WASHINGTON — La estrategia de sanciones del presidente Trump contra Venezuela demuestra compromiso pero resulta ineficaz; prohibir que un pequeño grupo leal a un régimen viaje a Estados Unidos hará poco por cambiar la situación. Para ayudar a restaurar la democracia venezolana, un enfoque efectivo debe combinar un uso muy particular del poder unilateral de Estados Unidos con un compromiso multilateral renovado y objetivos articulados claramente —incluyendo la defensa de la democracia a través de la presión diplomática, no del uso de la fuerza— que puedan obtener el apoyo de la comunidad regional e internacional.
La explicación oficial de la inclusión de Venezuela en la prohibición de viaje más reciente de la administración de Trump —conocido en inglés como el travel ban— es la falta de cooperación para verificar si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos. Sin embargo, es difícil ignorar la conclusión de que incluyeron a Venezuela en el veto de viaje para proporcionar una justificación legal al objetivo de Trump de un “cierre total y definitivo” contra los musulmanes que entran a Estados Unidos. La prohibición podría hacer avanzar una estrategia de sanciones que no ha logrado ganar terreno contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero hará poco para proteger a Estados Unidos.
El intercambio de información y la cooperación policiaca entre Estados Unidos y Venezuela no es ideal, y los diplomáticos venezolanos han sido acusados de dirigir un programa para venderles pasaportes a personas del Medio Oriente que tienen vínculos terroristas. No obstante, la Casa Blanca eximió del veto a todos los venezolanos excepto a una pequeña fracción: quienes trabajan para una de cinco entidades gubernamentales y sus familias. Un vacío tan grande sugiere que las consideraciones de seguridad nacional no fueron tan imperiosas. Los funcionarios estadounidenses tienen medios alternativos de verificar la identidad de los venezolanos que visitan el país. Así que ¿por qué incluir a Venezuela?
La primera razón no tiene nada que ver con Venezuela y tiene todo que ver con la prohibición de viaje. Conforme la Casa Blanca continúa su búsqueda para obtener una prohibición de viaje a largo plazo que pueda sobrevivir el escrutinio constitucional, espera que la inclusión de Venezuela (junto con Corea del Norte, que envió la enorme cantidad de 52 visitantes a Estados Unidos el año pasado) le dé peso al argumento de que la prohibición de viaje está motivada por preocupaciones de seguridad legítimas, y no por islamofobia. El tiempo dirá si los tribunales quedan convencidos.
La segunda razón tiene todo que ver con Venezuela, pero poco que ver con el propósito declarado de la prohibición de viaje. La administración de Trump ha aumentado restricciones en respuesta al gobierno represivo de Maduro, en un intento por aplicar presión sin dañar al pueblo venezolano con un embargo petrolero total. La Casa Blanca comenzó por continuar con la política del presidente Barack Obama de sanciones individuales contra funcionarios venezolanos acusados de tráfico de drogas, abusos de derechos humanos y corrupción. Como esas medidas no lograron detener la tendencia autoritaria del gobierno venezolano, Trump empezó a considerar otras opciones para aplicar
medidas más coercitivas.
El mes pasado, impuso restricciones financieras destinadas a negarle a Venezuela la capacidad de reforzar sus finanzas tambaleantes mediante el incremento de su deuda. Ahora, prohibir que los funcionarios venezolanos y sus familias entren a Estados Unidos tiene como propósito aumentar la tensión contra el
presidente venezolano mientras se protege a los venezolanos inocentes tanto como sea posible… aunque no por completo.
¿Funcionará? Esa es la pregunta del millón de bolívares. A pesar de toda su retórica antiimperialista, a muchos funcionarios venezolanos —y sobre todo a sus familias— les sigue gustando visitar Miami, Nueva York y Disney World.
Pero resulta poco probable que las restricciones de viaje sean suficientes para provocar la fractura de las élites y forzar un cambio de dirección en Caracas.
El sistema financiero de Estados Unidos y las atracciones turísticas son fuentes importantes de presión, pero aislar a Venezuela requerirá de una acción coordinada con América Latina y Europa, sin mencionar a China y a Rusia. El impacto de las sanciones de Estados Unidos será limitado mientras Maduro y sus secuaces tengan acceso a préstamos en Pekín, armas en Moscú y vacaciones en Madrid.
Desde su fracaso a la hora de asegurar votos para una resolución contra Venezuela en una cumbre de la Organización de los Estados Americanos en junio, la Casa Blanca ha decidido emprender una política principalmente unilateral. El vicepresidente Mike Pence acusó a la organización de “no estar dispuesta a proteger la Carta Democrática Interamericana”, en vez de cuestionar las carencias diplomáticas de su propia administración. El Departamento de Estado rechazó participar en un grupo de presión de países que piensan de manera similar encabezados por Perú y Canadá. Y el presidente Trump habló de modo casual de una “alternativa militar”.
Incluir a Venezuela en una prohibición de viaje que en otros aspectos no tiene relación con el país encaja con esta tendencia unilateral y contribuye a la idea de que una Casa Blanca llena de frustración está probando nuevas estrategias con la esperanza de que alguna funcione. Las estrategias exitosas para imponer sanciones, desde Sudáfrica hasta Irán, tienden a unir a la comunidad internacional, establecer consecuencias para el mal y el buen comportamiento y definir una hoja de ruta clara para las negociaciones a largo plazo. Hasta ahora, las iniciativas de la administración para convencer a otros países de imponer sanciones han tenido poco éxito.
La ambigüedad estratégica y las amenazas militares pueden ser útiles en algunos contextos. Sin embargo, en el caso de Venezuela, simplemente alimentan las teorías de conspiración de Maduro, socavan los intentos de aislar el régimen e impiden los esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano.
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