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lunes, 16 de septiembre de 2024

REFORMA TRIBUTARIA | Aduanas y DGII serían fundidas en una sola instituciónLa primera propuesta que lanzará el Gobierno es el recorte del gasto público, y “allanar” la reforma fiscal.

REFORMA TRIBUTARIA

Aduanas y DGII serían fundidas en una sola institución

La primera propuesta que lanzará el Gobierno es el recorte del gasto público, y “allanar” la reforma fiscal.

La primera propuesta que lanzará el Gobierno es el recorte del gasto público, y “allanar” la reforma fiscal.FUENTE EXTERNA

El Gobierno busca unificar las dos direcciones generales de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII) en una sola Administración Tributaria, como parte de su plan de unificación y eliminación de entidades y de ajustarse el cinturón del gasto público, como primer paso a la presentación de su propuesta de reforma fiscal integral.

Dentro del plan gubernamental, lo primero que va es la reducción del gasto con la unificación de instituciones públicas que hacen casi lo mismo.

Luego viene la simplificación de los procesos tributarios con la aplicación de un “monotributo”, que elimina los anticipos a los micro y pequeños empresarios (mipymes). También, se pondrá en práctica el “Scoring Tributario”, mecanismo que permitirá al contribuyente observan facilidad su estatus tributario y poder corregir rápidamente cualquier inconsistencia y evitar mora o cualquier otro de tipo de sanciones, en momentos en los que se requiere, además, que la población en general conozca que la evasión fiscal y la elusión son parte de la Ley 155-17 y de los llamados “sujetos obligados”, no financieros, en esa ley, y su incumplimiento lleva sometimientos por lavado de activos. En República Dominicana, se estima que la evasión fiscal solamente en el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ronda el 47% y en casi un 63% en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), situación que obligará a los contribuyentes a llevar las cuentas claras.

FUSIONES

El plan de recortes, es una medida que ha sido recomendada por los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ve espacios en el Estado para eficientizar su gasto, eliminando al menos un 4% de su producto interno bruto (PIB) de lo que estima son “ineficiencias” en el Estado.

Como tal, se habla en los “corrillos”, la idea de unir en uno solo a los ministerios de Educación, deporte y cultura. Asimismo, juntar en un Ministerio de familia a los de la juventud, la mujer, y otros relacionados y sobre los cuales se entiende que hay duplicidad de funciones y, por ende, un gasto innecesario.

Otra institución a la que “se le pasará el rolo” es a la Cámara de Cuentas. Se planea unificar en una sola entidad las direcciones de Auditoría y Contabilidad gubernamental y ahí entrará no solo la Cámara de Cuentas, sino la Contraloría General de la República.

Conferencia

CONFERENCIA

Sobre el plan de reducción del gasto público se espera que sea el tema del que hablará el presidente Luis Abinader, en su conferencia oficial La Semanal, sin tocr la parte fiscal. La reforma fiscal, será presentada posteriormente, y aunque no se conoce una fecha fija, según se infiere será este mes o principio de octubre, en vista de que el gasto es parte integral del sistema tributario y se impone por la rigidez presupuestaria.

Sepa más

Economía

Los ministerios de Economía y de Hacienda serían fundidos en uno solo para en lo adelante ser el Ministerio de Economía y Finanzas.

Organismos

El Estado dominicano tiene en operación 58 organismos autónomos y descentralizados no financieros y ocho instituciones públicas de la Seguridad Social y a todos les mantiene asignaciones en el presupuesto anual.


martes, 29 de junio de 2021

La bendita reforma tributaria _ por Bernardo Vega

29 de junio de 2021

La bendita reforma tributaria

By Bernardo Vega

El desempleo es un problema local y permanente, agudizado por la pandemia

Ahora se habla mayormente de la inflación, pero ese es un problema temporal, que viene principalmente de fuera y que se estará atacando con subsidios.

Yo espero que para diciembre esta haya bajado del 10.5 por ciento actual a un 5% para de allí bajar aún más al 4% que es el nivel objetivo de nuestro Banco Central.

Por el contrario, el desempleo es un problema local y permanente, agudizado por la pandemia. Los actuales mayores subsidios justifican aún más dicha reforma (¿quién subsidia al subsidiador?) la cual ya se justificaba por contar nuestro país con uno de los niveles más bajos del continente de ingresos fiscales como proporción del PIB.

La reforma tributaria consiste tanto en una disminución y racionalización de los gastos como de un aumento en los ingresos.

La forma más eficiente de reducir los gastos es haciendo que la gente que no paga la luz lo haga y así disminuir la enorme proporción del presupuesto que se dedica a subsidiar al sector eléctrico.

Es totalmente injustificado que los que pagan la luz veamos que nuestros impuestos, en vez de utilizarse para mejorar la salud y la educación, tengan que usarse para cubrir la luz que no pagan otros. Sugerimos que se entreguen en administración al sector privado por lo menos una de las Ede para estudiar cuán rápido se reducen esas pérdidas.

En cuanto a la necesidad de mayores ingresos, todos los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cepal, etc.) han coincidido en definir a grandes rasgos ese aspecto de la reforma tributaria, enfatizando la necesidad de que sea una reforma progresiva, es decir concentrada en gravar más a los ricos.

Esos organismos apoyan la necesidad de modificar las leyes de incentivo tales como la del Cine, el Desarrollo Fronterizo, las Zonas Francas y el Turismo para, sin desestimular a esos sectores, logren que contribuyan con más impuestos.

También sugieren eliminar o reducir la lista de bienes y servicios exentos del ITBIS, por las distorsiones que eso crea. Si se visita una farmacia se notará que cada vez más allí se venden otros artículos que no son medicinas.

Y es que buscan que el ITBIS que debe pagarse para los otros productos que venden no se pague por tratarse de una empresa que “solo” vende medicinas. Lo mismo pasa con los supermercados donde se abultan las ventas libres de ITBIS para así pagar menos impuestos.

La pregunta muy política es cuándo debe entrar en vigencia una reforma tributaria. Para el Gobierno eso debe hacerse cuando todos estemos vacunados y podamos volver a la normalidad cotidiana.

Pero ante el peligro de la variedad Delta del virus, más contagiosa que todas las otras, es difícil saber cuándo saldremos de la pandemia. Otros proponen que se discuta esa reforma ahora, pero que se ponga en vigencia tan solo cuando ya estemos libres de la pandemia.

Pero dentro de tres meses tendrá que presentarse el presupuesto del año que viene, aunque presumiblemente podría presentarse sin reforma tributaria para luego en el 2022, ya sin pandemia, se logre una modificación presupuestaria.

Siempre queda la opción de vender o arrendar bienes del Estado, como sería el caso de las Ede y las Catalina, pues esos ingresos sustituirían la necesidad de más tributos.

Finalmente, está el tema de un irreversible aumento salarial en el sector público lo cual haría más necesaria aun la reforma tributaria.

Esta reforma es un tema complicado y muy conflictivo, uno de los más “cabildeados” en contra por los afectados. No es para ser analizado dentro de las setecientas palabras tope que impone a esta columna el editor de este medio. Pero aquí va.

https://hoy.com.do/la-bendita-reforma-tributaria/

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lunes, 21 de junio de 2021

Macarrulla dice gobierno comenzará discusión Pacto Fiscal para que entre en vigencia a enero 2022

Por El Nacional 21 de junio de 2021

Macarrulla dice gobierno comenzará discusión Pacto Fiscal para que entre en vigencia a enero 2022 

Macarrulla dice gobierno comenzará discusión Pacto Fiscal para que entre en vigencia a enero 2022 

Santo Domingo,- El ministro de la Presidencia informó que el gobierno espera que la Pacto Fiscal entre en vigencia en el mes de enero del próximo año.  El ingeniero Lisandro Macarrulla aseguró que eso va bien, dentro de la coyuntura política, económica y social que está viviendo el país. 

Macarrulla agregó que las discusiones comenzarán ahora, y en tal sentido ya se han empezado los contactos en el marco del Consejo Económico y Social (CES) que es donde se debe debatir ese tema. 

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario palaciego explicó que, dentro del CES, se procederá similar a como se hizo con el Pacto Eléctrico. 

Sobre el Pacto Eléctrico precisó que ya se están implementando muchas de las cosas que se establecían en el mismo, y que eran los elementos que realmente influyeron para que no se firmara la vez anterior. 

“Pero nosotros nos estamos programando para que el Pacto Fiscal inicie en enero del año que viene o a principio de año, todo depende de cómo esté la coyuntura”, afirmó. 
El expresidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada insistió en que la idea es que el Pacto entre en vigencia en los primeros meses del 2022. 

“Entre en vigencia en los primeros meses del año que viene, y vamos a empezar a discutir ahora, y ya se han empezado contactos dentro del Consejo Económico y Social que es donde debe empezar la discusión de este tema”, reiteró. 
Explicó que la idea es que antes del mes de octubre, fecha en que se debe someter el Presupuesto General del Estado para el año 2022, el gobierno tendría los indicadores definidos que le permitan incluir la partida en la pieza presupuestal. 

“Ese es el propósito, claro, si la situación de la pandemia se agrava, si el combustible llega a cien dólares, que son factores exógenos que no controlamos, ya el escenario es diferente, pero ya estamos interactuando con muchos sectores que van a ser protagonistas de ese proceso”, aclaró Macarrulla. 

Cuestionado en el sentido de que si el gobierno, con la implementación del Pacto Fiscal, no teme a lo ocurrido en Colombia donde la aprobación de una reforma fiscal impulsada por el presidente Iván Duque provocó un estallido social con decenas de muertos, cientos de apresados, desparecidos y daños millonarios a las propiedades pública y privada, el funcionario sostuvo que son realidades muy diferentes. 

Dijo que el gobierno ha aprendido de la experiencia de América Latina, no solamente de Colombia, y la reforma se hará con los ajustes que las circunstancias imponen para que no ocurra una situación de ese tipo. 
 
Gobierno ha invertido U$500 millones en compra vacunas Covid, dice habrá Presupuesto Complementario 
 
El ingeniero Lisandro Macarrulla aseguró que próximamente el gobierno estará sometiendo a las cámaras legislativas un Presupuesto Complementario. 

“sí, habrá Presupuesto Complementario, eso se tendría que definir antes de julio, porque recuerde que hay que presentarlo, eso va a estar listo para esa fecha, lo estamos trabajando”, respondió el ministro de la presidencia ante una pregunta en ese sentido. 

Macarrulla informó que el gobierno ha invertido U$500 millones en la compra de vacunas, cuyos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto que se está ejecutando. 

“Nosotros hemos gastado U$500 millones en vacunas, por eso somos uno de los países del mundo que, en términos relativos, ha vacunado mayor cantidad de su población”, precisó el funcionario. 

Dijo que esa es una de las razones por la que República Dominicana tiene un nivel de mortalidad tan bajo. 
“Y por eso el turismo está regresando, porque confía en un país que en pocos días tendrá el 60 o el 70 por ciento de su población vacunada”, indicó el político y empresario. 

Precisó que los $500 millones de dólares destinados para la compra de las vacunas es una sola partida de las que no habían sido contempladas en el Presupuesto que está en ejecución. 
“Y así hay muchas otras, como el subsidio otorgado para que el precio del pan se venda a cinco pesos, y todo eso tendrá que contemplarse en ese Presupuesto Complementario”, explicó. 
 
No descarta factores especulativos en alzas de precios de los productos de la canasta familiar 
 
El ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla no descarta que en las alzas que se han producido en los precios de los productos de la canasta familiar influyan factores especulativos. 

“Obviamente que hay gente que trata siempre de especular, eso es difícil de controlar, y la historia reciente demuestra que ni siquiera cuando existían las leyes de control de precios, era difícil controlarlo”, admitió el expresidente de la Asociación de Industria de República Dominicana. 

Macarrulla explicó que el gobierno está trabajando directamente con cada sector, y han encontrado mucha receptividad para que eso no ocurra. 

“Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir siempre que haya escasez, y hay escasez, no aquí, sino en toda parte del mundo”, aclaró. 

Dijo que ha habido una explosión de la demanda en una economía que estaba cerrada, y eso no es un caso particular de la República Dominicana. 

Sostuvo que las variables que se pueden controlar localmente el gobierno lo está llevando a cabo, y en tal virtud puso como ejemplo que el país está completamente sembrado, en un proceso productivo que ha salido un poco más caro porque han subido insumos como el caso del abono, pero se está trabajando para que no haya desabastecimiento. 

“Al contrario, lo que se está viendo en los medios de comunicación, y la oposición nos está criticando, es que muchos agricultores están perdiendo los productos porque tienen una sobre oferta”, señaló. 

Dijo que esa situación está siendo enfrentada con programas específicos a través de las ventas populares que realiza el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. 

Entonces eso sabemos que ocurre, siempre va a ocurrir y habrá cierto grado de especulación, pero la responsabilidad de las autoridades es evitar que eso ocurra. 

Sobre la posibilidad de autorizar importación de los productos que han subido de precio, recordó que en el país la importación está abierta, pero aclaró que con eso no se logrará ningún impacto porque dichos rubros están caros en toda parte del mundo, y lo único que se lograría con eso es dañar la producción local. 

Macarrulla dijo que para enfrentar los efectos de la inflación en los comodities como el maíz, la harina y la soya, y su repercusión en los precios de los alimentos a nivel local, el gobierno ha ejecutado algunos programas puntuales, como subsidio para mantener el precio del pan, y mitigar las alzas en rubros como la carne de pollo, cerdo y los huevos. 

“No es que no han subido, no han subido lo que debió haber subido por efecto del incremento de los costos”, señaló. 
Dijo que ese programa de subsidio focalizado que ha implementado el gobierno ha evitado mayor incremento en los precios de los alimentos y de los combustibles. 

Agregó que el subsidio a los precios de la gasolina se ha incrementado para evitar que el aumento del barril de petróleo se refleje en los hidrocarburos. 

https://elnacional.com.do/macarrulla-dice-gobierno-comenzara-discusion-pacto-fiscal-para-que-entre-en-vigencia-a-enero-2022/

jueves, 13 de mayo de 2021

República Dominicana con impuestos sueltos y tasas sin ajustar

El Caribe | 13 mayo, 2021 

República Dominicana con impuestos sueltos y tasas sin ajustar 

La reforma fiscal del 2012 lleva ocho años con dos tributos suspendidos

Fachada DGII.

La reforma fiscal del 2012 lleva ocho años con dos tributos suspendidos, la unificación de la tasa del ITBIS en un 16 % detenida, la indexación de la exención personal del Impuesto sobre la Renta frenada y un impuesto provisional prolongado.
Los artículos 15 y 47 de la Ley 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, disponen la aplicación de un impuesto a la circulación vehicular en base al 1 % del valor del vehículo y la creación de un mono tributo de RD$12,000 anuales al comercio minorista, respectivamente.

La legislación, aprobada en noviembre del 2012 y cuya aplicación inició en enero del 2013, también plantea la unificación en 16 % la tasa del ITBIS a los bienes y servicios alcanzados, que a partir de esa ley incorporó renglones que se consideraban parte de la canasta familiar básica, como aceites y grasas, azúcar, café, chocolate y yogurt. Los nuevos renglones incorporados a la base imponible del ITBIS iniciaron con una tasa inicial de 8 %, y fueron subiendo paulatinamente hasta en el 2015 completar la tasa del 16 %.

Los bienes y servicios que para el 2012 estaban gravados con la tasa de 16 % aplicable entonces, fueron objeto de un aumento provisional de 2 puntos porcentuales para llevar el cobro al 18 %, que debía ser desmontado en el 2016, a partir de cuando solo habría una tasa del ITBIS, al 16 %.

Pero el desmonte de los dos puntos para la unificación estaba sujeto a que el sistema tributario dominicano lograra una presión equivalente al 16 % del producto interno bruto (PIB), y esa meta, fijada por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), no se ha cumplido.

Proyecciones

Para el cursante año 2021, las autoridades fiscales esperan que la presión fiscal suba a 15.2 %, para cuyo logro deberá añadir 1.6 punto porcentual. Por esa proyección, se estima que el ITBIS seguirá operando al menos para el 2022 con dos tasas, de 16 y 18 %.

El Congreso Nacional, al aprobar el Presupuesto General del Estado 2021, le concedió al Gobierno dispensas para no aplicar el impuesto del 1 % a las placas, que elevaría sustancialmente el pago por el impuesto de circulación vehicular, en algunos casos a más de 80 y 90 mil pesos anuales, para los vehículos lujosos, que ahora pagan RD$3,000, si tienen hasta cinco años de fabricación.
El esquema actual de pago del impuesto a la circulación vehicular es por el año de fabricación, sin importar el valor. Los que tienen más de cinco años pagan RD$1,500 pesos anuales.

La Ley 253-12 también creó un impuesto anual de RD$12,000 al comercio detallista, pero al igual que el 1 % a las placas ha sido suspendido todos los años desde el 2013.

También ha quedado en suspenso la indexación o ajuste por inflación que por mandato del Código Tributario, ley 11-92, debe hacerse cada año a la exención personal del Impuesto sobre la Renta a las personas físicas. El valor exento se mantiene en RD$416,220 anuales, igual a un salario mensual de RD$34,685.
De haberse ajustado ese monto por la inflación del 2020, que fue de 4.63 %, según el Índice de Precios al Consumidor que publicó el Banco Central y que es la fuente oficial para realizar el ajuste, el salario exento mensual habría subido a RD$36,291. La suspensión del ajuste privó a los asalariados de un ahorro impositivo mensual por RD$1,606.00.

Tasa del ITBIS debió bajar a 16 % en el 2016

La reducción cuya suspensión más impacta al consumo general es la que debía darse en los productos gravados con el ITBIS al 18%, tasa que debía ser aplicada solo en los años 2013 y 2014, para en el 2015 dar paso al 16%, y unificarse en ese nivel con los ocho productos incorporados a la base imponible de ese gravamen, que comenzaron con 8% para subir en los siguientes años hasta el 2015 a 11, 14 y 16%. Pero el párrafo 1 del artículo 345 de la ley 253-12 dice que esa unificación de tasas por la reducción del 18 al 16% en los productos y servicios gravados desde antes de 2013 “se aplicará en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de presión tributaria al año 2015, conforme lo establece el indicador 3.25, del Artículo 26 de la Ley No. 01-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo”. Y esa meta, que era un 16 % de presión tributaria, no se ha cumplido. Si se dan las estimaciones del Ministerio de Hacienda para este año 2021, la presión tributaria llegará 15.2 %, lo que indica que actualmente está en 13.6%, nivel similar al que había cuando se aprobó la reforma fiscal para el “Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible”. Han sido ocho años perdidos. 

https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/rd-con-impuestos-sueltos-y-tasas-sin-ajustar/

miércoles, 5 de mayo de 2021

Colombia se hunde en la polarización

OPINIÓN

Colombia se hunde en la polarización

El presidente Duque se enfrenta a un difícil último año de mandato, marcado tanto a nivel nacional como internacional por las oportunidades perdidas y los retos no resueltos, opina Günther Maihold.

Weltspiegel | Kolumbien Protest gegen Polizeigewalt und Armut in Bogota

Pocas veces un país ha echado a perder su reputación internacional tan rápidamente como Colombia bajo el gobierno del Presidente Iván Duque. Tras el celebrado acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC en 2016, el país parece alejarse de nuevo del fin de los conflictos internos: las guerrillas rearmadas, las bandas de narcotraficantes y la apropiación ilegal de los recursos naturales presentan un panorama de violencia creciente que suele acabar de forma fatal para los defensores de los derechos humanos y los activistas medioambientales o los líderes indígenas.

El presidente Duque está volviendo a las viejas recetas en la lucha contra los cultivos de coca, utilizando de nuevo la fumigación con el herbicida glifosato. El gobierno respondió a la afluencia masiva de 1,5 millones de migrantes de Venezuela, que huyeron a Colombia para escapar de la opresión y la crisis humanitaria en su propio país, con una política de brazos abiertos y posteriormente legalizó el estatus de residencia de los refugiados. Esta decisión, aclamada por el Secretario General de la ONU como un "gesto humanitario ejemplar para la región y el mundo", le valió al país y a su gobierno un gran reconocimiento internacional, aunque haya habido pocos imitadores de esta medida en Sudamérica.

Pero esta fase de mayor prestigio no duró mucho. Los enfrentamientos masivos en las calles del país entre manifestantes y fuerzas de seguridad, tras el anuncio de una reforma tributaria por parte de Duque, volvieron a ensombrecer la imagen de Colombia. El país no parece ser capaz de encontrar un modo para resolver de manera no violenta sus problemas futuros.

De la "Gran Conversación Nacional" al "consenso solidario"

Para el presidente Duque, las imágenes se repiten: lo que ocurrió en abril/mayo de 2021 en muchas ciudades del país en términos de violencia y contraviolencia, en el marco del paro nacional convocado por los sindicatos, ya se produjo en menor escala en noviembre de 2019: disturbios y saqueos en las calles, un uso masivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y luego el llamado del presidente a la unidad y al diálogo. Pero la "Gran Conversación Nacional" proclamada entonces quedó en nada. Muchos observadores temen ahora que ocurra lo mismo con la nueva iniciativa de "consenso solidario" que se acaba de anunciar, después de que el presidente retirara su proyecto de reforma fiscal y el ministro de Economía anunciara su dimisión.

Günther Maihold

Günther Maihold, director del Instituto alemán para Política Internacional y Seguridad

No cabe duda de que Colombia se encuentra en una crisis de sus finanzas públicas; las cargas del presupuesto nacional por las obligaciones del proceso de paz, la atención a los migrantes y las consecuencias de la pandemia son extremas. Mientras tanto, el gobierno de Duque no logra establecer un diálogo sólido con los grupos sociales para evitar la movilización en las calles y consultar antes de presentar su propia propuesta legislativa. Ahora se está intentando aumentar los ingresos tributarios mediante regulaciones temporales, pero el conflicto de fondo existente en la sociedad colombiana sigue latente.

Una polarización destructiva

Sin embargo, las violentas protestas de los últimos días van más allá de la presión tributaria sobre la clase media y los grupos sociales más vulnerables. Se trata de resolver cuestiones sociales fundamentales que ni el gobierno de Duque ni amplios grupos del país quieren abordar: ¿Cómo lograr cerrar las heridas de la guerra civil que duró más de 50 años y lograr la reconciliación entre los bandos hostiles? ¿Cómo se puede lograr el equilibrio social en una sociedad extremadamente desigual en la que los grupos de élite y la oligarquía terrateniente niegan el acceso a la prosperidad a amplios sectores de la población? ¿Cómo se puede redefinir el excesivo papel de los órganos de seguridad (policía y ejército) de manera que se ajuste a la búsqueda de la paz y la convivencia no violenta?

Sin embargo, estas y otras cuestiones abiertas no se acercan a una solución en el país; lo más rentable desde el punto de vista político es azuzar siempre nuevo la polarización social y política en el país. Una vez más le tocó al ex presidente Álvaro Uribe echar gasolina a las brasas: en varios tuits habló de "terrorismo vandálico" en el país, contra el que los soldados y la policía también pueden usar la fuerza de las armas. Continúa así su estrategia de utilizar la justificación de una "amenaza de terrorismo" para reforzar el papel dominante de los órganos de seguridad como instrumento político central del Estado.

Con vistas a las elecciones presidenciales de mayo de 2022, ya se están delineando las posiciones en las que Uribe, como rey de su campo político, volverá a ejercer una influencia masiva. Es previsible que esto perpetúe una vez más el pensamiento del antagonismo de bandos opuestos y es probable que se imponga a los esfuerzos por un futuro común y una coexistencia pacífica. Esto significa que los planteamientos para resolver las cuestiones no resueltas del país sobre el futuro volverán a quedar en segundo plano.

Los actuales conflictos internos golpean a Colombia en un momento en que el país podría desempeñar un papel relevante a nivel internacional. Ha asumido la presidencia de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina y del foro político regional PROSUR, una coincidencia que ofrecería las mejores oportunidades para dinamizar los precarios procesos de integración regional.

No en vano, debido a la pandemia, muchos gobiernos miran hacia dentro y están menos dispuestos a participar en el entendimiento transfronterizo. Sin embargo, es precisamente ahí donde podrían estar las oportunidades para afrontar mejor las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Pero la difícil situación interna ha privado al gobierno de Colombia de la oportunidad de dar nuevos impulsos y de asumir un papel más activo en la política exterior.

El presidente Duque se enfrenta a un difícil último año de mandato, marcado tanto a nivel nacional como internacional por las oportunidades perdidas y los retos no resueltos. Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, hay mucho en juego para Colombia.

(gg)

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Por qué Cali es considerada el epicentro de las protestas en Colombia


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Conocida como la 'ciudad de los desplazados', la capital del Valle de Cauca ha padecido mayor violencia y represión, pero las causas de ese desborde van más allá del rechazo a la reforma tributaria de Iván Duque.
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Cali arde desde antes. La tercera ciudad más importante de Colombia, después de Medellín y Bogotá, es el foco de atención de los medios en los últimos días por las impactantes imágenes de violencia, represión policial y desmanes, pero el polvorín se ha formado durante años. La reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, lanzada (y retirada) durante la pandemia, solo lo hizo explotar.

La capital del Valle del Cauca, ubicada entre las regiones Andina y Pacífico, es considerada como "la ciudad de los desplazados". En esa etiqueta se evidencia el saldo más doloroso de la violencia armada, que persiste a pesar de haberse firmado la paz con la guerrilla más antigua de la región, y que se traduce en un conflicto latente de desigualdad económica y estigmatización social, agravada por la herencia del narcotráfico.

En ese contexto se han desarrollado las protestas de la última semana. Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 19 muertos, cientos de heridos y más de 80 desaparecidos, mientas Cali se mantiene militarizada.

Las imágenes de la violencia, que han sido profusamente difundidas en redes sociales, dan cuenta del uso de armas de fuego por parte de las autoridades, pero también de civiles, así como el bloqueo a vías de acceso a la ciudad, el desabasto en comercios, la destrucción de mobiliario público, vandalismo y una indignación que empieza a rebasar la coyuntura para poner el dedo en una herida más profunda. Entonces, ¿por qué Cali?

"Halcones de la muerte"

La nueva ola de protestas se inició en toda Colombia desde el 28 de abril. Pero el viernes pasado, un tuit del expresidente Álvaro Uribe llamando a respaldar el uso de armas de fuego contra los manifestantes levantó la indignación a tal punto que Twitter tuvo que eliminarlo.

Para Uribe, jefe político del presidente Iván Duque, los policías y soldados debían usar su armamento para "defender a la población" de la "acción criminal del terrorismo vandálico", en un discurso que además se volcó a criminalizar las protestas. Un día después, el propio ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que detrás de las manifestaciones estaban factores del narcotráfico, así como las disidencias de las FARC y el ELN, una versión que fue respaldada este miércoles por la Fiscalía.

Aunque el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, prometió investigar "todas las agresiones" perpetradas por la fuerza pública contra los manifestantes, insistió en que también se pondría la lupa en las acciones contra la policía y los militares, destacando que el derecho legítimo a la protesta tiene "un límite" y no será "permeado por la delincuencia organizada".

Del lado de los manifestantes, sin embargo, la situación es otra. Con llamados de "paren esta masacre" y "nos están matando", las personas que han tomado las calles para expresar su repudio a la gestión de Duque y padecido la represión, no cesan de mostrar en redes sociales la acción desproporcionada de agentes que disparan armas de fuego contra multitudes, detienen arbitrariamente a la población, corretean a quienes se reúnen para reclamar y arremeten contra las poblaciones más desfavorecidas de Cali, como Siloé y La Luna. 

En contraste con los llamados a diálogo que ha hecho el Gobierno nacional, en redes sociales abundan las denuncias de los caleños por los abusos policiales, el sabotaje a internet para impedir la transmisiones que les permiten sortear el silencio de los medios tradicionales en Colombia, y la indefensión frente a las muertes, desapariciones, detenciones y centenares de heridos, que ni siquiera han sido consolidadas oficialmente. Los números de víctimas varían dependiendo de quien dé las cifras.

El lunes, tras conocerse la muerte de Nicolás Guerrero, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no ocultó su consternación ante la situación. "Condeno radical y absolutamente que se hayan utilizado armas de fuego, condeno completamente que algunos halcones de la muerte quieran utilizar a Cali como teatro de operaciones, como escenario de confrontación armada. Tenemos que desescalar esta circunstancia, tenemos que convocar a la vida", dijo. Y añadió: "Hay manos criminales en esas actividades".

Desigualdad, desplazamiento y narcotráfico

La imagen opuesta de la represión policial en las zonas populares de Cali está en Ciudad Jardín, uno de los barrios más acomodados de la capital de Valle del Cauca, donde sus habitantes han amenazado con usar sus armas para repeler cualquier ataque de los "vándalos".

El martes, los videos de camionetas de lujo blindadas colmaron las redes sociales para mostrar cómo los vecinos de ese sector bloqueaban los accesos a la urbanización, situada en el sur de Cali. Esa postal, aunque particular, es muestra de los niveles de desigualdad social que están en el sustrato de esa ciudad.

Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), unas 6,3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020. En el conteo de las ciudades, Cali está en el segundo puesto, después de Bogotá, con mayor número de pobres

Esos datos, que reflejan el impacto de la pandemia en el país, tienen especial significado en Cali, donde buena parte de la población de los estratos populares vive del trabajo informal, se ha visto más afectada por las cuarentenas, reclama atención del Estado y rechazaba un proyecto tributario, como el de Duque, que pretendía imponer mayores tributos al consumo.

Además, la identificación de la capital del Valle Cauca como una ciudad que recibe a desplazados de las zonas de conflicto agrega una carga mayor a la situación, ya que estas personas no solo son víctimas económicas de la pandemia, sino también de la violencia en sus territorios, del narcotráfico y la precariedad.

De hecho, la ubicación geográfica de Cali entre zonas como el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca, donde el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados tienen el control ante la ausencia del Estado –desde mucho antes de las protestas–, la hacen especialmente vulnerable a flagelos como el tráfico de armas, un asunto que varios analistas han apuntado como la razón de que la situación haya escalado con mayor violencia y, hasta el momento, parezca difícil de controlar.

Por el momento, los manifestantes siguen empeñados en visibilizar sus reclamos y denunciar los excesos de la policía, mientras que el Gobierno ha convocado a un "diálogo" para tratar de calmar las críticas que se empiezan a oír, aunque con timidez, por parte de la comunidad internacional. No obstante, hay algo que está claro: Cali arde desde antes, pero ahora se ve.

Nazareth Balbás

https://actualidad.rt.com/actualidad/391317-cali-considerada-epicentro-protestas-colombia