Cuando se juzga por corrupción
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) March 30, 2023
El camino más fácil es entonces embarrar el proceso desde afuera para que ni los jueces que participan en él se sientan cómodos con su gestión José Luis Taveras@Josel_taveras https://t.co/2k2mdC5Ufd
Cuando se juzga por corrupción
El camino más fácil es entonces embarrar el proceso desde afuera para que ni los jueces que participan en él se sientan cómodos con su gestión
El 61 % de los casi 27,000 privados de libertad en la República Dominicana son presos preventivos. De esos, algo más de 1500 no han podido pagar una fianza. La Justicia dominicana es tarda para víctimas y acusados; el tiempo de respuesta es irrazonable. Las dilaciones instructivas son regla ordinaria.
El 99.8 % de los procesados no tienen acceso a medios públicos para denunciar las violaciones a sus derechos y garantías, quebrantamientos que forman parte de la cultura procesal dominicana.
Los costos de la Justicia impiden la participación de las víctimas en su resarcimiento, sin considerar que estas, a diferencia de los imputados, no tienen defensa pública. Tampoco disponen de información oportuna de sus procesos ni de mecanismos eficaces de coordinación con el Ministerio Público. Los continuos reenvíos de las audiencias las revictimizan, sin considerar que no tienen un régimen legal ni funcional que proteja su seguridad.
Lo anterior sintetiza algunas de las notaciones de la justicia penal dominicana, cuyas negaciones solo las conocen sus víctimas. Es un sistema probado y poblado de carencias e inequidades.
Todo lo anterior es así a menos que las imputaciones versen sobre cualquier tipo de corrupción pública; se abre entonces una excepción impuesta por una circunstancia más poderosa que la Justicia: ser político o vivir de esa condición en un país de impunidades gratuitas.
Cuando el procesado tiene marca política y es imputado de cualquier delito asociado a la corrupción, entonces se le exige a la justicia estándares suecos. Se desempolvan todas las convenciones de derechos humanos y los principios jurisprudenciales de la Comisión y la Corte de DDHH.
El sistema tiene y debe operar como un laboratorio infalible de garantías y derechos. Cualquier medida instructiva o trámite procesal debe ser ejecutado con extremo cuidado porque cualquier desliz se denunciará como una violación a un derecho fundamental que invalida el proceso.
El imputado en estas circunstancias tendrá a su favor una influyente “plataforma de opinión” con rastreo metódico de su proceso y dispuesta a desmeritarlo o encomiarlo en cualquier fase, según los resultados.
¿Y qué decir de la galería de luminarias jurídicas presta a teorizar con sutilezas abstractas para condicionar tempranamente a los juzgadores? Es que si la Justicia no funciona idealmente para los juicios por delitos de corrupción “se hunde la democracia” (usando la proclama apocalíptica de Danilo Medina), pero puede sobrevivir cuando el procesado es un ciudadano de a pie, negro y feo.
Las recientes investigaciones de la operación Calamar han activado los sensores de un sector “político” para “politizar” el proceso alegando que es “político”. La estrategia “política” es eludir o condicionar el espacio judicial, contexto natural para cuestionar el proceso, controvertir sus pruebas y sustentar la defensa. Pero no, ahí no: sería legitimar el proceso judicial y enfrentar una acusación real.
El camino más fácil es entonces embarrar el proceso desde afuera para que ni los jueces que participan en él se sientan cómodos con su gestión. Eso sí es subvertir impunemente la justicia. Instrumentalizarla políticamente. Imponer el libreto de la persecución política para contaminarla y obtener en la política lo que no se quiere en los tribunales.
¿Qué propósito puede ser tan inequívocamente político que prejuzgar una acusación que no se ha presentado? ¿Bastará con presumir una supuesta intención para calificar como un hecho político toda acción judicial? ¿De qué lado está el verdadero “show” con llamados a protestas y convocatorias a defensas colectivas?
Estemos claros: todo este escarceo no es otra cosa que una verdadera manipulación política cuyo objetivo es crear un tsunami en un vaso de agua para, con este cerco, llevarle inseguridad a los jueces que conocerán las medidas de coerción y evitarle la prisión preventiva a exfuncionarios que no debieran ser sujetos de un típico “lawfare” por no tener la talla ni la vocación de ser una amenaza política cierta ni ahora ni en el futuro inmediato. Eso sí es circo barato.
Si vamos a discriminar, entonces discriminemos, y elijamos para un juicio con las garantías de primer mundo, enjuiciamientos de simples robos con procesados anónimos en vez de exigir ensayos de buena justicia con exfuncionarios que manejaron a discreción grandes presupuestos en desmedro del Estado y de la sociedad. Si buscamos buenas lecciones, empecemos desde abajo hacia arriba. El teatro está tan mal montado que ni entretiene; la mayoría sabe lo que se busca… y lo que no.
Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.
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