Cuando la mentira se vuelve tendencia: rumores de muerte, guerra y el “efecto IA” / Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Cuando la mentira se vuelve tendencia: rumores de muerte, guerra y el “efecto IA”

/ Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay momentos en los que un rumor deja de ser una simple distorsión del día a día y se convierte en un hecho político por sí mismo. No porque sea verdadero, sino porque logra condicionar percepciones, alterar decisiones y empujar a instituciones y sociedades a reaccionar en tiempo real. En escenarios de tensión internacional, la información ya no opera como un insumo neutral: se transforma en un campo de disputa estratégica donde la manipulación puede erosionar la confianza pública con la misma eficacia con la que un ataque puede dañar infraestructura crítica. En ese contexto, la desinformación no es un “tema de redes”; es un problema de gobernanza, de seguridad y de resiliencia nacional.

El episodio reciente de los rumores sobre la supuesta muerte o lesión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ilustra, con nitidez, cómo funciona la nueva economía de la plausibilidad fabricada. El 15 de marzo de 2026, Reuters reportó que Netanyahu publicó un video en un café, bromeando sobre la versión de que estaba “muerto”, luego de que medios estatales iraníes y redes sociales amplificaran la narrativa. La agencia verificó la ubicación y la fecha contrastando el interior del local con imágenes de archivo y corroborando el momento a través de publicaciones del propio establecimiento. Ese detalle —la verificación contextual de lugar y tiempo— es la lección más relevante: en la era digital, la verdad no basta con declararla; hay que demostrarla con trazabilidad.

Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו
@netanyahu

Lo que convierte este caso en un “caso-síntoma” no es el chisme en sí, sino su mutación. Primero circula la afirmación explosiva (“está muerto”). Después, cuando aparece una evidencia audiovisual para refutarla, la conversación migra hacia una acusación aún más corrosiva: “el video es falso”, “es IA”, “es un deepfake”. The Times of Israel describió cómo el propio Netanyahu aprovechó el video para ridiculizar la teoría de que una comparecencia previa había sido generada con inteligencia artificial, alimentada por lecturas virales de fotogramas y por la obsesión contemporánea con “detalles técnicos” que el ciudadano promedio no puede verificar por sí solo. Y allí ocurre el daño mayor: el paso de una mentira concreta a una duda generalizada sobre la posibilidad de acordar hechos compartidos. 

Ese desplazamiento es el corazón del “efecto IA”: la instalación social de la sospecha permanente sobre la autenticidad de la evidencia, especialmente audiovisual. No se trata únicamente de que existan herramientas capaces de generar contenido sintético convincente; se trata de que la percepción de esa capacidad —real o exagerada— sirve para deslegitimar cualquier prueba. En otras palabras, la IA no solo puede fabricar imágenes o voces; también puede fabricar incertidumbre. Y cuando la incertidumbre se vuelve norma, la confianza se convierte en el recurso más escaso, justo cuando más se necesita para gestionar crisis.

El Foro Económico Mundial ha advertido que la desinformación y la misinformation se mantienen entre los principales riesgos de corto plazo y que su efecto erosiona la cohesión social y la gobernanza al degradar la confianza, amplificar divisiones y dificultar la cooperación. En un mundo “fracturado”, donde los conflictos y la polarización elevan la temperatura, el espacio informativo se vuelve una extensión del conflicto. La desinformación no solo “confunde”; puede movilizar emociones, inducir pánico, presionar decisiones públicas y abrir oportunidades para actores que se benefician del caos. Por eso, tratarla como un problema menor equivale a aceptar una vulnerabilidad estratégica.

Ahora bien, el Estado democrático enfrenta un dilema delicado: defender la integridad informativa sin caer en control informativo. Combatir campañas de manipulación no puede convertirse en excusa para restringir libertades, ni para reemplazar el debate plural por una verdad oficial impuesta. Sin embargo, reconocer ese riesgo no debe paralizarnos. Al contrario, obliga a diseñar políticas públicas basadas en evidencia, transparencia y derechos. La clave no es “censurar más”, sino construir una infraestructura de verificación que haga más difícil y costosa la mentira, y más accesible y confiable la verdad. 

Esa infraestructura tiene un componente técnico, otro institucional y otro ciudadano. En lo técnico, NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU. ha sistematizado enfoques para reducir riesgos del contenido sintético: marcas de agua, registro de metadatos, autenticación y mecanismos de transparencia que permitan rastrear procedencia y cambios. No es magia ni solución perfecta, pero sí un paso decisivo: pasar del “créeme” al “verifícalo”. Cuando los contenidos oficiales incorporan señales robustas de procedencia —y cuando medios y plataformas pueden leerlas y exhibirlas— la conversación pública deja de depender exclusivamente de la fe o del carisma del vocero. En tiempos de deepfakes, la credibilidad necesita criptografía, estándares y hábitos verificables. 

En lo institucional, la lección del caso Reuters es contundente: la verificación contextual debe formar parte del protocolo, no ser un esfuerzo improvisado. Si la narrativa adversaria explota vacíos, la respuesta debe operar con un principio simple: “vacío cero”. Cuando un rumor de alto impacto se vuelve tendencia, cada hora sin información verificable es terreno ganado por la especulación. No se trata de hablar por hablar; se trata de actualizar con frecuencia, declarar lo que se sabe y lo que no se sabe, y ofrecer evidencia trazable. La transparencia no es una pose: es una táctica de resiliencia. 

En lo ciudadano, el componente más decisivo se llama alfabetización mediática e informacional. UNESCO ha sostenido que estas competencias son esenciales para que las personas puedan acceder, evaluar, comprender y usar información de forma crítica y ética, y que alcanzar ese objetivo exige políticas y estrategias nacionales, no campañas episódicas. La alfabetización mediática hoy es una herramienta de autoprotección cívica: reduce la vulnerabilidad ante narrativas emocionales, enseña a distinguir evidencia de opinión y crea hábitos de verificación mínima. Si el “efecto IA” instala la idea de que todo es falsificable, la alfabetización enseña el camino inverso: no todo se cree, pero tampoco todo se descarta; se contrasta.

Esto importa especialmente para países como la República Dominicana, donde la estabilidad social y económica depende, en buena medida, de la confianza en instituciones, de la credibilidad de la comunicación pública y de la capacidad de gestionar crisis sin que la ansiedad colectiva se convierta en pánico. Un rumor bien dirigido puede afectar reputación internacional, turismo, mercados, clima de inversión y cohesión interna. Y en momentos críticos —fenómenos naturales, emergencias sanitarias, tensiones regionales o crisis de seguridad— la obediencia a instrucciones públicas depende de que la gente confíe en la fuente. Cuando la fuente se percibe como dudosa o manipulable, el Estado pierde tracción operativa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al estudiar los “drivers” de confianza en las instituciones públicas, incorpora explícitamente cómo un entorno informativo marcado por contenido polarizante y desinformación afecta la confianza. Ese vínculo debería bastar para ubicar la integridad informativa como un objetivo de política pública: no para “ganar la conversación”, sino para proteger una condición de gobernabilidad. Porque cuando baja la confianza, sube el costo de implementar cualquier política: desde un plan educativo hasta una reforma económica, desde una evacuación ante tormentas hasta una campaña de vacunación. La confianza, en suma, es infraestructura invisible. 

¿Qué hacer, entonces, desde el Poder Ejecutivo, sin caer en la tentación del control? Primero, reconocer que la respuesta no puede limitarse a desmentidos puntuales. Las mentiras modernas buscan algo más sofisticado: degradar la idea misma de verdad compartida. Segundo, crear coordinación interinstitucional para comunicación de crisis y verificación rápida, con capacidades técnicas y procedimientos entrenados. Tercero, adoptar progresivamente estándares de procedencia y autenticidad en la producción audiovisual del Estado, de modo que cada pieza oficial traiga consigo su “historia verificable”. Cuarto, impulsar alfabetización mediática en el sistema educativo, en formación docente y en campañas públicas sostenidas, con enfoque práctico y medición. Y quinto, establecer mecanismos de cooperación con plataformas bajo principios de transparencia y derechos, porque la viralidad es un fenómeno socio-técnico: no se combate solo con discursos, sino también con fricciones inteligentes, contexto y trazabilidad. [

Conviene insistir en un punto: la salvaguarda democrática no es la prohibición, sino la evidencia. La respuesta más eficaz no es silenciar, sino iluminar: producir más información verificable, más rápido y con mejores señales de autenticidad. En el caso de Netanyahu, el desmentido fue necesario, pero lo verdaderamente instructivo fue el método: verificación de ubicación y fecha, contrastes y corroboración externa. Ese estándar es exportable. Un Estado moderno debe ser capaz de decir “esto ocurrió” y, a la vez, mostrar cómo lo sabe. Esa es la diferencia entre propaganda y comunicación pública robusta.

La gran amenaza del “efecto IA” no es únicamente la existencia de deepfakes; es la normalización del cinismo epistémico, esa idea de que nada puede comprobarse, de que todo es montaje, de que toda evidencia es sospechosa. Si esa mentalidad se convierte en cultura política, la democracia pierde su piso mínimo: el acuerdo sobre hechos básicos. Por eso, defender la integridad informativa no es una agenda secundaria ni un lujo intelectual; es una política de resiliencia social. En tiempos de crisis, la verdad necesita infraestructura. Y construirla, con derechos, transparencia y capacidad técnica, es una tarea estratégica del Estado contemporáneo./

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.