RD$40,000 millones y la política de la estabilidad: gobernar en crisis importadas sin perder el rumbo
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Cuando una economía pequeña y abierta como la dominicana se enfrenta a un shock externo, el margen de maniobra no se mide solo en cifras fiscales: se mide en credibilidad, en capacidad de coordinación y, sobre todo, en la velocidad para proteger al ciudadano sin hipotecar el futuro. Eso es lo que subyace detrás de la frase del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, en el Desayuno del Listín Diario: el Gobierno seguirá buscando recursos si los RD$40,000 millones resultan insuficientes para amortiguar los efectos de una crisis energética y logística desatada por los conflictos en el Medio Oriente y su onda expansiva sobre los mercados.
El problema, dicho sin eufemismos, es que la volatilidad del petróleo se ha convertido en una prueba de estrés para el Estado y para la sociedad. Un salto del barril de 70 a 120 dólares en semanas no es una anécdota: es un golpe directo al costo de la vida, a la estructura de costos de la producción, al transporte, a la inflación de bolsillo y a las expectativas de los agentes económicos. Y si, como planteó el ministro, se trata de una “crisis importada”, lo que corresponde es doblemente delicado: administrar el impacto sin caer en el espejismo de creer que se controla el origen del fenómeno. El país no produce petróleo, no fija el precio internacional, no decide la duración del conflicto, pero sí decide cómo distribuye el golpe y cómo protege sus equilibrios.
En ese contexto, la arquitectura de respuesta descrita por Sanz Lovatón se sostiene sobre tres pilares: contener el golpe inmediato al bolsillo mediante subsidios, elevar la capacidad productiva para sostener ingresos sin recurrir a más impuestos, y “tomarle la temperatura” al país a través de consultas políticas y sociales que permitan calibrar hasta dónde tensar la cuerda sin quebrar cohesión. Ese enfoque, en principio, parece sensato: si la economía siente el shock, el Estado debe actuar como amortiguador. Sin embargo, la pregunta de fondo no es si hay que amortiguar, sino cómo hacerlo para que el amortiguamiento no se convierta en una carga estructural que luego exija ajustes más dolorosos.
La primera línea de defensa, el subsidio, es socialmente comprensible y políticamente inevitable. Más de RD$14,000 millones destinados a frenar el traslado del precio internacional al surtidor, con el argumento de que al consumidor solo le ha llegado una fracción del aumento “técnico”, describe un intento de proteger la paz social. Y el punto es válido: la energía es transversal; encarece todo. Si sube el combustible, sube el transporte; si sube el transporte, sube la canasta; si sube la canasta, sube la presión salarial; si sube la presión salarial, se erosiona la competitividad. El subsidio corta esa cadena en el tramo más sensible, pero no la elimina: la difiere. Por eso, el subsidio debe ser visto como un puente, no como un destino.
Ahí aparece el corazón del debate: de dónde sale el dinero. El Gobierno afirma que los RD$40,000 millones no provienen de nuevos impuestos, sino de recortes y reasignaciones. La “tijera” apunta a publicidad institucional, viáticos, viajes, contrataciones, combustibles de la flota pública, aumentos y otros gastos que pueden ser pospuestos. Además, incorpora decisiones con costo político: reducir el financiamiento público a partidos y focalizar subsidios, con el ejemplo emblemático del gas licuado de petróleo, sugiriendo que no tiene sentido subsidiar de la misma forma a hogares de altos ingresos. Este enfoque contiene una verdad económica que la sociedad debe asumir con madurez: el subsidio universal es el más fácil de anunciar, pero el más caro e injusto de sostener cuando el Estado necesita priorizar a quien realmente lo necesita.
No obstante, el dilema no se resuelve únicamente recortando. Hay un dato que desnuda la magnitud del shock: el presupuesto anual contemplaba RD$8,000 millones para subsidios a combustibles, pero ya en mayo la ejecución rondaba entre RD$12,000 y RD$13,000 millones. La conclusión es evidente: el presupuesto fue superado por la realidad. Y cuando la realidad supera al presupuesto, el riesgo es que el Estado comience a operar a base de parches, reasignaciones apresuradas y presiones corporativas que compiten por recursos escasos. En paralelo, el país arrastra la factura de eventos climáticos recientes, con lluvias y ciclones que obligan a declarar estados de excepción regionales y demandan respuestas de emergencia. Es decir, el Estado no enfrenta un solo incendio; enfrenta varios a la vez.
Por eso, más que celebrar la cifra de RD$40,000 millones, lo responsable es discutir las condiciones de su sostenibilidad. Si el Gobierno anuncia que buscará más si esa cifra no alcanza, está reconociendo, implícitamente, que el horizonte es incierto y que el costo puede escalar. La pregunta estratégica entonces es: ¿cuál es el mecanismo institucional para garantizar que esa búsqueda de recursos no termine debilitando áreas críticas del Estado? Recortar “lo no urgente” parece sensato, pero los recortes tienen efectos secundarios. Un Estado puede recortar demasiado y perder capacidad operativa; puede recortar mal y afectar servicios esenciales; puede recortar opacamente y alimentar desconfianza. De ahí que el éxito de esta ruta no dependa solo de la tijera, sino de la transparencia y de la calidad del gasto.
En ese sentido, el “operativo silencioso” descrito por el ministro —reuniones con importadores, generadoras, supermercados, industriales, molineros, panaderos, productores agrícolas, constructoras— revela un enfoque de gestión que es crucial en crisis: asegurar inventarios, evitar disrupciones, monitorear precios y coordinar expectativas. Si el país ha logrado no ver filas en estaciones ni desabastecimiento, eso es un activo que no se puede minimizar. La estabilidad, en tiempos de crisis global, se parece más a un trabajo de ingeniería que a un discurso: es logística, información, coordinación, decisión.
Ahora bien, hay una dimensión que no puede quedar fuera: la gobernanza del diálogo social. “Tomarle la temperatura” al país puede leerse como realismo político, pero también puede percibirse como una forma de medir resistencias sin necesariamente construir consensos. Las reuniones con expresidentes —según se relató— fueron cordiales y aportaron contexto, pero no dejaron “propuestas puntuales”. Eso retrata una cultura política donde, en momentos críticos, el valor del gesto se impone al valor del contenido. El diálogo es útil, sí, pero su legitimidad crece cuando produce acuerdos verificables: criterios de focalización, metas de ahorro, indicadores de eficiencia, compromisos de reforma. De lo contrario, el diálogo corre el riesgo de convertirse en escena y no en herramienta.
La mesa permanente con transportistas, anunciada con una inversión adicional cercana a RD$800 millones para evitar alzas del pasaje, es un ejemplo perfecto de esa tensión. En lo inmediato, es una decisión socialmente necesaria: el transporte es el sistema circulatorio de la economía popular. Pero a la vez, es la puerta a una discusión que el país ha postergado por décadas: cómo transformar el transporte público para que sea eficiente, moderno, transparente y menos vulnerable a shocks de combustibles. Si la mesa solo administra compensaciones, repetiremos el ciclo. Si la mesa exige contrapartidas —mejoras en servicio, renovación de flota, control, formalización, reducción de opacidad— entonces la crisis puede convertirse en oportunidad.
Y aquí se conecta el segundo eje: producir más para pagar más. Hablar de exportaciones récord y de la transformación de zonas francas hacia dispositivos médicos y electrónicos no es propaganda: es una pista de por dónde se construye resiliencia. En un mundo donde la energía encarece la producción y la logística se vuelve frágil, la economía que mejor aguanta es la que diversifica su canasta exportadora, sube su productividad y reduce su dependencia de rentas fáciles. Si la recaudación crece por mejor desempeño económico y mayor formalización, el Estado puede amortiguar shocks sin asfixiar al sector productivo con más carga tributaria. Pero esa promesa exige continuidad de políticas, seguridad jurídica, simplificación, infraestructura y capacitación laboral.
El tercer eje, entonces, debería ampliarse: no basta con medir hasta dónde “apretar la correa”. Hay que construir un marco de corresponsabilidad nacional: Estado, sector privado y sociedad civil compartiendo diagnóstico, metas y sacrificios proporcionalmente. En crisis importadas, la justicia no es un discurso moral; es una condición de estabilidad. Si la focalización de subsidios se percibe como selectiva, si los recortes se ven como cosméticos, si el sacrificio recae siempre en los mismos, la cohesión se erosiona y la economía paga el precio en confianza y expectativas.
En definitiva, la frase de Sanz Lovatón —seguir buscando recursos si los RD$40,000 millones no alcanzan— debe interpretarse como advertencia y como compromiso. Advertencia, porque la crisis puede prolongarse y encarecerse. Compromiso, porque el Estado está obligado a proteger a su gente. Pero el éxito de esa ruta no se medirá por la capacidad de anunciar cifras, sino por la capacidad de convertir la emergencia en reformas: focalización real, transparencia radical del gasto, modernización del transporte, impulso productivo y una estrategia energética que reduzca vulnerabilidad. La República Dominicana no controla el precio del petróleo, pero sí puede controlar la calidad de su respuesta. En tiempos de incertidumbre global, esa es la diferencia entre resistir y retroceder.
Luis Orlando Díaz Vólquez
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El ministro Eduardo Sanz Lovatón participó en el Desayuno de Listín Diario.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
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El problema, dicho sin eufemismos, es que la volatilidad del petróleo se ha convertido en una prueba de estrés para el Estado y para la sociedad. Un salto del barril de 70 a 120 dólares en semanas no es una anécdota: es un golpe directo al costo de la vida, a la estructura de costos de la producción, al transporte, a la inflación de bolsillo y a las expectativas de los agentes económicos. Y si, como planteó el ministro, se trata de una “crisis importada”, lo que corresponde es doblemente delicado: administrar el impacto sin caer en el espejismo de creer que se controla el origen del fenómeno. El país no produce petróleo, no fija el precio internacional, no decide la duración del conflicto, pero sí decide cómo distribuye el golpe y cómo protege sus equilibrios.
En ese contexto, la arquitectura de respuesta descrita por Sanz Lovatón se sostiene sobre tres pilares: contener el golpe inmediato al bolsillo mediante subsidios, elevar la capacidad productiva para sostener ingresos sin recurrir a más impuestos, y “tomarle la temperatura” al país a través de consultas políticas y sociales que permitan calibrar hasta dónde tensar la cuerda sin quebrar cohesión. Ese enfoque, en principio, parece sensato: si la economía siente el shock, el Estado debe actuar como amortiguador. Sin embargo, la pregunta de fondo no es si hay que amortiguar, sino cómo hacerlo para que el amortiguamiento no se convierta en una carga estructural que luego exija ajustes más dolorosos.
La primera línea de defensa, el subsidio, es socialmente comprensible y políticamente inevitable. Más de RD$14,000 millones destinados a frenar el traslado del precio internacional al surtidor, con el argumento de que al consumidor solo le ha llegado una fracción del aumento “técnico”, describe un intento de proteger la paz social. Y el punto es válido: la energía es transversal; encarece todo. Si sube el combustible, sube el transporte; si sube el transporte, sube la canasta; si sube la canasta, sube la presión salarial; si sube la presión salarial, se erosiona la competitividad. El subsidio corta esa cadena en el tramo más sensible, pero no la elimina: la difiere. Por eso, el subsidio debe ser visto como un puente, no como un destino.
Ahí aparece el corazón del debate: de dónde sale el dinero. El Gobierno afirma que los RD$40,000 millones no provienen de nuevos impuestos, sino de recortes y reasignaciones. La “tijera” apunta a publicidad institucional, viáticos, viajes, contrataciones, combustibles de la flota pública, aumentos y otros gastos que pueden ser pospuestos. Además, incorpora decisiones con costo político: reducir el financiamiento público a partidos y focalizar subsidios, con el ejemplo emblemático del gas licuado de petróleo, sugiriendo que no tiene sentido subsidiar de la misma forma a hogares de altos ingresos. Este enfoque contiene una verdad económica que la sociedad debe asumir con madurez: el subsidio universal es el más fácil de anunciar, pero el más caro e injusto de sostener cuando el Estado necesita priorizar a quien realmente lo necesita.
No obstante, el dilema no se resuelve únicamente recortando. Hay un dato que desnuda la magnitud del shock: el presupuesto anual contemplaba RD$8,000 millones para subsidios a combustibles, pero ya en mayo la ejecución rondaba entre RD$12,000 y RD$13,000 millones. La conclusión es evidente: el presupuesto fue superado por la realidad. Y cuando la realidad supera al presupuesto, el riesgo es que el Estado comience a operar a base de parches, reasignaciones apresuradas y presiones corporativas que compiten por recursos escasos. En paralelo, el país arrastra la factura de eventos climáticos recientes, con lluvias y ciclones que obligan a declarar estados de excepción regionales y demandan respuestas de emergencia. Es decir, el Estado no enfrenta un solo incendio; enfrenta varios a la vez.
Por eso, más que celebrar la cifra de RD$40,000 millones, lo responsable es discutir las condiciones de su sostenibilidad. Si el Gobierno anuncia que buscará más si esa cifra no alcanza, está reconociendo, implícitamente, que el horizonte es incierto y que el costo puede escalar. La pregunta estratégica entonces es: ¿cuál es el mecanismo institucional para garantizar que esa búsqueda de recursos no termine debilitando áreas críticas del Estado? Recortar “lo no urgente” parece sensato, pero los recortes tienen efectos secundarios. Un Estado puede recortar demasiado y perder capacidad operativa; puede recortar mal y afectar servicios esenciales; puede recortar opacamente y alimentar desconfianza. De ahí que el éxito de esta ruta no dependa solo de la tijera, sino de la transparencia y de la calidad del gasto.
En ese sentido, el “operativo silencioso” descrito por el ministro —reuniones con importadores, generadoras, supermercados, industriales, molineros, panaderos, productores agrícolas, constructoras— revela un enfoque de gestión que es crucial en crisis: asegurar inventarios, evitar disrupciones, monitorear precios y coordinar expectativas. Si el país ha logrado no ver filas en estaciones ni desabastecimiento, eso es un activo que no se puede minimizar. La estabilidad, en tiempos de crisis global, se parece más a un trabajo de ingeniería que a un discurso: es logística, información, coordinación, decisión.
Ahora bien, hay una dimensión que no puede quedar fuera: la gobernanza del diálogo social. “Tomarle la temperatura” al país puede leerse como realismo político, pero también puede percibirse como una forma de medir resistencias sin necesariamente construir consensos. Las reuniones con expresidentes —según se relató— fueron cordiales y aportaron contexto, pero no dejaron “propuestas puntuales”. Eso retrata una cultura política donde, en momentos críticos, el valor del gesto se impone al valor del contenido. El diálogo es útil, sí, pero su legitimidad crece cuando produce acuerdos verificables: criterios de focalización, metas de ahorro, indicadores de eficiencia, compromisos de reforma. De lo contrario, el diálogo corre el riesgo de convertirse en escena y no en herramienta.
La mesa permanente con transportistas, anunciada con una inversión adicional cercana a RD$800 millones para evitar alzas del pasaje, es un ejemplo perfecto de esa tensión. En lo inmediato, es una decisión socialmente necesaria: el transporte es el sistema circulatorio de la economía popular. Pero a la vez, es la puerta a una discusión que el país ha postergado por décadas: cómo transformar el transporte público para que sea eficiente, moderno, transparente y menos vulnerable a shocks de combustibles. Si la mesa solo administra compensaciones, repetiremos el ciclo. Si la mesa exige contrapartidas —mejoras en servicio, renovación de flota, control, formalización, reducción de opacidad— entonces la crisis puede convertirse en oportunidad.
Y aquí se conecta el segundo eje: producir más para pagar más. Hablar de exportaciones récord y de la transformación de zonas francas hacia dispositivos médicos y electrónicos no es propaganda: es una pista de por dónde se construye resiliencia. En un mundo donde la energía encarece la producción y la logística se vuelve frágil, la economía que mejor aguanta es la que diversifica su canasta exportadora, sube su productividad y reduce su dependencia de rentas fáciles. Si la recaudación crece por mejor desempeño económico y mayor formalización, el Estado puede amortiguar shocks sin asfixiar al sector productivo con más carga tributaria. Pero esa promesa exige continuidad de políticas, seguridad jurídica, simplificación, infraestructura y capacitación laboral.
El tercer eje, entonces, debería ampliarse: no basta con medir hasta dónde “apretar la correa”. Hay que construir un marco de corresponsabilidad nacional: Estado, sector privado y sociedad civil compartiendo diagnóstico, metas y sacrificios proporcionalmente. En crisis importadas, la justicia no es un discurso moral; es una condición de estabilidad. Si la focalización de subsidios se percibe como selectiva, si los recortes se ven como cosméticos, si el sacrificio recae siempre en los mismos, la cohesión se erosiona y la economía paga el precio en confianza y expectativas.
En definitiva, la frase de Sanz Lovatón —seguir buscando recursos si los RD$40,000 millones no alcanzan— debe interpretarse como advertencia y como compromiso. Advertencia, porque la crisis puede prolongarse y encarecerse. Compromiso, porque el Estado está obligado a proteger a su gente. Pero el éxito de esa ruta no se medirá por la capacidad de anunciar cifras, sino por la capacidad de convertir la emergencia en reformas: focalización real, transparencia radical del gasto, modernización del transporte, impulso productivo y una estrategia energética que reduzca vulnerabilidad. La República Dominicana no controla el precio del petróleo, pero sí puede controlar la calidad de su respuesta. En tiempos de incertidumbre global, esa es la diferencia entre resistir y retroceder.
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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.
Palabras claves
Crisis importada; Medio Oriente; guerra Estados Unidos–Israel–Irán; petróleo; alza del crudo; volatilidad energética; combustibles; subsidio a combustibles; RD$40,000 millones; recorte del gasto público; reasignación presupuestaria; estabilidad macroeconómica; inflación controlada; costo de la vida; cadena de suministro; productividad; exportaciones récord; zonas francas; dispositivos médicos; productos electrónicos; recaudación fiscal; DGII; focalización de subsidios; GLP; transporte público; mesa permanente con transportistas; pasaje; RD$800 millones; diálogo social; gobernanza; resiliencia económica; seguridad energética; eficiencia del gasto; transparencia; política pública; economía dominicana; MICM; Eduardo Sanz Lovatón; Desayuno del Listín Diario.
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