16 de noviembre de 2016
Hipólito Mejía propone formas para combatir la corrupción. Reclama
reformas legales, políticas y sociales
SANTO
DOMINGO:-El ex presidente Hipólito Mejía afirma que en América Latina y El
Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y privados
que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para mejorar la
calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y una
distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.
Afirmó que
una evidencia de esa realidad es que sólo en el año 2015 la corrupción costó en
el área cerca de ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte millones de
dólares, cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en
la región.
El ex
Presidente Mejía disertó sobre el tema " Política y Corrupción" en la
Octava Conferencia Regional. de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación (UITA), celebrada en un hotel del este del país.
Mejía
expresó: "Quiero hacer algunas propuestas que, espero, sean de utilidad
para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la
transparencia en América Latina y El Caribe".
- En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Una legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa
legislación debe establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y
empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar
sus empresas y negocios.
- En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad, la cual, más que la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado y es otra como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La
competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a
reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La
comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de
financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del
medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el
narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en
fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
- En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de
rigor que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso
a la Información Pública, promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi
ejercicio presidencial.
Las
veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más
transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
- En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
El modelo
a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para
comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la
ayuda oficial.
Está
demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son
vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes
naturales y/o de campañas electorales.
Es
necesario priorizar la capacitación de nuestra gente como garantía para que la
población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus
ingresos.
Como dice
el proverbio chino, "Regala un pescado a un hombre y le darás alimento
para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"
- En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
En las
últimas elecciones esas instituciones han sido instrumentos al servicio del
PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y
regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de
comunicación.
- En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
- En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una profunda modificación del sistema electoral.
Es obvio
que la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el
apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en
todos los niveles en las pasadas elecciones.
- En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando no se ejerce, debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política, condición imprescindible
para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política
degradada alimenta la corrupción.
"Se
asume, sentenció, que la corrupción ocurre cuando se usa el poder que otorga la
cercanía con el aparato político oficial, para apropiarse en beneficio personal
y privado de recursos destinados al bien común. La corrupción, pues, es una
negación de la transparencia".
El ex
mandatario señaló al destacar la relación entre política y corrupción que se
fundamenta en la combinación de control extraordinario que disfruta el aparato
estatal de recursos naturales, empresas e instituciones unido a la debilidad institucional.
"Es
precisamente para acceder y mantener ese control que muchos políticos y
empresarios invierten dinero, compran conciencias, debilitan instituciones,
desmovilizan a la sociedad, controlan medios de comunicación, usan el
clientelismo, practican la extorsión, promueven el favoritismo, alimentan el
nepotismo, y, cuando es necesario, recurren al terror y al miedo",
dijo.
Relación entre política y corrupción
"En
otras palabras, la corrupción en la región no es un fenómeno natural ni espontáneo.
Es la expresión de un proyecto de control social que tiene actores, nombres y
apellidos", señaló
Entre las
causas que explican el origen y la reproducción de ese proyecto de control, es
imperativo resaltar sus efectos económicos, medioambientales, sociales y
políticos que causa el flagelo en la sociedad y en los ciudadanos.
Expresó
que entre los efectos económicos se destacan el daño que hace a la
competitividad, particularmente por la falta de transparencia, resaltando que
la opacidad de las reglas del juego favorece la competencia desleal, el
tráfico de influencia, y el soborno.
Recalcó
"La ineficiencia y las distorsiones en las actividades comerciales y
empresariales son inherentes a esa realidad en nuestros países".
Manifestó
que "La grosera contaminación de nuestros ríos y mares, la grave
deforestación de nuestras áreas protegidas, y la extracción no regulada de
nuestros recursos mineros, son ejemplos inocultables de este fenómeno. Y eso
ocurre a pesar de la existencia de leyes y regulaciones para evitarlo".
"Muchos
partidos políticos, como ocurre en la República Dominicana con el Partido de la
Liberación Dominicana, son verdaderas corporaciones, cuyo objetivo central es
mantenerse en el poder para beneficiar a su élite. Apoyan en políticas
clientelistas y reparten las migas a los pobres, para mantenerlos atrapados en
el círculo vicioso de la pobreza", enfatizó
"Es
de consenso que cuando esos partidos controlan las instituciones que regulan
los procesos electorales y así, debilitan nuestra democracia, como ocurre en
República Dominicana, provocando el desinterés en la política que tiene parte
de nuestra población, que se expresa en una creciente abstención electoral, es
una expresión del daño que hace la corrupción al tejido social de nuestros
países", dijo.
Los
políticos corruptos se nutren en la desmovilización social.
En esa
parálisis colectiva fenómeno que se expresa en la indiferencia y en la no
participación en la protesta pública.
"A
pesar de la fuerza de ese esquema, nos parece insuficiente porque soslaya, de
la esfera política pública, al poder fáctico y a la sociedad civil. En efecto,
ambas instancias sociales, sin ser formalmente parte del funcionariado
político, pueden tener y tienen una extraordinaria influencia política",
recalcó.
Consecuentemente,
expresó, pueden inclinar la balanza a favor de la transparencia o de la
corrupción y como se ha visto recientemente en varios países de la región, que
en condiciones particulares, empresas privadas han sido actores claves en
procesos de corrupción que amenazan la competitividad, la estabilidad política
y la paz social.
A su entender causas de la corrupción
son, fundamentalmente, de tres tipos.
- En primer lugar, están las causas de naturaleza económica, es decir, el mundo del intercambio de bienes y servicios, usualmente regulado por las leyes del mercado.
- En segundo lugar, existen las causas político-institucionales, es decir, los espacios normados por las leyes donde los gobernantes y los gobernados ejercen los derechos y deberes establecidos por la Constitución y las Leyes. Ese es el mundo institucional del contrato social que busca asegurar la gobernabilidad y el bien común.
La ruptura
de ese contrato social, especialmente la pérdida de confianza en las
instituciones, es una grave amenaza a la democracia.
- Y, en tercer lugar, están las causas culturales, es decir, la manera en que en el presente los ciudadanos y las ciudadanas de un país valoran y se vinculan a la corrupción, la transparencia y la política, a partir de sus vivencias históricas colectivas y las expectativas personales y grupales.
Resalto
que es de primer orden, entender las dimensiones éticas y morales de las causas
culturales de la corrupción, para corregir el grave mal, ya que no sólo hace
daño a las instituciones y a las leyes, sino que también corrompe el alma de
los pueblos.
Al preguntarse ¿Cuál debe ser el rol de los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores organizados, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Mejía
expresó: "Quiero, en esta última parte de mi intervención, abordar estas
preguntas ineludibles haciendo algunas propuestas que, espero, sean de utilidad
para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la
transparencia en América Latina y El Caribe.
En
primer lugar, se requiere llegar a un consenso
para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y
judicial. La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un
componente esencial de ese fortalecimiento institucional.
Una
dimensión crucial de ese consenso es la legislación para castigar a los
servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus
funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y
decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para
castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por
esos funcionarios corruptos.
Esa
legislación, para que sea efectiva, debe también establecer los mecanismos para
penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con
funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo
lugar, es imperativo fortalecer la
competitividad de nuestras economías como forma de disminuir los incentivos a
la corrupción.
La
competitividad, más que ser en sí misma la panacea contra la corrupción, sirve
para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado.
Asimismo,
la competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia
y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La
comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de
financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del
medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el
narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en
fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer
lugar, proponemos fortalecer la
transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Para tal
fin, entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en
que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido
aprobadas de antemano.
Es de
rigor, en ese sentido, que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir
la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada el 28 de
julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las
veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más
transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto
lugar, proponemos llegar a un consenso
para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad
social y a luchar contra la pobreza, antes que como instrumentos clientelistas
para mantenerse en el poder.
En ese
sentido, el modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más
desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al
miedo de perder la ayuda oficial.
Está
demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son
vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes
naturales y/o de campañas electorales.
Para
superar la pobreza que abunda en nuestra región, es necesario priorizar la
capacitación de nuestra gente. Esa capacitación es la garantía para que la
población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus
ingresos.
Como dice
el proverbio chino, "Regala un pescado a un hombre y le darás alimento
para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"
En quinto
lugar, los últimos procesos electorales
han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley
de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central
Electoral y el Tribunal Superior Electoral que en las últimas elecciones han
sido instrumentos del servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a
los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso
equitativo de los medios de comunicación.
En sexto
lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos
de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo
lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el
poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio
legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el
gobierno, para lo que se requerirá de una modificación del sistema
electoral.
Sin lugar
a dudas, la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el
apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en
todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo
lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un
recurso ciudadano que, cuando se inhibe, debilita la democracia.
Por
último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política. Esa es una
condición necesaria para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es
axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
Ejemplos
recientes en RD
El primer
ejemplo se refiere al abuso del poder para mantenerse en el gobierno.
Este
fenómeno toma dimensiones extraordinarias con el Presidente Leonel Fernández en
las elecciones del 2008, quien abusó del uso de los recursos públicos
para financiar su campaña buscaba la reelección
El reparto
fue tan grosero que se creó un déficit multimillonario para financiar su
campaña, debilitando así la capacidad del gobierno para resolver problemas
urgentes de interés común, tales como la producción de alimentos, la educación
y el mejoramiento de la infraestructura, entre otros.
Otro
ejemplo del abuso del poder absoluto es como se hizo la elección avasallante de
los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y la de los miembros de
los Tribunales Superiores, es decir, el Tribunal Constitucional, la Suprema
Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. El gobierno usó su mayoría
mecánica para imponer a miembros y allegados del Partido de la Liberación
Dominicana.
Al hacer
lo mismo en la Contraloría General de la República y en la Cámara de Cuentas,
se garantizó la suprema jugada de la impunidad y la corrupción en la República
Dominicana.
Estas
maniobras han permitido al PLD y a sus gobiernos, blindar esos tribunales para
que los favorezcan y no sancionen la corrupción rampante que caracteriza su
ejercicio del poder.
Otra
demostración relevante de la corrupción en el país es la conversión de la Junta
Central Electoral en una caja de resonancia de los dictados y necesidades de
justificación de las trampas de toda índole, usadas por el Partido de la
Liberación Dominicana para mantenerse en el poder.
Del
ministerio público
A ese
blindaje de los Tribunales Superiores, hay que agregar la inamovilidad de los
miembros del Ministerio Público, quienes han sido reducidos, hace tiempo, al
rol de empleados del Poder Ejecutivo, con las manos atadas.
Esa falta
de independencia les impide actuar por sí, ya que saben que con un simple
decreto pueden ser enviados a sus casas.
Dado que
el Procurador General de la República es designado por decreto, se trata de
otro funcionario público cuya lealtad está y estará en función de los intereses
del mandatario, por encima del interés general de la sociedad.
La
frecuencia con que se archivan expedientes de acusación de actos de corrupción
de altos funcionarios, evidencia el tratamiento que se le da a los expedientes,
irrespetando los procedimientos judiciales y la Ley.
Jueces
Es grave
que los Jueces del Poder Judicial sean seleccionados con un estricto criterio
partidista.
Asimismo,
los jueces de los Tribunales Inferiores son mantenidos en sus cargos bajo la
mirilla política del gobierno que los selecciona, los supervisa, los traslada,
los degrada y los juzga, en un ejercicio vertical que permite el control de
esos funcionarios, para beneficio de la corrupción.
Es la
propia Ley 327-98 de Carrera Judicial la que pone las decisiones judiciales en
manos de los “superiores jerárquicos” a la independencia de los magistrados del
aparato judicial.
Construcciones
ilegales
La
construcción de obras es una de las principales fuentes de corrupción en los
gobiernos, pese a todas las leyes, reglamentos, concursos, concesiones, siempre
hay resquicios que permiten estar seguros de que se cometen actos ilegales.
La campaña
de construcción de escuelas que lleva a cabo el gobierno comenzó a cojear
cuando se denunció la sobrevaluación de terrenos escogidos para levantar las
edificaciones.
Muchos de
estos trabajos se iniciaron en solares cuyos tenedores no demostraron la
legalidad de la ocupación de la propiedad, y cuando ingenieros y constructores
avanzaron grandes sumas de dinero que el gobierno no les cubicó o no les ha
pagado, aunque los trabajos fueron realizados, todo lo cual se presta al
tráfico de influencias.
La tanda
extendida
El horario
escolar extendido es un barril sin fondo que consume miles de millones de pesos
para proporcionar comida y refrigerios a los estudiantes de la escuela
primaria, sin que se conozcan los necesarios concursos para seleccionar los
proveedores con mayor experiencia, mayor higiene, mayores conocimientos de
nutrición. Esos alimentos son muchas veces procesados sin que haya las
condiciones adecuadas.
Como estoy
de acuerdo con el programa de tanda extendida, hago estas críticas con la
intención de que las deficiencias sean superadas y que el mismo se amplíe para
que comprenda todas las escuelas y todos los estudiantes, luego de que se hagan
los arreglos pertinentes.
La prensa
y la corrupción
Para que
la prensa cumpla con su papel de informar, divulgar, opinar, entretener,
requiere de independencia.
La prensa
dominicana dista mucho de cumplir, con responsabilidad, de informar nada más
que la verdad, toda la verdad. Una maraña de intereses distrae las noticias de
modo que digan y no digan, amaguen y no den, que diciendo no dejen de decir.
El
Gobierno como principal corruptor, emplea periodistas profesionales como
relacionadores de las instituciones públicas, para mantenerlos bajo control.
Sin
embargo, las redes sociales vienen a llenar el vacío que crea la prensa
convencional, ya que son, por naturaleza, ágiles, más rápidas, más
instantáneas, sin que sean menos seguras que los diarios tradicionales.
En
resumen, las redes sociales son hoy un componente fundamental de la voz
ciudadana contra la corrupción.
El
contrabando
Otra
fuente de corrupción es el contrabando, que ingresa por los puertos y
aeropuertos del país, muchas veces con la complicidad de autoridades, en una
práctica que se multiplica con el tiempo y los cada vez más sofisticados modos
de actuar de los delincuentes.
El
contrabando, la subvaluación, la complicidad de autoridades de aduana y altos
funcionarios, forman otro de los fuertes eslabones de la corrupción, que afecta
al fisco, a la competitividad y la transparencia.
Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
Uno de los
casos más extremos de corrupción en el gobierno dominicano involucra a la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, una institución que
cuenta con un presupuesto elevado.
Las
irregularidades en la asignación de obras, así como el soborno para su pago, se
hicieron evidentes cuando, en las mismas oficinas de esa entidad, se suicidó el
arquitecto David Rodríguez García, acosado por la desesperación.
Había
construido una escuela básica ubicada en la Provincia Monte Plata, la cual fue
inaugurada por el Presidente de la República, pero la obra no fue saldada sino
casi un año después de esa fecha, justamente el día del suicidio del mencionado
profesional. En una nota manuscrita, el arquitecto Rodríguez García reveló las
extorsiones que le hicieron varios funcionarios la OISOE.
Este
proceso todavía se ventila en los tribunales.
Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
En el
Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), un alto ejecutivo ha
sido acusado de desfalco y prevaricación. La Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), lo acusó por
prevaricación, falsedad, desfalco, delito de mezclarse con asuntos
incompatibles con la calidad de funcionario público, estafa contra el Estado
dominicano y abuso de confianza. El expediente refleja que en esa
institución se firmaron contratos con 38 empresas, por un monto de 904 millones
de pesos. Una sola compañía fue beneficiada con nueve contratos, de los cuales
ocho fueron suscritos en un solo día.
Funglode
Un ejemplo
del peso de la corrupción política en el país es la Fundación Global y
Desarrollo (FUNGLODE), cuyo jefe es el Presidente Leonel Fernández.
Esa
fundación, arrastra una larga cadena de violaciones a la Constitución y las
Leyes, incluyendo uso de fondos públicos, conflicto de intereses,
prevaricación, y recaudación ilícita de fondos.
A pesar de
que prominentes abogados presentaron una querella formal, con pruebas sólidas
de la corrupción vinculada a FUNGLODE, la justicia decidió cerrar
definitivamente el caso.
La
parcialidad de la justicia dominicana se pone en evidencia con este escandaloso
caso.
Debemos
preguntar: ¿Cuántos millones se han gastado en Funglode?
Los Súper
Tucanos
La
gravedad del tema que nos ocupa tiene vínculos internacionales
inocultables.
Esa
realidad se hace evidente con la compra de varios aviones de la marca
Súper Tucanos comprados por el Gobierno Dominicano a la empresa brasileña
EMBRAER durante la gestión del Presidente Leonel Fernández.
Como ha
admitido recientemente la EMBRAER, esa compra estuvo manchada por la
corrupción. En efecto, en esa transacción se sobrevaloró el precio de los
aviones, y se pagaron comisiones por más de tres millones de dólares a
funcionarios dominicanos.
Se ha
denunciado que, en este caso, se cometieron otras irregularidades,
especialmente en el monto de los seguros. En conjunto, se habla de más de diez
millones de dólares pagados de forma no transparente el perjuicio de la
República Dominicana.
Este
delicado hecho de corrupción, que se ha convertido en uno de los más
importantes a nivel internacional, muy especialmente en los EEUU y en Brasil,
se trató de minimizar en la República Dominicana a pesar de haber sido nosotros
el país más afectado.
Sin la
investigación del caso en los EEUU y Brasil, nada habría pasado en nuestro
país.
El Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo están obligados a aclarar este caso.
Mientras
tanto, nosotros estaremos vigilantes hasta que sean condenados los
responsables.
Otros
casos relevantes
Un caso
relevante lo constituye el de un poderoso ex Ministro, acusado por la
Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y por la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa, de la comisión de delitos de
Lavado de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, Declaración Jurada de
Bienes y que también fue vinculado a contratos irregulares.
En este
caso, para sorpresa del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Suprema Corte
de Justicia ratificó el archivo de los dieciocho meses de indagatorias sobre
ese expediente.
Otro caso
muy sonado lo constituye la decisión de la Suprema Corte de Justicia de
declarar un auto de “no ha lugar” a favor de un reconocido dirigente político y
ex funcionario del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, acusado de
la comisión de actos de corrupción, cuyo súbito enriquecimiento ha constituido
una piedra de escándalo, sin precedentes en el escenario nacional.
Sector
salud
Uno de los
escándalos más oscuros lo constituye las irregularidades en la
construcción de nuevas infraestructuras para el sector salud.
En unos la
inversión final ha duplicado los montos originalmente presupuestados, mientras
que las instalaciones existentes acusan un progresivo deterioro de sus
estructuras.
Subvaluación
y subsidios
Un área de
preocupación es el impacto que, sobre el desempeño de la economía, tienen
las subvaluaciones, los subsidios innecesarios, la evasión fiscal y los
privilegios injustos.
Un ejemplo
relevante de este hecho es el de los bonos para la adquisición de combustibles,
que involucra sumas millonarias sin la debida transparencia.
En la
comisión de estos males, tanto delinquen los funcionarios corruptos, que
alteran documentos a cambio de dinero y privilegios, como los contribuyentes
que se aprovechan de ellos para pagar menos impuestos y timar al fisco.
Importaciones
y permisos
La falta
de transparencia en las importaciones es una penosa muestra de la falta de
transparencia en nuestro país.
Con
frecuencia, se hacen importaciones de bienes agropecuarios que perjudican a los
productores nacionales. Llama la atención que se importen bienes agropecuarios
justo en el momento en que los productores agropecuarios inician sus cosechas.
Paradójicamente,
esas importaciones son de productos que el gobierno dice apoyar de manera
prioritaria, tales como café, cebolla, arroz, ajo, leche, carnes, habichuelas y
algunos vegetales.
La
importación de café, pone en evidencia la desprotección a nuestra agricultura
de montaña y a los productores agrícolas.
En
efecto, nuestro país ha pasado de ser un exportador a ser un importador
neto de este grano. De una producción promedio de 900,000 quintales al año, en
los últimos dos años, sin embargo, la producción se redujo a menos de 300,000
quintales.
…..
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