volverá a hablarse. Mientras tanto, México y Costa Rica avanzan aceleradamente en la construcción de nuevos parques para acoger la migración de empresas inducida por el “nearshoring”. El presidente Abinader debe instruir la eliminación completa del distorsionante Artículo 31 del proyecto de reforma tributaria que establecería el impuesto sobre la renta a las empresas operadoras de parques de zonas francas.

Adiós Fitur, lo siento Bergantín

El proyecto de reforma fiscal se lleva todos los incentivos de la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad. La decisión parece reflejar la convicción del Gobierno de que todos nuestros polos turísticos ya se encuentran plenamente desarrollados y de que, en algunos casos, como sería la exención del IPI a los apartamentos y/o villas en determinados proyectos localizados dentro resorts y zonas turísticas, ingresamos en un territorio hostil con la justicia y equidad distributiva. Aunque debemos reconocer que pueden haberse producido excesos en la concesión de estos incentivos, eso no debería llevarnos a hacer tabla rasa con el esquema de incentivos fiscales.

Existen polos potenciales de desarrollo turístico a los cuales les queda un largo trecho por recorrer en materia de infraestructura hotelera y de desarrollo inmobiliario. Mientras los incentivos estaban abiertos a todos los polos, resultaba previsible que la inversión privada nacional y extranjera se dirigiría a las joyas del turismo dominicano: Bávaro, Punta Cana, La Romana (Casa de Campo) y en los últimos años, el Distrito Nacional. En el caso de la Ley 158-01 y del CONFOTUR, lo recomendable no era el desmantelamiento total de los incentivos fiscales que confiere una legislación que, sin lugar a duda, ha convertido a la República Dominicana, después de México, en la segunda potencia turística de la América Latina y el Caribe. Lo razonable era la racionalización de los incentivos, específicamente, la desviación de los mismos hacia los polos que han sido forzados a competir en materia de atracción de inversión con polos dotados de una infraestructura física que los primeros no tienen. Lo sensato, por tanto, es mantener los incentivos de la Ley 158-01 a todos los proyectos que se ejecuten en los polos de Montecristi-Puerto Plata-Samaná-Las Terrenas y de Pedernales-Barahona-Azua-Baní. A Fitur 2025, República Dominicana debería llevar una ambiciosa carpeta de proyectos en ejecución y en diseño, tanto de infraestructura física como hotelera para esos polos, explicando la importancia de invertir en esas geografías para reducir la elevada concentración del riesgo de tener todo invertido en el Este del país, la zona más golpeada por el paso de huracanes y la llegada desagradable del sargazo. Si el hacer tabla rasa se mantiene, el proyecto de Punta Bergantín y la Autopista del Ámbar tendrán que esperar hasta el 2029.

En adición a la sustitución de la generalización de la eliminación por la selectividad en el otorgamiento de los incentivos fiscales, en caso de que no se haya hecho todavía, el MH debería instruir a la DGII para que ponga fin al Acuerdo de Precios por Anticipado (APA) que ha existido durante años entre la DGII y el sector hotelero. Estos APA fijan tarifas por habitación hotelera que, en algunos casos, no llegan al 30% de la tarifa realmente cobrada por los hoteles, lo que reduce sensiblemente el ITBIS pagado por los hoteles. En 2023, el valor agregado del sector hoteles fue de RD$197,728 millones. En consecuencia, con una tasa de 18%, la DGII debió, en teoría, haber recaudado RD$35,591 millones de ITBIS. Sin embargo, solo recaudó RD$19,951 millones, el 56% de la recaudación potencial. Parte de la explicación reside en el hecho de que habitaciones que se rentan en la vecindad de US$300 al día, para fines del ITBIS declarado a la DGII, el APA establece que se declare como si se rentó en US$100 o US$110. Eso no solo reduce los ingresos de ITBIS de la DGII. Reduce también los ingresos brutos que presentan los hoteles cuando someten sus Estado de Ganancias y Pérdidas en la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. Eso podría explicar, en parte, el porqué en 14 de los 16 años comprendidos entre 2006 y 2021, el sector hotelero, de manera consolidada, declaró pérdidas a la DGII. Eliminando el APA y cobrando el ITBIS (IVA) y el Impuesto sobre la Renta a los hoteles cuyo período de exención venció sobre los ingresos brutos verdaderos de los hoteles, las recaudaciones aumentarían más que el estimado que produciría el desmantelamiento total de los incentivos fiscales establecidos en Ley 158-01.

La vivienda económica y el desarrollo inmobiliario han muerto. ¡Larga vida al lavado!

La Ley 389-11 de Mercado Hipotecario y el Fideicomiso que perseguía facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales, fundamentalmente de vivienda de bajo costo, pasaría a la historia como la efímera. El proyecto de reforma tributaria elaborado por el MH deroga el incentivo del pago único y definitivo de 10% de impuesto sobre la renta que establece esta ley. Todo apunta a que el MH entiende que los beneficios que obtienen quienes se han acogido a esta ley para realizar proyectos de vivienda económica y desarrollo inmobiliario son enormes y, por ello, en lugar de pagar un 10% deberían tributar un 27% del Impuesto Sobre la Renta más el 10% sobre los dividendos distribuidos.

• ¿Dispone el MH de esos estudios para sustentar su percepción? 
• ¿Conoce los riesgos que han asumido aquellos empresarios que han invertido en proyectos de viviendas económicas y que, súbitamente, luego de aumentos en las tasas interés sobre préstamos hipotecarios están enfrentando actualmente una avalancha de devoluciones de compradores que no pueden ahora pagar las cuotas infladas por el alza de los intereses? 
• ¿Ha estimado el MH el aumento en las operaciones de lavado, de opacidad y de la informalidad que va a provocar la desaparición de fideicomisos que habían logrado formalizar a cientos de empresas constructoras y a minimizar la incursión del dinero de lavado a través de compraventa de propiedades inmobiliarias libres de todo tipo de debida diligencia? 
• ¿Piensa realmente el MH que va a recaudar más regresando al modelo informal del pasado donde la mayoría de los proyectos de construcción de viviendas, apartamentos y otros desarrollos inmobiliarios siempre terminaban declarando pérdidas amparados en la falta de transparencia en la contabilidad de los costos de construcción que presentaban? 
• ¿Acaso no resulta más sensato cobrar un 10% sobre beneficios muy probables garantizados por la supervisión que ejecutan las fiduciarias que un 27% sobre beneficios que nunca tendrán lugar en la contabilidad opaca de empresas constructoras que vamos a deportar de regreso a la informalidad? 
• ¿Van a prestar los bancos a estos proyectos, a sabiendas de que las garantías de ejecución que ofrecen los fideicomisos pasarían a ser sustituidas por la “solidez” de cientos de empresas constructoras con experiencia y vocación para operar “quebradas” en la informalidad? 
• ¿Cómo percibirían el Gobierno de los Estados Unidos esta reapertura de un segmento atractivo para el lavado como la construcción y compraventa de activos inmuebles, que los fideicomisos han contribuido a reducir de manera significativa? 

No hay que esforzarse mucho para concluir que la eliminación de este incentivo tributario, por donde quiera que se analice, terminaría como otro negocio del “capaperro” para la nación.

Apoyemos el buen cine y la filmación internacional en el país

Estoy totalmente de acuerdo con la sustitución de los incentivos tributarios para guiones, pre-producción, producción, distribución y exhibición (PDE) de largometrajes dominicanos por apoyos directos del Estado a través de un Fondo de Fomento del Cine, que en el primer año recibiría una asignación de RD$1,500 millones (US$25 millones) para asignar a proyectos de PDE de los guiones seleccionados por Confocine, siempre y cuando este último esté integrado por intelectuales dominicanos reconocidos. El proyecto elimina también el incentivo del artículo 39 de la Ley 108-10, el cual está dirigido parcialmente a los estudios cinematográficos, al permitir que las personas naturales o jurídicas que produzcan obras cinematográficas y audiovisuales dominicanas o extranjeras en el territorio dominicano, puedan beneficiarse de un crédito fiscal equivalente a un veinticinco (25%) de todos los gastos realizados en la República Dominicana. Ese 25% no se aleja mucho del 20% que se ofrece en Argentina, el 20%-25% en Brasil (Río de Janeiro), y el 40% en Chile y Colombia.

Sin embargo, como el proyecto de reforma tributaria se lleva todos los incentivos tributarios que reciben los estudios cinematográficos establecidos en el país que prestan servicios de filmación a productores extranjeros, considero que, en el peor de los casos, estos estudios deben recibir el mismo trato fiscal que reciben las empresas localizadas en los parques de zonas francas de exportación. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se les ofrece un tratamiento de cuasi-zona franca al liberarlos del 90% de todos los impuestos. Estos estudios, cuando son utilizados por los productores extranjeros, ofrecen un servicio de exportación que genera externalidades positivas a la nación más allá de los gastos de hoteles y contratación de equipos y personal local que requieren las producciones. Tiene mucho valor para nuestro país aparecer en la geografía mundial de la producción cinematográfica.

Estímulo para la fuga de capitales al exterior

Mientras el Banco Central se ha visto precisado para vender US$1,111 millones de sus reservas de divisas y reducir la base monetaria ampliada en 7.4% en los últimos 12 meses para hacer frente a fuertes presiones de demanda de divisas que han provocado una depreciación de 6% del peso dominicano, el MH incluye en el proyecto de reforma tributaria una disposición que elevaría el impuesto único y definitivo de 10% sobre los intereses devengados por ahorrantes e inversionistas hasta un 27%. En lo que va de octubre, la tasa de interés promedio ponderada sobre certificados financieros y/o depósitos a plazo ha promediado 10.55%. Cuando descontamos el 10% de la retención actual, al ahorrante le queda un neto de 9.50% anual. Si le restamos las expectativas de depreciación de los próximos 12 meses, digamos 6.0%, similar a la de los pasados 12 meses, tendríamos que la tasa neta en dólares que el ahorrante estaría recibiendo es de 3.3%. Supongamos que en lugar del 10% de retención, en lo adelante, el ahorrante termina pagando un 27%, como establece el proyecto. En ese caso, la tasa neta en pesos que este recibiría sería de 7.70%, o 1.60% en dólares. Dado que en EUA el ahorrante podría conseguir cerca de 4.50% en dólares, está claro que muchos comenzarán a cancelar sus depósitos en pesos en nuestro sistema financiero para comprar dólares y enviarlos al exterior. No hay que dar muchas vueltas para entender que la iniciativa del MH, al estimular la fuga de capitales, forzaría al Banco Central (BC) a vender más reservas si no desea que unos meses la tasa de 60×1 sea recordada como una ganga apetecible.

El MH no debe olvidar que el ahorro que hoy está depositado en los bancos y en el BC, previamente pagó el impuesto sobre la renta cuando se percibió el ingreso y se ahorró la parte no gastada. Intentar cobrarle ahora, una vez más, hasta el 27%, puede lucir razonable para aquellos cuyo ahorro no es fruto del trabajo intenso, pero no para los demás. Una pregunta antes de concluir con este aspecto de la reforma. 

• ¿Se explicó al BC que, si el MH está pagando 10.5% anual (libre de impuestos) por su bono MH2-2035, debido al aumento de 10% a 27% en el impuesto sobre los intereses, el BC tendrá que ofrecer un interés de 14.38%, en lugar de 11.66%, para igualar el retorno neto que ofrece el bono del MH? 
• ¿Estimó alguien qué impacto tendría esta decisión sobre el déficit cuasi-fiscal del BC cuando este tenga que hacer el “rollover” de su deuda interna?

Tengamos cuidado. Recordemos que le estamos diciendo al mundo que no nos interesa más inversión extranjera que ande en busca de exenciones tributarias en zonas francas, turismo y desarrollo inmobiliario, entre otros. Incluso, hay que prepararse para una reducción de los niveles habituales de reinversión de utilidades de las empresas de inversión extranjera que preferirán destinos fiscalmente menos hostiles. Ya la noticia de nuestro desinterés ha llegado a los oídos de los inversionistas en todo el mundo. Si los espíritus animales de los inversionistas extranjeros a los que se refería Keynes decidiesen tomarse una siesta prolongada antes de volver la mirada a República Dominicana, reducciones bruscas de nuestras tasas de interés pasivas netas de impuestos ajustadas por la depreciación, podrían provocar un ataque especulativo contra las reservas del Banco Central y el peso dominicano. No se por qué me vino a la cabeza el dictamen de mi abuelo Salomón, “el que se va a joder, no calcula”.

Generadores del SENI parcialmente exentos, los Aislados completamente gravados

La propuesta de reforma establece que mientras se mantiene la exención del Impuesto Selectivo al Consumo de Combustibles específico (Ley 112-00) para los generadores que proveen energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), los que generan en geografías aisladas que les han sido concesionadas, en lo adelante, deberán pagar el impuesto, lo que implica un trato discriminatorio y podría dar lugar violaciones de la ley de inversión extranjera en el caso de que alguna de las empresas generadoras en sistemas aislados sea de capital extranjero y acogida a la Ley 16-95 de Inversión Extranjera. Recordemos que la inversión extranjera es acreedora del derecho de tratamiento nacional cuando este último sea el más favorable. Adicionalmente, la iniciativa se convierte en otro golpe al sector turismo, pues los hoteles que se instalen sin incentivos fiscales tendrán que hacer frente a una mayor tarifa de electricidad. Alguien del MH debería asistir a Fitur 2025 para explicar la racionalidad del trato discriminatorio. Por otra parte, ¿puede tener alguna posibilidad de fallo favorable en el Tribunal Constitucional una iniciativa que obligue a 110,000 de hogares, micro y pequeñas empresas dominicanas que hoy día son servidas por empresas de electricidad en sistemas aislados a pagar indirectamente un impuesto selectivo al consumo de combustible que no pagarán los que residimos en el resto de la geografía que es servida por las EDE?

Adicionalmente, tanto los generadores del SENI como los de los sistemas aislados, en lo adelante, tendrían que pagar, sin derecho a solicitar reembolso, el Impuesto Selectivo al Consumo de Combustibles ad-valorem (Ley 557-05). En consecuencia, los generadores transferirán ese costo adicional a las EDE y a los clientes de los sistemas aislados. Si las EDE no aumentan la tarifa, el déficit de estas empresas terminará aumentando y el Gobierno tendrá que aumentar las transferencias corrientes que realiza para mantenerlas a flote. En el caso de los generadores de los sistemas aislados, al verse obligados a pagar los dos impuestos selectivos (específico de la Ley 112-00 y ad-valorem de la Ley 557-05) el tarifazo de 15% que tendrán que dar a sus clientes será recibido con júbilo por la oposición política.

La exención del IPI es elevada pero la tasa no se queda atrás

El MH entiende que los RD$9.86 millones del valor de una propiedad exento del IPI es alta y por eso propone bajarla a RD$5.0 millones. La percepción es correcta si la comparamos con los montos exentos de otros países. En Costa Rica, por ejemplo, la exención es de RD$1.89 millones. Sin embargo, mientras la tasa del IPI en Costa Rica es 0.25%, la nuestra es de 1.0%. En consecuencia, una vivienda de RD$15 millones que paga anualmente en Costa Rica un IPI de RD$32,775, en República Dominicana paga RD$51,728. En ese caso, el hogar dominicano termina pagando 58% más IPI que el costarricense, a pesar de que este último tiene un ingreso promedio por habitante (en US$ PPA) 7% más elevado que el nuestro. Aunque esa reforma gravaría a todos los hogares, la realidad es que afectaría con mayor intensidad a las familias cuyas viviendas valen entre RD$5.0 y RD$10 millones, las cuales pasarían de pagar cero IPI a montos que en la cota superior llegaría a RD$50,000 por año. Si se baja la exención sin tocar la tasa, el Gobierno debería prepararse para invertir más de los RD$13,043 millones anuales adicionales que piensa gastar en seguridad ciudadana para contener las potenciales protestas.

En lugar de una tasa única de 1.0%, convendría un sistema de 4 tasas (0.25%, 0.50%, 0.75% y 1.00%) que aplicarían para rangos de valores crecientes de las propiedades. Sería necesario también que el pago del IPI sea aceptado como un gasto deducible para las personas físicas que presenten declaración jurada del Impuesto sobre la Renta, tal y como sucede en la mayoría de los países del mundo. Incluso, el literal b) del artículo 287 sobre deducciones admitidas de la renta neta imponible incluye el IPI, el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto sobre las transferencias inmobiliarias y el impuesto de constitución de compañías, entre otros. Por alguna razón, las deducciones no están siendo permitidas.

Del ITBIS al IVA, un tránsito de sorpresas y espantos

He dejado para el final el segmento más importante del proyecto de reforma tributaria: la ampliación de la base imponible del ITBIS y las posibles implicaciones del cambio de nombre del impuesto y las definiciones que establece la ley. Recomiendo a los legisladores y a los potenciales candidatos del PRM en el 2028, antes de iniciar la lectura de la parte final de este artículo, sentarse y respirar profundo. Una gran parte de los bienes y servicios que estaba exento del ITBIS, pasaría en lo adelante a pagar un 18%. En los proyectos de reformas que la Fundación Economía y Desarrollo elaboró en el 2016 y el 2020, recomendamos mantener la tasa del 18% y establecer una tasa reducida de 10% para la mayor parte de los bienes y servicios que estaban exentos. La economía política nos hizo ver en aquel momento que el salto de 0% a 18% no era razonable. No olvidemos que, para la mayoría de los bienes grabados por el ITBIS, el aumento desde el 6% cuando se creó en 1983 al 18% en 2013, tomó 30 años.

Fachada del Ministerio de Hacienda

Quizás es esto lo que ha llevado a algunos analistas y economistas a tildar de valiente al Gobierno por haber presentado este proyecto de reforma. El agua en botella; los animales vivos; la carne de res; la carne de cerdo; el pescado de consumo popular; los lácteos (excluyendo la leche); la miel; otros productos de origen animal; legumbres; hortalizas; tubérculos sin procesar; frutas sin procesar; cereales (excepto el arroz); harinas; granos trabajados; productos de molinería (excepto el pan); semillas oleaginosas; otras semillas para grasas; siembra o alimentos de animales; embutidos; cacao en grano, entero o partidos, crudo o tostado; alimentos infantiles; pastas; cáscara, películas y demás residuos de cacao; libros y revistas; material educativo a nivel preuniversitario; sillas de rueda y prótesis para discapacitados; servicios de transporte de carga; servicios culturales, servicios funerarios y servicios de salones de belleza y peluquerías; entre otros, si se aprueba el proyecto, pasarán de pagar 0% a tributar el 18%. Me imagino que, desde ya, la oposición está elaborando las pancartas y los desfiles de afectados para llevar a los mítines y concentraciones que los candidatos oficialistas presidenciales y al Congreso que se realizarán a principios de 2028.

A esa ampliación de la lista de bienes gravables se añaden otros cambios que han pasado desapercibidos. Al cambiarse el nombre del ITBIS por IVA, la definición de “Bienes industrializados: Aquellos bienes corporales muebles, que hayan sido sometidos a algún proceso de transformación” es sustituida simplemente por la palabra “Bienes”. Los congresistas deben leer con paciencia y comprensión. Fíjense que el calificativo “corporales muebles” que llevada la palabra “Bienes industrializados” en la definición, ha desaparecido. En consecuencia, la transferencia de bienes corporales inmuebles, como los apartamentos y viviendas, en lo adelante, estaría gravada con el IVA de 18%. Si usted quiere vender su vivienda de RD$10 millones, el comprador, en adición a la comisión de RD$500,000 que pagaría al agente inmobiliario, tendría que pagar RD$1,800,000 de IVA a la DGII. Eso se desprende claramente del proyecto de ley de reforma tributaria. Si el golpe a la construcción de nuevos parques de zonas francas, nuevos hoteles, viviendas económicas y otros proyectos de desarrollo inmobiliario, unido a las elevadas tasas de interés para préstamos a la vivienda y la construcción no resultaban suficientes para provocar una seria perturbación al sector que más ha contribuido, junto con el turismo, al crecimiento económico del país en los últimos años, la aplicación del IVA a la transferencia de bienes inmuebles es la iniciativa más efectiva para provocar el colapso del sector construcción. Los que pronosticaban una ligera desaceleración debido a la reforma, posiblemente leyeron otro proyecto de reforma tributaria.

Si a lo anterior le agregamos el 18% al servicio de transporte de carga y la aplicación del IVA de 18% a insumos de la construcción que al estar en su estado natural están hoy exentos del ITBIS (caliche, arena ITABO, arena de pañete, grava, materiales de relleno, etc.), olvidémonos de la construcción como punta de lanza del crecimiento de nuestra economía. Si a eso le agregamos las crecientes dificultades que enfrentan las empresas constructoras para disponer de un flujo estable de mano de obra haitiana para sus proyectos, preparémonos para un aumento cercano a 15% en el costo promedio de construcción y una contracción significativa del sector.

Tengo la impresión de que la reforma del ITBIS (IVA), aunque en teoría estaría distribuida entre todos los quintiles de ingreso, en la práctica terminará afectando con mayor intensidad a la clase media. No debe olvidarse que una parte no despreciable de los hogares pertenecientes al quintil de ingresos más elevados tiene empresas. La experiencia de los últimos 40 años con el ITBIS nos lleva a pensar que la pedidera de facturas o recibos con comprobante fiscal en supermercados, otros comercios y empresas proveedoras de los nuevos bienes y servicios gravados por el IVA se va a acelerar. Veremos un ejército de hogares del quintil 5 solicitando estas facturas y recibos con comprobante fiscal para utilizarlos en sus empresas, con lo cual el avance de IVA que harán en sus compras para el hogar terminará siendo utilizado para reducir el IVA definitivo a liquidar por sus empresas ante la DGII. En esos casos, estos hogares de altos ingresos quedarían “exentos” de este pago adicional del IVA; lo transformarán en un impuesto de suma cero. En adición, estos hogares, al inflar artificialmente los gastos de sus empresas con facturas de compras de bienes y servicios para el hogar, reducirán la renta neta imponible y, por tanto, el impuesto sobre la renta de las empresas. Para ellos, en consecuencia, la ampliación de la base del IVA puede terminar siendo beneficiosa o un “subsidio” recibido del Gobierno. Es por eso que en los proyectos de reformas preparados por la Fundación Economía y Desarrollo se propuso eliminar “las deducciones de ITBIS adelantado que presenten las empresas por concepto de compras en supermercados, farmacias, restaurantes y en cualquier otro establecimiento correspondientes a gastos de consumo de los hogares. En el caso de empresas que se dediquen a la elaboración y preparación de alimentos, se aceptarán los ITBIS adelantados en compra de los insumos necesarios para su elaboración.”

Consideraciones finales

Traté de encontrar en el proyecto alguna iniciativa para combatir la evasión de la informalidad, como sería el cobro de un impuesto específico (dentro del rango de US$40,000 y US$160,000) por tamaño y contenido de los furgones con mercancías proveniente de China, que contribuyese a igualar el nivel del terreno entre el sector comercial dominicano y el controlado por nacionales chinos. Quizás vendrá en algún proyecto futuro de reforma. En casi todos los países de la región, además del IVA, las importaciones recibidas por correo expreso, independientemente de su valor, pagan el arancel. Si el comprador desea librarse del arancel porque el bien importado procede de un país con el cual tenemos un acuerdo de libre comercio, que presente luego el certificado de origen y solicite el reembolso del arancel pagado. Pensaba, por otra parte, que la nominación de los agentes de percepción se haría, como sucede en la mayoría de los países donde existe esa figura, para recaudar el ITBIS o IVA que hoy pudiese estar cobrando el comercio informal y reteniendo como beneficio adicional. El proyecto de reforma tributaria, sorprendentemente, de lo que habla es del agente de percepción para el cobro del impuesto sobre la renta.

Comenzamos con las zonas francas y terminaremos con ellas. Cuando vendan al mercado local, el proyecto propone que las empresas de zonas francas paguen un impuesto sobre la renta equivalente al 5% de los ingresos brutos. Actualmente pagan un 3.5%. Al ver esta iniciativa, solo me resta preguntar a los autores del proyecto de reforma tributaria lo siguiente: ¿Por qué razón les parece razonable que las zonas francas paguen un 5% de sus ingresos brutos como impuesto sobre la renta cuando venden en el mercado local mientras rechazan que al resto de las empresas de todos los sectores que venden en el mercado interno paguen un impuesto mínimo sobre la renta equivalente a 3.5% de los ingresos brutos por ventas? ¿Por qué las zonas francas sí pueden pagarlo, pero el resto de las empresas nacionales no? Más aún, si ese solo impuesto, el 3.5%, por sí solo generaría ingresos adicionales por 1.6% del PIB, por encima que lo que generaría el proyecto de reforma tributaria sometido al Congreso, el cual, como hemos visto solo serviría para socavar las fuentes de crecimiento de nuestra economía, ahuyentar la inversión extranjera, fomentar la inestabilidad macroeconómica, empobrecer a la clase media y allanar el camino al triunfo de la oposición si esta decidiese unificarse.

Los artículos de Andrés Dauhajre hijo en elCaribe pueden leerse en www.lafundacion.do.

https://www.elcaribe.com.do/opiniones/por-favor-calculen/

Opinión sobre reformas económicas del gobierno — Andy Dauhajre (@AndyDauhajre)

Opinión sobre reformas económicas del gobierno.
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— Andy Dauhajre (@AndyDauhajre) August 22, 2024

La crisis en Haití ha causado un aumento de migración hacia República Dominicana, con más madres haitianas dando a luz en hospitales dominicanos.

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— Fundación Economía y Desarrollo, Inc. (@fundacionecyd) August 22, 2024

La vivienda es parte integral de la seguridad social Por Andrés Dauhajre hijo @AndyDauhajre

La vivienda es parte integral de la seguridad social 

Por Andrés Dauhajre hijo @AndyDauhajre

Por administración / agosto 5, 2024

La evidencia internacional es contundente. Un aporte estatal que cubra el 10% o el 15% del costo de una vivienda no resulta suficiente si el objetivo que se persigue es brindar a la población la oportunidad de adquirir una vivienda que sirva como punto de partida para la acumulación de riqueza de
las familias beneficiarias. Otras políticas son necesarias. En países como Singapur, por ejemplo, un cotizante a la seguridad social interesado en comprar una vivienda puede aprovechar sus ahorros en el plan de pensiones obligatorio del Fondo de Previsión Central (CPF) para el pago de inicial de la vivienda e incluso, para el pago de las cuotas del préstamo hipotecario otorgado por la Junta de Vivienda y Desarrollo (HDB). Estos préstamos, otorgados únicamente a residentes permanentes de Singapur, se confieren a una tasa de 2.60% (0.10% por encima de la tasa de 2.50% que el trabajador obtiene en su Cuenta Ordinaria de Pensiones, Vivienda, Seguros e Inversiones en el CPF). Esta tasa es prácticamente fija; no ha cambiado en los últimos 24 años.  Este esquema vigente en Singapur ha logrado la construcción de más de un millón de viviendas y apartamentos, donde reside casi el 80% de la población.

El modelo de Singapur parte de tasas de cotización o contribución a la seguridad social relativamente altas.  Todos los trabajadores de menos de 55 años de edad están obligados a cotizar mensualmente el 20% de su salario.  El empleador aporta el 17%, con lo cual la cotización total alcanza un 37% del salario, casi el doble del 20.5% de la cotización consolidada (pensiones, seguro familiar de salud y seguro de riesgos laborales) del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esa elevada cotización explica en gran parte el porqué, a final de 2023, el balance acumulado en las Cuentas de Pensiones, Retiro, Vivienda, Seguro e Inversiones en Singapur alcanzaba un 64.7% del PIB, mientras que el correspondiente a la Cuenta de Seguro Médico y Gastos de Hospitalización era de 19.7% del PIB. El balance consolidado en las cuentas de la seguridad social en Singapur era de 84.4% del PIB, más de 5 veces el 16.5% del PIB que exhibían las cuentas de pensiones de nuestro sistema de seguridad social en 2023.   

La realidad es que, desde 1960, en Singapur tenían muy claro que la vivienda era un componente esencial de la seguridad social.  Aquella parecía ser una creencia compartida en aquellos años e incluso, desde tiempos atrás.  Releyendo “Construcción de Viviendas en la República” de Orestes Herrera Bornia, publicado por la Editora del Caribe, C. por A., en 1958, se percibe que Trujillo tenía una concepción similar cuando sostenía que  “hay que facilitar al mayor número de familias dominicanas el más indispensable elemento material de estabilidad y calor: la casa, el hogar propio donde a cubierto de zozobras y sobresaltos encuentre cada núcleo familiar seguridad para hoy y resguardo para el futuro, enlazando así, con continuidad de ideales y sentimientos, la vida de una a otra generación y haciendo permanente obra de bienestar nacional”.  Esa concepción explica el porqué en el caso de Singapur, la posibilidad de tomar dinero de una de las cuentas de ahorro de la seguridad social para el pago de inicial de la vivienda y para el pago de las cuotas del préstamo provisto por la Junta de Vivienda y Desarrollo (HDB), ha hecho posible que, a final del 2023, la HDB tenga bajo su administración 1,130,144 viviendas. En el primer trimestre de este año, los afiliados al sistema de seguridad social de Singapur giraron US$2,600 millones para pagos de inicial en la compra de viviendas, una suma equivalente al 3.9% del balance consolidado que tenían los afiliados al sistema en sus cuentas de la seguridad social. Estos tomaron financiamiento con el HDB a una tasa de 2.60% o con los bancos y compañías financieras que ofertaban una tasa de 2.80%. Este esquema de facilidades para la adquisición de viviendas en Singapur explica el porqué, a final de 2023, el 30.6% de la cartera de préstamos de los bancos, compañías financieras y la HDB en Singapur estaba representado por préstamos para adquisición de viviendas, muy por encima del 17.8% que representó ese año la cartera de préstamos para viviendas del sistema financiero dominicano. Mientras la cartera de préstamos para adquirir viviendas en Singapur equivale a 46.1% del PIB, en nuestro caso apenas representa el 5.25%. 

Si pasamos del Cono Sur de Asia donde se encuentra el diminuto Singapur al Cono Sur de América Latina donde se encuentra Chile, podemos observar políticas que podrían ayudarnos a definir una estrategia exitosa para acelerar la construcción y la adquisición de viviendas en nuestro país.  En Chile, principal abanderado de la economía social de mercado de la región, han entendido que el Estado tiene un rol que jugar para facilitar la adquisición de viviendas.  El Banco del Estado de Chile, mejor conocido como BancoEstado, el único banco estatal que opera comercialmente en Chile, ha sido la punta de lanza del sector financiero para la adquisición de vivienda en ese país. Algo parecido sucedía en República Dominicana en 1945-1960 cuando el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República Dominicana, que prestaba al 8% anual para adquisición de solares y construcción de viviendas, al cual se sumó, partir de 1953, el Banco de Reservas de la República Dominicana, eran las principales fuentes de financiamiento para que las familias dominicanas realizasen el sueño de una vivienda propia.  

En Chile han comprendido la importancia de ofrecer tasas de interés reales razonables sobre los préstamos para la vivienda. La tasa de interés real es la que resulta cuando a la tasa de interés nominal le descontamos la inflación (variación en el IPC en nuestro caso y en la Unidad de Fomento en el caso Chile). En Chile han entendido también la importancia de que esa tasa real sea relativamente baja, estable y predecible.  Por eso, el BancoEstado y los demás bancos comerciales generalmente presentan sus ofertas de financiamiento para la adquisición de viviendas utilizando una nomenclatura como la siguiente: Tasa UF + 4.65%, donde Tasa UF es la variación porcentual de los últimos 12 meses de la Unidad de Fomento (una unidad de cuenta que se utiliza en Chile y que es reajustable de acuerdo a la inflación). Si la Tasa UF en 2023 fue de 3.9%, la tasa de interés nominal del préstamo para la compra de vivienda ofertado por BancoEstado sería de 8.55%; la tasa de interés real sería de 4.65%. Entre el 8% nominal que cobraba el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República Dominicana en 1945-1960 para los préstamos de adquisición de solares y construcción de viviendas y el 8.55% del BancoEstado en Chile, no hay mucha diferencia. 

Cuando comparamos la tasa de interés real sobre los préstamos para adquisición de viviendas en Chile y República Dominicana durante el período 2006-2024 encontramos que mientras en Chile esta ha promediado 4.0%, en República Dominicana la tasa de interés real promedio para la compra de una vivienda ha promediado 7.9%, prácticamente el doble. Como si esto fuera poco, la volatilidad que ha exhibido la tasa de interés real para préstamos de adquisición de viviendas ha sido mucho mayor en nuestro caso.  Esta ha oscilado entre 0.68% y 13.51% mientras que, en Chile, dado que las ofertas transparentan la tasa de interés real que se cobraría, esta ha oscilado entre 2.58% y 5.06% en el período analizado. Esto podría estar explicando el porqué mientras en República Dominicana la cartera de préstamos para adquisición de viviendas del sistema financiero apenas representa el 17.8% de la cartera total y el 5.25% del PIB, en Chile alcanza el 33.9% y 28.5%, respectivamente.

El lector podría pensar que esa diferencia tan marcada entre las tasas de interés reales de los préstamos para adquisición de viviendas en Chile y República Dominicana tiene su origen en que la tasa de inflación en nuestro país ha sido mucho menor que la tasa prevaleciente en Chile.  Esa percepción, sin embargo, no es validada por la realidad.  Durante el período 2006-2024, la tasa de inflación en Chile promedió 4.11%, con una mínima de -1.5% (2009) y una máxima de 12.77% (2022).  En República Dominicana, durante el mismo período, promedió 4.71%, ligeramente más elevada que la de Chile, con una mínima de 1.17% (2018) y una máxima de 8.88% (2007). En consecuencia, la diferencia de 390 puntos básicos (3.90%) entre la tasa de interés real promedio de República Dominicana y Chile, no se debe a que hemos tenido menos inflación que en Chile, sino a otros factores asociados a las políticas monetaria y cambiaria que prevalece en las dos naciones.

Cuando se comparan las políticas monetaria y cambiaria que ejecutan los bancos centrales de Chile y República Dominicana, encontramos que ambos persiguen alcanzar las metas de inflación establecidas. Mientras el Banco Central de Chile utiliza fundamentalmente la tasa de política monetaria (TPM) para alcanzar el objetivo de inflación, el Banco Central de República Dominicana parecería estar utilizando no solo la TPM sino también una meta implícita de devaluación. Para ello, además de la TPM hace uso de medidas de ajuste cuantitativo de los agregados monetarios.  Este ajuste cuantitativo no es realizado a través de variaciones en las tasas de encaje legal sino a través de colocaciones de instrumentos de deuda del Banco Central y de intervenciones significativas en el mercado de divisas, específicamente, venta de reservas internacionales que el Banco Central ha acumulado gracias a los superávit que pueden haberse producido en las cuentas corriente y financiera (incluyendo ingresos por colocación de deuda pública en el mercado global de capitales) de la balanza de pagos.  

Esta diferencia en las políticas monetaria y cambiaria de ambos bancos centrales explica el porqué Chile, que tiene un sistema de tasa de cambio flexible o flotante, exhibe niveles de volatilidad de la tasa de cambio del peso chileno y dólar (medida como la desviación estándar de la tasa de depreciación) cuatro veces mayor que la volatilidad exhibida por la tasa de cambio del peso dominicano y el dólar. La persecución de una meta adicional e implícita de devaluación, al requerir en ocasiones de ajustes cuantitativos restrictivos de los agregados monetarios, generan en ocasiones situaciones de iliquidez en el mercado monetario que desencadena el surgimiento de altas tasas de interés reales. Eso explica el porqué mientras en Chile no existe prácticamente diferencia entre el nivel de la tasa de política monetaria (TPM) del Banco Central y la tasa de interés interbancaria promedio (la tasa a la que se prestan los bancos entre sí), en República Dominicana esta última en ocasiones ha superado la TPM en más de 600 puntos básicos, lo que refleja un serio nivel de iliquidez en el mercado monetario.

Este resultado no debería sorprender, pues como dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis.  Si además de perseguir una meta de inflación usted persigue una meta adicional de devaluación, alguna variable tendrá que ajustarse para lograr el milagro.  En nuestro caso esa variable es la tasa de interés real.  Lamentablemente, esto termina afectando a los que toman financiamiento para adquirir una vivienda. No es por casualidad que el FMI, el pasado 24 de julio, recomendó a las autoridades monetarias moverse hacia un escenario de mayor flexibilidad de la tasa de cambio.

Vistas las experiencias de Singapur y Chile y dado que el próximo 16 de agosto se inicia un período de dos años muy propicio para la ejecución de reformas estructurales, convendría incluir en la reforma del sistema de pensiones un aumento gradual en la tasa de cotización que permita incluir dentro de la cuenta de capitalización individual una subcuenta de ahorro para vivienda que el afiliado podría girar para el pago de inicial e incluso cuando enfrente alguna imposibilidad para pagar la cuota del préstamo. Dicha reforma debería incluir también la posibilidad de que, al alcanzar la edad de retiro, la cual debería ser elevada, el pensionado pueda decidir a partir del año que desee obtener gradualmente recursos a partir de una hipoteca inversa de su propiedad, los cuales se sumarían a la pensión mensual que esté recibiendo. Convendría también contemplar dentro de la reforma laboral que el balance que tiene cada trabajador dominicano en su cuenta implícita de cesantía en la empresa que labora, pueda ser traspasado a su cuenta de capitalización de ahorro para pensiones y viviendas.

Debe ponderarse también la intensificación del rol desarrollista que debe desempeñar el Banco de Reservas, el banco múltiple propiedad del Estado Dominicano. BanReservas podría crear un programa de créditos para la vivienda económica a 30 años con una tasa de interés igual a MI + 3.0%, donde MI es la tasa meta de inflación del Banco Central (actualmente, 4%). Si por alguna razón dicho programa arrojase pérdidas, estas serían fácilmente cubiertas por los dividendos anuales percibidos por el Estado Dominicano. No sería nada nuevo ni extraordinario.  En Singapur, el HDB registró pérdidas por US$4,360 millones en 2023. Entre 1960 y 2023, esas pérdidas alcanzaron US$36,270 millones y fueron compensadas por el Gobierno. Son parte del aporte del Gobierno de Singapur a la seguridad social, al bienestar de la población y a una distribución más justa de la riqueza.  

Finalmente, el traspaso de la deuda del Banco Central a Hacienda permitiría al primero atender con mayor prontitud la solicitud de mayor flexibilidad de la tasa de cambio que le ha hecho el FMI. Eso allanaría el camino a menores tasas de interés reales en República Dominicana.  Con ello, lo que soñó Trujillo el 21 de abril de 1947 cuando pronunció el discurso de inauguración del primer barrio de mejoramiento social, “lograr que los obreros y las gentes humildes posean, al abrigo de inquietudes y sobresaltos, vivienda propia, buena y estable”, podría convertirse en una realidad en las próximas tres décadas. https://lafundacion.do/la-vivienda-es-parte-integral-de-la-seguridad-social/

Porqué nos exigen recaudar más / Por Andrés Dauhajre Hijo @AndyDauhajre OPINION @ElCaribeRD

Por qué nos exigen recaudar más

Andrés Dauhajre Hijo

2 julio, 2024 9 minutos de lectura

En primer lugar, porque la factura de intereses de la deuda del sector público consolidado como porcentaje de las recaudaciones de impuestos del Gobierno es muy elevada. El año pasado, el Gobierno General pagó intereses sobre la deuda pública por RD$213,935.4 millones. El Banco Central (BCRD), por su parte, pagó intereses a los tenedores de sus valores en circulación por RD$134,102.4 millones. Si restamos los RD$13,576.9 millones de intereses que el Gobierno le pagó al BCRD sobre los bonos de recapitalización, que deben extraerse por ser estos una deuda intergubernamental, tenemos que la factura total de intereses del sector público consolidado sobre su deuda alcanzó RD$334,484.9 millones, un monto equivalente a 34.1% de los ingresos tributarios del Gobierno. Ese porcentaje es uno de los más altos del mundo.

Algunos podrían argumentar que los RD$134,102.4 millones de intereses del BCRD no importan pues este último simplemente emite dinero y los paga. Luego, para evitar que esto aumente excesivamente la oferta monetaria y, por tanto, genere inflación y devaluación, el BCRD simplemente emite más certificados, es decir, aumenta más su deuda. En otras palabras, que, a diferencia de Mantequilla, el BCRD está en capacidad de administrar sin problemas ni contratiempos un esquema Ponzi, pues el BCRD tiene el monopolio de la emisión monetaria. Quienes así piensan olvidan que el peso dominicano no es una moneda de reserva. Si la deuda del BCRD continúa transitando sobre una trayectoria creciente y el mercado comienza a exigir mayores tasas de interés a cambio de no moverse a alternativas de menor riesgo (títulos de renta fija y variable emitidos por empresas globales, por ejemplo), el BCRD tendría que ir subiendo agresivamente su tasa de interés, tal y como tuvo que hacer el Banco Central de Argentina. Por eso, en el 2023, mientras los intereses pagados por el Gobierno Federal en Argentina representaron el 10.2% de los ingresos tributarios, los intereses pagados por el Banco Central de Argentina sobre sus títulos de deuda (Leliqs), netos de los percibidos del Gobierno por títulos públicos en poder del Banco Central de Argentina, representaron el 57.3% de los ingresos tributarios de Gobierno Federal. Quizás ahora se entiende mejor porqué tenemos uno de los sistemas cambiarios más controlados o manejados de la región y el único sistema de pensiones de capitalización individual del continente donde los fondos de pensiones no pueden invertir en títulos de renta fija o variable emitidos en el extranjero. Ese “mix”, hasta cierto punto, hace las veces del cepo en Argentina.

El FMI, las calificadoras de riesgo y los tenedores de nuestra deuda soberana se sentirían más tranquilos si logramos aprobar una reforma tributaria que eleve las recaudaciones en cerca de 3% del PIB. Eso permitiría reducir los intereses sobre la deuda del Gobierno (sector público no financiero) a 18.1% de los ingresos tributarios y los intereses del sector público consolidado (incluidos los pagados por el BCRD) a 28.2% de los ingresos del Gobierno.

Algunos podrían argumentar que el déficit fiscal, 3.3% del PIB en el 2023, y el de sector público consolidado (incluyendo el cuasi-fiscal del BCRD), 4.2% del PIB, son manejables y que la mejor demostración de lo anterior es que la deuda del sector público consolidado se redujo de 69.1% del PIB en 2020 a 58.3% en 2023. La comparación con el nivel pico del 2020, no es razonable ya que en ese año el Gobierno colocó un nivel record de bonos en el mercado global y doméstico para hacer frente a una incertidumbre inducida por pandemia que lo llevó a sobreestimar la proyección déficit fiscal y el PIB nominal en dólares cayó 11.3%, lo que provocó un aumento de 18.6% del PIB en la deuda pública consolidada. La realidad es que en comparación con el 2019, la deuda pública consolidada ha aumentado en 7.8 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2023, muy similar al aumento de 7.5 puntos porcentuales que tuvo lugar entre el 2015 y 2019. Pero lo más preocupante es que esto ha ocurrido a pesar de que los niveles de inversión pública en el país se mantienen muy por debajo de lo que necesitaría nuestra economía para continuar creciendo de manera sostenida durante los próximos 10 años.

Podría argumentarse que si se recorta significativamente el gasto corriente y se elimina el déficit del sector eléctrico el Gobierno liberaría anualmente recursos equivalentes a más de 3% del PIB, con lo cual podría potenciar la inversión pública. Es cierto, pero para ello necesitaríamos un Milei en el Gobierno y a Mandrake el Mago en el sector eléctrico. Recordemos que en la campaña del 2020 se afirmó que era posible eliminar despilfarros en el gasto público equivalentes a 2.6% del (RD$129,000 millones). A pesar de los esfuerzos que se han realizado para lograrlo, la evidencia muestra que el gasto corriente aumentó en RD$457,678 millones entre 2019 y el 2023; en lugar de bajar 2.6% del PIB, aumentó en 2.0%, revelando una considerable inelasticidad a la baja del gasto corriente en nuestro país. Por otra parte, los que plantean que es posible eliminar de un año a otro el déficit de 1.3% del PIB del sector eléctrico, realmente no saben de lo que están hablando. Cualquier reforma sensata del segmento de distribución requeriría por los menos 5 años para desmontar y eliminar finalmente el déficit del sector.

Algunos podrían señalar que podríamos reducir de 4% a 3% del PIB el gasto del Gobierno en educación sin que ello afecte la calidad del pésimo servicio ofrecido. En primer lugar, el año pasado lo realmente gastado en educación representó en 3.69% del PIB. Si echamos a un lado las serias repercusiones políticas que tendría llevarlo a 3.0% del PIB, esta propuesta cerraría la puerta a la reforma educativa que necesita el país y nos condenaría a tener que seguir dependiendo de actividades económicas de reducido valor agregado debido a la baja formación de nuestros recursos humanos. La realidad es que la reforma educativa que necesitamos va a requerir una inversión anual superior a 4% del PIB, con una trayectoria que la situaría entre 5% y 5.5% del PIB antes de concluir la presente década. Solo la cobertura de un programa de retiro anticipado de maestros que no reúnen las condiciones para impartir docencia combinada con la contratación de un número similar de maestros capacitados dominicanos y extranjeros, requeriría una inversión adicional cercana a 1.2% del PIB. En consecuencia, la propuesta de reducir de 3.69% a 3.0% del PIB el gasto en educación no está realmente comprometida con la estrategia de desarrollo integral que debe adoptar nuestra nación.

Finalmente, podría argumentarse que no debemos invertir más de lo que invertimos anualmente en infraestructura física. Si queremos retroceder a paso firme en el estadio de desarrollo que nos encontramos, esa sería una buena recomendación. Con el permiso de quienes piensan diferente, yo estoy inscrito en el grupo que apoya la ejecución durante los próximos 10 años de un vasto programa de infraestructura física que potencie la competitividad de la economía dominicana y permita mejorar sensiblemente la provisión de los servicios públicos de manera sostenible.

Si lo dejase ahí, el lector podría registrar el planteamiento anterior dentro del catálogo de frases cohetes célebres. Para evitar ese honor, paso a listar solo algunas de las obras de infraestructura física que considero necesarias para que sigamos progresando como nación: 

Autopista del Ámbar; ampliación Carretera Santiago-Pepillo Salcedo; ampliación de la Autovía del Este a 6 carriles (3 en cada vía); ejecución de todas las circunvalaciones pendientes; construcción de nuevo puente sobre el río Ozama; construcción de los elevados para agilizar el tránsito en el Gran Santo Domingo en carpeta; inversión anual mínima en mantenimiento de la infraestructura vial de 2.0% sobre el valor actual de la infraestructura vial del país, el cual es cercano a US$20,000 millones; ejecución de un proyecto de solución del problema de drenaje pluvial de Santo Domingo; ampliación y modernización del Puerto de Manzanillo; completar la ejecución del Plan Maestro para el Mejoramiento del Transporte Público del Gran Santo Domingo, lo que implicaría construir las líneas 3, 4, 5, y 6 del Metro de Santo Domingo; ampliación y modernización del sistema de transmisión de electricidad; inversión de capital cercana a los US$1,200 millones en las tres EDE durante los próximos tres años si el Estado decidiese mantener la propiedad absoluta de las mismas; ejecución de los proyectos pendientes de regeneración de playas; y ejecución de todas las obras de infraestructura física identificadas a la fecha para promover la inversión privada en los polos turísticos en desarrollo.

Seamos sensatos. El gasto total del Gobierno el año pasado fue de 18.8% del PIB. Ningún economista extranjero serio se atrevería a señalar que es elevado. Todo lo contrario. Está por debajo del nivel de 20% del PIB que, en 1965, Sir Arthur Lewis, el único Premio Nobel de Economía que hemos tenido en la región, recomendó para los países en desarrollo. Si Lewis tuviese razón, ¿es sensato plantear que con recaudaciones impositivas de 14.4% que tuvimos en el 2023 podemos asegurar la sostenibilidad de nuestras cuentas fiscales?

https://www.elcaribe.com.do/opiniones/por-que-nos-exigen-recaudar-mas/