Las preocupaciones por un circunstancial declive del mercado automotriz, vinculado a la pandemia, no deben ir separadas de los dolores de cabeza que resultan de la desorganización del tránsito con medios de transporte en mal y pésimo estados, con muchos de ellos que deberían ser reemplazados, y el agravante de la falta de sanción a muchos infractores sobre todo de motociclistas.
Un país que necesita crecer en disponibilidad de unidades idóneas para desplazar personas y cargas, dando preferencia en mayor medida a usos colectivos y que debe superar fallas estructurales y operativas que lleven mayor seguridad a ocupantes y peatones ante elevadas cifras de accidentes y víctimas en rutas urbanas e interurbanas.
La caída en importaciones y ventas de vehículos ocurre con perjuicios para el sector proveedor de legítimo y útil comercio y con reducción de ingresos para el fisco de un Estado que necesita de más recursos para ejercicios de autoridad y control con innovaciones tecnológicas.
Que debe dirigir mayores inversiones a cruces a desnivel, carriles complementarios para destrabar la circulación, zonas de estacionamiento y reforzar alternativas para que el ciudadano común pueda moverse por ciudades prescindiendo del individualismo de autos propios.
Además, urge incentivar la traída de carros, buses y camiones movidos por combustibles y fuentes de energía amigables al ambiente, bajo menos exoneraciones privilegiadamente traficadas sin que lo utilitario reciba apoyo.
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