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Yayo impulsa formalización en la mesa de ilícitos El CECCOM, DGII y DGA harán operativos en conjunto para proteger la producción nacional y la competencia leal |
SANTO DOMINGO, R.D., 27 de marzo de 2026.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, anunció una evolución crítica en la lucha contra la ilegalidad en el país. Tras encabezar una reunión de seguimiento de la el pasado jueves 26 de marzo, destacó que el combate a este flagelo se ha consolidado como una causa nacional que exige una ofensiva frontal, firme y sostenida.
Asimismo, el titular del MICM destacó los avances alcanzados y agradeció a las instituciones del sector público y privado por su participación sustanciosa. Señaló que el objetivo de estas iniciativas es lograr una respuesta más coordinada, efectiva e integral frente al comercio ilícito y sus impactos en el mercado, garantizando que todos los actores puedan competir en igualdad de condiciones.
Avances y resultados
Durante el encuentro, el viceministro de Comercio Interno, Martín Olivo, destacó los resultados obtenidos por esta mesa ilícitos a través del del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la cual incautó e incineró 375, 231 productos ilícitos durante el año 2025.
En el periodo enero - marzo de 2026, el Ceccom incautó un total de 8,237,178 unidades de cigarrillos; 39, 089 unidades de medicamentos; 29,488 unidades de estimulantes sexuales; 43,56 botellas de alcohol y 8, 503 litros de clerén adulterado.
Otro de los logros que resaltó el viceministro es la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años, luego de una crisis que cobró más de 330 vidas en el país.
Acciones en curso
Para reforzar la lucha contra el comercio ilícito, el MICM a través del CECCOM elaboran un instrumento orientado a fortalecer su capacidad operativa. Este proceso no implica la creación de nuevas sanciones ni la modificación del marco legal vigente, sino, que busca una mejor organización y articulación de las capacidades ya existentes, optimizando la respuesta institucional frente a estas problemáticas.
Actualmente, se están desarrollando acciones como la finalización de la propuesta de decreto, la recepción de aportes por parte de las distintas instituciones involucradas, así como los avances hacia la formalización del instrumento.
Finalmente, se resalta la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas, tanto a nivel interinstitucional como con el sector privado, como elemento clave para combatir eficazmente el comercio ilícito y promover un entorno de mercado más justo y transparente.
Participantes en la reunión
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| Nelson Arroyo, Director Gral. Aduanas |
También, participaron de
la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols y
Juan Josè Attias; Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Lya
Mata y Jenifer Troncoso; Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (CODOPYME), Isabel Puig Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia PROCOMPETENCIA, entre otras autoridades.
..............................Estos esfuerzos se articulan con @ProcuraduriaRD, @aduanard, @CECCOMRD, @ProConsumidorRD, @MigracionRDo, @PCompetenciaRD, @OnapiRD y la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual, junto a @airdmedia, @ONEC_RD y @CODOPYMERD.
— Yayo (@SanzLovaton) March 27, 2026
Un solo frente para ordenar el mercado y fortalecer la… pic.twitter.com/EVauRqJA34
Yayo y la “mesa de ilícitos”: cuando la formalización deja de ser discurso y se vuelve operativo
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
En República Dominicana, hablar de formalidad suele convertirse en un lugar común: se invoca como meta, se repite como consigna y se promete como horizonte. Pero rara vez se aterriza donde realmente se define: en la calle, en el punto de venta, en el contenedor, en la ruta de distribución y, sobre todo, en el incentivo económico que hace rentable cumplir o rentable evadir. Por eso resulta relevante —y políticamente significativo— el giro anunciado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, al plantear que la lucha contra el comercio ilícito evoluciona hacia una ofensiva interinstitucional que no solo decomise mercancía, sino que persiga el fraude también en su dimensión fiscal.
La frase clave es simple y poderosa: que la persecución no sea solo física, sino fiscal. Esto cambia el tablero. Porque el contrabando y la adulteración no son únicamente delitos de mercancía; son, en esencia, delitos de competencia. Detrás de cada producto ilícito hay una distorsión de precios que expulsa del mercado al productor que paga impuestos, cumple normas sanitarias, respeta marcas y sostiene empleos formales. El ilícito no compite: depreda. Y un Estado que se limita a incautar sin reconstruir el rastro tributario termina librando una guerra de “apagafuegos”: incauta hoy, reaparece mañana, y el circuito se recicla con nuevos canales.
La apuesta anunciada —operativos conjuntos con presencia simultánea de CECCOM, DGII y DGA— busca precisamente romper ese ciclo. En un país donde la informalidad ha sido históricamente un “refugio” (a veces por necesidad, otras por conveniencia), el mayor antídoto no es el discurso moral, sino la certeza de consecuencias. Cuando se integran logística operativa (CECCOM), potestad tributaria (DGII) y control aduanero (DGA), el mensaje se vuelve disuasivo por diseño: ya no se trata solo de perder una carga, sino de enfrentar auditoría, trazabilidad y sanción con efectos acumulativos. Es decir: el costo de la trampa sube, y el retorno esperado de la ilegalidad baja.
Ahora bien, el anuncio también pone sobre la mesa una verdad incómoda: el comercio ilícito no es un fenómeno marginal; es un sistema. Se alimenta de fronteras porosas, de redes de distribución, de falsificación de marcas, de debilidad en propiedad intelectual, de vacíos en vigilancia sanitaria y, en ocasiones, de tolerancias sociales que relativizan el daño (“eso es más barato”, “eso resuelve”). Por eso, cuando el ministro habla de convertir esta lucha en “causa nacional” y sumar al sector privado como fuente de información e influencia, está apuntando al enfoque correcto: un problema sistémico exige respuesta sistémica.
Los resultados presentados por el CECCOM ayudan a dimensionar la escala. Las cifras de incautaciones en 2025 y en el primer trimestre de 2026 —cigarrillos, medicamentos, estimulantes sexuales, alcohol y clerén adulterado— no solo reflejan capacidad operativa, sino el tamaño del mercado ilegal. Y el dato más contundente, por su carga humana, es la reducción a cero de muertes por alcohol adulterado en los últimos cinco años, tras una tragedia que cobró más de 330 vidas. Cuando la política pública logra salvar vidas, deja de ser una estadística: se convierte en legitimidad.
Sin embargo, toda ofensiva estatal exitosa tiene una condición: institucionalizarse. El propio texto lo reconoce al hablar de un instrumento orientado a fortalecer capacidad operativa, sin crear nuevas sanciones ni modificar el marco legal, pero mejorando organización y articulación. Esa decisión es prudente. La República Dominicana no necesita necesariamente más leyes; necesita que las existentes se cumplan con coordinación, tecnología, inteligencia y debido proceso. Si el operativo es fuerte pero improvisado, puede generar abusos, discrecionalidad o conflictos de competencia. Si es coordinado, protocolizado y auditable, se transforma en política de Estado.
Ahí está el punto neurálgico: la “mesa de ilícitos” debe ser más que una foto interinstitucional. Tiene que convertirse en un modelo permanente de gobernanza del mercado. ¿Cómo? Con reglas claras, indicadores verificables y rutas de actuación que eviten duplicidades y protejan derechos. Porque combatir el ilícito no debe significar asfixiar al pequeño comerciante que quiere formalizarse pero no sabe cómo. La formalización real se logra con dos manos: una firme contra el fraude deliberado y otra abierta para integrar al que está fuera del sistema por barreras de acceso, costos, trámites o desconocimiento.
En ese sentido, la articulación con ProCompetencia, ONAPI y la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual es más que un detalle burocrático: es el reconocimiento de que el ilícito también es competencia desleal y violación de marcas. Y la presencia de Pro Consumidor, Migración y PGR sugiere una lectura integral: hay componentes de seguridad, salud pública, movilidad y criminalidad organizada que se entrelazan con el comercio irregular. La ilegalidad no opera en silos; el Estado tampoco puede operar así.
Pero para que esta estrategia produzca un cambio estructural, hay tres desafíos que deben enfrentarse con honestidad:
Evitar la “eficacia de corto plazo” sin sostenibilidad. El decomiso masivo impacta titulares, pero la cadena se reacomoda si no se sigue el rastro financiero y fiscal. La coordinación DGII–DGA debe apuntar a redes, no solo a eventos.
Proteger la competencia sin castigar la supervivencia. Formalizar requiere simplificar procesos, mejorar acceso a registro, facilitar cumplimiento y ofrecer rutas de transición para pequeños negocios. Si el mensaje es únicamente punitivo, se empuja más clandestinidad.
Blindar el proceso con transparencia y debido proceso. Cuando se intensifican operativos, crece el riesgo de arbitrariedad percibida. Protocolos, trazabilidad de evidencias, reportes públicos y canales de denuncia son indispensables para sostener legitimidad.
Si el objetivo declarado es “ordenar el mercado y fortalecer la competencia leal”, entonces el éxito no se medirá solo por unidades incautadas. Se medirá por indicadores de formalización: aumento de registros, crecimiento de la base contributiva, reducción de brechas de precios entre productos legales e ilegales, disminución de reincidencia en puntos intervenidos, y mejoras en percepción de justicia del mercado por parte de productores y consumidores.
En definitiva, la evolución anunciada por Sanz Lovatón es una señal de madurez: el Estado comienza a tratar el comercio ilícito como lo que es —una arquitectura de fraude que erosiona la producción nacional, el empleo y la salud pública— y no como un conjunto de incidentes aislados. Si la coordinación se sostiene, si se institucionaliza y si se combina con rutas reales de formalización, podríamos estar ante una de las políticas más relevantes para sanear el mercado dominicano en los próximos años.
Porque al final, la formalidad no se impone solo con inspecciones: se construye con reglas que se cumplen, costos de evasión altos, beneficios claros de pertenecer al sistema y un Estado que actúe —como promete— “como un solo bloque”. Si esa promesa se convierte en rutina, la competencia leal dejará de ser un ideal y empezará a ser, por fin, una realidad cotidiana.
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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.
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