Luis Abinader crea por decreto comisión para transformación de educación

En la comisión dispuesta mediante decreto estarán presentes tres ministerios y el Infotep.

Luis Abinader crea por decreto comisión para transformación de educación

Deja sin efecto intento de integrar ministerios de Educación, y de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Posición. ADP condiciona participar apegada a sus ideas y propuestas.

Yanet Féliz | Publicado: 8/05/2026 - 12:20 AM

SANTO DOMINGO.-Con la idea de sentar las bases para la modernización integral del sistema educativo, el presidente Luis Abinader Corona emitió el decreto 309-26 que deja establecida la Comisión Ejecutiva para Transformación Educativa.

Esta se encargará de presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Educación y las recomendaciones derivadas del proceso, en un plazo no mayor de 6 meses, a partir de la fecha.

“Luis Abinader deja sin efecto la fusión entre Educación y Mescyt”

Con la disposición se derogó el Decreto núm. 580-24, del 7 de octubre de 2024, que crea una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

“Quiénes integrarán la nueva comisión para la transformación educativa”

Dicha comisión estará integrada por los Ministerios de Educación, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Abinader dispuso que la Comisión Ejecutiva conforme Comités Consultivos, integrados por expertos de distintas áreas de la educación, encargado de apoyar a la Comisión Ejecutiva en sus trabajos propiciando el diálogo, la consulta y el consenso en torno a las transformaciones requeridas por el sistema educativo y de ciencia, tecnología e innovación, en coherencia con las metas de desarrollo nacional. Igual un Comité Técnico, encargado de la redacción de las propuestas finales a partir de los concensos que surjan de los trabajos del Comité consultivo y de la Comisión Ejecutiva.

“La reforma educativa que impulsa Rafael Santos Badía hacia 2036”

Al asumir el cargo como titular del Mescyt, Rafael Santos Badía planteó la transformación del sistema educativo, dado el escenario global marcado por la acelerada transformación del mundo del trabajo, la automatización y la necesidad de competencias cada vez más especializadas. Santos Badía llamó a impulsar una reforma profunda del sistema educativo dominicano que responda de manera efectiva a las demandas actuales y futuras del mercado laboral. Igual exhortó a orientar la formación académica hacia la calidad, la pertinencia y eficiencia, como parte de una visión estratégica de país con la vista puesta en el año 2036.

“La ADP fija condiciones para participar en el debate sobre educación”

La determinación de la Asociación Dominicana de Profesores de participar en el debate planteado, trazando una ruta de acción, debe ser apegado a sus ideas y propuestas.

“Vamos a identificar de antemano en cuáles aspectos de los planteados podemos incidir desde ahora, a fin de crear las condiciones adecuadas para avanzar en esa ruta de reforma que está en debate”, adelantó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

Dijo que lo que hay ahí no es un tema de fusión o no, sino más complejo, que amerita una respuesta integral por parte de la ADP, Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD y otros afines.

No obstante, dijo que de alguna manera le plantea un desafío a la ADP sobre los resultados del Congreso Pedagógico, que aprobó algunas propuestas que en su momento serán presentadas y acciones por definir puntual y oportunamente.

Condiciones

— Otras ideas ADP

Además de conformar una comisión de expertos, analizar y organizar una respuesta, falta tomar una decisión respecto a ese documento y al que entregó el Mescyt y ponerlos en la agenda de la próxima reunión de CEN ADP.

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📚🇩🇴 Educación en modo transformación: el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 309-26 para crear la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con la meta de presentar en 6 meses el proyecto de Ley de Educación y recomendaciones para modernizar integralmente el sistema. ⏳📝 [eldia.com.do]

🔎 La nueva comisión integra a MINERD, MESCyT, MAP e INFOTEP, y además podrá conformar comités consultivos de expertos y un comité técnico para redactar las propuestas finales con diálogo y consenso. 🤝👩‍🏫👨‍💻 [eldia.com.do]

✅ También se deroga el Decreto 580-24, dejando sin efecto el intento de fusión entre Educación y MESCyT. 🏛️📌 [eldia.com.do]

👥 En el debate, la ADP ha señalado que participaría apegada a sus ideas y propuestas, subrayando que el tema requiere una respuesta integral del sector educativo. 🗣️📍 [eldia.com.do]

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EDITORIAL 

Abinader cambia el guion de la reforma educativa y pone a prueba la capacidad de consenso

El decreto 309-26 abandona la vía de la fusión administrativa y abre un proceso con comités, plazo y hoja de ruta hacia una nueva Ley de Educación; el reto será convertir el diálogo en resultados medibles y socialmente sostenibles, alineados con las metas nacionales.

El decreto 309-26, mediante el cual el presidente Luis Abinader crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, tiene un doble significado político e institucional: por un lado, reconoce que la educación dominicana necesita una modernización integral; por el otro, admite que la solución no pasa necesariamente por la ingeniería organizacional de fusionar ministerios. Al derogar el decreto 580-24, que había establecido una comisión para coordinar la fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Gobierno cierra una discusión que se había concentrado más en el “cómo se administra” que en el “qué se aprende, para qué se aprende y con qué calidad se aprende”. Ese giro merece atención, porque desplaza el debate desde el organigrama hacia el desempeño del sistema.

Hay una idea central detrás de esta decisión: las grandes reformas educativas no se sostienen si se diseñan como meras reestructuraciones burocráticas. La educación es un ecosistema donde interactúan currículo, docentes, gestión escolar, evaluación, financiamiento, tecnología, cultura institucional y expectativas sociales. Cambiar el nombre o el tamaño de una entidad puede ayudar a ordenar procesos, pero no reemplaza la tarea de fondo: mejorar aprendizajes, reducir brechas, fortalecer la formación docente, modernizar contenidos y alinear la escuela con las competencias que demanda un mundo en transformación acelerada. En ese sentido, la creación de una comisión con mandato específico de producir un proyecto de Ley de Educación y recomendaciones, y con un plazo de seis meses, introduce un elemento de urgencia organizada: no basta con diagnosticar, hay que proponer, acordar y redactar.

La composición de la comisión también es una señal. Que participen el Minerd, el Mescyt, el Ministerio de Administración Pública e Infotep revela una lectura más amplia del problema educativo. Es un reconocimiento tácito de que la educación ya no puede pensarse como compartimentos estancos: la educación preuniversitaria debe conversar con la educación superior, la formación técnico-profesional y la reforma del Estado. Y, sobre todo, debe conversar con el mercado laboral y la productividad. Un país que aspira a competir en cadenas de valor más sofisticadas no puede darse el lujo de un sistema educativo que produzca títulos sin competencias, ni competencias sin pertinencia. La inclusión de Infotep, por ejemplo, coloca en la mesa el vínculo entre aprendizaje y empleabilidad, una discusión que será determinante si la meta es construir capital humano para un horizonte de desarrollo más ambicioso.

Aquí conviene subrayar un punto que suele quedar implícito, pero que hoy debe decirse con claridad: para alcanzar la Meta RD 2026 —y sostener cualquier agenda nacional de modernización— se requieren recursos humanos clasificados, es decir, personas con competencias verificables, formación pertinente y capacidad de adaptarse a tecnologías y procesos que cambian a gran velocidad. La competitividad, en la era moderna, no depende solo de infraestructura o inversión; depende del talento que opera esa inversión. Y ese talento exige un estándar formativo más alto y más preciso: dominio sólido de lectura, escritura y matemáticas; pensamiento crítico y científico; habilidades digitales aplicadas; manejo funcional de un segundo idioma; destrezas socioemocionales para trabajar en equipo y resolver problemas; y una formación técnico-profesional robusta que conecte con sectores productivos reales. En el nivel superior, la prioridad debe ser calidad y pertinencia: programas acreditables, investigación aplicada, vínculo empresa-universidad, y carreras alineadas con demanda futura en áreas como logística, manufactura avanzada, salud, educación, datos, ciberseguridad, energías, agroindustria y servicios globales. En otras palabras, la reforma educativa debe producir “empleabilidad con ciudadanía”: personas capaces de insertarse en el trabajo moderno sin renunciar a valores, ética pública y compromiso social.

Ahora bien, el decreto no solo crea una comisión; establece también la arquitectura del diálogo: comités consultivos integrados por expertos, encargados de promover consulta y consenso, y un comité técnico responsable de redactar propuestas finales a partir de los acuerdos. Esta estructura, si se maneja con rigor, puede servir para separar la deliberación pública del trabajo técnico de redacción, evitando el ruido que suele convertir los procesos de reforma en un conflicto permanente. Pero esa misma estructura puede fracasar si se convierte en una sumatoria de reuniones sin dirección, o si confunde “consulta” con “dilación”. El plazo de seis meses obliga a priorizar, a establecer etapas y a definir productos concretos: un anteproyecto de ley, un paquete de reformas institucionales, una propuesta de gobernanza, un sistema de evaluación, una ruta de implementación y, sobre todo, indicadores de éxito verificables.

En este punto aparece el actor más sensible del proceso: la Asociación Dominicana de Profesores. Su posición de participar condicionada a que el debate se apegue a sus ideas y propuestas no debería interpretarse como una amenaza, sino como un dato político real: ninguna reforma educativa es viable si el magisterio se siente excluido o instrumentalizado. Al mismo tiempo, la educación no puede quedar rehén de una sola voz, por legítima que sea. El desafío consiste en construir un pacto donde los docentes sean protagonistas de la transformación, pero donde también tengan cabida las familias, las universidades, los técnicos, los sectores productivos y la sociedad civil. Cuando Eduardo Hidalgo plantea que el tema es más complejo que la fusión o no, está señalando una verdad que el país ha evitado por demasiado tiempo: la reforma educativa exige decisiones difíciles sobre desempeño, carrera docente, formación continua, evaluación, gestión de centros y calidad del gasto. Ahí es donde se medirá la madurez del diálogo.

La referencia a la visión hacia 2036, expresada por el nuevo titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, ayuda a dimensionar el momento. La acelerada transformación del mundo del trabajo, la automatización y el surgimiento de competencias especializadas obligan a que el sistema educativo forme para la vida, para la ciudadanía y para el empleo del futuro. Esto implica revisar el currículo con enfoque en habilidades fundamentales y, al mismo tiempo, integrar competencias tecnológicas y cultura científica. Implica, además, que la educación superior y la técnico-profesional se articulen con sectores productivos reales, con mapas de demanda laboral y con innovación. Si el país quiere crecer con más productividad, la educación tiene que dejar de ser un gasto defensivo y convertirse en una inversión estratégica.

Sin embargo, no hay transformación educativa sin confianza. Y la confianza se construye con transparencia, reglas claras y resultados tempranos. La comisión debe evitar la tentación de producir un documento grandilocuente sin anclaje presupuestario, o una ley llena de buenas intenciones sin mecanismos de cumplimiento. Debe hablar con el lenguaje del aula y con el lenguaje de la política pública: qué cambia, cuándo cambia, quién lo ejecuta, cuánto cuesta y cómo se mide. Si la reforma pretende ser integral, tendrá que tocar la calidad docente sin demonizar al maestro, la evaluación sin convertirla en castigo, la tecnología sin venderla como milagro, y la gobernanza sin politizar la escuela. La educación no mejora por decreto; mejora cuando el sistema logra alinear incentivos, capacidades y responsabilidades hacia aprendizajes reales.

Este decreto, por tanto, es una oportunidad y una prueba. Oportunidad, porque corrige el rumbo de una discusión que se estaba reduciendo a la fusión institucional y abre un proceso que, al menos en el diseño, incorpora técnica, consulta y visión de largo plazo. Prueba, porque la historia dominicana está llena de comisiones que nacen con ambición y mueren por falta de acuerdos, por intereses cruzados o por incapacidad de convertir diagnósticos en implementación. La diferencia, esta vez, debe estar en el método: metas claras, participación equilibrada, liderazgo político consistente y una agenda que ponga al estudiante en el centro, no a las instituciones.

Si el país logra convertir este proceso en un pacto educativo operativo —con reformas ejecutables, cronograma y métricas— el decreto 309-26 puede recordarse como el inicio de un ciclo virtuoso. Pero si se pierde en el laberinto de la negociación interminable, será otro capítulo en la larga lista de intentos. La educación dominicana no necesita más anuncios: necesita decisiones y continuidad. Y esa continuidad solo se logra cuando el consenso se traduce en políticas que sobreviven al calendario político y se miden en el aprendizaje de los niños y jóvenes, no en comunicados.

Luis Orlando Díaz Vólquez

#GuasábaraEditor