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domingo, 16 de junio de 2019
Los cascos azules: misiones de paz en zonas de guerra
Los cascos azules: misiones de paz en zonas de guerra
Las fuerzas para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, conocidas popularmente como cascos azules, presentan una trayectoria que incluye éxitos y fracasos, reconocimientos y acusaciones. Más allá de establecer unas primeras bases para la construcción de paz, entre los retos de este ejército internacional se encuentran su evolución como cuerpo y su adaptación a nuevas formas de guerra.
Cuando Europa quedó hastiada tras la Segunda Guerra Mundial, las guerras se hicieron lejanas y casi invisibles en el contexto de la Guerra Fría. En esa época, concretamente en 1945, contando con el precedente de la Liga de Naciones, 51 Estados se aliaron para conformar lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas. Tardaron poco en darse cuenta de que, para lograr algunos objetivos, como preservar la paz, evitar conflictos o incluso garantizar la seguridad de los civiles en zonas de conflicto o posconflicto, hacía falta un cuerpo militar multinacional integrado por profesionales de las Fuerzas Armadas de los países miembros.
Cómo funcionan las misiones de paz de la ONU
Después de la operación precursora de la Comisión Especial de las Naciones Unidas para los Balcanes de 1947, en 1948 se establece el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, destinado al cese de las hostilidades en Palestina, que incluye mediadores y un cuerpo militar de observadores. Nace así la primera operación oficial de las fuerzas para el mantenimiento de la paz de la ONU, una operación que, por cierto, sigue en activo. Después de ella, se han puesto en marcha unas 70 misiones más hasta el momento; actualmente existen 14 en diferentes regiones de todo el mundo.
En la actualidad hay 16 misiones de paz activas de la ONU, 14 de ellas con presencia de militares. De más recientes a más antiguas: Haití, República Centroafricana, Mali, Sudán del Sur, Abyei (Sudán), República Democrática del Congo, Darfur (Sudán), Kosovo, Sáhara Occidental, Líbano, Altos del Golán (Siria), Chipre, India y Pakistán, e Israel y Palestina. Las misiones en Libia y Afganistán son misiones de asistencia política.
Pero ¿quién establece cuándo, dónde y en qué circunstancias se crea una operación de mantenimiento para la paz (OPM)? Este tipo de decisiones corresponde en exclusiva al Consejo de Seguridad de la ONU. Este organismo es el que decide si se despliega personal militar, determina cuántas tropas son necesarias, detalla las tareas mediante una resolución y decide sobre el mantenimiento o fin de la misión. Cabe recordar que el Consejo de Seguridad está formado por 15 Estados, de los cuales cinco —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— son permanentes y tienen derecho a veto. Esto genera un desequilibrio, ya que un solo Estado puede tumbar —en este caso— una propuesta de despliegue de los cascos azules.
El ejército para la paz de la ONU está formado por militares, policías y civiles. No existe una reserva permanente de tropas. El brazo militar lo conforman más de 90.000 personas procedentes de los Ejércitos de 120 países diferentes. Algunos países aportan más soldados, policías o personal experto que otros; los que más contribuyen a las OPM son Etiopía —más de 7.500 personas—, Bangladés, Ruanda e India —en torno a 6.500 cada uno—, seguidos de Nepal y Pakistán —más de 5.000 cada uno—. Pero, evidentemente, necesitan algo más que personal.
En cuanto a la financiación de ese presupuesto, si bien corresponde al Consejo de Seguridad determinar el mandato de cada misión, es la Asamblea General de la ONU la encargada de establecer las cuotas que debe aportar cada país miembro mediante fórmulas que tienen en cuenta la riqueza económica de cada país. Además, a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se les obliga a pagar un porcentaje mayor; por ello, los tres países que más contribuyeron económicamente a las OPM entre 2016 y 2018 fueron Estados Unidos, China y Japón. El listado de los países que más proveen económicamente a la ONU para OPM, que incluye Estados como Alemania o España —en cuarta y décima posición, respectivamente— resulta bastante llamativo, porque esos mismos Estados también aparecen en un listado antagónico: los que venden más armas.
Existen otros motivos por los que hay Estados interesados en participar en OPM, más allá de la obligación, la responsabilidad de proteger o la buena intención de contribuir a la paz mundial. Muchas veces se trata de una exhibición de fuerza para competir como candidato a las plazas no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. También es una forma de incrementar la influencia de un país en el panorama internacional y en la toma de decisiones, por ejemplo sobre zonas en conflicto. Además, con las participaciones en OPM aumenta la percepción positiva del país por parte de la opinión pública.
Otra motivación, muy interesante para los países más pobres, es el reembolso económico que ofrece la ONU a países que aportan contingentes: 1.428 dólares al mes por soldado, como tarifa estándar. Sin embargo, cada Estado es el encargado de pagar el salario a su personal conforme a los sueldos de su país de origen. Por tanto, para países como Etiopía o Ruanda —dos de los mayores contribuyentes de tropas y cuyo PIB está muy por debajo de la media mundial— esta compensación es bastante generosa. A ello se añade la oportunidad de que sus Fuerzas Armadas obtengan el apoyo en material o entrenamiento que aportan otros Estados, que, de otra manera, probablemente sería más complicado de obtener.
Menos luces que sombras
El trabajo que recae sobre los cascos azules en absoluto es baladí: las tareas principales que marcan sus objetivos en cada misión, basadas en la protección de civiles, la supervisión de fronteras en litigio o la garantía de cumplimiento de procesos electorales, les han valido reconocimientos tan importantes como el Nobel de la Paz de 1988 o el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 1993 para los soldados destinados en la antigua Yugoslavia. De la misma manera, cada vez que hay ocasión, se recuerda a los más de 3.800 soldados fallecidos durante OMP desde que comenzaron.
Sin embargo, en los últimos años los cascos azules han sufrido un fuerte desgaste en su imagen. Y existen varias razones para ello, que actualmente conforman los principales desafíos que enfrenta el cuerpo militar de la ONU en su evolución. Por un lado, están las actuaciones inmorales e indebidas contra todo tipo de valores defendidos por el organismo de las que han sido acusados; por otro, las limitaciones del propio cuerpo, tanto técnicas como estructurales.
En sus menos de cien años de Historia, la ONU cuenta con casos de OMP que han fracasado, en muchas ocasiones debido a una mala praxis o errores. Hasta ahora, los acontecimientos en los que los cascos azules habían sido incapaces de cumplir con su cometido habían sido dos, dentro de los contextos del genocidio de Ruanda en 1994 y la masacre de Srbrenica en 1995. En ninguno de estos casos las fuerzas armadas de la ONU pudieron evitar el asesinato de miles de personas, debido a que no tenían permitido intervenir. Pero en los últimos años han surgido nuevos incumplimientos: en Sudán del Sur desprotegieron a los civiles durante un brote de violencia debido a su incapacidad para enfrentar un ataque, en Haití las malas prácticas higiénicas de los soldados derivaron en la expansión del cólera por todo el país y en varias zonas del mundo miembros de las mismas tropas de la ONU han protagonizado o tolerado ataques sexuales a mujeres y niñas de las zonas en las que estaban desplegados.
Conviene detenerse en el asunto de los abusos sexuales. Ya desde los años 90, la ONU lidia con varias acusaciones por violaciones perpetradas por los cascos azules durante el despliegue de misiones de paz en Kosovo, Camboya, Liberia, Guinea, República Centroafricana, República Democrática del Congo o Haití. Las cifras distan de ser anécdotas o casos aislados: solo en 2015 la organización reconoció 69 casos de abusos sexuales cometidos por sus fuerzas armadas. Quizá lo más sorprendente y deleznable es que en algunos casos los acusados proponían relaciones a las mujeres a cambio de comida o medicinas, que en el contexto de un país en situación de emergencia son bienes muy preciados. Se produce, por tanto, un abuso de poder sobre los civiles impropio de quien tiene, precisamente, la labor de protegerlos.
Cómo se gestionan las denuncias por abuso sexual entre los cascos azules: Fuente: ONU
Como la constitución de personal para un despliegue se nutre de los Ejércitos de los Estados, el incremento de participación de las mujeres depende de estos. De la misma manera, la disminución o erradicación de los casos de abusos, como los imperdonables intercambios de sexo por comida, pasan por el fomento de la igualdad mediante la educación, que de hecho es uno de los objetivos que el propio organismo se marca para 2030 a nivel mundial.
Problemas internos
Los casos de abusos forman parte de una serie de factores que explican el deterioro de la imagen de los cascos azules. La ineficacia que han demostrado en situaciones graves han puesto en evidencia unas capacidades limitadas, derivadas sobre todo de la propia naturaleza de estas peculiares fuerzas armadas y también de la carencia de recursos técnicos y logísticos. La conformación internacional da lugar a la creación de batallones heterogéneos, con diferentes niveles de adiestramiento, medios o incluso dominio del inglés en el caso de los rangos más bajos. Esto puede dar lugar a desde fallos de comunicación hasta una total descoordinación en las operaciones. Por otro lado, los cascos azules, por norma general, solo pueden disparar bajo dos pretextos principales, como son los ataques a civiles o en defensa propia. Incluso cuando se tiene identificado un enemigo, nunca se puede iniciar un ataque. Todo esto supone desventajas en cuanto a eficiencia militar.
Además, existe un tema seguramente más preocupante, especialmente desde el punto de vista interno. Desde la creación de las OMP hace siete décadas, los espacios, los actores y la tecnología implicados en los conflictos han cambiado bastante. Y la ONU se ha quedado atrás en este aspecto: el despliegue de contingentes, la dotación y el equipamiento proporcionado para las misiones de los cascos azules han resultado en muchas ocasiones desacertados o insuficientes. Pero no falta la autocrítica: el Informe Brahimi, publicado en el 2000, analiza los fallos cometidos, evalúa las deficiencias del sistema y propone una revisión de conceptos y estructuras de las operaciones, incluyendo menciones a la total neutralidad en cuanto al uso de la fuerza.
Sí que ha habido cierto desarrollo interno, de manera que la incorporación de nuevos elementos, profesionales o aspectos operativos a las OMP ha supuesto nuevas generaciones de misiones. Pero la guerra ha sido más rápida y también más tramposa: desde que se iniciaron las OMP en 1948, han muerto más de 3.800 personas en alguna de las misiones de paz, gran parte de ellas tan solo en la última década. Esto puede explicarse por la debilidad de los Estados y el descontrol de las partes implicadas en un conflicto, que desprecian cualquier tipo de reglas de guerra o ius in bello, es decir, que no conocen o respetan el principio de neutralidad de los cascos azules y los atacan. Un ejemplo de ello puede encontrarse en los grupos yihadistas.El informe Santos Cruz, publicado en 2017, insiste en la importancia de la seguridad de los propios cascos azules. En definitiva, desde dentro de la propia ONU existen voces que apelan a la adaptación de las OMP a las nuevas formas de conflicto.
Independientemente de la forma que adquiera la guerra, al final es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que decide el despliegue de los cascos azules. Es precisamente este otro de los puntos débiles de estas fuerzas militares, ya que los mismos países que conforman el Consejo de Seguridad pueden tener algún tipo de interés en un conflicto determinado, lo que condiciona el inicio y las características del despliegue de una OMP. Y, al final, la misión principal de los cascos azules es proteger a los civiles, de manera que el despliegue de una OMP debe tener en cuenta aspectos no solo militares y estratégicos, sino también socioculturales. Un informe de 2015 elaborado por la ONU ya sugiere la adaptación de cada misión según su contexto, así como la incorporación de medidas que favorezcan el entorno local y el trato de los soldados con los habitantes de la zona.
También habría que repasar la relación de los cascos azules con otros actores armados, cada vez más habituales en conflictos, como las fuerzas específicas que puedan crearse fruto de alianzas como la OTAN o las empresas de seguridad privadas, contratadas en muchas ocasiones por los mismos Estados porque salen más rentables que un ejército regular y están mejor equipadas. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas desarrollan tareas únicas, habría que evitar que puedan verse afectadas o desplazadas por este tipo de actores.
El ejército para las OMP está lejos de desaparecer, pero puede estar cerca de perder la influencia que hasta hace una década lo convirtió en una institución admirada en todo el mundo. Su futuro pasa, obligatoriamente, por una renovación en aspectos tanto técnicos como humanos para cumplir de manera eficiente con el objetivo que tiene asignado. Aunque la adaptación a nuevas realidades —incorporación de más mujeres, propuestas de actuación en el ámbito local, etc.— ya está lista para ejecutarse, la reforma de este cuerpo implica una revisión de su esencia, que, cimentada en el Consejo de Seguridad, encuentra en su propio origen el freno para su progreso. https://elordenmundial.com/los-cascos-azules-misiones-de-paz-en-zonas-de-guerra/
Córdoba, 1990. Licenciada en Periodismo. Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Me interesan los temas relacionados con la geopolítica, los derechos humanos y la perspectiva de género.
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